Argenrtina InvestigacióN Tni Julio De 2006 (VersióN Corregida)

Investigación TNI Julio de 2006

La política económica de la izquierda latinoamericana en el gobierno.
El caso de la República Argentina

Autores: Julio C. Gambina* y colaboradores**

I – Introducción
El primer problema que se presenta para el caso argentino es la calificación del gobierno,
ya que los parámetros de la investigación remiten a gobiernos “progresistas” o de
“izquierda”, dos categorías no aceptadas por el oficialismo en la Argentina. Desde el
Presidente Néstor Kirchner a los principales referentes del gobierno, la calificación
gubernamental remite al peronismo, fenómeno político y social complejo a la hora de
definir bajo los clásicos parámetros de “izquierda” o “derecha”, incluso de “centro”. Sin
embargo, es un hecho que la lectura política que globalmente se realiza sobre el gobierno
en la Argentina, éste queda alineado junto al conjunto de gobiernos surgidos de
propuestas progresistas o de izquierda, caso de Venezuela, Brasil, Uruguay y
recientemente Bolivia. Chile y Argentina constituyen un caso especial, ya que el primero
sienta en la presidencia a una mujer del Partido Socialista, en un marco de persistencia de
algunos condicionantes constitucionales de la dictadura militar de Pinochet. Pese a ello,
los ideólogos del neoliberalismo siguen señalando a ese país como el modelo a imitar en
toda la región. El segundo caso, Argentina, surgido luego de la rebelión popular de fines
del 2001 y de una prolongada transición institucional, causó sorpresas 1 por las medidas
de gobierno inicialmente asumidas.

De todos los países mencionados, es Argentina la sorpresa, pues no existía programa
previo del gobernante que permitiera definir el curso político del país. La lista
encabezada por Néstor Kirchner en las elecciones presidenciales del 2003 (27/04/03)
obtuvo el segundo lugar con el 22% de los votos, aunque las encuestas lo daban por
*
Profesor de Economía Política en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Profesor
de posgrado en las universidades de Buenos Aires, Córdoba y Mar del Plata. Presidente de la Fundación de
Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP (entidad integrante del Consejo Latinoamericano de Ciencias
Sociales, CLACSO). Director Adjunto del Centro Cultural de la Cooperación.
**
Alfredo T. García. Profesor de Grado y posgrado en la Facultad de Ciencias Económicas de la
Universidad de Buenos Aires. Coordinador del Consejo Académico de ATTAC Argentina. Coordinador
del Departamento de Economía Política del Centro Cultural de la Cooperación. Director del Centro de
Estudios Financieros y Monetarios del instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, CEFIM.
Agustín Crivelli. Licenciado en Economía. Maestrando en Procesos de Integración Regional-MERCOSUR,
Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires. Becario doctoral del CONICET.
Investigador del Centro de Estudios Internacionales y Latinoamericanos, IIHES, Facultad de Ciencias
Económicas, Universidad de Buenos Aires. Becario investigador del Centro Cultural de la Cooperación.
Eric Delgado. Docente de Economía y de Administración de Empresas Sin Fines de Lucro en el Instituto
Universitario - Escuela Argentina de Negocios (IUEAN); colaborador docente en Desarrollo Económico en
la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Investigador del Centro
Cultural de la Cooperación en el área de Economía y Política Internacional.
1
La expresión puede no ser la más adecuada, pero aludimos a que Néstor Kirchner era escasamente
conocido en Argentina y más aún fuera de ella. La imagen originaria era la continuidad y subordinación al
gobierno previo de Eduardo Duhalde (2002-2003). La continuidad del ministro de economía era un
elemento esencial de esa imagen.

2

seguro ganador en la segunda vuelta2. El retiro de la segunda vuelta de quién había
obtenido el primer lugar, con el 24% de los votos, permitió que asumiera un gobierno
considerado débil por el escaso apoyo obtenido. La imagen del nuevo Presidente estaba
sospechada de ser “dependiente” de Eduardo Duhalde, presidente de la transición entre
enero del 2002 y mayo del 2003, a la sazón, el elector del candidato oficial del Partido
Justicialista (PJ), el partido del gobierno. La primera tarea del nuevo gobernante fue la de
construir “poder propio” y puede afirmarse que habiendo ya transitado tres años de
gobierno, esa meta ha sido lograda. Es más, en los análisis políticos de la coyuntura
argentina se sostiene la ausencia de una oposición con posibilidades de disputar el
gobierno en la próxima renovación presidencial de octubre de 2007.

En la gestión de Néstor Kirchner, y desde el punto de vista de la política económica
pueden señalarse dos etapas muy claras y vinculadas a los dos ministros que ocuparon la
cartera de “economía”. Roberto Lavagna, que venía siendo el Ministro de Economía de
Eduardo Duhalde desde abril del 2002, fecha de inicio de la recuperación de la economía
Argentina, luego de una larga recesión entre 1998 y 2002, continuó en su función en la
nueva gestión hasta diciembre del 2005. Fue reemplazado en su cargo por Felisa Miceli,
entre cuyos antecedentes figuraba haber trabajado en la “consultora” particular de
Lavagna y traída por éste a las esferas de gobierno, primero como expresión del ministro
en el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y luego al frente del Banco de la
Nación Argentina (BNA). La primera etapa se caracteriza por la recuperación de la
economía y la negociación del endeudamiento público en default. Cesación de pagos
transitada desde la última semana de diciembre del 2001 a mayo del 2005, momento en
que se materializó el canje de deuda con una considerable quita a los acreedores de títulos
elegibles con atraso. La segunda etapa se define por el mantenimiento de la recuperación
y reactivación de la economía, con privilegio en el combate a la inflación, que había
crecido considerablemente durante el año 2005 y se proyectaba en ascenso para el 2006.

El objetivo del gobierno
En el discurso inaugural, Néstor Kirchner definió el objetivo de su gestión y las
principales medidas de acción, más como un “rumbo” que como un plan concreto. En esa
idea de rumbo u orientación del accionar gubernamental manifestó: “En nuestro proyecto
ubicamos en un lugar central la idea de reconstruir un capitalismo nacional que genere las
alternativas que permitan reinstalar la movilidad social ascendente.”3 Es preciso recordar
que el país venía transitando una prolongada recesión de cuatro años de duración (98/02)
y que había explotado haciendo evidente la crisis a fines del 2001 y culminando con la
renuncia del gobierno constitucional de Fernando de la Rúa (1999-2001). En otro tramo
2
El régimen electoral de la Argentina establece que “Resultará electa la fórmula que obtenga más del
CUARENTA Y CINCO POR CIENTO (45%) de los votos afirmativos válidamente emitidos; o en su
defecto aquella fórmula que hubiese obtenido el CUARENTA POR CIENTO (40%) por lo menos de los
votos afirmativos válidamente emitidos y, además, existiese una diferencia mayor de diez puntos
porcentuales respecto de los votos afirmativos válidamente emitidos, sobre la fórmula que le sigue en
número de votos. Si ninguna fórmula alcanzare esas mayorías y diferencias, se realizará una segunda vuelta
dentro de los TREINTA (30) días, participando solamente las dos fórmulas más votadas en la primera, y
resultando electa la que obtenga mayor número de votos afirmativos válidamente emitidos.” (Código
Electoral Nacional)
3
Discurso del Presidente Néstor Kirchner ante la Asamblea Legislativa en el acto de asunción, del
25/05/03. Tomado de http://www.presidencia.gov.ar

3

de su discurso convocará a construir un “país normal”, aludiendo a la superación de la
crónica crisis, que de la economía se había proyectado a la política y amenazaba la
institucionalidad constitucional recuperada desde fines de 1983.4

En el mensaje mencionado se suscita que “es preciso promover políticas activas que
permitan el desarrollo y el crecimiento económico del país, la generación de nuevos
puestos de trabajo y la mejor y más justa distribución del ingreso”. Para afirmar la
institucionalidad se sostiene que “Vamos a apoyarnos en la Constitución para construir
una nueva legitimidad de las leyes…”. En lo económico específicamente se plantea “El
objetivo básico de la política económica será el de asegurar un crecimiento estable, que
permita una expansión de la actividad y del empleo constante, sin las muy fuertes y
bruscas oscilaciones de los últimos años. El resultado debe ser la duplicación de la
riqueza cada quince años, y una distribución tal que asegure una mayor distribución del
ingreso y, muy especialmente, que fortalezca nuestra clase media y que saque de la
pobreza extrema a todos los compatriotas.” Afirmando algunas máximas como el
“equilibrio fiscal”, “más y mejor recaudación y eficiencia y cuidado en el gasto”, siendo
el “equilibrio de las cuentas públicas, tanto de la Nación como de las provincias,
fundamental.” El propósito general era “dotar a la República Argentina de buena
administración, gobernabilidad, estabilidad con inclusión y progreso social y
competitividad.” Respecto de la inserción global se planteaba que el “país debe estar
abierto al mundo, pero abierto al mundo de una manera realista, dispuesto a competir en
el marco de políticas de preferencia regional y fundamentalmente a través del
MERCOSUR, y de políticas cambiarias flexibles acordes a nuestras productividades
relativas y a las circunstancias del contexto internacional”, para sustentar luego relaciones
adecuadas con EEUU y la Unión Europea.

Un rumbo por el “capitalismo nacional”. Una opción por la “integración regional” en un
marco de privilegio a la “movilidad social ascendente” basada en el equilibrio entre el
“mercado interno” y la inserción internacional. Se sostenía “que el mercado organiza
económicamente, pero no articula socialmente, debemos hacer que el Estado ponga
igualdad allí donde el mercado excluye y abandona.” y que la pobreza se resolvía con
política económica y no con política social. El acento se pondría en resolver las
demandas sociales insatisfechas en materia de educación, salud, seguridad. Las líneas
generales del accionar del nuevo gobierno estaban dadas a conocer. Se criticaba el
modelo anterior, especialmente la década del 90, tanto por las políticas como por los
liderazgos. Crítica al gobierno de Carlos Menem (1989-1999) al señalar que la “medida
del éxito de esa política, la daba las ganancias de los grupos más concentrados de la
economía, la ausencia de corridas bursátiles y la magnitud de las inversiones
especulativas sin que importara la consolidación de la pobreza y la condena a millones de
argentinos a la exclusión social, la fragmentación nacional y el enorme e interminable
endeudamiento externo.” También criticaba al gobierno que le sucedió al decir que
“algunas fuerzas políticas en 1999, se plantearon el cambio en términos de una gestión
más prolija, pero siempre en sintonía con aquellos mismos intereses.”

