38 familias que fueron damnificadas por una inundación en Girón en 2005 aún esperan ser reubicadas por las autoridades municipales. Viven en un asentamiento precario junto a un barranco sin servicios básicos como agua potable y alcantarillado. Una de las damnificadas interpuso una acción popular en 2012 contra la ciudad debido a que asegura que nunca recibieron la ayuda prometida de reubicación a pesar de haber sido censadas, pero el proceso legal puede demorar años.

1. Son 38 familias las que aún esperan ayudas municipales
Gironeses damnificados llevan nueve años esperando reubicación
Las autoridades municipales manifiestan que en 2005 se realizó la asignación de viviendas nuevas a los afectados
por el inverno en Girón, pero una mujer impuso una acción popular alegando que la reubicación les fue negada.
Por Alejandra Gualdrón Acevedo
mgualdron@unab.edu.co
En la parte alta del barrio Rincón de la Paz del municipio de Girón, ubicado en la vía que
conduce hacia la zona industrial y Central de Abastos de Bucaramanga (Centroabastos), se
encuentra el asentamiento ‘12 de Febrero’ conformado por 38 familias que resultaron
damnificadas por el desbordamiento del río de Oro en 2005. Aunque la Alcaldía Municipal de
Bucaramanga registra un plan de reubicación concretado junto a la Dirección de Prevención y
Atención de Desastres para estos afectados, ellos aseguran que nunca se les brindó la ayuda que
requerían.
El asentamiento se sitúa a la orilla de un barranco que da a la unión de las quebradas La Joya y
La Rosita, y está constituido por cerca de 40 viviendas. La ubicación y estado de éstas se ajustan
a la definición de asentamiento precario determinado por un informe del Observatorio de
Precariedad Urbana del Área Metropolitana de Bucaramanga del 2013: “es una concentración (...)
que responde a la ausencia de elementos vitales para desarrollar la vida” entre los que se incluye
“habitabilidad digna, segura, funcional y saludable”.
Ana Jaimes Pinzón, una de las habitantes y damnificadas, asegura que ella y los demás afectados
se vieron obligados a construir sus ‘cambuches’ en ese lugar, debido a la escasa ayuda brindada
por las entidades municipales. “Después de que nos pusieron en albergues nos dijeron que nos
iban a ayudar, a reubicar, a dar una casa, ya han pasado nueve años y esta es la hora que todavía
no ha pasado nada. Nosotros no teníamos más a dónde ir”, aseguró.
La casa de Ana, como todas las del asentamiento, está construida con tablas de madera y tejas de
zinc. Aunque cuenta con su baño propio, éste no está conectado a ningún servicio de
alcantarillado, problema que es común para todas las familias del sector. Los desechos deben caer
directamente a la unión de las quebradas lo que genera olores fétidos constantes y la aparición de
animales como ratas y mosquitos en grandes cantidades.
A diferencia de Ana, Deisy Borrero Ducuara, otra de las damnificadas del 2005, debe compartir
el baño que utiliza junto a su esposo con otras tres familias del asentamiento. Debido a la falta de
alcantarillado, los baños deben ser construidos más a la orilla del barranco lo que obligó a Deisy
a establecer su baño comunal a casi 100 metros de su vivienda.
Sumado a esto, Ana, Deisy y los demás damnificados deben extraer el agua potable de un tanque
que provee del servicio al barrio El Rincón de la Paz, ubicado metros abajo. Artesanalmente, han
instalado unas mangueras para facilitar la extracción; sin embargo, la tarea sólo es posible
realizarla en una jornada del día, debido a que el preciado líquido llega desde las 7:00 de la noche
hasta, en promedio, las 4:00 de la mañana. “Yo pensé que iba a estar aquí de paso, pero después
de nueve años de espera esto ya se convirtió en mi hogar”, relata Deisy.
El desbordamiento del Río de Oro

