La Zona de Reserva Campesina de Morales y Arenal en el sur de Bolívar ha existido por más de 15 años y busca preservar el territorio y fomentar la economía y la identidad campesinas. Sin embargo, los cambios para las familias campesinas han sido limitados ya que el gobierno no ha implementado plenamente el Plan de Desarrollo Sostenible. Los líderes comunitarios piden una participación más directa en los procesos de paz y una mejor regulación del uso de la tierra y cultivos para proteger los intereses de los campes

1. Sur de Bolívar, la 'otra' Zona de Reserva Campesina
Publicado el día 20 Enero 2015 por Colombia Informa
La Zona de Reserva Campesina -ZRC- de Morales y Arenal, en
el sur de Bolívar, es una de las seis formalmente reconocidas
por el Estado colombiano. Los líderes y lideresas comunales de
la región defienden la experiencia que ya lleva más de 15
años, aunque demandan instancias directas de diálogo.
Cuando el gobierno les dijo que el tema se resolvería en la
Mesa de La Habana, respondieron: “La paz no se va a hacer
sólo con los grupos armados, reclamamos la participación
directa de la comunidad”.
Por el Equipo Editor de Colombia Informa*.
Navegar el río Magdalena siempre resulta placentero, aunque sólo
sea durante los cuarenta minutos que tarda la chalupa desde La
Gloria, cerca de Aguachica, en Cesar, hasta Buenavista, el modesto
puerto por el cual llegaremos a Arenal, la cabecera distrital del
municipio que lleva el mismo nombre, en Sur de Bolívar.
La navegación resulta placentera por el clima, los paisajes, el vuelo
de las aves y el aire de río, aunque entristecedora por las historias
que aún perduran: a este río, en este mismo tramo del río, fueron
arrojados decenas de cuerpos tras la masacre de Simití, o la de San
Pablo; entonces las aguas se tiñieron de rojo y entre los pobladores
se expandió el temor de que los peces estuvieran contaminados “de
tanto comer cadáveres”. Militares y paracos se ensañaron
especialmente con el campesinado del Sur de Bolívar en los 90;
enfrentaron a las guerrillas y masacraron poblaciones para
disputarles el territorio y garantizar la entrada de las multinacionales,

2. que trajeron palma aceitera y pretendieron llevarse el oro de la
serranía de San Lucas.
Entrando al pueblo de Arenal nos topamos con la más importante
obra de infraestructura de los últimos años: 400 metros de asfalto en
las principales calles. Apenas 400 metros, que alcanzan para
circundar la Alcaldía y un poco más. Después de la sede municipal, la
referencia ineludible es la Cooperativa Multiactiva Comuarenal. Allí
nos recibe Milena Quiroz Jiménez, una mujer de treintaitantos,
siempre sonriente. Es la representante legal la cooperativa que, junto
a la Asociación de Usuarios del Acueducto de la Vereda Quebrada
Honda -Asohonda-, lidera la Zona de Reserva Campesina en la
región.
“Campesino vuelve al campo” es el lema de Comuarenal, que asocia a
pequeños productores (en su mayoría afrodescendientes) vinculados
a las actividades agrícolas, piscícolas y pecuarias en todo el
municipio. Milena reparte su tiempo entre las obligaciones al frente
de la cooperativa y sus tareas como referente de la ZRC.
Veinte años de irrespeto estatal
La Zona de Reserva
Campesina de Morales
y Arenal fue
constituida en 1999
por medio de una
resolución expedida
por el entonces
denominado Incora
(Instituto Colombiano
de Reforma Agraria,
hoy Incoder, Instituto
Colombiano de
Desarrollo Rural). El
objetivo, al igual que
en las otras ZRC, pasa por delimitar una zona en la que se preserve
el territorio y se fomenten la economía y la identidad campesinas. En
este caso, la delimitación se extiende por la margen izquierda del río
Magdalena, abarca 29.100 hectáreas que cubren de manera
transversal una parte del municipio de Arenal y otra, hacia el sur, de
su vecino Morales. Cerca de diez mil campesinos que viven de la
producción agraria, pecuaria o de la pequeña minería artesanal
habitan la región.
“Uno de los principios orientadores de las ZRC es regular la
concentración de la tierra”, describe Milena. “En esta región hay

