Este documento presenta un resumen del número 187 de la revista Editan COIT y AEIT G de diciembre de 2011. Incluye artículos sobre Internet de las cosas, telecomunicaciones y nuevos modelos de negocio, y un perfil de la eurodiputada Pilar del Castillo. Además, el decano-presidente del COIT, Eugenio Fontán, expresa en su carta la necesidad de colaborar con el nuevo gobierno español para establecer un marco regulatorio que garantice la seguridad de los ciudadanos a través de una adec

1. Editan COIT y AEIT G Diciembre 2011 nº 187 / 6 €
Editan COIT y AEIT G Diciembre 2011 nº 187 / 6 €
Monográfico:
Internet de las cosas
Café de redacción:
Telecomunicaciones
y nuevos modelos
de negocio
Perfil:
Pilar del Castillo
Eurodiputada y
Miembro de la
Comisión
de Industria, Energía,
Telecomunicaciones
e Investigación (ITRE)
José Javier Chamorro Rebollo
Socio fundador y CEO de Centum
Premio Rey Jaime I al emprendedor 2011
“No debemos quemar la palabra emprendimiento,
debemos hacer de ella algo cotidiano”

2. Eugenio Fontán
Decano-Presidente del COIT
Carta del Decano-Presidente del COIT
Estimados colegiados,
Como sin duda conocéis, 2011 supuso para los colegios profesionales un año intenso y difícil. El Gobierno de
entonces planteó una iniciativa parlamentaria encaminada a transformar el marco normativo de los colegios profesionales de las ingenierías. Esta propuesta era potencialmente demoledora, tanto para los propios colegios profesionales,
como para los propios ingenieros. Me gustaría compartir con vosotros este asunto y daros a conocer tanto el proceso
que se ha seguido hasta ahora, como su posible evolución.
Como se os ha venido informando a través de estas páginas, en el año 2009 se realizó en España la trasposición de
la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, más conocida como la Directiva de Servicios. Lo hizo
a través de dos Leyes de importante envergadura en cuanto a su ámbito de aplicación, que en algunos aspectos excedían los requerimientos de la Directiva, dictada con el objeto de facilitar el libre acceso a los servicios, favorecer la
competencia y mejorar la eficacia de los mercados asociados.
Por un lado la Ley Paraguas (Ley 17/2009) dictaba principios básicos de aplicación a la normativa española a modo
de requisitos que debían aplicarse a la legislación nacional en materia de servicios y posteriormente la Ley Ómnibus
(Ley 25/2009) aplicaba esos principios a través de la modificación de, ni más ni menos, que cuarenta y ocho Leyes
existentes, entre ellas, la propia Ley General de Telecomunicaciones y la Ley de Colegios Profesionales.
El trabajo de trasposición se habría completado con ambas normas, de no ser porque la segunda incluía en su disposición transitoria cuarta, la obligatoriedad de que el Gobierno planteara a las Cortes en un plazo de doce meses un
proyecto de Ley que determinara qué actividades, por su importancia para la ciudadanía, debían conservar la colegiación obligatoria, centrándose en criterios de interés público, seguridad, protección de la salud, etc.
Este plazo había expirado ya en 2011 mientras el Gobierno saliente había esbozado un proyecto de Ley de Servicios Profesionales. Este proyecto, que parecía orientado a desprestigiar las ingenierías, llegaba a plantear que cualquier
ingeniero, con independencia de su rama de especialización, estaba plenamente capacitado para ejercer cualquier
actividad profesional relacionada con la ingeniería en su conjunto. A base de mezclar conceptos y de minimizar la exigencia de la excelencia profesional o la competencia técnica, terminaba por diseñar un marco profesional cuya evolución hubiera supuesto un nuevo salto al vacío, en línea con los que en otros ámbitos el Gobierno anterior ya había
acometido. Afortunadamente el clamor de algunos sectores y de los propios colegios profesionales consiguió que no
se alcanzara la necesaria mayoría parlamentaria, lo que impidió que esta iniciativa viera la luz.
Así llegamos al momento actual, en que los miembros del nuevo Gobierno acaban de tomar posesión en sus respectivas responsabilidades. Dado que sigue pendiente el desarrollo de lo establecido en la propia Ley Ómnibus en
materia de adaptación de los colegios profesionales, entiendo que el año 2012 será clave para establecer este nuevo
marco, Y considero necesario hacer algunas reflexiones al respecto esperando que sean de utilidad a aquellos que
deban acometer este proyecto.
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3. La primera y más evidente es el pleno ofrecimiento de este Colegio, y estoy seguro que del resto de representantes
de la ingeniería, a contribuir en lo que podamos ser de ayuda a la hora de determinar las reglas del juego que afectarán a los profesionales del futuro.
Las instituciones colegiales, y en este número que habla sobre nuevos modelos de negocio quizá sea más oportuno
recalcarlo, han hecho esfuerzos importantes por adaptarse a las realidades de los nuevos tiempos. Y seguimos proyectándonos hacia el futuro tratando de adelantarnos a dibujar unas instituciones que sean plenamente útiles a la sociedad y a los profesionales que representamos.
Entendemos que entre todos debemos dibujar un escenario en que los ciudadanos se sientan seguros porque aquellos que les proveen las infraestructuras fundamentales, al igual que otros profesionales, como los de la salud por ejemplo, han acreditado disponer de una formación que les capacite para el ejercicio de dichas profesiones, porque entendemos que esa es la mejor manera de ofrecer servicios de primer nivel y con plenas garantías, lo que debería ser un
objetivo compartido por todos. Por eso es tan importante determinar qué profesionales en su ejercicio tienen un mayor
impacto para la prestación de servicios básicos para el ciudadano, o servicios que afecten a su integridad, seguridad,
etc.
Desde esta institución no tenemos miedo a los cambios, incluso estimamos razonable revisar el marco de las atribuciones profesionales (es evidente que el modelo actual ha quedado anticuado) para garantizar que éstas se adapten
a los nuevos tiempos e incluso puedan ser compartidas entre profesionales de diferentes ámbitos de la ingeniería en un
mundo en que cada vez hay más áreas de actividad interdisciplinares.
Pero en ningún caso podremos aceptar un escenario en el que no se establezca ningún control sobre qué profesionales pueden o no diseñar o dirigir la construcción de infraestructuras absolutamente esenciales para el bienestar y
seguridad de los ciudadanos, y además para el progreso de nuestro país.
En un plazo breve de tiempo saldrán de nuestras escuelas técnicas titulados universitarios que no compartirán con
este decano ni con la mayoría de los lectores de BIT el nombre y apellidos de su titulación. Las propias compañías, y
el Estado como contratante, se verán en la necesidad de desentrañar un complejo maremágnum de nuevas titulaciones, fruto de llamado proceso de Bolonia. En la inevitable confusión que prevemos, este Colegio espera seguir cumpliendo con sus obligaciones de servicio público y seguir siendo un agente capaz de iluminar y contribuir a ordenar
esta nueva realidad.
Mientras tanto seguiremos trabajando esforzadamente para aportar nuestro saber técnico, el de nuestros ingenieros,
en todas las áreas en que pueda ser de utilidad para España y como Colegio continuaremos esforzándonos en adaptarnos a los tiempos con más y mejores servicios. Ofrecemos nuestra colaboración abierta al nuevo Gobierno, a la Administración en su conjunto, al sector y a todas las instituciones del mundo de las telecomunicaciones que compartan
nuestros objetivos.
Un abrazo,
EUGENIO FONTÁN
6 diciembre 2011
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