El documento discute las tensiones y riesgos en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en el sector público, incluyendo la necesidad de que los administradores públicos protejan responsablemente la información de los ciudadanos y prevengan acciones ilegales a través del uso inadecuado de las TIC. También cubre cinco principios que rigen la administración pública en materia de información, así como delitos informáticos como el acceso no autorizado y la destrucción de datos que amenazan la seguridad de