3. quienes tienen más tierra de lo que establece la norma, pero aún no
existe regulación precisa que lo evite. Eso debería lograrse si se
cumpliera con la ZRC como establece la ley, que ya tiene 20 años.
Además, el uso del suelo se debería regular, establecer qué cultivos
deberían implementarse, para que no haya excesivo cultivo de palma,
que tanto daño hace en la región, u otro tipo de monocultivos
industriales que, si miramos el objeto para el cual fue creada la ZRC,
no aplicarían dentro del objetivo de brindar garantías alimentarias
para los campesinos de la zona”, explica la dirigente comunitaria.
La figura de ZRC es defendida por los campesinos que habitan las
extensiones ya reconocidas y por quienes luchan para que se
reconozcan formalmente otras tantas que se establecieron “de
hecho”. Aunque el Estado aceptó –y está obligado a respetar-
oficialmente seis ZRC (además de la de Morales y Arenal, las de El
Pato en El Caguán; Valle del Río Cimitarra en Antioquia y Sur de
Bolívar; Bajo Cuembí en Putumayo; Calamar en Guaviare y Cabrera
en Cundinamarca), la realidad que hoy se vive en estos territorios
dista de ser la que dispone la ley.
Describe nuevamente Milena: “En estos 15 años [desde el
reconocimiento oficial de la ZRC de Morales y Arenal] los cambios
para las familias campesinas no han sido significativos. Cuando se
crearon las ZRC se creó un Plan de Desarrollo Sostenible, que aquí lo
tenemos pero que el gobierno nunca lo implementó. Es cierto que se
han realizado algunos avances, pero de forma aislada, como
titulación de baldíos, y unos proyectos de fortalecimiento para cosas
puntuales, pero como tal el Plan de Desarrollo Sostenible aún no se
ha implementado”.
La regulación del uso de la tierra, tanto en lo que refiere a la
extensión de las propiedades como por el tipo de explotación que se
realiza, es la principal preocupación en Morales y Arenal. En toda la
región de Sur de Bolívar el monocultivo de palma aceitera se extiende
como una plaga, por el beneficio que le otorga a algunos pequeños
productores sembrar a pedido de multianacionales que sacan el
mayor beneficio. “Esto no está regulado aún; si la ZRC no reglamenta
estas cosas, muy difícilmente se pueda hacer el control sobre este
tipo de actividad económica”, reclama la representante de
Comuarenal.
“Desde las bases”
Querer ser parte
protagónica de los
debates y las decisiones
que influirán en su

4. futuro lleva a los voceros de Morales y Arenal a mantener un fluido
vínculo con instancias de diálogo regional y nacional con el gobierno.
Para ello mantienen relación directa con el Incoder, participan de la
Mesa de Interlocución del Sur de Bolívar, del Coordinador Nacional
Agrario -CNA- y de la Cumbre Agraria.
La Mesa de Interlocución de Sur de Bolívar recoge las distintas
problemáticas de la región; en los últimos años logró tal
representatividad que el gobierno habilitó una instancia especial para
el diálogo directo con los delegados del lugar. Teófilo Acuña,
referente histórico de la Federación Agrominera de Sur de Bolívar -
Fedeagromisbol- es el vocero de la Comisión de Interlocución, y
coincide con Milena: “La única garantía de que las empresas o
multinacionales del carbón, el petróleo, el oro, no exploten el
subsuelo en una ZRC, es la participación activa de la comunidad”. El
dirigente regional, que a nivel nacional integra el Coordinador
Nacional Agrario y el Congreso de los Pueblos, señala otras
limitaciones de las ZRC: “Cuando el gobierno de Álvaro Uribe Vélez
quiso suspender las ZRC lo hizo, porque éstas se basan en la ley 160,
que establece que un gobierno puede suspenderlas. Por eso para
nosotros lo importante es la legitimidad que da la participación de la
comunidad. Estamos discutiendo estas cuestiones en el marco de la
agenda de la Cumbre Agraria”.
La Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular es el proceso
unitario más abarcador y estable de las organizaciones populares de
Colombia en mucho tiempo. Esta coordinación nacional brinda un
espacio muy valioso para la ZRC de Morales y Arenal, que participa
de las instancias nacionales a través del CNA y el Congreso de los
Pueblos. Allí encuentran un ámbito de confluencia con otras
estructuras campesinas como la Asociación Nacional de Zonas de
Reserva Campesina -Anzorc-.
Entre la ZRC de Morales y Arenal y Anzorc, que agrupa otras
experiencias similares a nivel nacional, hay acuerdos pero también
diferencias de enfoque. “Nosotros reconocemos que Anzorc tiene su
propia dinámica, y aunque no coincidimos en algunos aspectos,
respetamos eso”, explica Milena, y refiere al aval que esa entidad dio
a la forma en que se trató el tema de las ZRC en La Habana, entre el
gobierno nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
-FARC-.
“En algún momento el gobierno nos decía que ya teníamos la
discusión del tema en la Mesa de La Habana y que por eso no podían
adelantar conversaciones con nosotros. Les dijimos no, las
comunidades no han sido parte de la construcción de la agenda de La
Habana, por lo tanto las condiciones para construir la paz se van a

