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Adolescencia: violencia y castigo
Norberto Alayón

Pareciera que cuando se habla de violencia, de aumento de la violencia, la
asociación más rápida y directa que hace la sociedad está referida al castigo
necesario para controlar dicha violencia, para reprimirla, para que no prolifere.
Menos frecuente, o más tedioso para algunos, resulta volver a pensar acerca
del por qué de la violencia, de los orígenes sociales de la misma, de modo de
alejarnos de concepciones "biologicistas" y de los impulsos de revancha primaria que
nos suelen invadir.
Esta sensación y percepción primaria, poco elaborada e irreflexiva, a menudo
gana el pensamiento y la acción, ya no sólo de los sectores frontalmente
reaccionarios y punitivos, sino también el pensamiento de muchos de nosotros, ante
la incertidumbre, la indignación y el miedo que nos producen determinadas acciones
delictivas, especialmente las que implican pérdida de vidas humanas.
La primer pulsión, entonces, nos encamina a la ecuación violencia-castigo;
más violencia-más castigo; violencia precoz-reducción de la edad de imputabilidad,
para el castigo precoz.
Pensamos más en reprimir que en prevenir. La prevención constituye una
acción madura, reflexiva, moderna. La represión, por el contrario, encarna posiciones
de mero revanchismo, de disciplinamiento socialmente diferenciado, de enmascaramiento de posiciones racistas.
¿ A quiénes se castiga más en nuestras sociedades? A los más pobres, a los
más desprotegidos, a los más estigmatizados. Los sectores sociales más vulnerados,
ante la ausencia de oportunidades, son virtualmente impelidos a la delincuencia y
luego son los más severamente castigados, configurando un férreo "círculo vicioso",
acerca de lo cual la sociedad no puede eximirse (cándida o hipócritamente) de
responsabilidad.
Nos preguntamos, con Carlos Andrada (abogado y profesor universitario en la
UBA): "¿cuando nosotros intervenimos en la problemática del menor, tenemos
presente a la realidad como una compleja construcción humana?, o tratamos de
encorsetar los hechos en ciertos modelos de normalidad, no necesaria ni ciertamente
compartidos entre nosotros y los menores. ¿Y en ese contexto puede dar algún
resultado esa insistencia dicotómica de admitir que el menor viva subhumanamente,
sumido en condiciones de pobreza y marginación y al mismo tiempo pretender que
observe una conducta que refleje parámetros de moralidad de clase media?"
("Análisis de la transgresión de menores", en Revista Margen, Buenos Aires, agosto
de 1993).
La criminalización de la pobreza no es una ficción; es una terrible constatación
cotidiana y no sólo de esta época. Todos sabemos que, a menudo, se detiene y se
encausa a las personas por mera "portación de cara". Y cuando esa persona registra
más de una causa (no importa si la misma fue instruida indebidamente o aun si fue
absuelta) ya queda estigmatizada como "antisocial" o delincuente.
Una sociedad cabalmente moderna no debe ser impropiamente permisiva,
pero tampoco puede admitir-si se precia de democrática- la vigencia de criterios
inequitativos para la administración de la justicia.
Ni más castigo, ni aumento de las penas, ni más cárceles, podrán combatir
eficazmente la violencia, si no se ataca a ésta en sus orígenes, en las causales de
índole estructural que sobredeterminan su presencia creciente.
Los castigos más severos, las condiciones indignas y medievales de reclusión,
la pena de muerte, no resuelven los niveles de delincuencia y de violencia.
Precisamente porque se abandona el lúcido y necesario ejercicio de ahondar en el
origen de estas problemáticas (que indudablemente es social y no individual) para
poder enfrentarlas en su génesis más significativa.
Cada tanto las sociedades pretenden limpiar su propia responsabilidad e
impotencia y salen despavoridas a buscar "chivos expiatorios" para redimirse
momentáneamente.
Por eso la prevención, que requiere de activas políticas públicas -tanto
globales como puntuales- debe asumirse como el instrumento idóneo para la
disminución de la violencia.
Si aumenta la violencia en un sociedad, más que enloquecernos punitivamente para ver cuánto aumentamos las penas o hasta dónde bajamos la edad de
imputabilidad (hay quienes hablan de los 12 años), tendríamos primeramente que
preguntarnos cuánto aumentó la pobreza, cuánto aumentó el desempleo y el
subempleo, cuánto se flexibilizaron y redujeron los salarios, cuánto se debilitaron los
derechos a la salud, la educación, la vivienda, la seguridad social.
