Este documento es el texto de una ley que regula el procedimiento administrativo común en España. Establece los principios generales del procedimiento y los derechos de los ciudadanos en sus relaciones con la administración pública. Incluye disposiciones sobre los actos administrativos, los recursos, la revisión de oficios y la ejecución de resoluciones. El objetivo es garantizar un procedimiento eficaz, proporcionado y respetuoso con los derechos de los interesados.