2. El 9 de febrero de 2005 se presentó el desbordamiento del Río de Oro de Girón luego de lluvias
que se prolongaron por 12 horas. La emergencia se intensificó entre el 11 y 12 de febrero cuando
las lluvias se extendieron por 17 horas. Esto hizo que la emergencia ocasionara la obstrucción de
las vías de acceso entre Girón y la capital santandereana, debido a que en Bucaramanga el río
Frío también inundó una gran cantidad de viviendas. De acuerdo con las cifras de la Dirección de
Atención y Prevención de Desastres, la ola invernal en Santander dejó 45.750 familias afectadas,
5.887 viviendas colapsadas y 47 muertos. De estos datos, el saldo para el municipio de Girón,
según la misma entidad, fue de 22 muertos, 3.247 personas damnificadas y 342 viviendas
destruidas.
La representación en Colombia de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) realizó un
informe el 22 de febrero de 2005 en el que se describen las acciones de atención llevadas a cabo
en Girón. Según el informe, además de las operaciones de búsqueda, rescate, evacuación,
albergues y ayudas alimenticias, se conformó un Centro de Operaciones de Emergencia el cual
diseñó “formatos para iniciar el proceso de censo y vigilancia” que ubicarían a los damnificados
en el proceso de reubicación.
De la misma manera lo confirma el director por aquel entonces de la Dirección de Prevención y
Atención de Desastres (DPAD), Luis Francisco Monsalve, quien asegura que junto a la Alcaldía
Municipal y un asesor enviado por la Presidencia de la República, se estudió el sistema de
reubicación para los damnificados tanto de Girón como de Bucaramanga. “La reubicación
consistió en construir un barrio para estas personas en Girón y otro en Bucaramanga. En Girón el
barrio tiene por nombre Ciudadela Nueva Girón y en Bucaramanga Villas de San Ignacio”. Ese
proceso, conforme a la entidad, se realizó de acuerdo al censo hecho por la OPS donde se
recogieron datos de todos los damnificados de Girón.
No obstante, y a pesar de que los barrios ya están habitados, las 38 familias ubicadas en el
Asentamiento 12 de febrero aseguran que, aunque fueron censadas los días posteriores a la
tragedia, nunca fueron contactados para la reubicación lo que los ha hecho emprender acciones
legales.
La acción popular
Deisy Borrero Ducuara se ha autoproclamado como líder del asentamiento donde vive y desde el
2005 archiva una carpeta con todos los documentos que le han pedido a través de los años para
acceder a la reubicación. Según ella, luego de esperar tres años la ayuda municipal, en 2008 “nos
dimos cuenta que nos habían borrado del censo de damnificados, por eso es que vivimos aquí,
porque no nos ayudaron”. En 2011, cuando se presentaron nuevamente fuertes lluvias en Girón,
ella logró meter a sus vecinos en la nueva lista de damnificados pero ocurrió lo mismo. “Nos
dijeron que íbamos para primer paquete, segundo paquete y nada, quedamos en las mismas”.
Ante los continuos rechazos de las entidades locales, Deisy, contando con el apoyo de los demás
damnificados, instauró una acción popular contra el municipio de Bucaramanga y el Instituto de
Vivienda e Interés Social y Reforma Urbana del Municipio de Bucaramanga (Invisbu), el 22 de
febrero de 2012. Según ella, el proceso es cada vez más lento debido a que las entidades
demandadas se niegan a cooperar o a dar respuesta, en parte, según manifiesta, por la antigüedad
de la situación.

3. La Ley 492 de 1998 en su artículo 88, declara que la justicia colombiana, a través de las acciones
populares, “definirá los casos de responsabilidad civil por el daño inferido a los derechos
colectivos”, en este caso el derecho a la vivienda digna. Sin embargo, de acuerdo a la abogada
consultada Martha Elena Becerra Pinzón, el proceso podría no favorecer al asentamiento ‘12 de
Febrero’. La demanda prosperaría en caso de que se presenten “las pruebas que sustenten los
derechos que se dicen vulnerados” por parte de los damnificados.
Y aunque Deisy asegura tener pruebas que desmienten las declaraciones del exdirector del
DPAD, como ya se mencionó esta entidad tiene registrado un proceso de reubicación constatado
en la construcción de los dos barrios por parte de la alcaldía. Según Martha Becerra, en este caso
las entidades demandadas tendrían ‘la sartén por el mango’, ya que éstas pueden alegar que la
responsabilidad está en los propios damnificados quienes cayeron en el descuido de percatarse
años después de pasada la tragedia que ya no figuraban en el censo de afectados.
Teniendo en cuenta las características de una acción penal como la ya mencionada, el proceso
puede alargarse por muchos años. No obstante, a pesar de las trabas y de lo tortuoso del proceso,
Deisy asegura que irá hasta la última instancia para reclamar el derecho que, según ella, le fue
vulnerado a sus hijos, a Ana Jaimes y a las otras 36 familias del asentamiento que este año
cumplieron nueve años esperando la reubicación por parte del gobierno.