Este documento presenta el marco conceptual, normativo y político sobre la situación de los niños, niñas y adolescentes en desplazamiento forzado en Bogotá. Explica que el conflicto armado en Colombia ha afectado a esta población y ha generado su desplazamiento. Define el desplazamiento forzado como una consecuencia de la violencia que vulnera los derechos de los menores. Además, establece los conceptos de migración y migración forzada para diferenciar la situación de desplazamiento. Finalmente, presenta el

1. Diplomado “Política local de infancia y
adolescencia en Bogotá"
Observatorio sobre Infancia 0
Universidad Nacional de Colombia
Apuntes para la comprensión del enfoque y las
propuestas de atención diferencial a los niños, niñas y
adolescentes en situación de desplazamiento en la
política de infancia y adolescencia en Bogotá.
Maria Cristina Escobar Remicio
Sol Indira Quiceno Forero

2. CONTENIDO Págs
1
Contenido
1
Introducción y objetivo general 2
1. Marco conceptual, normativo y político 3
2. Marco y enfoque conceptual 32
Situación de los niños y niñas en desplazamiento en
3. Bogotá 34
Apuntes para el ajuste de la política de infancia y
adolescencia en reconocimiento de las afectaciones 46
de niños, niñas y adolescentes víctimas de conflicto
armado en el vector de desplazamiento forzado en
4. Bogotá
Bibliografía 52

3. INTRODUCCION Y OBJETIVO GENERAL
El Comité Operativo Distrital de Infancia y Adolescencia se ha propuesto en el marco de su plan de
acción 2010, realizar el análisis y seguimiento a la actual política de infancia y adolescencia del
2
distrito capital 2004‐ 2010, en referencia a ello se propuso desarrollar unas jornadas de trabajo en
torno a distintos temas con los y las profesionales de los equipos técnicos de las entidades
distritales y nacionales, a partir de las cuales se busca tener un acercamiento a la comprensión de
de la situación de los niños, niñas y adolescentes en el distrito capital, y de la respuesta
institucional actual frente a la situación caracterizada lo cual permitirá proponer algunos
lineamientos acordes a las situaciones que vive la población infantil en Bogotá, que permitan
aportar a la actualización de la actual política de infancia y adolescencia con la que cuenta el
distrito capital.
Bajo este objetivo y de manera directa con la situación de los niños, niñas en situación de
desplazamiento forzado, el equipo de análisis y seguimiento a la actual política de infancia y
adolescencia de la Secretaría Distrital de integración realizó en conjunto con las entidades que
forman parte del Sistema Distrital de atención para la población en situación de desplazamiento,
cuatro jornadas de trabajo durante los meses de junio a septiembre de 2010, las tres primeras
permiten tener una referencia en el presente documento de un acercamiento a la comprensión de
la situación de los niños, niñas y adolescentes y una cuarta jornada de la respuesta institucional
actual para el restablecimiento y garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en
situación de desplazamiento en Bogotá.
El presente documento se construye en el marco del diplomado “Política local de infancia y
adolescencia”, retoma como referencia la sistematización de estas discusiones y conclusiones y
busca mediante este ejercicio aportar frente al reconocimiento de la situación de los derechos de
los niños, niñas y adolescentes en situación de desplazamiento residentes en Bogotá, a fin de
contribuir en el avance de la ciudad en la comprensión de las situaciones vividas por los niños,
niñas y adolescentes en este marco y así generar procesos de visibilización, discusión e inclusión
en la agenda política de la situación problemática, como de la importancia y urgente necesidad de
generar procesos de intervención institucional materializadas en acciones concretas, diseñadas e
implementadas fundamentalmente a partir de las afectaciones ocasionadas a causa y
consecuencia del desplazamiento orientadas hacia el restablecimiento y garantía de los derechos,
la atención integral y el enfoque diferencial.
El documento se presenta en cuatro momentos: en un primer momento refiere un marco general
en lo normativo y político; en un segundo momento los enfoques conceptuales de guía señalados
en el marcos de la Secretaría Distrital de Integración Social, en un tercer momento, una breve
descripción de la situación de los niños, niñas y adolescentes en situación de desplazamiento y en
un cuarto momento una propuesta general de apuntes y recomendaciones a partir de las
situaciones reales en las que transcurre la vida de la población infantil desplazada en Bogotá.

4.
1. MARCO CONCEPTUAL, NORMATIVO Y POLITICO
El presente capítulo busca en términos generales brindar algunas consideraciones desde tres
dimensiones: conceptual, normativa y jurídica a nivel general, teniendo en cuenta referencias
internacionales, nacionales y distritales y finalmente una dimensión política distrital sobre el 3
desplazamiento forzado.
1.1. MARCO CONCEPTUAL GENERAL
El conflicto armado interno que ha vivido Colombia por más de seis décadas es una situación que
tiene efectos para la población impactando de manera directa su dignidad, la garantía y goce
efectivo de sus derechos e involucrándola en las confrontaciones y convirtiéndolas en sus víctimas.
Esta realidad ha tenido repercusiones particulares en los niños, niñas y adolescentes, las mujeres y
las comunidades étnicas.
Reconocer la existencia de un conflicto armado en Colombia, implica definirlo: el grupo de
investigación Conflicto Armado y Primera Infancia de la Corporación Nuevo Arco Iris se ha referido
al respecto de la siguiente manera:
“(…) conflictos armados (…) que se desarrollen en el territorio de una Alta Parte Contratante entre
sus fuerzas armadas y fuerzas armadas disidentes o grupos armados organizados que, bajo la
dirección de un mando responsable, ejerzan sobre una parte de dicho territorio un control tal que
les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas”.
El contexto del conflicto armado en el que viven las familias, entre quienes se encuentran los
niños, las niñas y los adolescentes en el país, afecta profundamente su vida, su cotidianidad, su
entorno y su desarrollo; entender estas situaciones requiere identificar unos elementos mínimos
de comprensión para discernir, distinguir y diferenciar las responsabilidades que con respecto a
quienes se son afectados, las víctimas y los implicados, lo cual es necesario tener en cuenta a la
hora de formular y presentar a consideración las propuestas de atención y protección integral para
niños, niñas y adolescentes afectados en el marco del conflicto armado.
El conflicto armado es un tipo de violencia presente en la sociedad, en el que se ve inmersa la
mayor parte de la población que habita en el territorio colombiano y entre las situaciones adversas
se puede ubicar al desplazamiento forzado.
El desplazamiento forzado es una consecuencia de la actual situación de confrontación armada en
el país que pone en vilo en forma sistemática la garantía y protección del derecho a la vida, la
integridad, la libertad y la seguridad personal de la población no involucrada en esta
confrontación, con especial afectación a niños, niñas y adolescentes. “Se constituye en una
tragedia humanitaria al dar lugar a la vulneración múltiple, masiva y continúa de los derechos

