1. Privado, público, estatal y social
Enviado por Anónimx (no verificado) en Mié, 12/26/2012 - 21:02
Lxs compañerxs que nos organizamos en Bandera Negra, al constituir una tendencia estudiantil
libertaria, hemos optado por una serie de acuerdos que sientan las bases de nuestro camino
militante. Uno de estos es el Antiestatismo, es decir, la lucha contra el Estado, por entenderlo
como una herramienta de dominación de clase. Sin embargo, en nuestra práctica cotidiana,
son muy comunes los reclamos al gobierno (que administra el Estado), como el de mayor
presupuesto para la educación. ¿Acaso nuestra militancia se encuentra en contradicción con
nuestros postulados ideológicos? Exactamente lo contrario.
La educación pública, tal cual la conocemos, es un servicio que hace realidad un derecho
universal, el de todxs lxs habitantes del país a acceder a la mayoría de los niveles de
escolarización sin tener que pagar para hacerlo. Pero toda la estructura que permite hacer
efectivo este derecho, está materialmente sostenida por el Estado (edificios, sueldos, etc). El
mismo esquema se repite para el resto de los servicios públicos, con sus características
particulares: educación, jubilaciones, planes sociales, etc. Abramos un poco la cancha,
entonces, y pensemos en cómo se articula la lucha contra el Estado y el reclamo de presencia
estatal en la asignación y efectivización de los servicios públicos.
Un derecho es lo opuesto a un privilegio, y si por algo se caracteriza el capitalismo es por la
concentración de privilegios en las manos de la clase propietaria. Entonces, cuando el pueblo
avanza y consigue que un derecho se haga efectivo para todxs, estamos frente a una esfera de
la vida que rompe con la lógica más descarnada del capital. Al garantizar el acceso a un servicio
por parte de las mayorías, el mercado pierde un público que, de otra manera, sería su cautivo.
En el caso del sistema educativo, la destrucción constante y consciente de la educación pública
en la provincia de Buenos Aires permitió el aumento proporcional de las instituciones privadas,
ya no solo para los sectores de mayores ingresos, sino a casi todos los niveles. Este proceso
privatizador dejó la educación en manos de empresarios, y a pesar de tibias medidas, esta
lógica no ha sido modificada aún. Pero este fue un aspecto más de la gran ola neoliberal del
menemismo, en donde la clase obrera y el pueblo en su conjunto fueron rematadxs después
de la derrota histórica que representa el genocidio iniciado en 1976. La imposibilidad de
ofrecer resistencia a la avanzada del capital, y la consiguiente implantación de la privatización
en gran parte de los servicios anteriormente públicos de gestión estatal, demuestran que el
estado de los servicios públicos es la cristalización de un momento determinado de la lucha
de clases.
Pero a pesar de que mayor privatización se traduce inmediatamente en mayor mercado, lucro
y búsqueda de ganancias con las necesidades sociales, no necesariamente lo público se asocia
con el bienestar popular. Entre público y privado hay tonos grises, debido a que no es posible
un antagonismo real entre Estado y Mercado, ya que ambos son puntales del capitalismo. La
promulgación de una ley por parte de un gobierno no significa inmediatamente la
materialización de un derecho social, sino que es un puntapié institucional que muchas veces
suele quedarse en ese nivel. El único reaseguro que tenemos de que aquello que se escribe en
los despachos gubernamentales se haga efectivo, es mediante la lucha y la organización. Pero
esto debe ser, para nosotrxs, un primer paso de un camino muy largo.

2. Así como en los ’90, además de la derrota material del pueblo se hizo efectiva una derrota
cultural al convencer a las mayorías de que lo privado era mejor y más eficiente que lo público
de gestión estatal, ahora es otra la batalla de conciencias que debemos librar. La recuperación
por parte del Estado de diversas esferas de la vida pública ocupadas por el mercado en el
trayecto más crudo del neoliberalismo, ha tomado como elemento legitimante un culto hacia
la gestión estatal. En el paradigma kirchnerista, e incluso en sus sectores más avanzados o de
izquierda, se encuentra presente la noción de la gestión estatal como un horizonte ideal, un
fin al que debemos llegar en todos los aspectos. Lógicamente, este razonamiento no tiene
presente cual es la división de clases de la sociedad capitalista y que papel ocupa el Estado en
la misma. Pero, aún más grave, ni siquiera tiene un mínimo de confianza en las capacidades
del pueblo de organizar su propia vida, de autogestionar sus necesidades, derechos y servicios.
Es por eso que como libertarixs, nuestro deber es empujar las conquistas populares siempre
hacia delante, yendo incluso contra el falso sentido común instalado (que sabemos es
altamente variable según la época), pero sin despegarnos de la realidad cotidiana. Debemos
luchar porque sean lxs propixs interesadxs quienes se encarguen de controlar, e incluso
gestionar, los servicios públicos que garantizan sus derechos. Más aún, cuestionar el origen de
los fondos que los sustentan, de la manera en que estos son extraídos al pueblo por una
maquinaria al servicio del capitalismo, y proponer modelos alternativos de financiación.
Un ejemplo de esto lo podemos ver en la lucha del movimiento estudiantil chileno en contra
de la educación privada. Fueron avanzando desde una primera explosión de rabia generalizada
al verse inmersxs en una red financiera de créditos y préstamos de la que no podían escapar,
hacia el cuestionamiento del carácter privado de la extracción del cobre (principal exportación
chilena). Con la nacionalización de la explotación del cobre, el Estado tendría a disposición
los recursos necesarios para sostener una educación verdaderamente pública. Pero para
modificar las concesiones de este importante mineral, es necesario un cambio total de
paradigma en la sociedad chilena, e incluso en sus clases dirigentes, como el que tímidamente
se operó en nuestro país luego de la consolidación del kirchnerismo tras la rebelión del 2001.
Aunque sabemos que la única garantía para que esto suceda no vendrá por el recambio del
personal administrador del Estado, sino por la lucha a fondo y consecuente del pueblo y sus
organizaciones, únicas capaces de hacer efectivos sus derechos y los mecanismos que los
garanticen.
Lo decimos bien claro: nuestro objetivo es la autogestión de los servicios públicos. Pero
entendemos que esto solo puede darse en una situación revolucionaria, donde el Estado sea
incapaz de hacer valer el dominio del Capital sobre el Pueblo. Por lo tanto, nuestro rol en las
luchas por los servicios públicos es hacer visible la necesidad de la autogestión social, y la
contradicción entre este objetivo y el capitalismo como sistema de acumulación, lo que tiene
como única realización positiva un cambio