Artículo publicado en Atlántica XII sobre la sentencia sobre el Caso Marea, caso más famoso de corrupción juzgado en Asturias y en el que la manipulación mediática, el clientelismo y la falta de mecanismos de control son su telón de fondo

1. La Administración clientelar del Caso Marea
Publicado el septiembre 21, 2017
Lectura de la sentencia del Caso Marea ante los condenados la semana pasada en Oviedo. Foto / Pablo Lorenzana.
Javier Álvarez Villa y Severino Espina Fernández / Funcionarios del Cuerpo Superior de Administradores del
Principado de Asturias y miembros del Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies.
La Audiencia Provincial de Asturias ha dado a conocer la sentencia sobre la trama de corrupción político-
administrativa denominada por la Policía “Operación Marea” y rebautizada interesada e insistentemente por
algunos medios como “Caso Renedo”, en una maniobra dirigida a focalizar la atención sobre la funcionaria Marta
Renedo, para desviarla de los principales responsables políticos del gran agujero negro descubierto en la
Administración autonómica y de los cargos políticos encausados: un ex consejero y una directora general del
Gobierno presidido por Vicente Álvarez Areces.
Son 1.079 folios en los que se condensa el farragoso proceso judicial que ha durado siete años y cuyas diligencias
previas se iniciaron en el año 2010 por el Juzgado de Instrucción nº 4 de Gijón, como consecuencia de la

2. denuncia de una ciudadana en una Comisaría de Policía, trasladándose poco después al Juzgado de Instrucción nº
2 de Oviedo por una discutida decisión de la Audiencia Provincial sobre la competencia territorial.
La sentencia del Caso Marea revela, en una lectura atenta, una densa red de clientelismo laboral que sirvió de
soporte a los hechos corruptos que se declaran probados. Los delitos los cometen unas pocas personas concretas
con nombres y apellidos, pero la operativa delincuencial fue propiciada por una infraestructura administrativa
instalada adrede para relajar los controles de legalidad, multiplicando los funcionarios de confianza política.
Leyendo algunos de los apartados claves de la extensa resolución judicial cualquier ciudadana o ciudadano
mínimamente formado puede deducir que en varias Consejerías del Gobierno autonómico, y muy especialmente
en la de Educación, la contratación estaba fuera de control y en manos de unos desaprensivos que desviaron para
su lucro personal varios millones de euros de dinero público. De ahí que los portavoces del Gobierno se hayan
apresurado a poner en marcha una campaña de intoxicación de la opinión pública, extendiendo la patraña de que
el Principado ha salido indemne de la sentencia.
Pero si los millones de euros robados y aun por cuantificar y recuperar provenían del erario público –a cuestionar
este extremo ya no se atreven los intoxicadores– , ¿quién es entonces el sujeto pasivo del daño?, y ¿cómo es
posible que se hubiera robado tanto y durante tanto tiempo si todo estaba bajo control?
Ausencia total de controles
Examinemos, por ejemplo, los mecanismos delictivos empleados por María Jesús Otero, directora general de
Planificación, Centros e Infraestructuras, condenada con la pena más severa (9 años y seis meses de cárcel). Las
declaraciones de los secretarios generales técnicos de la Consejería de Educación describen con minuciosidad
burocrática que tanto en los contratos menores, como en los de suministros de material homologado, todo el
proceso de contratación –desde la propuesta de lo que se contrataba y con qué proveedor, hasta la justificación
del gasto mediante factura conformada– estaba en manos de la directora general, con la colaboración de su jefa
de Servicio de Centros. La propuesta de contratación la realizaba la jefa de Servicio con el visto bueno de la
directora y la tramitación del pago requería la factura conformada por la jefa del Servicio.
La ausencia total de controles externos a la Dirección General entrañaba un riesgo evidente de que pudieran
producirse conductas ilícitas que pasaran desapercibidas (¿cómo es posible que no se hicieran auditorías
periódicas en un sector que movía decenas de millones de euros?), pero cabría aducir que la intervención de una
funcionaria pública en las fases más importantes del procedimiento de contratación garantizaría el cumplimiento
escrupuloso de la legalidad.
La cruda declaración de Joaquín Arce (pág. 536 de la sentencia) evidencia los motivos por los que ese control
naufragó estrepitosamente: cuando el Consejo de Gobierno nombra directora general a la Sra. Otero, esta, a su
vez, enchufa como jefa del Servicio de Planificación y Centros a una amiga suya, Consuelo Carrera, maestra de
profesión como la primera. El círculo clientelar se cierra de este modo con las consecuencias que conocemos: la
Sra. Carrera firma las propuestas de contratación que le ordena su superiora y amiga María Jesús Otero y
conforma las facturas que hacen posible los pagos ilegales, parece ser que sin mayores comprobaciones, pues
cómo no iba a fiarse de lo que realizaba su amiga a la que debía el nombramiento en un puesto de trabajo con un
sueldo muy superior al que percibiría como docente.
¿Qué pintaba una maestra nombrada a dedo desempeñando una jefatura de Servicio con importantes funciones en
materia de contratación, que hubieran requerido un funcionario o funcionaria con experiencia y conocimientos en
materia de Derecho Administrativo?
Es evidente que este nombramiento nepotista solo pudo consumarse con la colaboración necesaria de otros cargos
públicos, entre ellos el consejero Riopedre y, finalmente, del Consejo de Gobierno, que aprobó la relación de
puestos de trabajo en la que la plaza de jefe del Servicio de Planificación y Centros se configuraba a la carta para