5. fundamentales de un número significativo de niños, niñas y adolescentes, que “han tenido que
abandonar el mundo forjado con sus propias manos y que libra su suerte a poco más que la
benevolencia pública y la caridad privada.” (Sentencia 215 de 2002).
En la medida que el concepto de desplazado por la violencia puede prestarse a confusión con
otros tipos de desplazados y migrantes, es necesario hacer un trabajo conceptual previo de
diferenciación, la cual pretende acercarse a partir de la siguiente presentación conceptual, no
obstante, la postura distrital retoma la definición de la Ley 397 de 1997, dada la ruta de atención
que se ha construido a la luz de la política y del reconocimiento del estado a la situación de
desplazamiento y de la atención a la que hay lugar para su atención.
4
1.1.1. Migrantes
Existen tres grandes tipos de migrantes, en razón de la causa que genera el desplazamiento:
1.1.1.1. Migrantes por causas socio‐económicas, o sea, aquellos originados por el deterioro de las
condiciones de producción, en especial agrícola, y la consiguiente ausencia de medios de
subsistencia.
1.1.1.2. Migrantes por desastres naturales, es decir, aquellos originados por inundaciones,
avalanchas, deslizamientos, etc.
1.1.1.3. Migrantes por razones políticas, es decir, aquellos que se ven obligados a migrar en razón
de los procesos políticos de sus países, en especial por conflictos violentos.
1.1.2. Migraciones Forzosas
Las migraciones forzosas implican razones involuntarias y/o violentas en el momento de
abandonar un territorio.
Conflictos sociales, conflictos armados, graves perturbaciones del orden público, violaciones
sistemáticas de los derechos humanos, infracciones a las normas del derecho internacional
humanitario, desastres ecológicos, construcción de grandes obras, son, entre otras, causas de
migraciones forzadas provocadas por el hombre. Desastres naturales (terremotos, inundaciones)
son causas naturales de migraciones forzosas.1
1.1.2.1. Asilado (a)
"En el derecho internacional, es el amparo que los países o estados ofrecen a los perseguidos
políticos para que la autoridad no los pueda procesar o someter a prisión. El perseguido queda
protegido por el país extranjero que concede el amparo".2
1.1.2.2. Refugiado (a)
1
Conferencia Episcopal de Colombia (1995). Derechos Humanos. Desplazados por violencia en Colombia. Investigación
sobre “Derechos Humanos y Desplazamiento Interno en Colombia”. Santafé de Bogotá. p. 37
2
Rozo Acuña, E (1986). Diccionario de política y derecho público. ESAP. Bogotá. p.16

6.
Por refugiado se ha entendido aquellas personas que se ven obligadas a abandonar su país
"debido a una agresión externa, ocupación, dominación extranjera o sucesos que alteran
gravemente el orden público en una parte o en todo el país de origen o nacionalidad"3 o, en otras
palabras, "porque sus vidas, su seguridad o su libertad están amenazados por una violencia
generalizada, la agresión externa, los conflictos internos, la masiva violación de los derechos
humanos u otras circunstancias que alteran gravemente el orden público".4
También se define refugiado como la persona que “ debido a fundados temores de ser perseguido
por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones
políticas, se encuentre fuera de su país de nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, 5
no quiera acogerse a la protección de tal país; o que careciendo de nacionalidad y hallándose, a
consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual,
no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él”5
1.1.3. Desplazado(a)
En la Enciclopedia Microsoft Encarta 98, la palabra Desplazado (a) significa “persona que a causa
de guerras, revoluciones etc., abandona el lugar donde vive habitualmente”.
En la normativa nacional, el desplazamiento forzado recoge las discusiones y acuerdos
internacionales. La ley 387 de 1997 incorpora al ordenamiento legal la definición dada por el Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR.
Según la ley 387 de 1997, desplazado es: “Toda persona que se ha visto obligada a migrar dentro
del territorio nacional abandonando su localidad de residencia o sus actividades económicas
habituales porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad personal han sido
vulneradas o se encuentran directamente amenazados con ocasión de cualquiera de las siguientes
situaciones de conflicto armado interno, disturbios o tensiones interiores, violencia generalizada,
violaciones masivas de los derechos humanos, infracciones al Derecho Internacional Humanitario u
otras situaciones emanadas de las anteriores que puedan alterar o alteren drásticamente el orden
público”6.
Vale la pena resaltar en este punto que dentro del marco conceptual referente a los diferentes
tipos de migrantes, llámense refugiados, asilados o desplazados, uno de los aspectos psicosociales
implícitos en el fenómeno, el desarraigo, no es tocado en ninguna de las definiciones
anteriormente mencionadas. No obstante, desde un punto de vista ideológico de la problemática
y del país, diversos autores plantean otras miradas al fenómeno en las cuales el aspecto humano y
subjetivo de la problemática hace presencia. Algunas de éstas son:
• “El desplazamiento forzado es la expresión dramática de una de las características más
problemáticas y distintivas de la guerra irregular que tiene lugar en el país: la violencia de los
3
Oller, J.R (1995). El Largo Éxodo de los Refugiados y Desplazados. Intermón. Barcelona. p. 7
4
Ibid.
5
Naciones Unidas (1998). Recopilación de Instrumentos Internacionales. Centro de Derechos Humanos. Nueva York. p.
296
6
Ley 387 de 1997

