Un juez en Chubut, Argentina, restituyó más de 3,000 hectáreas de tierras a dos comunidades mapuches luego de determinar que la venta de esas tierras en 2010 había sido ilegal. El juez dictaminó que la propiedad comunitaria indígena es un derecho autónomo y ordenó que las tierras se devolvieran a las comunidades en un plazo de 10 días. La sentencia se basó en normas constitucionales y leyes internacionales que protegen los derechos de propiedad de los pueblos originarios.