3. que pudiera ser ocupada por una maestra que, además, era amiga de la directora general. Una clase de decisiones
políticas muy extendidas en la Administración del Principado, que priman la confianza personal y el enchufismo
frente a la igualdad, el mérito y la capacidad y que son el caldo de cultivo para la corrupción administrativa.
No nos extraña, entonces, que Consuelo Carrera tuviera la desvergüenza de publicar una carta en el diario El
Comercio el 3 de febrero del 2011, pocos días después de la detención de su directora general, en la que hace una
defensa apasionada de la gestión de ésta, llegando a afirmar lo siguiente: “Mi trabajo con ella me demostró que es
una persona responsable, honesta, con criterios claros, que actúa teniendo en cuenta el proyecto de mejora de la
educación desarrollado en Asturias desde la Consejería, que consolida equipos de trabajo”
Riopedre era de la confianza de Areces, Otero era de la confianza de Riopedre y Carrera era de la confianza de
Otero. Una lástima para los intereses públicos que nadie hubiera advertido la necesidad de contar con alguna
funcionaria o funcionario desconfiado en la cadena.
Rienda suelta a la corrupción
Algo parecido podemos afirmar respecto a la trayectoria delictiva de Marta Renedo y su relación estrecha,
paralela y directa con los sucesivos puestos en los que iba siendo nombrada por sus padrinos políticos. En efecto,
en el año 1999 fue nombrada por libre designación –a dedo– jefa del Servicio de Prestaciones de la Dirección
General de Servicios Comunitarios, puesto en que el comenzó a desarrollar su actividades ilícitas. El director
general era Carlos Madera González, que en el año 2003 pasa a ocupar la Dirección General de Cultura, llevando
consigo a Renedo como jefa del Servicio de Promoción Cultural, Bibliotecas, Archivos y Museos, con el plácet
de la consejera Ana Rosa Migoya, que deposita en ella su confianza. Un puesto este que, por cierto, se parecía
como un huevo a una castaña al que había desempeñado con anterioridad.
En el Servicio de Promoción Cultural, Bibliotecas, Archivos y Museos, Marta Renedo intensifica, mejora y
amplía sus técnicas delictivas, parece que con el desconocimiento general de sus superiores. Según recoge la
sentencia, fue precisamente Carlos Madera quien la presentó a su amigo Maximino Fernández, administrador de
la empresa ASAC Comunicaciones. Recordamos que el Sr. Fernández, condenado a un año y medio de prisión,
contrató a varias personas como trabajadores de ASAC para que prestaran servicios en diversas dependencias de
la Consejería de Cultura, emitiendo facturas falsas para resarcirse de los costes de dichos contratos laborales.
Curiosamente, una de esas trabajadoras contratadas para trabajar ilegalmente en la Consejería de Cultura era
cuñada del director general de Cultura Carlos Madera, que –por tanto– era su superior jerárquico, como se dice en
la pág. 145 de la sentencia, pero éste nunca habría tenido curiosidad por preguntarle a su parienta sobre cómo
había llegado allí.
Tal debía ser el grado de confianza y estima profesional de Migoya en Renedo que, cuando aquella pasa a ocupar
la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno en el año 2007, la nombra jefa del Servicio
de Procesos Administrativos (en el mes octubre de ese mismo año), puesto que tampoco tenía nada que ver con
los que anteriormente había desempeñado. Aquí Renedo, con la experiencia adquirida previamente, da rienda
suelta a sus prácticas corruptas.
Dejando a un lado ahora lo inverosímil que resulta que el director general de Modernización, del que dependía
directamente el Servicio de Procesos Administrativos, no hubiera reparado en la repetición de contratos con
empresas desconocidas para trabajos que no había encargado y de los que no tenía constancia, cuando debía
recibir estadillos semanales o quincenales con todos los contratos formalizados por su Dirección General; al
menos la “culpa in eligendo” –en la elección– de los políticos que confiaron ciegamente en Marta Renedo,
otorgándole puestos a dedo de la máxima confianza durante más diez años, es de manual.
Viene al caso recordar que Ana Rosa Migoya defendía en abril del año 2010, justamente después de que el
Tribunal Superior de Justicia anulase la utilización abusiva del procedimiento de libre designación en más de 200