4
El 10/12/83 asumía la Presidencia constitucional Raúl Alfonsín, luego de años de gobierno de una
dictadura genocida entre 1976 y 1983, y parte de un proceso histórico que desde 1930, lo “normal” era la
recurrencia de golpes militares.

4

Dos momentos de la política económica
El primer momento remite a la gestión de Roberto Lavagna y el segundo a la de Felisa
Miceli. En rigor, Lavagna ocupaba el cargo desde antes de la asunción del gobierno, pues
había sido convocado a la función un año antes, en abril del 2002, fecha coincidente con
el cambio de la tendencia recesiva de la economía argentina. Fue uno de los ministros
heredados y que daba la nota de continuidad con el turno anterior, aunque Lavagna se
desmarcaba de la devaluación producida en enero de 2002. El éxito cosechado por
Lavagna devenía de un cambio de los precios relativos que favoreció la producción local,
fuertemente afectada por el régimen de convertibilidad que funcionó entre abril de 1991 y
la devaluación (pesificación asimétrica). La modificación del tipo de cambio fijo por
once años fue el mecanismo principal para iniciar la superación de la recesión y de la
explicitada crisis del 2001. El trabajo “sucio” ya había sido realizado y no era inocuo en
términos de impacto social, puesto que se acrecentó en forma muy importante el nivel de
la pobreza, el desempleo y la informalidad del mismo.

Ya en el gobierno de Néstor Kirchner se venía constatando trece meses de recuperación
de la economía. Lavagna sentía eso como “atributo propio” y será tema de disputa entre
él y el Presidente hasta el momento de su retiro como ministro. Es más, ya lanzado como
posible candidato para la renovación presidencial, hace gala de “padre de la recuperación
de la economía” y se permite la crítica a la gestión actual por el abandono de líneas
establecidas en su gestión. El tema central de esta etapa será la “estabilización” de las
cuentas macroeconómicas, junto al mantenimiento de un tipo de cambio alto con
intervención estatal en el mercado de cambios; y la reinserción de la Argentina en el
sistema mundial de crédito, para lo que había que abandonar la cesación de pagos.
Ambos aspectos (estabilización con tipo de cambio alto y reinserción internacional)
caracterizan la gestión Lavagna al frente del Ministerio de Economía. Objetivos que
fueron logrados y demandaron según el discurso oficial una nueva etapa de renovación en
el gobierno. Era una conclusión coincidente con la lectura oficial del resultado de las
primeras elecciones de renovación legislativa durante la administración Kirchner. El
importante triunfo electoral de carácter nacional, según la interpretación oficial, daba por
terminada la etapa de gobierno apadrinado por el Ex Presidente Duhalde. Kirchner
aparecía con poder propio y lo ponía de manifiesto cambiando al ministro del “éxito
económico” y demostrar en la práctica la paternidad de la recuperación, ya reactivación
de la economía.

Si bien el nuevo cargo era cubierto por Felisa Miceli, una persona de confianza de
Lavagna, y que él había llevado al gobierno, la lectura de los analistas era que el nuevo
ocupante del Palacio de Hacienda era el propio Presidente. Empezaba una nueva etapa y
que se concentrará en mantener los logros en materia de estabilización y combatir la
escalada de precios que crecía con el correr de los meses. Si para el 2003 el crecimiento
de los precios minoristas había sido del 3%, al año siguiente alcanzaban un incremento de
6% y el 2005 cerró con 12,1% con proyecciones en esa fecha del 15 ó 16% para el 2006.
Se abrió allí una discusión sobre la política antiinflacionaria, quedando Lavagna
sosteniendo una propuesta considerada ortodoxa por el gobierno. Eran posiciones más
cercanas a las demandadas por la ortodoxia económica que sustentaba restricciones a la

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política monetaria y a la demanda de mayores ingresos salariales. La nueva “ministro”
asumió la misión de la “etapa” ensayando una política de negociación de precios y
salarios, que se constituirá en eje central para definir sectores sociales alineados con la
perspectiva de alianza social para sustentar la gestión gubernamental.

Negociaciones con los acreedores
En la primera etapa se destacan las relaciones con el FMI a los efectos de definir el marco
de negociación con los acreedores externos en default. Será una relación de confrontación
discursiva y de riguroso pago de los vencimientos con ese y otros organismos
internacionales, como el Banco Mundial y el BID. Luego de la cesación de pagos (enero
del 2002) se suscribirán acuerdos con el FMI previo a la administración Kirchner (enero
03) y ya con éste en el gobierno habrá un nuevo acuerdo en septiembre del 2003. La
relación entre el gobierno y el FMI será una de las claves de la política económica del
gobierno en la primera de las etapas que hemos indicado. Durante la gestión Lavagna se
cancelarán deudas con lo Organismos Financieros Internacionales por 15.000 millones de
dólares. Inmediatamente después del cambio ministerial se anuncia la cancelación
anticipada de la deuda con el FMI por 9.500 millones de dólares, operación concretada en
la gestión Miceli y saludada por el ex ministro.

No hay duda que el tema del endeudamiento público es uno de los grandes
condicionantes de la economía argentina en los últimos treinta años y el volumen de la
deuda en cesación de pagos, como la quita resultante hacia el canje de deuda en 2005 es
demostrativo de la importancia que el tema tiene. Un dato relevante es que el FMI estaba
fuertemente asociado a la estrategia global en curso en Argentina, validando el “modelo”
en la Asamblea conjunta del FMI y el BM del 98 invitando al presidente del país para
brindar el mensaje y asociar a la Argentina al “deber hacer” por el resto de la comunidad
mundial. Argentina era el modelo a imitar. Ante las dificultades manifiestas del 2000, el
FMI salió a sostener la política económica con el “blindaje financiero”, una política de
crédito a disposición de las autoridades por 40.000 millones de dólares, que fue
impulsada durante el 2001 con el desembolso de recursos por el FMI que postergaron el
hecho “casi evidente” de la cesación de pagos por venir. Durante el 2001 se realizaron
dos operaciones de canje de deuda para aliviar plazos de vencimiento de la misma con
aval del FMI. Esa asociación del FMI llevó a que la propia Oficina de Evaluación
Independiente del FMI estudiara críticamente esa relación y aún más allá de ello, la
comunidad internacional dudó de la efectividad del papel del FMI ante la crisis Argentina
y otras concomitantes en un ciclo de crisis entre 1994 (tequila), 1997 (Asia), 1998
(Rusia), 1999 (Brasil) y 2001 (Argentina). Esa crítica instalada globalmente es la base de
justificación de las críticas emanadas de la administración Kirchner.

A tal punto se desarrolló la crítica que el FMI fue marginado del debate por el canje de la
deuda en default. La política del gobierno significó “denunciar” los acuerdos establecidos
con el FMI, cancelar los vencimientos con éste y otros organismos internacionales y
manejar la relación con los acreedores, tenedores de títulos en default por unos 100.000
millones de dólares, 20.000 de ellos por atrasos que no se reconocerían. El FMI, por
primera vez en las condiciones globales no se involucraba en la negociación de la mayor
cesación de pagos contemporánea. De hecho se había transformado en acreedor

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privilegiado, pues cobraba rigurosamente y al mismo tiempo era dejado de lado al
momento de las negociaciones, desoyéndose sus comentarios y consejos en materia de
política económica. En septiembre del 2003 se anuncia en Dubai las características del
canje de una deuda elegible de 81.800 millones de dólares y se desconocían los intereses
impagos por unos 20.000 millones de dólares. Se anunciaba una quita del 75% para la
emisión de los nuevos títulos. En junio del 2004, ya en Buenos Aires se flexibilizará la
propuesta mejorando las condiciones del canje ante la presión internacional. Entre enero
y marzo del 2005 se materializará el canje con una elevada aceptación entre los
acreedores, del 76,15% de los títulos elegibles. Se retiraron así 62.300 millones de
dólares de viejos bonos por nuevos a un valor de 35.300 millones de dólares.

Un dato curioso es que la política argentina de no involucrar al FMI en la negociación fue
coincidente con la nueva actitud asumida por los republicanos en el gobierno de EEUU
que modificaron la forma de intervención del organismo ante las crisis financieras,
retirando los apoyos que se sostuvieron en la gestión anterior. De hecho, más allá de las
voluntades coincidentes, si las hubo, EEUU avaló la política de negociación encarada por
la Argentina y que no afectaba principalmente a acreedores de ese país de origen. Un dato
no menor es que la mitad de la deuda en default estaba en manos de argentinos.

La inserción internacional
El año de la asunción de Kirchner había sido previsto para realizar en Argentina la IVº
Cumbre de Presidentes de las Américas y continuar con el cronograma hacia el
establecimiento del ALCA en el 2005. El discurso presidencial privilegió desde el primer
momento las relaciones con los vecinos y especialmente con el MERCOSUR y su socio
mayor: Brasil. El dato interesante era la convergencia de dos nuevos presidentes en el
gobierno de Brasil y Argentina para ese año, desde enero Lula y desde mayo Kirchner.
La cotización en dólares de las respectivas monedas eran convergentes y se presagiaba
por los discursos de ambos la potencialidad de profundizar la integración regional. Es un
tema que se fue diluyendo con el transcurrir del tiempo, con Brasil más proclive a
sustentar las recomendaciones del FMI en materia cambiaria y con Argentina más
orientada a sostener un tipo de cambio elevado para privilegiar el crecimiento de la
producción local.

Producto de la crisis en la Argentina, la reunión de Presidentes americanos se terminó
realizando en noviembre del 2005 en la ciudad de Mar del Plata. Allí también funcionó
una Cumbre de los Pueblos organizada por la campaña continental de lucha contra el
ALCA. En la reunión de los Presidentes el ALCA no figuraba, y la insistencia de la
diplomacia de EEUU por incorporar el tema motivó una votación dividida donde el
MERCOSUR expresó la posición contraria por avanzar en el tema ALCA sin antes
discutir la baja de subsidios agrícolas en tratamiento en la OMC. Quince días después en
Hong Kong, Brasil y Argentina flexibilizaron la posición para facilitar un acuerdo y
documento final en el cónclave de la OMC.