7. actores armados contra la población civil como arma predilecta en el marco de las dinámicas
estratégicas y militares de la geopolítica del conflicto”.7
• “El desplazamiento por causas políticas es una forma de violencia que produce grandes
cambios y alteraciones en las condiciones de existencia psicológica, familiar, económica y social,
dando lugar a un proceso de desarraigo que impide la creación del sentido de pertenencia a la
cultura, la formación de una identidad y la construcción de ideales y valores”.8
• “Los desplazados por la confrontación armada y la violencia siguen siendo aquellos que
huyen individual y/o familiarmente en un proceso de desarraigo disperso y silencioso que se
asientan en ciudades grandes y medianas en precarias condiciones sociales y económicas y en
medio de la desprotección y el abandono”.9
• “Es el desplazamiento forzado, como violación al DIH, una situación en la cual se 6
materializa la vulneración simultánea de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y
culturales. La mayoría de los desplazados terminan en condiciones infrahumanas, hacinados en
zonas subnormales de las ciudades Intermedias o capitales, donde la insatisfacción de las
necesidades básicas es habitual”.10
• “El desplazamiento en nuestro país es producto directo de la manera como se ha ejercido la
violencia: a través de unas estructuras sociales desiguales e injustas (fenómeno ya histórico) y con
agresión directa con las armas. El conflicto armado que vive el país suma ya cuatro décadas, se ha
prolongado y degradado y es la población civil la que lleva el mayor sacrificio en esta guerra.”11
• “La mera voz desplazados, denuncia, bien miradas las cosas, la tentativa de velar una de las
historias más dramáticas y sangrientas de nuestro tiempo. La verdad es que la gente no se
“desplaza”, la destierran, la expulsan, la obligan a huir y a esconderse.”12
7
CODHES (1999). Un país que huye. Desplazamiento y violencia en una nación fragmentada. UNICEF. Colombia.
8
Ardila, C (1996). La cosecha de la ira. Ed Arcan. Bogotá.
9
CODHES (1999). Un país que huye. Desplazamiento y violencia en una nación fragmentada. UNICEF. Colombia.
10
Defensoría del Pueblo (1996). Niñez y sus derechos. Impacto del conflicto armado sobre la vida de los niños, niñas y
adolescentes.
11
Romero, F. UN periódico. “Estar de paso, siempre de paso”. No.9. Abril. 2000
12
Molano, A (2001). “Desterrados” en Éxodo, Patrimonio e Identidad. V Cátedra Anual de Historia Ernesto Tirado Restrepo.
Museo Nacional de Colombia. Bogotá.

8. 1.2. Marco Normativo
La garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en situación de desplazamiento
forzado en nuestro país tiene un marco normativo amplío que va desde la ratificación de tratados
y convenios, pactos, convenciones y recomendaciones internacionales asumidas en la legislación
nacional a partir del bloque de constitucionalidad, hasta el desarrollo legislativo, por actos
administrativos del nivel nacional y distrital. Es por ello que se hace necesario en el momento de
diseño, implementación, evaluación monitoreo de seguimiento a las políticas públicas diseñadas
para la atención integral diferencial de niños, niñas y adolescentes en desplazamiento como un
marco general a tener en cuenta. 7
Para efectos de la revisión del marco normativo general se hará en un primer momento una breve
descripción del marco normativo internacional referido a los protocolos internacionales que
tienen como fin la protección de los niños, niñas y adolescentes como víctimas del desplazamiento
forzado; en un segundo momento una referencia general al marco normativo nacional, en un
tercer momento un marco normativo y de política distrital y finalmente un marco general de
política distrital siempre con la referencia a la protección de los derechos de los niños, niñas y
adolescentes en desplazamiento forzado, dado que sería muy amplio realizar la descripción de
todo el marco general del desplazamiento.
1.2.1. Marco normativo internacional
La normatividad internacional incluida por los diferentes tratados y convenciones ratificada por el
Estado Colombiano frente a los derechos humanos es amplia, para efectos del presente
documento se hará una breve descripción de la normatividad internacional frente a la situación de
los derechos de la infancia y la adolescencia en situación de desplazamiento forzado. Entre ellos se
encuentran:
El protocolo II de Ginebra el cual hace relación a la protección de las víctimas de los conflictos
armados, especialmente a la protección que los estados le deben garantizar a los niños, niñas
y adolescentes contra la vinculación a los mismos, dada su edad.
La Resolución 48/157 de la Asamblea General de Naciones Unidas, convoca a los estados
miembros para que adopten medidas que posibiliten mejorar la situación de los niños, niñas y
adolescentes afectados por los conflictos armados, y se solicita la participación de las
organizaciones de las Naciones Unidas, las organizaciones intergubernamentales y no
gubernamentales, para resolver el problema de los niños, niñas y adolescentes afectados por
los conflictos armados.
La Resolución 1709 de la Asamblea General de la OEA solicita a los estados miembros que
ratifiquen el Protocolo Facultativo a la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos
del Niño, relativo a la participación de niños, niñas y jóvenes en conflictos armados, al igual
que el Convenio 182 de la OIT sobre las peores formas de trabajo infantil.

9. La convención internacional de los derechos de las niñas y niños, tal y como se menciona en la
directriz nacional para la atención diferencial a los niños, niñas en situación de
desplazamiento en Colombia realizada por ACNUR y el ICBF de manera general y teniendo en
cuenta que la convención busca la garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes
y que ha sido adoptada por Colombia por la Ley 12 de 1991todos los artículos son aplicables a
los niños, niñas y adolescentes en situación de desplazamiento, no obstante en especial los
artículos 38 y 39 de la misma así:
Artículo 38: “1. Los Estados Partes se comprometen a respetar y velar porque se respeten las
normas del derecho internacional humanitario que les sean aplicables en los conflictos armados y
que sean pertinentes para el niño. 2. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas posibles 8
para asegurar que las personas que aún no hayan cumplido los 15 años de edad no participen
directamente en las hostilidades. […] 4. De conformidad con las obligaciones dimanadas del
derecho internacional humanitario de proteger a la población civil durante los conflictos armados,
los Estados Partes adoptarán todas las medidas posibles para asegurar la protección y el cuidado
de los niños afectados por un conflicto armado”.
Artículo 39: “Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para promover la
recuperación física y psicológica, y la reintegración social de todo niño víctima de: cualquier forma
de abandono, explotación o abuso; tortura u otra forma de tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes; o conflictos armados. Esa recuperación y reintegración se llevarán a cabo en un
ambiente que fomente la salud, el respeto de sí mismo y la dignidad del niño”.
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). Incita a los
estados parte del Pacto a la protección de los niños, niñas y adolescentes, contra la
explotación económica y social; a cumplir con la obligación de reducir los niveles de
mortinatalidad y mortalidad infantil, y de garantizar la enseñanza primaria obligatoria,
asequible y gratuita para todos los niños, niñas y adolescentes.
Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre derechos humanos en materia de
derechos económicos, sociales y culturales, “Protocolo de San Salvador”. En este
instrumento, se consagran de forma puntual los derechos de la niñez en el artículo 16, en los
siguientes términos:
“Todo niño sea cual fuere sea su filiación tiene derecho a las medidas de protección que su
condición de menor requiere por parte de su familia, la sociedad y del Estado. Todo niño tiene
derecho a crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres; salvo circunstancias
excepcionales, reconocidas judicialmente, el niño de corta edad no debe ser separado de su madre.
Todo niño tiene derecho a la educación gratuita y obligatoria, al menos en su fase elemental, y a
continuar su formación en niveles más elevados del sistema educativo.13
Además, el artículo 15 del Protocolo establece como obligación de los estados partes garantizar
una adecuada protección al grupo familiar y en especial a los niños, niñas y adolescentes, en los
siguientes términos:
13
Artículo 16. Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre derechos humanos en materia de derechos
económicos, sociales y culturales, “Protocolo de San Salvador