4. puestos de jefatura, que este sistema de nombramiento de altos funcionarios era mejor que el concurso de méritos
porque garantizaba “el desempeño eficaz de las responsabilidades del puesto”.
¿Qué clase de eficacia ofrecía Renedo a Madera y a Migoya para mantenerla como funcionaria de confianza
durante tantos años seguidos y en puestos tan variados? La sentencia del Caso Marea no responde a esta
pregunta, pero resultaría obligado que contestaran los valedores políticos de Renedo.
Desviar la atención
Respecto a los controles a la hora de gestionar los fondos públicos, se evidencia en los hechos probados
recogidos en la sentencia una multitud de prácticas irregulares llevadas a cabo en el seno de la Administración del
Principado de Asturias que fueron consumándose a lo largo de los años sin que se detectasen ni, en consecuencia,
se corrigiesen.
Son múltiples los contratos ficticios que se llegaron a pagar. También otros cuya obra o suministro objeto del
mismo nunca se llegó a realizar. Multitud de subvenciones públicas fueron desviadas a cuentas particulares y
fueron también cientos los documentos mercantiles falsos que se presentaron al cobro.
El propio sistema permitía en la práctica y durante muchos años un oligopolio empresarial –el de las empresas
cuyos responsables fueron condenados– a la hora de adjudicar los suministros centralizados de todo el Principado
de Asturias. Son cantidades astronómicas pagadas por una Administración que, en teoría, tenía medios, capacidad
y obligación de fiscalizar todos los pagos. No hay que olvidar que en todas las Consejerías existe una Secretaría
General Técnica –alto cargo de carácter político, desempeñado normalmente por un funcionario teóricamente
cualificado– de la que depende el propio Servicio de Contratación y la respectiva Oficina Presupuestaria, ante la
que hay que gestionar todo documento contable que conlleve gasto.
También existe la Intervención General, órgano que debe ejercer la tarea de control y fiscalización, de la que
dependen los interventores delegados responsables de fiscalizar y controlar los gastos de las Consejerías.
Pues bien, todo este entramado de teórico control se ha visto desbaratado por los hechos narrados en la resolución
judicial, sin que ninguno de estos organismos se enterase.
En un intento desesperado por desviar la atención de los responsables políticos de la trama, la plataforma
mediática del Gobierno del Principado sigue propalando machaconamente que en la sentencia se niega que
hubiera descontrol generalizado en la Administración del Principado. ¿Deliraba, entonces, la fiscal del Caso
Marea, Carmen Rodríguez, cuando en el mes de julio de 2016, en plena vista oral, afirmaba con contundencia que
el funcionamiento de la Consejería de Educación “era un caos”?
En todo caso, al margen y en paralelo a lo que podemos llamar la “verdad judicial” de esta trama de corrupción,
todavía provisional hasta que la sentencia adquiera firmeza, las responsabilidades políticas del caso hace tiempo
que están delimitadas, con la identificación de sus responsables. El dictamen de la Comisión de Investigación
constituida en la Junta General del Principado, publicado en el Boletín de la Junta de 30 de julio de 2013, es claro
en sus conclusiones:
a) Existió un fallo en los instrumentos de control que permitió actuaciones irregulares en beneficio propio e
individualizadas, por parte de funcionarios investidos de una especial confianza por los responsables políticos de
esos Departamentos, y que ocasionaron un perjuicio patrimonial para la Administración del Principado de
Asturias.
b) Existió una trama de intereses en su actuación con determinadas empresas privadas en el ámbito de la
Consejería de Educación, en el tiempo en que estuvo dirigida por José Luis Iglesias Riopedre y ocupando el
cargo de directora general de Planificación de Centros María Jesús Otero Rebollada.

5. c) La actuación poco diligente por parte de los responsables políticos una vez que son conocidos datos ciertos que
apuntaban a la posible comisión de irregularidades en el ámbito de la contratación de sus Departamentos, y una
actuación poco comprometida a la hora de determinar el verdadero alcance de las posibles irregularidades y su
repercusión patrimonial.
Son responsables políticos de esta trama, según el dictamen de la Comisión de Investigación, Vicente Álvarez
Areces, presidente del Gobierno del Principado; José Luis Iglesias Riopedre, consejero de Educación; Herminio
Sastre, también consejero de Educación; María Jesús Otero, directora general de Planificación; Ana Rosa
Migoya, consejera de Cultura y de Administraciones Públicas; Alberto Pérez Cueto, director general de
Modernización; Carlos Madera González, director general de Cultura; y Francisco José Díaz Ortiz, secretario
general técnico de la Consejería Cultura.