5. dar a partir de la participación directa de la comunidad. Entonces
pedimos que deslinden el proceso de Sur de Bolívar de lo que se
estuviera hablando sobre ZRC sin nuestra participación, y que, en
cambio, los acuerdos se buscaran a través de la Mesa de
Interlocución de Sur de Bolívar y el CNA”. Eso generó que Anzorc no
cuente con la participación de la ZRC de Morales y Arenal.
Milena hace una pausa, desvía la mirada. Más tarde, fuera de
micrófono, confesará ante este cronista el motivo de su incomodidad:
cómo referir a esas diferencias de enfoque entre organizaciones
campesinas sin herir susceptibilidades. Más allá de las diferencias,
unos y otros, Anzorc y el CNA que representa a los líderes comunales
de la ZRC de Morales y Arenal, son pilares de la construcción unitaria
más importante de los últimos tiempos para el campesinado en
Colombia, la Cumbre Agraria. Esa sana preocupación se despejó del
rostro de la mujer cuando retomó sus argumentos e insistió, con tono
sereno y firme: “La paz no es sólo silenciar los fusiles, es construir
condiciones para el goce efectivo de los derechos sociales,
económicos, culturales, ambientales y políticos; en ese orden de
ideas nosotros sí queremos la paz, pero una paz construida desde las
bases”.
Esa paz, impulsada por un pueblo que insiste tercamente en ser el
protagonista de su propio destino, es la que se está peleando -y
construyendo- en la Zona de Reserva Campesina de Morales y Arenal.
* * *
¿Reservas Campesinas, Resguardos, Consejos Comunales,
Zonas
Agroalimentarias?
Sectores agrarios y
campesinos,
organizaciones
indígenas y
comunidades negras
cuentan con distintas
figuras jurídicas que
respaldan sus
demandas sobre el
territorio. Esas figuras,
en cada caso fruto de
luchas históricas aún
latentes, entran en conflicto entre sí. Las Zonas de Reserva
Campesina, por caso, definen un territorio excluyente tanto para los
Resguardos Indígenas como para los Consejos de las comunidades

6. negras. “La ZRC delimita un área geográfica. Si está una ZRC, no
puede existir en un mismo lugar un Consejo de comunidades negras.
Ahí chocan las dos figuras”, explica Milena y pone como ejemplo lo
que sucede en Morales y Arenal: “Aquí tenemos las dos figuras, la
ZRC y también Consejos Comunales de las comunidades negras.
Cuando avancemos en el proceso de titulación colectiva de la tierra,
habrá que definir cuál es el área de la ZRC y cuál el área del Consejo
Comunitario”. Eso implica una delimitación sobre un territorio hoy
compartido. ¿No generaría un conflicto de intereses?, preguntamos.
“No”, es la respuesta tajante de la referente de la ZRC, y agrega:
“Aquí unos y otros hemos venido trabajando de manera articulada; lo
importante será contar con una legislación propia propuesta por las
mismas comunidades que garantice la mejor protección del
territorio”.
En un intento por sobrevolar los tironeos de unos y otros sectores por
el territorio, desde el Coordinador Nacional Agrario -CNA- se propone
la figura de Zona Agroalimentaria. El proyecto cuenta ahora con un
impulso institucional desde que el expresidente del CNA, el
campesino del Catatumbo Alberto Castilla, alcanzó una curul en el
Senado como parte de las listas del Polo Democrático Alternativo -
PDA-.
Según Castilla, esta propuesta tiene como objetivo preservar “las
regiones y áreas geográficas cuyas características agroecológicas y
socioeconómicas requieran el fortalecimiento de la economía
campesina, la regulación, limitación, redistribución y ordenamiento de
la propiedad o tenencia de predios y terrenos rurales”.
Teófilo Acuña, dirigente de Sur de Bolívar y referente del CNA
explica: “La figura de Zona Agroalimentaria que proponemos busca
ser incluyente, ir más allá de las ya existentes. Proponemos que todo
lo que esté dentro de una Zona Agroalimentaria quede allí y se
preserve: el territorio, las organizaciones sociales y políticas, lo que
tenga que ver con la cultura, lo ambiental. En vez de confrontar con
otras figuras, las Zonas Agroalimentarias tienen que ayudar a
potenciar a las demás experiencias étnicas o sectoriales”.
---
* En colaboración con el Instituto Nacional Sindical -INS-.
Publicada en el periódico Desde Abajo.