La política exterior de la Argentina en materia económica ha tenido varias aristas, que
pueden sintetizarse en el mejoramiento de las relaciones con las grandes potencias,
especialmente luego del canje de títulos de la deuda pública en default. Las relaciones

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con EEUU fueron de empatía y coincidencia con relación al tratamiento de la deuda y
especialmente en la disputa discursiva con el FMI. Con Europa fueron creciendo aunque
con conflictos con las empresas privatizadas de servicios públicos, las que interpusieron
demandas contra el gobierno argentino ante el CIADI y por 16.000 millones de dólares.
El motivo era el cambio de las reglas de juego, pues la devaluación modificaba once años
de convertibilidad donde la facturación en pesos favorecía una transferencia de utilidades
al exterior en divisas, que bajo las nuevas condiciones esa facturación debía triplicarse
para mantener el mismo nivel de rentabilidad. De un comienzo conflictivo, especialmente
en las entrevistas del presidente Kirchner con esos empresarios en España y Francia
específicamente, se pasó a una relación más aceitada producto de la mejora en la
rentabilidad, en algunos casos sostenidas con subsidios oficiales para demorar
incrementos de tarifas. Pese a las mejoras, las demandas en muchos casos siguen en pie.

En sentido inverso al comentado fluyeron las relaciones en la región, especialmente con
Brasil y el Uruguay. Con este último incluso existe una demanda en los tribunales de La
Haya a propósito de inversiones de planta productoras de pasta de papel en la costa del
Río Uruguay. Con Brasil los conflictos remiten a cuotas de comercio y en rigor, la
convergencia macroeconómica se fue alejando. La novedad vino extra MERCOSUR, con
Venezuela. Las relaciones entre Buenos Aires y Caracas se potenciaron especialmente en
temas económicos. Venezuela es actualmente el único prestamista internacional que tiene
la Argentina, con compras de títulos en los últimos dos años por 2.800 millones de
dólares y se encara una licitación de títulos en el mundo a suscribir por Venezuela y con
destino a la Argentina por la mejor tasa que obtiene un país avalado con crecientes
ingresos derivados del aumento del precio del petróleo. Ese Bono del Sur puede ser el
inicio de una renovada expectativa por un Banco del Sur y otros mecanismos de
relanzamiento de la integración regional, fortalecido con la reciente incorporación de
Venezuela como miembro pleno del MERCOSUR. Este acercamiento al gobierno de
Chávez ha sido fuertemente criticado por Roberto Lavagna y constituye parte
inescindible del actual momento de la economía en Argentina, tanto por sus necesidades
financieros como energéticas.

La principal crítica que se hace al gobierno desde la izquierda y buena parte del
movimiento popular es sobre la distancia que existe entre el discurso y la práctica de
política económica. Dureza discursiva con el FMI pero riguroso y puntual pago de las
acreencias con dicho y otros organismos internacionales por 25.000 millones de dólares,
reclamados para otros destinos. Crítica gubernamental a los principales operadores
económicos, caso de las empresas de servicios públicos privatizados y restablecimiento
del ciclo de negocios y rentabilidad de los mismos. Crecimiento de la economía y al
mismo tiempo de la desigualdad. Crecimiento económico y subsistencia de elevados
niveles de indigencia, pobreza y desempleo, precariedad laboral e informalidad. La
principal demanda es por la distribución del ingreso y la riqueza, como punto de partida
para la discusión de otro proyecto de país, con otras relaciones sociales para la
producción y distribución de bienes y servicios.

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II – Los movimientos sociales, el poder económico y la evolución de la economía
La dinámica social en Argentina reconoce un ciclo de ascenso de las luchas,
especialmente entre 1997 y 2002. Son fechas coincidentes con la recesión entre 1998 y
2002. La crisis del tequila había elevado el desempleo al máximo de 18,4% en mayo de
1995 y si bien hubo tendencias declinantes posteriores, en mayo de 2002 ascendía a
21,5%. La reivindicación central de las luchas de ese periodo fueron por el empleo y el
ingreso de una población que denunciaba al 57% por debajo de la línea de la pobreza en
2002. Las luchas por el empleo abrieron camino a la emergencia del movimiento
piquetero, constituido por trabajadores desempleados y que poblaron la resistencia de este
periodo. El reclamo de los desocupados confluía con la Central de Trabajadores
Argentinos, CTA, creada en la década del 90´ como alternativa a la Central tradicional, la
CGT y con pretensión de agrupar a todos los trabajadores con independencia de su
carácter activo o pasivo, formal o informal, regularizados o no. La CTA lideraba un
agrupamiento social más allá de los trabajadores, articulando con productores y
empresarios, pequeños y medianos del campo y la ciudad en la demanda “Por ningún
hogar pobre en la Argentina” y que consiguieran más de tres millones de adhesiones en
una consulta popular organizada dos días antes del estallido de diciembre del 2001.

Son consideraciones necesarias porque la demanda del movimiento popular estaba
concentrada en empleo e ingreso. Es a partir de esas demandas que cada sector social
articulaba sus propias reivindicaciones. En ese marco es que se generaron expectativas
ante los primeros movimientos del gobierno de Kirchner. Hemos hablado ya de la
debilidad de origen del gobierno y de la poca información sobre qué política llevaría
adelante, apenas satisfecha con lo que sugería la continuidad del ministro de economía.
En materia de satisfacer la demanda de ingreso, el gobierno venía de otorgar el Plan Jefes
y Jefas de Hogar, un subsidio de $150 a 1.700.000 beneficiarios, que aún se mantiene
pese al deterioro de la capacidad de compra derivado de la inflación de precios minoristas
del orden de 82% desde el momento de la devaluación en enero de 2002. El discurso
inaugural de Kirchner apuntaba que los problemas sociales se resolvía con política
económica y eso generó expectativas.

Una de las primeras medidas asumidas por el gobierno y vinculada a las expectativas en
materia económica fue la convocatoria al “Consejo Nacional del Empleo, la
Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil” que elevó el salario mínimo a $450
desde el 1/9/04. En la práctica y analizando ahora ese Consejo, sólo se ocupó de la
fijación del salario mínimo que ascendió a $510 desde mayo/05 y a Julio/06 asciende a
$630. Las expectativas estaban centradas en la amplitud de la convocatoria. Uno de los
problemas de gobierno era su debilidad y la escasa sustentación social, con lo cuál la
convocatoria amplia satisfacía a diversos sectores, especialmente a los nuevos actores que
habían emergido en los últimos años, especialmente los trabajadores de la CTA, los
desocupados articulados como piqueteros, sectores de la pequeña y mediana empresa e
incluso sectores pymes y cooperativistas, tradicionales, del campo y la ciudad que no
había sido convocados por gobiernos anteriores. También fueron parte de la convocatoria
los clásicos representantes de empresarios y trabajadores, entre otros la Unión Industrial
Argentina, UIA y la Confederación General del Trabajo, CGT.

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Lo que sorprendía era la incorporación de nuevos actores sociales, habilitando así el
crecimiento de las expectativas y más aún, el acercamiento de algunas organizaciones
populares y dirigentes sociales al gobierno, llegando posteriormente a ocupar cargos
gubernamentales y en algunos casos, subordinar sus estructuras y organizaciones a la
política oficial. Esas expectativas se fueron diluyendo. Veamos a continuación una
declaración suscripta el 27/4/06 por la CTA, la Asamblea de Pequeños y Medianos
Empresarios (APYME) y la Federación Agraria Argentina (FAA), organizaciones que
actúan dentro del Consejo y que pretenden la articulación de un bloque social y político
para otro país posible:

“Frente a la eventual convocatoria a una nueva reunión del Consejo Nacional del Empleo,
la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, nos vemos en la obligación de
realizar las siguientes aclaraciones:
1) Que nuestras representaciones saludaron positivamente la puesta en marcha de
esta Institución ya que entendíamos implicaba la posibilidad de gestar un espacio
concreto de participación de los diversos sectores del quehacer productivo,
promoviendo una experiencia de concertación a favor de un proceso de
redistribución justa de los ingresos y de reindustrialización del país.
2) Que a casi 20 meses de su convocatoria, el Consejo del Salario sólo se ha reunido
en dos oportunidades (2 de septiembre del 2004 y 1 de julio del 2005) al tiempo
que se ha desactivado el funcionamiento de las Comisiones de Trabajo que lo
constituían.
3) Que el “no funcionamiento del Consejo” ha sido reemplazado en la práctica por
una estrategia gubernamental que se articula casi exclusivamente con una parte de
la representación de los trabajadores (la CGT) y una parte de la representación
empresaria (la UIA).
4) En este marco, el Consejo del Salario amenaza con transformarse en un mero
mecanismo de legislación institucional de acuerdos y decisiones tomadas por
fuera de los marcos y representaciones que lo constituyen.
5) Alertamos que este funcionamiento además de bastardear una institución que
podría promover un “proceso orgánico de participación”, no considera a la hora
de tomar las decisiones el conjunto de los problemas que hacen al trabajo y a la
producción.
6) Alertamos también que por este camino se cometen irregularidades tanto en el
ámbito de los trabajadores como en el ámbito empresarial. A su vez, resulta
imposible, bajo este esquema, promover una genuina política de ingresos y de
producción.
7) En el ámbito de los trabajadores la no adecuación de la dinámica del Consejo del
Empleo, la Productividad y el Salario a la realidad concreta del mundo laboral
argentino, define que las políticas que se impulsan circunscriben sus efectos a una
proporción minoritaria de los trabajadores del país. Así, la fijación del salario
mínimo sólo se aplica taxativamente sobre los trabajadores privados registrados y
los dependientes del Sector Público Nacional. No son alcanzados por esta
disposición ni los trabajadores en situación de clandestinidad, ni los ocupados en
los Estados Provinciales y Municipales. Por cierto, tampoco están implicados en
esta decisión los desocupados o los cuentapropistas que trabajan en la