Es ahí donde tenemos que buscar y atacar las causas principales de la
violencia y no meramente en los efectos últimos, aunque éstos resulten trágicamente
horrorosos.
La sociedad tiende a olvidar o desestimar el profundo significado de violencia
que entraña el padecimiento de pobreza cotidiana. La realidad de la pobreza, en sí
misma, es profundamente violatoria y violenta.
Conviene aclarar que no nos sumamos a esas posiciones discriminatorias y
estigmatizantes, que relacionan mecánicamente el aumento de la pobreza con el
aumento directo de la violencia. Y que entonces -desde esa asociación sesgadaconcluyen en que los pobres son los principales delincuentes. La mayor relación de
los pobres no es con la criminalidad, sino con la criminalización de la que son objeto.
Convivimos, a diario, con la violencia del desempleo, con la violencia de los
salarios insuficientes, con la violencia de las familias pauperizadas, con la violencia
de los niños y adolescentes sin escolaridad, con la violencia de la desnutrición y la
mortalidad infantil, con la violencia de las viviendas insuficientes, con la violencia de
los niños de y en la calle, con la violencia del tráfico y venta de niños, con la violencia
de los narco-traficantes impunes, con la violencia de las mafias emparentadas con
los altos poderes, con la violencia del despojo a los jubilados, con la violencia de la
justicia no independiente, con la violencia de la ostentación obscena de los
enriquecidos vertiginosamente.
Si vivimos en este marco de violencia, ¡qué tanto asombro y alharaca cuando
un chico comete un acto violento! ¿Nos molesta como sociedad porque el espejo nos
devuelve la imagen de lo que somos? ¿Ansiamos encarcelarlo, hacerlo desaparecer
de nuestra vista, si es adulto aplicarle la pena de muerte, en una réplica miserable
del acto instintivo de los gatos cuando intentan ocultar su propia excrecencia?
Demasiado sanos son todavía nuestros adolescentes, y especialmente los
más pobres, quienes sometidos a una violencia estructural sin parangón, no
reaccionan en idéntico sentido y con igual intensidad.
Tomemos algún dato concreto. El propio Eduardo Amadeo, Secretario de
Desarrollo Social, reconoció en una reunión de gabinete nacional, que "hay 350 mil
chicos, entre 14 y 17 años, que no trabajan ni estudian". (Clarín, 01 /10/96, p. 8.) Si
esos adolescentes no están en la escuela o en el trabajo, ¿dónde están?, ¿qué
hacen?, ¿cómo y de qué viven? Seguramente ansiarán ir a bailar, asistir a una
cancha de fútbol, fumar, tomar una cerveza, invitar a su novia, tener relaciones
sexuales. Si no tienen autosustento y sus padres no los pueden apoyar
económicamente, ¿asumirán dócilmente verse privados de estas actividades propias
de su edad, mientras simultáneamente están inducidos, por la cruda lógica del
mercado, al consumo indiscriminado de lo útil y de lo innecesario?, ¿procesarán
racionalmente la certera percepción de que no tienen presente, ni futuro, en este
modelo societario de exclusión?
Son los propios chicos los que describen claramente esta dura realidad
cotidiana. Federico de 14 años, dice:"Si los padres no tienen trabajo los chicos no
pueden tener su derecho a la educación". Juan, de 12 años, afirma:"Yo veo en mi
barrio que algunos derechos no se cumplen. Veo muchos chicos que trabajan y
saben leer más o menos". Natalia, de nueve años, expresa: "Para mí, el derecho
más importante es que no nos exploten, porque siempre que voy en tren veo chicos
vendiendo" (Proyecto 'Educación para la libertad'. Amnistía Internacional y
Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, Clarín, 17/11 /96, p. 4).
Cabe que nos interpelemos acerca de qué tipo de sociedad estamos
construyendo, para que luego, cuando estemos frente a la terrible desgracia de que
un niño o un adolescente mate a otra persona, no salgamos despavoridos a buscar
razones biológicas o genéticas en los "niños asesinos", a tratar de penalizarlos más
severamente o a intentar bajar la edad de imputabilidad para esos delitos.
La delincuencia y los delitos se construyen socialmente y luego, sólo en el
eslabón más débil de la cadena, se aplican los castigos individuales, como una
mágica creencia de haber solucionado el mal o para aliviar nuestra conciencia por lo
que no hicimos oportunamente para prevenir.
Los adolescentes y los niños expresan y reconstruyen,
comportamientos, las características de la sociedad en la que viven.

