1. Una mirada atrás, 8
En un pasado artículo de esta retrospectiva periodística que venimos
publicando, concretamente el titulado: Una mirada atrás, 3, del 24
de diciembre pasado, se hacía referencia a aquel polémico acuerdo
plenario por el que se pretendía integrar a Pozo Alcón en la provincia
de Granada ante la negativa de las instituciones autonómicas de
mejorar la situación de la carretera C-323. En el citado artículo se
reproducía, del original, el recorte periodístico fechado el 24/12/1991
en el que se daba buena cuenta del acuerdo plenario que llevó a
nuestros munícipes a tomar tal decisión. No hemos de perder de vista
que aquella resolución fue aprobada con los votos en contra del
Partido Socialista.
Ni que decir tiene que aquella iniciativa era totalmente formal puesto
que se había aprobado en pleno, aunque por otra parte ilegal ya que
se trataba de someter a la población a un referéndum o consulta
popular, algo que sólo puede autorizar el Consejo de Ministros previa
aprobación del Parlamento (caso parecido a lo que ocurre hoy con
Cataluña) En aquella ocasión se trataba de modificar los límites
provinciales, inalterados desde 1.833.
Las reacciones de las autoridades supramunicipales no se hicieron
esperar y pronto se puso en marcha toda la maquinaria
administrativa y judicial.
Como podemos observar en la publicación de hoy, una reproducción
periodística del original del día 20 de mayo de 1.992, cinco meses
después de aquel acuerdo plenario, el Tribunal Superior de Justicia
de la Junta de Andalucía admite a trámite el recurso presentado por
la Delegación de Gobernación de la provincia de Jaén, en contra de la
decisión del Ayuntamiento de Pozo Alcón de realizar una encuesta
popular sobre la segregación del municipio para integrarlo en la
provincia de Granada. Así mismo, el TSJA, da un plazo de pocos días
al Ayuntamiento de Pozo Alcón para que se le entregue toda la
documentación que se le solicita sobre este proceso que se pretende
llevar a cabo.

2. Por su parte, el alcalde Manuel Moreno García se defiende y
manifiesta que “el Ayuntamiento nunca ha adoptado ningún acuerdo
que incurra en violación del ordenamiento jurídico vigente” y acusa al
delegado de Gobernación, Juan Torres, de “querer amordazar al
pueblo al impugnar esta encuesta”.
El lector podrá examinar con detalle la información contenida en el
citado recorte periodístico que se acompaña más abajo.
Manuel Almagro