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informalidad. El hecho objetivo de que el salario mínimo ascienda hoy a $630 y
que el promedio de los trabajadores en negro se ubique en $390, es un indicador
fehaciente de que el denominado mínimo, vital y móvil no sólo está
desactualizado (la canasta de pobreza para una familia tipo asciende a $860), sino
que tampoco se constituye en la práctica en piso de ingresos del mercado laboral
argentino. Lo señalado para el salario mínimo se extiende también a la política de
convenios colectivos que al involucrar sólo a 2.402.088 trabajadores, representa
apenas al 14,7% de la fuerza laboral del país. Queda claro que con este tipo de
estrategias no habrá posibilidad de tener una genuina política de ingresos que
alcance al conjunto de la clase trabajadora.
8) En el ámbito de los empresarios ocurre una situación similar. Al discutir las
políticas de salario mínimo con los representantes de las grandes empresas no se
consideran las situaciones diferenciales que atraviesan las pequeñas y medianas
empresas o aquellos establecimientos ubicados en regiones más postergadas del
país. Se cometen dos graves errores. Por un lado se fijan pautas de ingresos y
criterios de incremento que en nada obligan a las grandes empresas a trasladar sus
abultados aumentos de productividad. Así cuando se considera el sector industrial
durante el período 2001-2005, mientras la productividad se expandió un 12,4%, el
salario real lo hizo en un 0,4% y los costos laborales se redujeron en un 35,9%.
De igual modo, al considerar la productividad anual de las primeras 100 empresas
de la Argentina surge que mientras la remuneración promedio asciende a $2.669,
la misma (de trasladarse los aumentos de productividad) podría llegar a $15.000.
Por otro lado, esas mismas pautas de ingresos definidas haciendo abstracción de
la situación que observan los establecimientos de menor tamaño y la realidad de
las diferentes regiones del país, lleva en algunos casos a producir efectos
exactamente inversos a los buscados. En lugar de mejorar la situación del
trabajador puede incluso promover su precarización. No es igual la situación de
empresas o conglomerados empresarios locales o transnacionales, que definen las
condiciones de los mercados en los que operan, que la de aquellos
establecimientos que no fijan precios, que atraviesan situaciones de
endeudamiento difíciles que no tienen acceso al crédito o el que pueden obtener
es caro, y que no poseen un tratamiento tributario que considere efectivamente su
verdadera capacidad de pago. Es decir, resulta imposible pensar una estrategia de
redistribución de los ingresos por fuera de un replanteo integral de la política
económica. Por ende, la necesidad de un tratamiento integral de las pequeñas y
medianas empresas tanto urbanas como rurales, es una condición necesaria del
citado objetivo.
9) En la Argentina de hoy, con una canasta familiar que según el INDEC se ubicaba
(a diciembre del 2005) en $2.207,7, el ingreso promedio de los ocupados asciende
a $722. Es decir, que en un hogar donde los dos adultos trabajen y donde además
perciban el pago de asignaciones familiares, el total de ingresos que reunirían
sería de $1.564 o lo que es lo mismo, un 30% inferior a la canasta necesaria. Por
lo tanto, no existen dudas en nuestras organizaciones respecto a la necesidad de
recomponer los ingresos de los trabajadores. Sabemos también que restituir las
relaciones históricas que existieron en la Argentina entre los básicos del convenio,
el salario mínimo y la canasta familiar, supone pensar en un mínimo de $1.000 y

11

un básico promedio de $1.760. Pero sabemos también que esto sólo puede
alcanzarse replanteando también las condiciones fiscales, monetarias, financieras,
tecnológicas y comerciales que priman en la economía argentina. Para ser
precisos, la experiencia de concentración del poder económico que viviera la
Argentina a partir de la reestructuración neoliberal promovida desde 1976 y
profundizada en los años 90, opera como obstáculo para la redistribución justa de
los ingresos. No habrá distribución sin estrategias que restituyan el equilibrio
regional y que promuevan la desconcentración del poder económico.”

Aunque se trata de una larga cita, expresa fehacientemente el pensamiento de un sector
representativo del movimiento popular.

La realidad es que en la etapa actual de la política económica, donde el eje pasa por el
combate a la inflación, el gobierno ha privilegiado el acuerdo político con los clásicos
representantes del empresariado (cámaras empresarias) y los trabajadores (CGT). El tema
central es el acuerdo de precios y salarios para contener el alza de los precios. Con una
expectativa de inflación del 15% para todo el año 2006, el gobierno inició una agresiva
campaña de acuerdos para la contención e incluso disminución de los precios, que para el
primer semestre del año redujeron el índice de precios minoristas a 4,9% y el de precios
mayoristas al 5%, con una proyección para todo el año de un índice inflacionario de un
dígito. Anualizada la evolución del primer semestre se aleja bastante del pronóstico
agorero de comienzo del año 2006.

En el debate por estos acuerdos fueron organizando una base de sustentación para el
proyecto político de gobierno que excluyó al conjunto plural aludido anteriormente. Entre
los excluidos de la discusión existe la conclusión de una opción gubernamental por cerrar
filas, especialmente con la UIA y la CGT, dos agrupamientos gremiales reanimados con
las nuevas condiciones de funcionamiento económico y político en la Argentina.

Son actores clásicos a la hora de constituir bloques sociales para el acuerdo de un
proyecto como el que nuevamente intenta el peronismo en el gobierno de la Argentina.

III- Matriz analítica
1 - Política Fiscal
A - Política de Gasto Público
a) Situación de partida del gobierno de izquierda (antecedentes)
Durante los gobiernos de Carlos Menem (1989/1999), la participación del Gasto Público
Consolidado (Nación + Provincias) en el producto se mantuvo estable en alrededor del
30%. El gobierno que le sucedió, De la Rúa (1999/2001) no modificó la tendencia.

Como puede observarse al analizar la composición del Gasto Público, la elevada
participación del mismo en el producto durante los años 1999, 2000 y 2001 se debió
especialmente al incremento de los servicios de la deuda (10,4%, 12,6% y 14,9%
respectivamente), situación insostenible que derivó en la declarada cesación de pagos.

12

En cuanto a la evolución del Gasto Público en términos constantes, el mismo presentó
una dinámica creciente a lo largo de la década del noventa, con leves caídas en 1995 y
1996 con la “crisis recesiva del tequila”. Luego de la crisis del 2001, en el año 2002 el
gasto se redujo cerca de un 30%, cayendo de 95.900 a 60.350 millones de pesos de 2001.

Conceptualmente puede consignarse a todo el periodo previo a la crisis del 2001 y al
gobierno Kirchner (2003), como una tensión entre la presión del “modelo” inspirado en el
Consenso de Washington (CW) por achicar el gasto público y la creciente demanda de
gasto para conquistar “consenso político” de la sociedad.

Las privatizaciones5 en los primeros 90´ eliminaron estructuralmente a futuro la
generación de pérdidas de algunas de las empresas. El tema destacado fueron las
cesantías de trabajadores estatales, los que contribuyeron a disminuir sustancialmente el
gasto público nacional. Sin embargo, en toda la etapa previa al periodo 2001/2003, pese a
formulaciones favorables al superávit fiscal, éste no fue logrado y el déficit era
financiado con creciente endeudamiento público.

Es cierto también, que la cesación de pagos (2001) otorgó al principio un alivio en el
gasto público por intereses no pagados y que se incluirían parcialmente en las
negociaciones posteriores.

b) Iniciativas del gobierno progresista (qué hizo Kirchner)
El aspecto más destacado en materia de gasto público del gobierno de Kirchner se
encuentra en la modificación observada en la composición del mismo, particularmente en
lo referente al incremento de la participación de los gastos en servicios económicos. Por
lo demás, mantuvo las tendencias instaladas en la etapa anterior.

En forma creciente se incorporó la política de “subsidios” como una forma de evitar el
incremento de los precios demandado por las empresas. El caso más visible es el del
transporte público de pasajeros, que pese al incremento inflacionario, a mediados del
2006 no reconocía ningún ajuste de tarifas, mientras que las compensaciones a las
empresas crecen recurrentemente.

El incremento de la recaudación tributaria permitió impulsar políticas sociales
focalizadas, canalizadas mediante los ministerios con incidencia en el accionar “social”,
contradiciendo el objetivo de reemplazar política social por política económica.

c) Resultados y proyecciones
Las proyecciones apuntan en el sentido de que el gasto público como porcentaje del PBI
se mantenga en los niveles en que lo ha venido haciendo en la última década.

En lo que refiere a la composición del mismo, se prevé que el gobierno procure continuar
incrementando la participación de los servicios económicos en el gasto público total. Es
una definición promocionada para combatir las tendencias inflacionarias.

5
Vale aclarar que en el proceso de privatizaciones se transfirieron empresas superavitarias y deficitarias,
con absorción de las pérdidas por parte Estado.

13

d) Apoyos y alianzas; alternativas y críticas
De la sospecha inicial por parte del poder económico, se pasó a una convivencia
aceptable de éste sector con el gobierno, claro está, bajo el manto de recuperación de un
clima de negocios que fortalece la recuperación de la capacidad de generar rentabilidad,
la que venía afectada en algunos sectores más concentrados en la recesión de 1998-2002.

La política social le permitió al gobierno sumar algunas voluntades sociales, por ejemplo
del movimiento piquetero, incluso designando representantes en el gobierno. Surgió así
una alianza condimentada con importantes recursos económicos para paliar la miseria
extendida y la emergencia del conflicto social. El gobierno supo así acumular poder
propio en la sociedad, tanto entre los sectores más concentrados por el beneficio directo
receptado, como entre los empobrecidos, perceptores de planes sociales. Obtuvo apoyos y
construyó alianzas generando su propio bloque de poder para asegurar “gobernabilidad”.

Desde otro ángulo, en el Instituto de Estudios y Formación de la Central de Trabajadores
Argentinos (IEF-CTA)6 se señala que en el actual contexto de incremento de recaudación
se observa una contracción de las prestaciones que el Estado otorga a la comunidad,
priorizándose los gastos de capital, mientras que se ajusta los gastos corrientes.

El esquema actual de orientación del gasto obedecería a un lógica de corte desarrollista.
Donde dentro del gasto público social las partidas que se ajustan son aquellas partidas
que tienen ó deberían tener un elevado nivel de universalidad como la salud, la seguridad
social, la educación y cultura y la finalidad de ciencia y técnica. Mientras que las que se
expanden son las referidas a la contención social que se expresan en el crecimiento de la
finalidad de promoción y asistencia social. Por otro lado el actual gobierno ha expandido
las inversiones en infraestructura social como son las finalidades de agua potable y el
alcantarillado y de vivienda y urbanismo. En definitiva, según se señala desde el IEF-
CTA, el gobierno de Kirchner procura ampliar las partidas con destino a la inversión de
la infraestructura básica y social, dejando fuera de su esquema todo programa de carácter
universal que intente recomponer ingresos de la población por fuera del mercado laboral.

Una de las críticas más extendidas se asocian a los pagos de intereses de la deuda pública,
especialmente a los “acreedores privilegiados”, así llamados porque nunca se incluyeron
en la cesación de pagos. Eso es lo que ocurrió con los Organismos Financieros
Internacionales (OFI). Se puede señalar que los OFI tuvieron una posición de permanente
crítica a las posiciones oficiales y no solo en materia de endeudamiento o la problemática
derivada de la cesación de pagos. Las críticas se asociaron a la política económica en su
conjunto.

e) Perspectivas
Uno de los principales dilemas que se plantean en este sentido refiere a los cercanos
vencimientos de los nuevos bonos públicos (BODEN). Estos vencimientos ocurrirán a

6
Roberto Larrosa, Claudio Lozano, Ana Rameri Y Tomás Raffo “Notas Sobre la Actual Etapa
Económica” (IEF-CTA) Abril 2006

14

partir de 2007 (y luego en 2008, 2012, 2013, 2014 y 2015) y hacen prever un incremento
de la participación de los servicios de la deuda pública en el gasto público total,
provocando una tensión con la estrategia de incremento de la inversión pública del
gobierno.