10. […] b. Garantizar a los niños una adecuada alimentación, tanto en la época de lactancia como
durante la edad escolar;
c. Adoptar medidas especiales de protección de los adolescentes a fin de garantizar la plena
maduración de sus capacidades física, intelectual y moral;
d. Ejecutar programas especiales de formación familiar a fin de contribuir a la creación de un
ambiente estable en el cual los niños perciban y desarrollen los valores de comprensión,
solidaridad, respeto y responsabilidad
Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esta convención
reconoce “que las niñas y los niños con discapacidad deben tener el pleno disfrute de todos los 9
derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones que los demás
niños y niñas”, y recuerda “las obligaciones que a este respecto asumieron los Estados Partes
en la Convención sobre los Derechos del Niño”.
Artículo 7: “Niñas y niños con discapacidad: 1. Los estados partes tomarán todas las medidas
necesarias para asegurar el pleno disfrute por las niñas y los niños con discapacidad de todos los
derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones que los demás. 2. En
todas las actividades relacionadas con las niñas y los niños con discapacidad, una consideración
primordial será la protección de sus intereses superiores. 3. Los estados partes asegurarán que las
niñas y los niños con discapacidad tengan derecho a expresar sus opiniones libremente sobre todas
las cuestiones que los afectan, opiniones que recibirán la debida consideración con arreglo a la
edad y madurez de aquéllos, en igualdad de condiciones con los demás, y a recibir asistencia
apropiada para su discapacidad y edad para poder realizar ese derecho.”14
Las anteriores normas internacionales en específico se refieren principalmente a niños, niñas y
adolescentes, sin embargo el marco normativo internacional es amplio entre otras normas se
encuentran y las cuales son mencionadas ampliamente en el documento del marco normativo de
las afectaciones referido anteriormente:
Convenio N. 29 relativo al trabajo forzoso u obligatorio (1930)
La Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (1948)
La Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948)
La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (1948)
Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena
(1949)
Convención sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación (1950)
Convención sobre el estatuto de los refugiados (1951)
Declaración sobre la concesión de independencia a los países y pueblos coloniales (1952)
Convenio contra la discriminación en materia de empleo y ocupación (1958)
Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza (1960)
Declaración sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial (1963)
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966)
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966)
14
Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Articulo 7.

11. Declaración sobre el fomento entre la juventud de los ideales de paz, respeto mutuo y
comprensión entre los pueblos (1967)
Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa
humanidad (1968)
Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial
(1965, entrada en vigor: 1969; entró en vigor para Colombia: 1981 en virtud de Ley 22 de
1981)
La Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José, 1969)
Declaración sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia religiosa (1973)
Declaración sobre la protección de la mujer y el niño en estados de emergencia o de conflicto
armado (1974) 10
Declaración universal sobre la erradicación del hambre y la malnutrición (1974)
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (1979)
La Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes
(1984)
Declaración sobre los principios sociales y jurídicos relativos a la protección y el bienestar de
los niños, con particular referencia a la adopción y la colocación en hogares de guarda, en los
planos nacional e internacional (1986)
Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas
(1992)
La Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (1994)
La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la
mujer ‐ “Convención de Belem do Pará” (1994)
Los Principios rectores de los desplazamientos internos (1998)
Convenio N. 182 sobre las peores formas de trabajo infantil (1999)
Convención interamericana para prevenir y sancionar la tortura (1985; entrada en vigor:
1991, entró en vigor para Colombia en 1999 en virtud de Ley 409 de 1997)
Convención interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra
las personas con discapacidad (1999)
El Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de
niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía (2000)‐ La
Organización Internacional del Trabajo – OIT15
En conclusión podemos decir que dentro de los marcos normativos internacionales en relación a
niñez en situación de desplazamiento forzado, encontramos que tanto los convenios, protocolos
como convenciones tienen como objetivo general la protección de los niños, niñas y adolescentes
frente a la vinculación a los conflictos armados y de las diferentes situaciones en las que se
encuentran inmersos, de igual forma les ordena a los estados a través de los diferentes protocolos,
y normatividades en el marco del derecho internacional humanitario a protegerlos contra esta
acción y a generar acciones de reparación del daño causado desde el restablecimiento y garantía
de sus derechos, teniendo como referencia las situaciones y afectaciones a causa y consecuencia
de la problemática.
15
Marco Normativo afectaciones páginas de la 34 a la 54.

