El documento establece que los municipios y el estado aportarán recursos durante el proceso de intervención para evitar incentivos perversos. Cuando la competencia sea prestada directamente por el municipio, los recursos destinados a esa competencia en los últimos 4 años serán descontados de las transferencias del municipio y puestos a disposición del equipo interventor. Cuando la competencia sea prestada por una empresa pública local, todos sus recursos estarán a disposición del equipo interventor durante la intervención.