Recientemente, la Corte Suprema de Justicia recomendó al Parlamento resolver la
adecuación de las “jubilaciones”, entre las cuales existe una buena cantidad que no han
sido aumentadas en los últimos años. Se supone que ello será atendido a partir del 2007,
representando un incremento del gasto público importante.

La propia renovación presidencial del 2007 hace suponer la existencia de una presión por
suplementar el gasto público, conspirando con el objetivo de superávit fiscal previsto. Un
problema que ya está presente deviene de la crisis de las finanzas de las provincias
argentinas. Si bien las provincias mantienen una situación de equilibrio fiscal hasta
diciembre de 2005, se prevé una situación equilibrada durante el 2006 y un proyección
deficitaria para el 2007. Uno de los temas que contribuyen en este pronóstico es la
incidencia del endeudamiento público de los estados subnacionales, los que ponen en
crisis los equilibrios fiscales provinciales y que convocará a ayudas de recursos desde la
Nación a las provincias.

Gasto Público Consolidado en porcentaje del PBI
1990 30,4% 40,0%
1991 31,0%
1992 31,5% 35,0%
1993 31,7% 30,0%
1994 31,8%
1995 32,5% 25,0%
1996 30,6% 20,0%
1997 30,4%
15,0%
1998 31,0%
1999 34,2% 10,0%
2000 33,8% 5,0%
2001 35,6%
2002 29,2% 0,0%
1990
1991
1992
1993

1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

2001
2002
2003
2004

2003 29,4%
2004 28,9%

Fuente: Dirección de Análisis de Gasto Público y Programas Sociales - Secretaría de
Política Económica

15

FINALIDAD / FUNCION 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
FUNCIONAMIENTO DEL ESTADO 16,2% 18,7% 19,3% 19,4% 19,8% 19,2% 19,2% 18,6%
GASTO PUBLICO SOCIAL 61,1% 63,2% 62,9% 64,0% 66,1% 65,2% 65,7% 65,2%
GASTO PUBLICO EN SERVICIOS ECONOMICOS 17,5% 11,7% 9,8% 10,7% 8,6% 8,7% 7,9% 7,4%
SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA 5,2% 6,4% 8,0% 5,8% 5,5% 6,9% 7,2% 8,8%

FINALIDAD / FUNCION 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
FUNCIONAMIENTO DEL ESTADO 19,1% 19,7% 18,7% 18,1% 18,9% 18,5% 19,5%
GASTO PUBLICO SOCIAL 64,8% 63,6% 63,4% 62,1% 67,3% 65,0% 65,6%
GASTO PUBLICO EN SERVICIOS ECONOMICOS 7,4% 6,3% 5,3% 5,0% 4,8% 8,3% 9,0%
SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA 8,7% 10,4% 12,6% 14,9% 8,9% 8,1% 5,9%

Gasto Público Consolidado en millones de pesos de 2001

1990 59.366 120.000
1991 66.083
1992 74.349 100.000
1993 79.559
1994 84.854 80.000
1995 82.431
1996 80.257 60.000
1997 85.521
1998 90.145 40.000
1999 96.907
2000 94.430 20.000
2001 95.900
2002 60.350
0
2003 62.952
1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997
1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004
2004 69.434

Fuente: Dirección de Análisis de Gasto Público y Programas Sociales - Secretaría de
Política Económica

B - Política de Ingresos Públicos
Durante la década del noventa el sistema tributario se apoyó fundamentalmente en los
impuestos indirectos, especialmente a través del IVA. El incremento de la recaudación de
este impuesto se estructuró sobre la base de una gran expansión de la demanda en una
economía que se encontraba en la fase ascendente del ciclo económico. A partir de la
denominada “crisis del tequila” en 1995, cuando la economía ingresa a una fase de
desaceleración económica comienzan los problemas con la recaudación. A partir de esa
crisis, la recaudaciones por Contribuciones al Seguro Social cayeron debido a la entrada
en escena de las Aseguradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJPs). Por otro
lado, los impuestos sobre la Propiedad prácticamente fueron desapareciendo durante la
década debido a las exenciones en el rubro “Sobre las Transacciones Financieras y de
Capital”.7

7
López, Rodrigo M. G. “Imponernos. Progresividad y recaudación en el sistema tributario argentino”
(Centro Cultural de la Cooperación) Julio 2003

16

El gobierno ha elevado los niveles de recaudación sobre la base de dos impuestos: las
retenciones a las exportaciones y el impuesto sobre los débitos y créditos bancarios;
siendo ambos considerados “distorsivos” por el FMI y el establishment local. Son
también los impuestos que más crecieron, tanto en términos de volumen como de
porcentaje. El incremento en la recaudación de las retenciones se debe a dos factores: una
fuerte devaluación a comienzos del 2002 (del orden del 300%) en el tipo de cambio y un
sostenido incremento en los precios internacionales de los productos exportados,
especialmente soja y petróleo.

En este contexto, ante el achicamiento relativo del mercado interno8 y la
consecuentemente caída proporcional en la recaudación del IVA y las contribuciones a la
seguridad social, las retenciones se constituyen como el instrumento fiscal que le
permitieron recomponer la capacidad de pago de la economía sobre la base de capturar
una parte, minoritaria por cierto, de las exorbitantes rentas que generó la devaluación y
los precios internacionales sobre las empresas exportadoras.

Durante el período 2002-2005 los pagos por deuda pública, de capital e intereses, fueron
superiores al superávit primario9. Dicho de otro modo, la totalidad del superávit primario
alcanzado en el período, a costa del ajuste real del gasto primario, fue destinado al pago
de deuda.

La lógica regresiva del sistema tributario argentino es previa y condicionante de la actual
gestión de gobierno. Sin embargo la gestión Kirchner mantuvo el mismo esquema fiscal
con un agravante peor: maximizó los pagos por deuda. Con los U$S 9.500 millones que
el gobierno destinó al pago anticipado de la totalidad de la deuda con el FMI, sumados a
los $57.338 millones que se destinaron a pagar intereses y capital durante el período
2002-2005 (que equivalen a U$S 19.112 millones), en el plazo de 4 años el país transfirió
prácticamente U$S 29.000 millones para pagar deuda. Esta cifra equivale al 17% del PBI
del 2005 y al 86% del Presupuesto de la Administración Nacional para el 2006.

En lo que refiere a la recaudación impositiva, en los últimos cuatro años ésta ha venido
superando todas sus marcas anteriores, con algunos picos que incluso se han convertido
en récord. También con relación al tamaño de la economía, los ingresos tributarios están
en los niveles más altos de la historia, del orden del 23% del Producto Bruto Interno. De
continuar el contexto internacional favorable (elevados precios del crudo y de los
commodities exportados por el país) es posible que la recaudación continúe creciendo al
ritmo del crecimiento de la economía.

8
Si bien la economía viene creciendo al 9% en los últimos cuatro años y ello implica un cierto desarrollo
del mercado interno, el mantenimiento de elevados niveles de regresividad en la distribución del ingreso
hace que proporcionalmente tenga mayor incidencia el crecimiento de la tributación vinculada al sector
externo de la economía (retenciones).
9
En el período 2002-2005 los pagos netos de deuda pública ascendieron a 57.338 millones de pesos,
mientras que el superávit primario fue de 45.659 millones en el mismo período. Es decir los pagos por
deuda fueron superiores al superavit primario.

17

Desde el IEF-CTA se señala que durante el gobierno de Kirchner se produjo una caída de
las contribuciones patronales, lo que estaría reflejando la pérdida del poder adquisitivo de
los salarios y el achicamiento del mercado interno de demanda popular.10

En el mismo trabajo se destaca que al descontar del sistema tributario actual los
impuestos que no estaban presentes en 1998 (retenciones a las exportaciones, impuesto al
cheque y otros), la recaudación actual es menor a la de 1998. Dicho de otra forma, en el
contexto actual de crecimiento económico los impuestos tradicionales no han sido
eficaces para mantener el porcentaje de recaudación que captaban en 1998.

En el mismo sentido, en su reporte semanal de fines de julio el Banco Río señala que al
comparar la recaudación actual con la que existía en 1998 (último año de fuerte
crecimiento del modelo de convertibilidad) llega a la conclusión de que en 2005 los
niveles de evasión resultan superiores a los 1998. En el informe se señala que si bien en
2005 los ingresos nacionales sumaron 5 puntos más que los de 1998, esto se debió a la
existencia de dos impuestos (las retenciones a las exportaciones y el impuesto sobre los
débitos y créditos bancarios, más conocido como impuesto al cheque) que permitieron a
la AFIP recaudar 21.800 millones de pesos, equivalentes al 4,1% del PBI durante 2005.11

e) Perspectivas
En este aspecto uno de los principales dilemas a los que se enfrenta el gobierno refiere a
la dependencia del contexto internacional favorable para mantener los actuales niveles de
recaudación impositiva. Por otro lado, en un contexto de creciente desigualdad en la
distribución del ingreso, la necesidad de realizar una reforma de fondo en el regresivo
sistema tributario argentino se hace cada vez más evidente.

2– Relación Capital-Trabajo
A- Reglas de juego e institucionalidad en materia laboral

Desde 1975 a 2001 se procesa la más aguda ofensiva contra los derechos de los
trabajadores y sus ingresos. Primero durante la dictadura militar (1976/1983) y luego bajo
gobiernos constitucionales (1983/2001) se materializó un deterioro general del nivel de
vida y las condiciones de trabajo de los trabajadores. Junto a la caída del salario se
avanzó en la flexibilidad de las condiciones de trabajo y la precariedad labora. Se
incrementó la parte no regularizada de los trabajadores, con la consiguiente
desindicalización y perdida de las capacidades de defensa sindical y política. La realidad
manifiesta un crecimiento del desempleo, el subempleo y el sobreempleo. Las reformas
laborales se sucedieron, especialmente en los 90´ para legalizar la desprotección de los
trabajadores.