12.
1.2.2. Marco Normativo Nacional
Colombia ha expedido una amplia normatividad respecto a la protección de los derechos de la
población en situación de desplazamiento forzado, a continuación se mencionarán en orden
cronológico aquellas más importantes, sin embargo es significativo mencionar qué pesé a esta
amplía normatividad colombiana, la Corte Constitucional desde su creación en 1992 ha expedido
no menos de 115 Sentencias referidas al tema de desplazamiento forzado, lo que nos llevaría a
preguntarnos qué faltaría para que el Estado le garantice los derechos a la población afectada por 11
este fenómeno en especial a aquellos a los que se les vulneran más en este marco como son
plenamente reconocidos, los niños, niñas y adolescentes, las mujeres y las comunidades
pertenecientes a grupos étnicos.
Dentro de la normatividad nacional se encuentra:
La Constitución Política de 1991. La cual establece en su artículo 44 la prevalencia de los
derechos de los niños y los consagra como fundamentales.
Conpes 2804 de 1995. El cual se reconoce como la primera acción gubernamental, el cual
estableció el Programa Nacional de atención Integral a la Población Desplazada por la
Violencia, dirigido a neutralizar las dinámicas de violencia y mitigar sus efectos sobre la
integridad personal de los desplazados. La estrategia propuesta estaba encaminada hacia el
retorno voluntario o hacia el reasentamiento, generando condiciones de sostenibilidad para
la reincorporación social y económica de dichas personas, así como el desarrollo integral de
las zonas expulsoras y receptoras de la población desplazada.
Conpes 2924 de 1997 creó el Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada
por la Violencia, bajo la coordinación de la entonces Consejería Presidencial para la Población
Desplazada.
La Ley 387 de 1997. Con esta ley se establece el marco jurídico actual para la Política de
atención Integral a la Población Desplazada, así como los propósitos para la prevención del
desplazamiento forzado, la atención, protección, consolidación y estabilización
socioeconómica de dicha población, y se determinaron responsabilidades institucionales a
nivel nacional y territorial.
Acuerdo 006 de 1997, emanado de la Junta Directiva, se establece la prioridad en la atención
de las familias desplazadas por la violencia, en particular de las mujeres embarazadas, las
madres lactantes y los menores de 18 años dentro de los proyectos “Administración del
Fondo de Emergencia Nacional, Asistencia y Asesoría a la Familia; Atención Integral a los
niños y niñas menores de 7 años y la atención Complementaria al escolar y adolescente.
Decreto 173 de 1998. Adopta el Plan Nacional para la Atención Integral a la Población
Desplazada por la Violencia. El propósito fundamental es articular la acción gubernamental en
el orden nacional y territorial, formula, en el marco de los principios y objetivos definidos por
la Ley 387, las acciones que el Gobierno Nacional ejecutará en materia de prevención del
desplazamiento, de atención humanitaria de emergencia y de consolidación y estabilización
socioeconómica en la perspectiva del retorno voluntario o la reubicación de la población
desplazada por la violencia. Así mismo, determina las entidades responsables en las distintas
estrategias de intervención.

13. Decreto 501 de 1998. Establece la organización y funcionamiento del Fondo Nacional para la
Atención Integral a la Población Desplazada por la violencia y se dictan otras disposiciones.
Propiciar los mecanismos de concertación entre las autoridades de los diferentes niveles de la
administración, para la ejecución de las medidas que el Gobierno Nacional adopte orientadas
a la atención integral del fenómeno.
Documento CONPES 3057/ 1999. Establece el plan de Acción para la prevención del
Desplazamiento Forzado. Propone un plan de acción para mejorar los mecanismos e
instrumentos para la prevención, la protección, la atención humanitaria, el retorno, la
reubicación y la estabilización socioeconómica de la población desplazada por la violencia. Se
propone reorganizar y simplificar el marco institucional de la política actual y fortalecer los
sistemas de información sobre desplazamiento forzado en el país. Este plan de acción es 12
parte de La estrategia de Democratización y Desarrollo Social del Plan Colombia y, en
particular, desarrolla el objetivo de recuperar las responsabilidades centrales del Estado en
relación con la promoción y el respeto por los derechos y la dignidad humana. En conjunto,
estos elementos apuntan a la conformación de un esquema institucional más eficaz, que
incentive la participación de los municipios y departamentos en desarrollo de sus
responsabilidades frente al tema, facilite la rendición de cuentas y permita superar el
tradicional enfoque asistencialista y de emergencia.
Código Penal (Ley 599 del 2000) La Ley 599 del 2000 o Código Penal, tipifica delitos y
determina medidas de protección de los niños, niñas y adolescentes en el marco del conflicto
armado, como el reclutamiento ilícito, (artículo 162), que es causa del desplazamiento
(artículo 180) de familias que buscan proteger a sus hijos de la vinculación a las filas de los
grupos armados ilegales que operan en su zona de residencia.
Decreto 2569 de 2000. Reglamenta Parcialmente Ley 387 de 1997. Se pretende evitar la
dispersión institucional para la atención de la problemática de la población desplazada. La
Red de Solidaridad Social entidad coordinadora del Sistema Nacional de Información y
Atención Integral a la Población Desplazada. Se crea el registro único de la población
desplazada y su reglamentación. Los alcaldes municipales, distritales y gobernadores crearán
comités de atención integral para la población desplazada (art. 29). La primera autoridad civil
de los entes territoriales convocará a los comités si existe amenaza inminente de
desplazamiento (art. 30).Los comités territoriales (municipales, departamentales, distritales)
desarrollaran funciones para la prevención del desplazamiento y para la atención a la
población desplazada. (Art.31,32,33)
Documento CONPES 3115 / 2001. Propone que las entidades del Sistema Nacional de
Atención a Población Desplazada destinen recursos para la formulación de programas y
proyectos que permitan atender la demanda de la población desplazada de acuerdo con los
objetivos del documento Conpes No 3057.
Sentencia T‐025 de 2004 y Autos Reglamentarios. Declara la existencia de un estado de cosas
inconstitucional en la situación de la población desplazada debido a la falta de concordancia
entre la gravedad de la afectación de los derechos reconocidos constitucionalmente y
desarrollados por la ley, de un lado, y el volumen de recursos efectivamente destinado a
asegurar el goce efectivo de tales derechos y la capacidad institucional para implementar los
correspondientes mandatos constitucionales y legales, de otro lado. El Consejo Nacional para
la Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia habrá de (ii) fijar la dimensión