con

sus

Las sociedades que asumen modelos político-económicos con un gran
componente de violencia estructural (como la pobreza, por ejemplo), terminan
cosechando lo que siembran. De ahí que la clave es la prevención y no el castigo.

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  • 1. Adolescencia: violencia y castigo Norberto Alayón Pareciera que cuando se habla de violencia, de aumento de la violencia, la asociación más rápida y directa que hace la sociedad está referida al castigo necesario para controlar dicha violencia, para reprimirla, para que no prolifere. Menos frecuente, o más tedioso para algunos, resulta volver a pensar acerca del por qué de la violencia, de los orígenes sociales de la misma, de modo de alejarnos de concepciones "biologicistas" y de los impulsos de revancha primaria que nos suelen invadir. Esta sensación y percepción primaria, poco elaborada e irreflexiva, a menudo gana el pensamiento y la acción, ya no sólo de los sectores frontalmente reaccionarios y punitivos, sino también el pensamiento de muchos de nosotros, ante la incertidumbre, la indignación y el miedo que nos producen determinadas acciones delictivas, especialmente las que implican pérdida de vidas humanas. La primer pulsión, entonces, nos encamina a la ecuación violencia-castigo; más violencia-más castigo; violencia precoz-reducción de la edad de imputabilidad, para el castigo precoz. Pensamos más en reprimir que en prevenir. La prevención constituye una acción madura, reflexiva, moderna. La represión, por el contrario, encarna posiciones de mero revanchismo, de disciplinamiento socialmente diferenciado, de enmascaramiento de posiciones racistas. ¿ A quiénes se castiga más en nuestras sociedades? A los más pobres, a los más desprotegidos, a los más estigmatizados. Los sectores sociales más vulnerados, ante la ausencia de oportunidades, son virtualmente impelidos a la delincuencia y luego son los más severamente castigados, configurando un férreo "círculo vicioso", acerca de lo cual la sociedad no puede eximirse (cándida o hipócritamente) de responsabilidad. Nos preguntamos, con Carlos Andrada (abogado y profesor universitario en la UBA): "¿cuando nosotros intervenimos en la problemática del menor, tenemos presente a la realidad como una compleja construcción humana?, o tratamos de encorsetar los hechos en ciertos modelos de normalidad, no necesaria ni ciertamente compartidos entre nosotros y los menores. ¿Y en ese contexto puede dar algún resultado esa insistencia dicotómica de admitir que el menor viva subhumanamente,
  • 2. sumido en condiciones de pobreza y marginación y al mismo tiempo pretender que observe una conducta que refleje parámetros de moralidad de clase media?" ("Análisis de la transgresión de menores", en Revista Margen, Buenos Aires, agosto de 1993). La criminalización de la pobreza no es una ficción; es una terrible constatación cotidiana y no sólo de esta época. Todos sabemos que, a menudo, se detiene y se encausa a las personas por mera "portación de cara". Y cuando esa persona registra más de una causa (no importa si la misma fue instruida indebidamente o aun si fue absuelta) ya queda estigmatizada como "antisocial" o delincuente. Una sociedad cabalmente moderna no debe ser impropiamente permisiva, pero tampoco puede admitir-si se precia de democrática- la vigencia de criterios inequitativos para la administración de la justicia. Ni más castigo, ni aumento de las penas, ni más cárceles, podrán combatir eficazmente la violencia, si no se ataca a ésta en sus orígenes, en las causales de índole estructural que sobredeterminan su presencia creciente. Los castigos más severos, las condiciones indignas y medievales de reclusión, la pena de muerte, no resuelven los niveles de delincuencia y de violencia. Precisamente porque se abandona el lúcido y necesario ejercicio de ahondar en el origen de estas problemáticas (que indudablemente es social y no individual) para poder enfrentarlas en su génesis más significativa. Cada tanto las sociedades pretenden limpiar su propia responsabilidad e impotencia y salen despavoridas a buscar "chivos expiatorios" para redimirse momentáneamente. Por eso la prevención, que requiere de activas políticas públicas -tanto globales como puntuales- debe asumirse como el instrumento idóneo para la disminución de la violencia. Si aumenta la violencia en un sociedad, más que enloquecernos punitivamente para ver cuánto aumentamos las penas o hasta dónde bajamos la edad de imputabilidad (hay quienes hablan de los 12 años), tendríamos primeramente que preguntarnos cuánto aumentó la pobreza, cuánto aumentó el desempleo y el subempleo, cuánto se flexibilizaron y redujeron los salarios, cuánto se debilitaron los derechos a la salud, la educación, la vivienda, la seguridad social. Es ahí donde tenemos que buscar y atacar las causas principales de la violencia y no meramente en los efectos últimos, aunque éstos resulten trágicamente horrorosos.