10
IEF-CTA Op cit
11
“Polémica entre los privados y el Gobierno por el nivel de evasión” Clarín, 31/07/2006

18

Si el desempleo rondaba el 6% en los 80´, en los 90 se consolidó un piso que duplicaba el
registro de la década anterior. A comienzos del Siglo XXI y en plena crisis del 2001/2002
la tasa de desempleo abierta superaba el 21% de la población económicamente activa y el
registro de población bajo la línea de pobreza señalaba al 57% de los argentinos.

La lucha contra la pobreza y por el empleo eran una de las principales reivindicaciones al
momento de estallar la crisis.

En lo referente al Salario Mínimo, el gobierno de Kirchner convocó por primera vez,
desde 1983, al Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital
y Móvil como instrumento para la actualización del Salario Mínimo. El gobierno decidió
que la CTA integre el Consejo pese a carecer de personería gremial. Desde ese entonces
el mismo se ha reunido en tres oportunidades (2 de septiembre de 2004 y 1 de julio de
2005 y 27 de julio de 2006). El incremento del salario mínimo ha sido el principal
instrumento de política económica. En ese sentido puede destacarse también, la
corrección de los ingresos mínimos de los trabajadores jubilados.

Con respecto a las negociaciones colectivas, según lo señalado por el Ministerio de
Trabajo, desde enero hasta diciembre de 2004 se homologaron 349 convenios y acuerdos
colectivos, lo que prácticamente duplica el promedio de los últimos 10 años. Mientras
que durante 2005 se homologaron un total de 568 acuerdos y convenios colectivos, es
decir un 63% más que en 2004. Finalmente, durante el primer trimestre de 2006 se
homologaron un total de 148 acuerdos y convenios colectivos, lo que representa un 80%
más que en el mismo período de 2005.

La recomposición salarial estuvo por detrás de la evolución de los precios. Solo los
trabajadores regularizados mantuvieron su capacidad de compra, representando
escasamente el 21% de los trabajadores totales. Los trabajadores estatales y los que no
están regularizados vieron deteriorar recurrentemente sus ingresos con relación a la
canasta de gastos correspondiente.

Según un estudio de la CTA, en la Argentina actual existen prácticamente 7.291.163 de
trabajadores que cobran menos de los $630 en que se fijó el Salario Mínimo Vital y
Móvil en julio del 200512. Estos representan a prácticamente la mitad de los ocupados
totales.

Con respecto al alcance las negociaciones colectivas, el mismo estudio de la CTA (en
base a datos oficiales) señala que en 2005 las mismas alcanzaron al 40,6% de los

12
Recientemente, en el marco del Consejo del Empleo, la Productividad y el Salario se ha llegado a un
acuerdo mediante el cual el salario mínimo pasará de los $ 630 actuales a $ 760 en agosto, $ 780 en
septiembre y $ 800 en noviembre. Esta última se realiza a posteriori de los convenios colectivos,
pretendiendo establecer un valor que ya ha sido absorbido en los diferentes convenios de manera tal que el
mínimo ni siquiera influya en el desarrollo del sector formal.

19

asalariados formales, lo que representa el 21,9% del total de asalariados y el 14,7% del
total de la fuerza laboral.

Asalariados incluidos en la negociación colectiva, total de asalariados formales,
asalariados totales y fuerza laboral. Porcentaje de asalariados incluidos en las
negociaciones. Período 2004 y tercer trimestre acumulado del 2005.
Asalariados
incluidos en Asalariados Total Fuerza
(III)=(I) / (V)=(I) / (VII)=(I) /
Período la Formales asalariados Laboral
(II) (IV) (VI)
negociación (II) (IV) (VI)
colectiva (I)
15.677.60
2004 1.222.000 5.393.164 22,7% 10.554.138 11,6% 5 7,8%
16.335.57
2005 2.402.088 5.914.594 40,6% 10.948.395 21,9% 8 14,7%
Fuente: IEF-CTA

El principal apoyo del gobierno en esta materia se obtuvo de las principales cámaras y
gremios empresariales, especialmente vinculados a la producción, tal el caso de la Unión
Industrial Argentina, UIA, y de la Confederación General de Trabajadores, CGT.

Desde la CTA se señala que no existe libertad y democracia sindical para la organización
de los trabajadores, lo que restringe aún más el alcance de la negociación colectiva. En la
Argentina existen 1986 organizaciones sindicales proscriptas (entre las que tienen solo
simple inscripción gremial y aquellas que todavía tienen el trámite pendiente) de
participar en las negociaciones colectivas, lo que representa el 71% de las entidades
sindicales existentes.

Con respecto al Salario Mínimo, desde la CTA se señala que el “no funcionamiento del
Consejo” ha sido reemplazado en la práctica por una estrategia gubernamental que se
articula casi exclusivamente con una parte de la representación de los trabajadores (la
CGT) y una parte de la representación empresaria (la UIA). En este marco, el Consejo del
Salario amenaza con transformarse en un mero mecanismo de legislación institucional de
acuerdos y decisiones tomadas por fuera de los marcos y representaciones que lo
constituyen.

Por otro lado, señalan desde la CTA, en un mercado laboral signado por una tasa de
desocupación estructuralmente alta (14,1% de la PEA sin contar los planes de jefes y
jefas de hogar) con sólo el 39% de los trabajadores en condición formal y con el modelo
sindical en crisis, el salario mínimo no establece el piso de ingresos para todos los
trabajadores. La fijación del salario mínimo sólo se aplica taxativamente sobre los
trabajadores privados registrados y los dependientes del Sector Público Nacional. No son
alcanzados por esta disposición ni los trabajadores en situación de clandestinidad, ni los
ocupados en los Estados Provinciales y Municipales. Por cierto, tampoco están

20

implicados en esta decisión los desocupados o los cuentapropistas que trabajan en la
informalidad.

En lo referente a las Negociaciones Colectivas, la CTA señala que el actual
funcionamiento del mercado laboral argentino acota severamente sus alcances, dado que
los asalariados formales, sobre los que en teoría inciden los convenios, representan sólo
el 34,6% de la fuerza laboral del país.

En 2004 las negociaciones abarcaron a 1.222.000 asalariados, los que representan apenas
el 22,7% de los 5.393.164 asalariados formales de ese año. Para el año 2005 en el marco
del crecimiento notable de las negociaciones colectivas, el universo de los trabajadores
abarcados en la misma ascendió a 2.402.088. Es decir que creció prácticamente al doble
de lo ocurrido en el 2004. Sin embargo este universo de trabajadores representa a una
parte minoritaria del conjunto de asalariados registrados (el 40,6%), porcentaje que
desciende al 21,9% si consideramos el total de asalariados y que es apenas el 14,7% del
conjunto de la fuerza laboral argentina (que incluye a trabajadores cuentapropistas y
desocupados).

Sin embargo, a pesar del acotado impacto de los convenios, no deber perderse de vista
que el 59% de los convenios firmados durante el 2005 que estipularon aumentos
salariales absorbieron en el básico del convenio los aumentos decretados por el Poder
Ejecutivo, lo que demuestra las potencialidades de la política pública para incidir en la
disputa por la distribución del ingreso. El problema, señalan desde la CTA, estriba en que
no se podrá incidir sobre la distribución del ingreso con políticas públicas que se
concentran exclusivamente en la regulación del mercado formal.

e) Perspectivas
El empeoramiento distributivo que tenemos, en un contexto que combina fuerte
crecimiento del nivel de actividad con incremento en la cantidad de ocupados y aumentos
de los ingresos, debe dejar en claro un principio: para que exista distribución del ingreso
es necesario que el ingreso que perciban los ocupados crezca por encima de la
productividad global de la economía, lo que implica necesariamente que lo mismo debe
ocurrir a nivel de ramas y firmas. Materializar este criterio requiere de políticas públicas
tributarias y promocionales que permitan capturar las ganancias extraordinarias, que hoy
se concentran en pocos sectores y pocas empresas, para poder derramarlas en apoyo al
desarrollo de nuevos sectores y en el tratamiento integral de las regiones más atrasadas y
de los pequeños y medianos establecimientos. Supone también políticas públicas de
alcance universal que construyan un piso de ingresos superior en el mercado laboral (por
vía de la mejora de los ingresos de los hogares) y la garantía legal para la organización de
los trabajadores.

B- Política de promoción de la inversión y el clima de negocios

En los 90´ se había instalado con fuerza la orientación al mercado de la política
económica y por lo tanto se esperaba todo de la inversión privada. Las privatizaciones y

21

las desregulaciones alejaban una política de promoción de la inversión pública. La
promoción de la inversión privada alentaba un clima de negocios favorable a los capitales
más concentrados. En el gobierno previo de Duhalde, ante un modelo estallado, se trató
en la medida en que se estabilizaron las cuentas de recrear el clima de negocios para
restablecer el papel de la inversión, la que había llegado a los niveles más bajo de la
historia.

En la lógica de funcionamiento del modelo económico de la década del noventa las
inversiones externas cumplían el rol de sostener, en parte, el equilibrio de la
Convertibilidad. Para ello se le hacía necesario otorgar a dichas inversiones amplísimas
condiciones para el ingreso, circulación, operación y salida de los capitales. Así, los
tratados bilaterales de protección de inversiones funcionaron como la base legal para
cristalizar las condiciones pactadas en el momento de la contratación y proyectarlas hacia
el futuro. De allí que la liberalización del movimiento de capitales, la apertura de la
economía, la privatización de las empresas públicas y el proceso de “extranjerización” de
gran parte de la cúpula empresaria argentina terminen siendo un conjunto articulado de
procesos, amparados bajo el paraguas legal que los BITs otorgaron a los inversores
extranjeros.

Argentina es el país americano con el mayor número de BITs firmados (54 ratificados por
el Congreso Nacional), y su evolución muestra que en los primeros cuatro años de
ratificación de los mismos, habían entrado en vigencia casi el 60% del total de tratados
bilaterales firmados por el Poder Ejecutivo Nacional.