14. del esfuerzo presupuestal que es necesario para cumplir con la política pública encaminada a
proteger los derechos fundamentales de los desplazados; (iii) definir el porcentaje de
participación en la apropiación de recursos que corresponde a la Nación, a las entidades
territoriales y a la cooperación internacional; (iv) indicar el mecanismo de consecución de
tales recursos, y (v) prever un plan de contingencia para el evento en que los recursos
provenientes de las entidades territoriales y de la cooperación internacional no lleguen en la
oportunidad y en la cuantía presupuestadas, a fin de que tales faltantes sean compensados
con otros medios de financiación.
Decreto 250 de 2005. Por el cual se expide el Plan Nacional para la Atención Integral a la
Población Desplazada por la Violencia. (modifica el 173 de 1998. El Plan tiene un enfoque de 13
derechos, contempla los principios orientadores y de intervención, define los objetivos las
fases de intervención y líneas estratégicas, así como las competencias en cada una de estas
líneas de intervención, establece el cese de la condición de desplazado, regula el sistema de
información y seguimiento y presenta un esquema de respuesta integral. Demuestra la
importancia de la Implementación de la veeduría social del Plan cuyos integrantes
participarán en las diferentes instancias de concertación, coordinación y planificación. El
Comité Técnico del Consejo Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada será el
encargado de mirar el cumplimiento del Plan y tiene la responsabilidad de elaborar informes
evaluativos semestrales de cada una de las entidades que conforman el Sistema Nacional de
atención a población en desplazamiento (SNAIPD). Las entidades que conforman el Sistema
Integral a la Población Desplazada (SNAIPD) en el nivel territorial deben adecuar y desarrollar
Programas de Prevención y atención al desplazamiento forzado (art. 2, numeral 1.1). La
responsabilidad de prevenir y atender el desplazamiento forzado es competencias de las
entidades del Sistema Integral a la Población Desplazada (SNAIPD), en todos los niveles
territoriales con principios de complementariedad, concurrencia y subsidiaridad. Funciones
de los comités territoriales en cada fase de atención: Prevención y Protección, Atención
Humanitaria de Emergencia y Estabilización Socioeconómica (ar2‐ No. 5). Los comités
territoriales deben operar a través de mesas de trabajo regionales o comisiones temáticas.
Los comités territoriales elaborarán los Planes integrales Únicos PIU, que es la Herramienta
para planificar e implementar y hacer seguimiento a la política pública de prevención y
atención al desplazamiento forzado. art 2. N.6
Documento CONPES 3400/2005. Identifica las metas y prioriza los recursos para atender a la
población desplazada por la violencia. Coordinación de acciones y estrategias entre los niveles
nacional y territorial y la generación de mayores compromisos presupuestales por parte de
las entidades territoriales, para la prevención y atención del desplazamiento forzado. Hace la
estimación del esfuerzo presupuestal que deben realizar tanto el nivel nacional como las
entidades territoriales para atender las necesidades de la población desplazada.
Ley 1169 DE 2007. Ley de presupuesto general de la nación para la vigencia 2008. Las
entidades de orden nacional, departamental, municipal y distrital responsables de la atención
integral a la población desplazada por la violencia deben priorizar en la ejecución de sus
respectivos presupuestos la atención a esta población. La priorización debe tener en cuenta
la categoría de la entidad territorial y el número de hogares recibidos y expulsados de
acuerdo con el Registro Único de Población Desplazada (RUPD) en armonía con los principios
de concurrencia, complementariedad y subsidiariedad.

15. La Ley 1098 del 2006, “Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia”, hace
un mayor énfasis en el concepto de protección integral a los niños, niñas y adolescentes que
se encuentren en condiciones de vulnerabilidad, exigiendo la prevención de la amenaza o
vulneración de derechos y “la seguridad de su restablecimiento inmediato en desarrollo del
principio del interés superior” (artículo 7, Código de Infancia y Adolescencia). Así mismo llama
la atención sobre situaciones que afectan la dignidad y la integridad humana de los niños,
niñas y adolescentes (artículo 20, derechos de protección). Los niños, las niñas y los
adolescentes serán protegidos contra el abandono físico, afectivo, la explotación económica,
sexual, la pornografía, el secuestro, la trata de personas, la guerra, los conflictos armados
internos, el reclutamiento y la utilización por parte de grupos armados al margen de la ley, la
tortura, la situación de vida en la calle, el desplazamiento forzoso, las peores formas de 14
trabajo infantil, y las minas antipersonal.
El artículo 36, sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad, establece
que “además de los derechos consagrados en la Constitución Política y en los tratados y convenios
internacionales, los niños, las niñas y los adolescentes con discapacidad tienen derecho a gozar de
una calidad de vida plena, y a que se les proporcionen las condiciones necesarias por parte del
Estado para que puedan valerse por sí mismos, e integrarse a la sociedad”. En este mismo artículo
se establece que ellos tienen derecho a: i) el “respeto por la diferencia y a disfrutar de una vida
digna en condiciones de igualdad con las demás personas, que les permitan desarrollar al máximo
sus potencialidades y su participación activa en la comunidad”; ii) “[…] recibir atención,
diagnóstico, tratamiento especializado, rehabilitación y cuidados especiales en salud, educación,
orientación y apoyo a los miembros de la familia o a las personas responsables de su cuidado y
atención […]”; iii) la “habilitación y rehabilitación, para eliminar o disminuir las limitaciones en las
actividades de la vida diaria”; y iv) “ser destinatarios de acciones y de oportunidades para reducir
su vulnerabilidad y permitir la participación en igualdad de condiciones con las demás personas”.16
Ley 1190 /2008. El Congreso de la República declara el 2008 como el año de la promoción de
los derechos de las personas desplazadas por la violencia y se dictan otras disposiciones, entre
ellas, los gobernadores de departamento y alcaldes municipales y distritales deberán en el
plazo máximo de cinco meses a partir de la fecha de expedición de esta ley abril 30): Diseñar e
implementar estrategias para lograr mayores compromisos presupuestales y administrativos a
nivel municipal y departamental dirigida a personas en situación de desplazamiento, definir
metas puntuales a corto, mediano y largo plazo para las estrategias de promoción y
coordinación con cronograma para hacer seguimiento permanente de las acciones realizadas,
diseñar un mecanismo de evaluación que permita hacer los ajustes necesarios a las estrategias
diseñadas, informar a la población desplazada sobre la forma como las entidades territoriales
están trabajando en procura de su mejoramiento. Los comités municipales, departamentales y
distritales formularan Planes Integrales Únicos (PIU) articulados a los Planes de Desarrollo y en
los presupuestos locales del año 2008, se ordenan los procedimientos para la adición de
presupuestos en forma obligatoria. El SNAIPD, en cabeza de Ministerio del interior y de Justicia,
Coordinará con los alcaldes y gobernadores acciones que garanticen el goce efectivo de
derechos de las poblaciones retornadas o asentadas que se encuentren en sus respectivas
jurisdicciones. El gobernador de cada departamento y los alcaldes en desarrollo del Plan
Integral único departamental o municipal deben presentar a Acción Social, un informe
detallado sobre las acciones adelantadas para atender a la población desplazada, dicha
16
Directriz para la atención diferencial de niños, niñas y adolescentes en situación de desplazamiento. ICBF- ACNUR 2010.