  • 3. La sociedad tiende a olvidar o desestimar el profundo significado de violencia que entraña el padecimiento de pobreza cotidiana. La realidad de la pobreza, en sí misma, es profundamente violatoria y violenta. Conviene aclarar que no nos sumamos a esas posiciones discriminatorias y estigmatizantes, que relacionan mecánicamente el aumento de la pobreza con el aumento directo de la violencia. Y que entonces -desde esa asociación sesgadaconcluyen en que los pobres son los principales delincuentes. La mayor relación de los pobres no es con la criminalidad, sino con la criminalización de la que son objeto. Convivimos, a diario, con la violencia del desempleo, con la violencia de los salarios insuficientes, con la violencia de las familias pauperizadas, con la violencia de los niños y adolescentes sin escolaridad, con la violencia de la desnutrición y la mortalidad infantil, con la violencia de las viviendas insuficientes, con la violencia de los niños de y en la calle, con la violencia del tráfico y venta de niños, con la violencia de los narco-traficantes impunes, con la violencia de las mafias emparentadas con los altos poderes, con la violencia del despojo a los jubilados, con la violencia de la justicia no independiente, con la violencia de la ostentación obscena de los enriquecidos vertiginosamente. Si vivimos en este marco de violencia, ¡qué tanto asombro y alharaca cuando un chico comete un acto violento! ¿Nos molesta como sociedad porque el espejo nos devuelve la imagen de lo que somos? ¿Ansiamos encarcelarlo, hacerlo desaparecer de nuestra vista, si es adulto aplicarle la pena de muerte, en una réplica miserable del acto instintivo de los gatos cuando intentan ocultar su propia excrecencia? Demasiado sanos son todavía nuestros adolescentes, y especialmente los más pobres, quienes sometidos a una violencia estructural sin parangón, no reaccionan en idéntico sentido y con igual intensidad. Tomemos algún dato concreto. El propio Eduardo Amadeo, Secretario de Desarrollo Social, reconoció en una reunión de gabinete nacional, que "hay 350 mil chicos, entre 14 y 17 años, que no trabajan ni estudian". (Clarín, 01 /10/96, p. 8.) Si esos adolescentes no están en la escuela o en el trabajo, ¿dónde están?, ¿qué hacen?, ¿cómo y de qué viven? Seguramente ansiarán ir a bailar, asistir a una cancha de fútbol, fumar, tomar una cerveza, invitar a su novia, tener relaciones sexuales. Si no tienen autosustento y sus padres no los pueden apoyar económicamente, ¿asumirán dócilmente verse privados de estas actividades propias de su edad, mientras simultáneamente están inducidos, por la cruda lógica del mercado, al consumo indiscriminado de lo útil y de lo innecesario?, ¿procesarán racionalmente la certera percepción de que no tienen presente, ni futuro, en este modelo societario de exclusión?
  • 4. Son los propios chicos los que describen claramente esta dura realidad cotidiana. Federico de 14 años, dice:"Si los padres no tienen trabajo los chicos no pueden tener su derecho a la educación". Juan, de 12 años, afirma:"Yo veo en mi barrio que algunos derechos no se cumplen. Veo muchos chicos que trabajan y saben leer más o menos". Natalia, de nueve años, expresa: "Para mí, el derecho más importante es que no nos exploten, porque siempre que voy en tren veo chicos vendiendo" (Proyecto 'Educación para la libertad'. Amnistía Internacional y Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, Clarín, 17/11 /96, p. 4). Cabe que nos interpelemos acerca de qué tipo de sociedad estamos construyendo, para que luego, cuando estemos frente a la terrible desgracia de que un niño o un adolescente mate a otra persona, no salgamos despavoridos a buscar razones biológicas o genéticas en los "niños asesinos", a tratar de penalizarlos más severamente o a intentar bajar la edad de imputabilidad para esos delitos. La delincuencia y los delitos se construyen socialmente y luego, sólo en el eslabón más débil de la cadena, se aplican los castigos individuales, como una mágica creencia de haber solucionado el mal o para aliviar nuestra conciencia por lo que no hicimos oportunamente para prevenir. Los adolescentes y los niños expresan y reconstruyen, comportamientos, las características de la sociedad en la que viven. con sus Las sociedades que asumen modelos político-económicos con un gran componente de violencia estructural (como la pobreza, por ejemplo), terminan cosechando lo que siembran. De ahí que la clave es la prevención y no el castigo.