Tratados Bilaterales de Inversiones firmados por el PEN y ratificados por el CN

País Ley Nro. Fecha sanción legislativa
1 Alemania 24.098 10/6/92
2 Suiza 24.099 10/6/92
3 Francia 24.100 10/6/92
4 Polonia 24.101 10/6/92
5 Suecia 24.117 5/8/92
6 España 24.118 5/8/92
7 Italia 24.122 26/8/92
8 Bélgica-Luxemburgo 24.123 26/8/92
9 EEUU 24.124 26/8/92
10 Canadá 24.125 26/8/92
11 Gran Bretaña 24.184 4/11/92
12 Egipto 24.248 13/10/93
13 China 24.325 11/5/94
14 Austria 24.328 11/5/94
15 Hungría 24.335 2/6/94
16 Turquía 24.340 9/6/94
17 Chile 24.342 9/6/94
18 Holanda 24.352 28/7/94
19 Tunez 24.394 9/11/94

22

País Ley Nro. Fecha sanción legislativa
20 Armenia 24.395 9/11/94
21 Senegal 24.396 9/11/94
22 Dinamarca 24.397 9/11/94
23 Bulgaria 24.401 9/11/94
24 Rumania 24.456 8/2/95
25 Venezuela 24.457 7/3/95
26 Bolivia 24.458 8/2/95
27 Ecuador 24.459 8/2/95
28 Jamaica 24.549 13/9/95
29 Croacia 24.563 20/9/95
30 Portugal 24.593 15/11/95
31 Malasia 24.613 7/11/95
32 Finlandia 24.614 7/11/95
33 Perú 24.680 14/8/96
34 Ucrania 24.681 14/8/96
35 Corea 24.682 14/8/96
36 Australia 24.728 7/11/96
37 Cuba 24.770 19/2/97
38 Israel 24.771 19/2/97
39 Vietnam 24.778 19/2/97
40 Indonesia 24.814 23/4/97
41 Marruecos 24.890 5/11/97
42 Panamá 24.971 20/5/98
43 México 24.972 20/5/98
44 República Checa 24.983 3/6/98
45 Lituania 24.984 3/6/98
46 El Salvador 25.023 23/9/98
47 Costa Rica 25.139 4/8/99
48 Guatemala 25.350 1/11/00
49 Nicaragua 25.351 1/11/00
50 Sudáfrica 25.352 1/11/00
51 Rusia 25.353 1/11/00
52 Tailandia 25.532 27/11/01
53 India 25.540 27/11/01
54 Grecia 25.695 28/11/02

Dada la continuidad del Ministro de Economía respecto del gobierno inmediato anterior,
no se operan cambios sustanciales en esta material. En el periodo del gobierno de
Kirchner se han creado dos Fondos Fiduciarios, ambos relacionados con el gas:

23

• Fondo Fiduciario para atender Inversiones en Transporte y Distribución de gas
(Decreto N° 180/2004)

• Fondo Fiduciario para atender la Contratación de Transporte y Adquisición de gas
natural (Decreto N° 950/2004).

Lo que se nota es un restablecimiento del ciclo de negocios en el marco de la
estabilización de las cuentas macroeconómicas. Las empresas muestran balances más
equilibrados e incluso con ganancias crecientes. Las expectativas de los empresarios son
de continuidad y mejoría para sus actividades en 2007 y siguientes años. Solo se
escuchan quejas y cierto pesimismo en los sectores más pequeños del empresariado.

Es una orientación económica que ha ido ganando consenso entre los empresarios, los
que progresivamente y más allá de alineamientos políticos han sustentado la política
oficial.

Alternativamente se ha sostenido la necesidad de pasar de la iniciativa privada al
privilegio de la pública y social. Alternativa que supone una crítica a la orientación
principal al mercado. Son posiciones sostenidas por pequeños y medianos productores y
empresarios, muchas veces asociados a la opinión de la CTA y el movimiento
cooperativo.

e) Perspectivas
Todo indica que la inversión crecerá más por el Estado, por la administración de una
importante masa de recursos. La inversión privada, especialmente extranjera seguirá
observando el accionar del gobierno para terminar de definir su ingreso al país.

3 – Intervención del Estado en la economía

A- Empresas y Servicios Públicos

En la década del noventa Argentina vivió un fuerte proceso de privatización de empresas
de servicios públicos. En este proceso la trasgresión de las normas vigentes y los
incumplimientos empresarios (sea en lo que respecta a metas físicas y/o de calidad
comprometidas, como en lo atinente a compromisos de inversión, o de concreción de
determinadas obras, o a la protección del medio ambiente, o en materia tarifaria, o en lo
relativo a restricciones a la propiedad) emergen como uno de sus principales rasgos
distintivos que, incluso, se han visto posibilitados por la inacción pública -cuando no por
la convalidación oficial a partir de decretos y resoluciones de más que dudosa legalidad y
juridicidad.

24

Uno de los principales rasgos distintivos del programa de privatizaciones desarrollado en
la década del noventa en Argentina ha sido el de las recurrentes renegociaciones
contractuales con las privatizadas. Estas han revelado un denominador común: mantener
o acrecentar los privilegios de las empresas, al margen de toda consideración sobre la
seguridad jurídica de los usuarios.

Por otro lado, los entes reguladores (simples órganos de control) fueron constituidos, en
la mayoría de los casos, prácticamente por empresa o área privatizada y, casi sin
excepción, con posterioridad a la propia transferencia de los activos. Asimismo, éstos
presentan escasa o nula autarquía real que, incluso, ha devenido en muchos casos en su
configuración efectiva como meras estructuras administrativo-burocráticas, quedando
subsumidos bajo la órbita de distintas Secretarías de Estado.

El gobierno de Kirchner ha re-estatizado y quitado concesiones de algunas empresas de
servicios públicos que presentaban dificultades serias en materia de rentabilidad y en
muchos casos, las propias empresas manifestaban su voluntad de retirarse del mercado.
En todos los casos el gobierno manifestó la voluntad de reprivatizar esas empresas luego
de saneadas.

Por otro lado, en el caso de la explotación de los recursos energéticos, se ha creado una
empresa mixta.

El control del espectro radioeléctrico ha sido el primer caso de estatización de un servicio
entregado a manos privadas, tras la anulación de la concesión del "Servicio de
comprobación técnica de emisiones del espectro radioeléctrico" que favorecía a la firma
francesa Thales Spectrum, a quien el gobierno argentino acusó de no haber cumplido "en
un 70 por ciento" los compromisos asumidos, tanto en materia de inversiones mínimas
como de pago del canon, y de haber provocado un perjuicio al Estado por 302 millones
de pesos. Como contrapartida, desde el otorgamiento de la concesión en 1997, la empresa
habría registrado ganancias extraordinarias, incluso comparadas con el resto de las
privatizadas, que alcanzarían una tasa interna de retorno del 145 por ciento, lo que hace
presumir un enriquecimiento sin causa que será investigado penalmente. Las graves
irregularidades existentes en materia de control y seguimiento de la concesión ya habían
sido detectadas en 2001 por un informe de la Auditoria General de la Nación.

Correo Argentino, Aguas Argentinas y Aeropuertos 2000 fueron las siguientes empresas
“reestatizadas”13. La primera la estatizó ante la falta de pago del canon por parte del
grupo Macri. Sin embargo, a pesar del aceptable desempeño de esa compañía en manos
públicas, sigue firme el decreto que establece su futura reprivatización.

La cancelación del contrato con la empresa Aguas Argentinas (de management francés) y
su reemplazo por Aguas y Saneamiento Argentino (AYSA) significó el fin de una pésima

13
El entrecomillado alude a las dudas existentes sobre una voluntad de recuperar la gestión estatal de
dichas empresas. La voluntad pareciera subordinarse a la estrategia de sostener el régimen privado para
esas empresas de servicios públicos.

25

privatización. Suez de Francia (la operadora de Aguas Argentinas) hizo lo que hicieron
otras compañías que se quedaron con las empresas prestadoras de servicios públicos
cuando fueron privatizadas a partir de 1989: adoptó un compromiso público que luego no
cumplió. En este caso, el quite de la concesión se debió, específicamente, al alto
contenido de nitratos que mostraba el agua de un amplio sector de su área concesionada.

Un trabajo realizado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO)
indica que entre 1994 y 2000, Aguas Argentinas tuvo una tasa de beneficio sobre el
patrimonio neto promedio del 19,1 por ciento. En este sector, las utilidades suelen rondar
entre el 6,5 y el 12,5 por ciento para Estados Unidos, y entre el 6 y el 7 por ciento en
Gran Bretaña. AYSA, la nueva prestadora, tiene una composición del 90 por ciento por
parte del Estado nacional, y el diez por ciento restantes en manos de los trabajadores.

En el caso de Aeropuertos Argentina 2000, recientemente el gobierno de Kirchner estaría
cerrando la negociación con el empresario Eduardo Eurnekian para lograr el control del
40 por ciento de la empresa. Para ello, el Estado integraría una sociedad mixta con
gerenciamiento privado y se asociaría al empresario Eurnekian, como una alternativa a
las re-estatizaciones que concretó en los casos del Correo y AySA. El concesionario de
Aeropuertos Argentina 2000 tiene una deuda a favor del fisco, que después de ciertas
compensaciones totalizaría alrededor de 800 millones de pesos.

Otra de las concesiones que fueron rescindidas fue la del Ferrocarril San Martín. Después
de muchos accidentes graves y de sumar groseros incumplimientos de contrato, el
Ministerio de Planificación le quitó la concesión del ex ferrocarril San Martín al grupo
Taselli (Metropolitano). Sin embargo, no se corrigió el problema de fondo, que es el
esquema inviable de prestación del servicio ferroviario tal como fue privatizado, sino que
transfirió la responsabilidad de explotar ese ramal a otros tres operadores que tienen casi
tantas falencias como el expulsado (Metrovías, TBA y Ferrovías).

ENARSA, la nueva empresa mixta de energía, creada en noviembre de 2004, fue
presentada como la respuesta oficial a la emergencia de la crisis energética, una nueva
empresa estatal que haría de “testigo” en el sector de energía para compensar los “déficit”
del mercado. Esta nueva empresa posee la siguiente constitución accionaria (53%
acciones correspondientes al Estado Nacional, 12% acciones ordinarias para los estados
provinciales que las suscriban y 35% acciones patrimoniales sin derecho a voto que
cotizarán en bolsa)

Según señala el gobierno, el ámbito de acción de ENARSA es el negocio energético,
tanto en petróleo y derivados como en gas y energía eléctrica, abarcando los segmentos
de producción, industrialización, transporte y comercialización. El objetivo político es
introducir como actor al Estado en un sector que fue totalmente privatizado, de modo de
regular con su presencia el accionar oligopólico.

En términos generales puede decirse que el Estado intervino ante la falencia o evidente
problema de la concesión.

26

En materia económica, para el caso del correo el resultado es positivo en términos de
rentabilidad. En los demás casos aún es muy pronto para poder evaluar los resultados.

Enarsa está asociada en algunos emprendimientos a la petrolera de Venezuela y desde allí
con otros emprendimientos petroleros en la región. En un futuro se podrá evaluar más
adecuadamente si cumple con su papel “testigo”.