16. información debe contener como mínimo: Identificación y caracterización de la población en
situación del desplazamiento en el municipio, distrito indicando factores de riesgo que puedan
incrementarlo. Información del nivel de atención a la población desplazada que ha sido
identificada: No. de población atendida, evolución del presupuesto asignado y ejecutado
durante los últimos dos años, discriminando componentes y programas. Prioridades de
atención y cuáles son los recursos físicos, humanos, logísticos, económicos y técnicos con que
cuenta cada entidad territorial para atender a la población desplazada. Identificar los factores
que han incidido en el compromiso presupuestal y administrativo efectivo de cada entidad
territorial. Los alcaldes canalizaran y consolidarán y enviaran la información a Acción Social,
envíos trimestrales.
15
Auto 251 de 2008. Protección de los niños, niñas y adolescentes en situación de
desplazamiento. señala que los niños, niñas y adolescentes “son las víctimas más débiles e
indefensas” expuestas a riesgos especiales: “i)ser víctimas de crímenes individual y
deliberadamente cometidos contra su vida e integridad personal por los actores armados, ii) de
reclutamiento forzado por los grupos armados ilegales; iii) de ser víctimas inusitadamente
frecuentes de minas antipersonal y material bélico sin explotar, iv) de ser incorporados a
comercios ilícitos que soportan a los grupos armados ilegales; v) de ser víctimas de los
alarmantes patrones de violencia sexual; y vi) de soportar la estrategia de control social de los
grupos armados ilegales que operan en amplias zonas del , las cuales llevan implícitas pautas de
control que restringen y ponen en riesgo a los menores de 18 años‐, riesgos que a su vez
operan como causa del desplazamiento forzado, suyo de sus familias y sus comunidades”17.
Desde esta comprensión y bajo este enfoque la Corte ordena de manera corresponsable y bajo el
principio de protección integral consagrado en la ley 1098 de 2006 tanto a las instituciones como
garantes, a las familias y a la sociedad como interesados en general en la situación de la infancia
en situación de desplazamiento forzado a comprender la situación a la luz de las afectaciones
ocasionadas a causa y consecuencia del desplazamiento forzado, teniendo como principio
orientador de la acción el interés superior de los niños, niñas y adolescentes y a generar
respuestas integrales e inmediatas y diferenciales. En esta orden la Corte Constitucional plantea la
necesidad de desarrollar programas y proyectos acordes con el estatus constitucional de sujetos
de protección especial que tienen los niños, niñas y adolescentes, en tanto titulares de derechos
prevalecientes, merecedores de atención y protección prioritaria y diferenciada con un enfoque
integral de prevención y protección que responda a su realidad.
Así mismo, impulsa a que las propuestas sean sensibles a los riesgos especiales que sufren los
niños, niñas y adolescentes en el marco del conflicto armado, a los problemas transversales
diferenciados que vulneran sus derechos fundamentales durante el desplazamiento forzado y a
reconocer los ámbitos críticos, concebidos como momentos y condiciones particulares cruciales en
relación con el ciclo de vida que tienen afectaciones en su desarrollo y en su vida futura. Exige
respuestas inmediatas y específicas, para el goce efectivo de los derechos de la primera infancia
(entre 0 y 6 años), la adolescencia (12 a 18 años), los niños, niñas y adolescentes pertenecientes a
pueblos indígenas y a comunidades afrocolombianas, y quienes tengan algún tipo discapacidad.
17
Corte Constitucional, Auto 251 del 2008. Protección de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes
desplazados por el conflicto armado, en el marco de la superación del estado de cosas inconstitucional declarado en la
sentencia T-025 del 2004, después de la sesión técnica realizada el 28 de junio del 2007 ante la Sala Segunda de Revisión.
M. P.: Manuel José Cepeda Espinosa, 6 de octubre del 2008.

17. De igual forma los autos 006 de 2009, frente a las personas en situación de discapacidad, el auto
092 de 2008 en referencia a las mujeres en situación de desplazamiento y los 11 autos que
profiere la Corte durante el 2009 frente a las poblaciones indígenas, afrocolombianas en situación
de desplazamiento a la caracterización de la población y a la articulación para el cumplimiento de
la garantía de los derechos de la población.
1.2.3. Marco Normativo Distrital
Bogotá cuenta con el sistema distrital para la atención a la población en situación de
desplazamiento, a partir de la reformulación del PIU 2010‐2020, la Fundación Social construye un
esquema de este sistema el cual fue diseñado a partir de la información suministrada por los 16
diferentes actores, entre ellos las instituciones, los interesados en el tema y las víctimas. El
esquema a continuación permite observar una amplia y diversidad de escenarios con los que
cuenta la política para la atención a la población en desplazamiento en el distrito. Sin embargo es
importante anotar que además de ello, se cuenta con otros escenarios con los que se relacionan
estos actores involucrados como son las diferentes instancias de decisión como son el Consejo de
Gobierno, Consejo de Política Social, los comités por ciclo vital, entre ellos el comité distrital de
infancia y adolescencia, entre otros.
Se podría anotar que dada la complejidad de estos espacios uno de los llamados es a la
articulación en la implementación de las acciones y en el diseño de las mismas, a través de estos
escenarios no meramente institucionales, que en la práctica muchas veces se ven de esta forma y
se termina por invisibilidad a la población participante de los mismos.

18.
Sistema de Distrital de Atención Integral a Población en Situación de Desplazamiento. 18
Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada (SNAIPD)
Comité
Coordinador:
Acción Social y
Secretaría de
Sistema Distrital de Atención Integral a Población Desplazada (SDAIPD)
Gobierno.
Consejo Distrital de 17
Atención Integral a PSD.
Secretaría Técnica:
Secretaria Distrital de Gobierno
Unidades de Atención y Comités Locales
de Atención a la Población
Mesas de seguimiento Mesas de seguimiento
Orientación hacia del PIU Bogotá Autos
[CGSI] Desplazada
UAO Suba y Usaquén
1. Bosa Mesa de Atención
Humanitaria de
Auto 092
UAO Ciudad Bolívar 2. Kennedy
3. Tunjuelito
Emergencia
UAO Puente Aranda 4. Font ibón
5. Ciudad Bolívar
UAO Terminal 6. Usme
7. Rafael Uribe Uribe
UAO Bosa Kennedy 8. San Cristóbal Mesa de Protección y Auto 004
9. Teusaquillo Prevención
UAO Rafael Uribe 10. Engativa
11. Suba
Mesa de fortalecimiento de
las Organizaciones de Auto 005
Población Desplazada
Mesa de estabilización
socioeconómica:
Auto 006
- Salud y
Educación
- Tierras
- Vivienda
Las instituciones del Distrito Capital en alianza con entidades del orden nacional e internacional,
así como la sociedad civil se constituyen en garantes de la población en desplazamiento forzado,
para ello cuenta con un amplia normatividad la cual respalda su acción, entre ellos se encuentran:
18
Tomado del documento borrador del PIU 2010 Página 65

