El documento describe cómo la atención primaria en Cataluña está siendo cada vez más privatizada, con 71 de las 360 zonas básicas ahora gestionadas por empresas privadas. El nuevo Conseller de Salut planea aumentar este número a 126 zonas privatizadas, argumentando que si la especializada está privatizada, la primaria también debe estarlo. Recientemente se han cedido 10 centros de atención primaria en Barcelona y 2 en Hospitalet de Llobregat a manos privadas, despidiendo a los interinos para dejar el negocio listo para la empresa privada con

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LA ATENCIÓN PRIMARIA EN CATALUNYA
“ EN VENTA”
En 1989 se crea en Catalunya el primer Centro de Salud privatizado. Desde
entonces, el “nuevo modelo” ha ido extendiéndose y, en la actualidad, de las 360
zonas básicas que componen la autonomía, 71 ya están gestionadas con criterios
de empresa privada.
Diversos Consorcios, Sociedades Limitadas, Fundaciones, Mutuas, etc., están, poco a
poco, haciéndose con las partes rentables de la Sanidad Pública catalana, utilizando
edificios y equipamientos adquiridos con dinero público para, entre otras cosas, atender a
sus propios “clientes” privados, es decir, para lucrarse. También utilizan a los
trabajadores del Institut Català de la Salut.
Los casi 1.500 “estatutarios” que prestan servicios en estos centros, están a las órdenes
de Gerentes privados y conviven con el personal “laboral” que, mediante contratos
basura, sueldos de miseria y jornadas abusivas, tienen contratados dichas empresa
privadas.
El nuevo Conseller de Salut Català, Xavier Pomés, ha declarado su intención de avanzar
en el proceso e incrementar hasta 126 el número de EAPs privatizados. Sus razones
son simples:
“Si la mayoría de la especializada de Catalunya está privatizada, la primaria también
debe estar privatizada”
El proceso ha comenzando ya con la cesión a manos privadas de 10 centros de
atención primaria de Barcelona capital (2 en Sarriá, 1 en Sant Gervasi, 4 a la derecha del
Ensanche y 3 en Gracia), y 2 en Hospitalet de Llobregat (Torrassa y Collblanc).
La jugada en este caso ha consistido en amortizar todas las plazas de interinos y
trasladar forzosamente a los propietarios a otros centros (primaria y especializada)
aún públicos, centros en los que a su vez se ha despedido a los interinos
correspondientes. De esta forma han dejado el negocio a punto para la privada, que
cubrirá la asistencia con contratos precarios, y con una plantilla total muy inferior.