Los apoyos en el Parlamento provienen del espacio propio y de alianzas políticas que el
gobierno fue ganando en la estrategia de acumulación de poder propio en sus primeros
tres años de gestión. La política hacia las empresas privatizadas contó con el apoyo
parlamentario correspondiente. En el conjunto de la sociedad existe un clima
desfavorable sobre las empresas privatizadas, actuando a favor de la política
gubernamental en el rubro.

Para ATTAC, "la posibilidad de integración de un 35% de capital privado es un
elemento negativo. ENARSA se queda a mitad de camino de la posibilidad de recuperar
la renta petrolera. En un mercado altamente oligopólico, superconcentrado, recuperar
el control de la renta petrolera es crucial".

En un principio la Federación de Trabajadores de la Energía (FeTERA-CTA) manifestó
su apoyo a la creación de ENARSA. En ese sentido señaló: “Los trabajadores de la
energía vemos con atención el proceso de creación de una empresa estatal que abra la
posibilidad de la recuperación de la gestión, la renta y la política energética en nuestro
país. Un dato no menor si tomamos en cuenta que el energético, es uno de los pocos
sectores de la economía, en condiciones de generar una renta importante en forma
inmediata, y convertirse en fuente de recursos genuinos para el desarrollo de una
política de despegue económico y social.”

Sin embargo, luego la FeTERA-CTA advirtió que se está adjudicando, sin licitación de
ninguna especie y sin cumplir siquiera con las estipulaciones de la Ley de Hidrocarburos,
gran parte del mar territorial argentino. Para ello el gobierno utiliza una tercerización que
da a unos pocos funcionarios la decisión sobre potenciales miles de millones de dólares.
Este camino que elude y evita las licitaciones se efectúa a través de dos pasos:

1- la entrega de la concesión de todo el mar a ENARSA, una empresa mixta cuyo capital
es 65% estatal y 35% privado. Pudiendo incluso ser extranjero.

2- ENARSA, al asociarse con otras empresas, "cede" la concesión sin licitación alguna y
también resigna la calidad de operador.

e) Perspectivas
Queda la incógnita sobre el futuro de las empresas reestatizadas, es decir, si se mantienen
bajo administración estatal o se habilita un nuevo proceso privatizador.

27

En materia energética existen expectativas de lo que pueda hacer la estatal Enarsa ante la
cooperación con Venezuela.

B- Políticas públicas sectoriales

Luego de la crisis del 2001 y en el gobierno de Duhalde (2001-2003), en la primera etapa
se instaló la idea de un “capitalismo productivo” contra otro del mundo de las finanzas y
la especulación. Incluso se creo un Ministerio de la Producción a cuyo frente se colocó a
un empresario, principal promotor de la pesificación asimétrica, que representó un
importante subsidio a los deudores del sistema financiero y que terminó pagándose con
endeudamiento en divisas. La propia devaluación de la moneda había sido el mecanismo
de promoción de la producción local.

Teniendo en cuenta la continuidad de Lavagna en el Ministerio de Economía, no hubo
cambios sustanciales en la estrategia “productiva”.

La producción en todos los sectores ha mantenido un ritmo de permanente expansión. Las
condiciones establecidas por la política económica se mantuvieron esencialmente y se
proyectan en un ciclo de crecimiento a mediano plazo, quizá no al ritmo cercano al 9% de
los últimos tres años, pero si estabilizándose en torno al 5 ó 6%.

El sector más concentrado de la producción, aún con sospechas ideológicas sobre el
gobierno, ha mantenido buen diálogo y apoyado esencialmente las medidas. Grandes
fabricantes y productores aparecen como principales beneficiarios de la política de
gobierna.

En la última etapa, el sector del agro emerge con críticas al gobierno, tanto por los
acuerdos de precios, pero principalmente por las retenciones a las exportaciones y muy
especialmente ante las suspensiones de las exportaciones, medida asumida para alentar
una baja, lograda, en el precio de la carne en el mercado interno.

Las alternativas se plantean en el sentido de pensar una planificación del sector
productivo que tenga en cuenta la mayoría de pymes asociadas al desarrollo del mercado
interno y la su promoción en el mercado mundial; el aliento a las producciones regionales
y en conjunto la orientación al planeamiento de organizaciones asociativas y no lucrativas
del sector productivo. Sin perjuicio de ello atender las demandas del sector pyme en
materia de endeudamiento con el sector financiero y la asistencia tecnológica
correspondiente. Las políticas de fomento no discriminan por tamaño de empresas, ni por
su ubicación territorial.

e) Perspectivas
No se visualizan cambios en las tendencias del sector.

28

C- Papel del Estado como conductor de la actividad económica

El clima ideológico en la Argentina, previo a la crisis del 2001 era de “piloto automático”
en el funcionamiento de la economía y remitía a la concepción liberalizadora sobre el
funcionamiento del mercado. El Estado, una vez fijada la regla máxima del régimen de
convertibilidad (1991-2001), equiparando la moneda local al dólar, solo debía dejar que
el mercado resuelva y ante limitaciones de funcionamiento, acudir al endeudamiento
público. La orientación al mercado reducía el papel del Estado a otorgar seguridad
jurídica al ciclo de negocios del capital más concentrado, mayoritariamente extranjero.

Reivindicó el papel de la “política económica” como atributo de gobierno para intervenir
en el funcionamiento cotidiano de la economía. Se enfrentó la concepción de “piloto
automático”. Es una política inaugurada en el gobierno anterior y luego de la crisis del
2001, que desde 2003, el gobierno Kirchner potenció, a tal punto que desde el recambio
ministerial en diciembre de 2005 se sostiene que el ministro es el presidente.

Las intervenciones estatales durante el gobierno de Kirchner tienen una primera etapa
asociada a la estabilización de la economía y la reinserción internacional a partir de la
culminación del default. La segunda etapa se vincula a los esfuerzos de política
económica que procuran desactivar las expectativas inflacionarias, sin afectar las
ganancias de las empresas y el ciclo expansivo de los negocios. La canasta de bienes y
servicios alcanzada por esos acuerdos es la que releva el Indec, pero las compañías
realizan ajustes por fuera de esa cesta. O sea, los acuerdos juegan en las expectativas
inflacionarias y en bienes sensibles al consumo masivo y popular, no tanto en las
utilidades empresarias. Más importante que esos convenios para registrar un índice
moderado son las retenciones, herramienta que disciplina los precios internos
desconectándolos de los de exportación. Y el semicongelamiento de las tarifas de los
servicios públicos.

Los primeros acuerdos de precios de ciertos alimentos fueron negociados por la
Secretaría de Agricultura (un área sin incumbencia en esta materia). El Ministerio de
Economía comenzó a intervenir en forma directa recién en diciembre de 2005, cuando la
inflación amagó con dispararse. Así comenzaron las negociaciones directamente con las
grandes empresas y las cadenas comerciales. Luego Kirchner recreó la Secretaría de
Comercio, poniendo al frente a un funcionario que aparece disputando el poder de la
propia Ministra de Economía.

Si bien a los empresarios les disgusta la intervención estatal sobre su esquema de precios,
hubo gestos desde el gobierno que los hicieron desistir de alzar la voz. El más
contundente lo vivió el sector de ganados y carnes y antes la petrolera Shell ante la
convocatoria presidencial a un boicot ante el aumento de los combustibles. Cuando no
bastaron los acuerdos para mantener quietos los precios de la carne, el Gobierno primero
subió las retenciones y luego directamente suspendió las exportaciones. Así se logró una

29

fuerte baja del precio del ganado en pie, que no se expresó en el mismo nivel en la venta
al menudeo. Pero sobre todo emitió una señal contundente hacia el resto de los sectores
económicos. El largo conflicto por los precios de la carne demostró que para el Gobierno
la prioridad es una baja inflación, y que para hacerlo no dudará en afectar las
exportaciones cada vez que corra peligro de abastecimiento el mercado interno. Existen
varios antecedentes: los hidrocarburos, la carne, los lácteos, el trigo.

Sin embargo, el regreso al escenario de ciertos precios de referencia dejó al descubierto el
punto flaco del aparato estatal: la falta de capacidad de control. Esto justificó el viraje en
la estrategia oficial, que desde diciembre comenzó a desechar los acuerdos por sectores
para pactar directamente con los grandes fabricantes y la cadena comercial. Así nació en
febrero de 2006 el mayor acuerdo hasta el momento: incluye 350 productos de consumo
popular, entre alimentos y de limpieza. El esquema se repitió en marzo con 216
medicamentos. Y en mayo se extendió a la cadena textil (con una canasta básica de ropa)
y los electrodomésticos. Pero además, el Gobierno se ocupó de sumar a los comerciantes:
supermercados, shoppings, cadenas comerciales, autoservicios administrados por la
comunidad china, almacenes y panaderías.

La mayoría de los acuerdos han sido pactados hasta fin de 2006. De todos modos, todos
tienen una claúsula que obliga a una revisión bimestral, en función de la evolución de los
costos de las empresas. Hasta el momento, ningún sector ha hecho observaciones, aunque
en muchos casos compensaron su baja de rentabilidad en los productos bajo acuerdo con
incrementos en otros artículos no incluidos en los pactos con el Gobierno.

En el caso de las tarifas de los servicios públicos, el problema presenta complejidad en
términos económicos, no políticos. La cuestión más polémica es la inmovilidad de las
tarifas de agua, luz y gas para los usuarios residenciales con ingresos medios y altos. Ese
congelamiento tiene impacto en inversiones privadas en esos sectores y en la distribución
de ingresos, puesto que el Estado destina recursos para subsidiar los precios de esos
servicios que recibe una población con capacidad para pagar más. Aquí juega un poco el
tema de las expectativas inflacionarias, pero si éstas ya fueron desactivadas lo que
predomina es el factor político: un ajuste (sin afectar las tarifas de los de menos recursos)
impactaría en la clase media, sector sensible al Gobierno tanto por su influencia en el
ámbito de la opinión mediatizada como también por su peso en el terreno electoral.

El discurso presidencial apunta en estos días a la ampliación de la oferta para satisfacer la
demanda sin incrementos de precios. Existe un impulso desde la política pública y desde
el discurso para el aliento a la inversión productiva.

Hasta el momento los controles de precios y retenciones a las exportaciones han venido
controlando la inflación.

En efecto, según datos del INDEC, en los últimos 12 meses, los precios sujetos a
acuerdos subieron 8,2%, mientras que los libres aumentaron un 14,2%. De una
expectativa a diciembre del 2005, cercana al 15% anual, transcurridos 7 meses se discute

Argenrtina InvestigacióN Tni Julio De 2006 (VersióN Corregida)

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