19. En Bogotá el Decreto 1189/1997 Se reglamenta el Comité Distrital para la atención integral a
la población desplazada por la violencia.19 No Obstante desde la expedición de la Ley 387 de
1997 en su artículo 7. Ordena la creación de los comités municipales para la atención de esta
población.
18
El Comité Distrital de Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia (CDAIPD) es el
órgano de coordinación del Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada
(SNAIPD) en el nivel distrital y como tal se constituye en la instancia encargada de la elaboración e
implementación de políticas, planes y programas para la prevención, atención, protección y
estabilización socioeconómica de la población desplazada. El CDAIPD es el órgano de coordinación
del Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada (SNAIPD) en el nivel distrital,
la cual se encuentra a cargo de la Secretaría de Gobierno como lo muestra el esquema anterior, en
el tienen presencia los seis representantes de la población desplazada, las delegaciones de cada
uno de los 12 sectores del distrito capital, las entidades del orden nacional y la unidad territorial
de Acción Social de Bogotá, así como los organismos de control a nivel distrital como la personería
y la veeduría y a nivel nacional como la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, al igual que los
interesados no gubernamentales como las ONG. Para ello constituye cada año un plan de acción
con los y las representantes de la población y se reúne de manera permanente una vez cada mes.
A su vez la ciudad de Bogotá cuenta con Comités Locales de Atención a la Población Desplazada
(CLAPD). Teniendo en cuenta que la problemática de desplazamiento forzado impacta de manera
diferencial al territorio distrital, se identificó la necesidad de diseñar otros canales de coordinación
19 El Alcalde Mayor o su delegado, el Comandante de la Décimo Tercera Brigada de Santafé de Bogotá, El Comandante de
la Policía Metropolitana de Santafé de Bogotá, El Secretario de Salud, El Director Regional de Santafé de Bogotá, del
ICBF, Un representante de la Cruz Roja Colombiana, Un Representante de la Defensa Civil, Un representante de las
iglesias, dos representantes de la población desplazada.

20. y de articulación a nivel de los territorios [Localidades, UPZ, Barrios], reconociendo la existencia de
dinámicas particulares y procesos de construcción de redes comunitarias y sociales diferentes. Es
por ello que Bogotá se cuenta con doce (12) Comités Locales de Atención a la Población
Desplazada creados mediante Decretos Locales, cuyas sesiones son presididas por el Alcalde Local
y en donde participan dos y tres representantes de la población desplazada presente en el
territorio. La secretaría técnica de los Comités son las Unidades de atención a población
desplazada UAO. En estos comités a partir del 2008, la Secretaría Distrital de integración Social a
nivel local delegó la participación de los y las profesionales de infancia y adolescencia a fin de
generar procesos de visibilización para la atención diferencial de los niños, niñas y adolescentes y
el rediseño de las rutas de atención con énfasis en la generación de espacios para la coordinación
para la atención integral a niños, niñas y adolescentes a partir de los servidos existentes. En las 19
localidades en donde se encuentran los comités locales son Bosa, Kennedy, Tunjuelito, Fontibón,
Ciudad Bolívar, Usme, Rafael Uribe, San Cristóbal, Teusaquillo, Engativá y Suba.
En la sesión de trabajo realizada en el marco de la reformulación del PIU de Bogotá 2010‐2020
sobre el tema de Articulación Sectorial y Territorial se identificaron algunas dificultades frente al
compromiso real de las Alcaldías Locales con relación a la atención de la Población en situación de
desplazamiento (PSD) en sus territorios relacionados especialmente con la toma de decisiones
para avanzar desde el territorio en el Goce efectivo de los derechos (GED) de la PSD. Con relación
a la representación de Organizaciones de la Población desplazada (OPSD) se evidencia la
necesidad de fortalecer la participación diferencial en estos escenarios; articular los sistemas de
información con el nivel central de la Alcaldía Mayor, por cuanto son espacios en su mayoría
institucionales y reglamentados legalmente.20
De otra forma y de manera articulada al comité distrital como a los comités distritales y en el
marco de un proceso de deterritorialización de la atención a las personas en situación de
desplazamiento Bogotá cuenta hoy con seis Unidades que intervienen en 19 de las 20 localidades
del Distrito. Entre ellas la Unidad de Suba, Bosa‐Kennedy, Ciudad Bolívar, Puente Aranda, San
Cristóbal y Terminal.
Unidad de Localidades que atiende COORDINADOR-A TELEFONO DIRECCION UAO
atención y Secretaria de
orientación Gobierno
6816216 - CARRERA 90 Nº 147 -01.
SUBA/ENGATIVA. BARRIOS
UAO SUBA Pilar Cohen 6810014 SUBA CENTRO (PLAZA
UNIDOS. USAQUEN/SUBA
6861550 FUNDACIONAL
MARTIRES, CANDELARIA,
UAO PUENTE SANTAFE, CLAUDIA PATRICIA 2778311 CARRERA 36Nº 18A - 47
ARANDA/ CHAPINERO/PUENTE GUARNIZO GUZMAN 2777297 cundinamarca
ARANDA
UAO BOSA- CARLOS ENRIQUE 2648467 CALLE 35 A sur Nº 72 M
BOSA/KENNEDY
KENNEDY CABRAL TOLEDO 2735646 – 32. CARVAJAL
RUBY ANDREA 7777404 CALLE 63 Sur Nº 72 – 19
UAO C. BOLIVAR USME/CIUDAD BOLIVAR
FORERO DUEÑAS 7760002 BARRIO CINDINAMARCA
20
Documento borrador PIU 2010-2020- página 87

21. TUNJUELITO, RAFAEL URIBE, 2095834 CALLE 24A Nº 5 -38 SUR
UAO SAN LUIS ALBERTO
ANTONIO NARÑO/SAN 2095859 20 de julio. Plaza de
CRISTOBAL ACEVEDO VASQUEZ
CRISTOBAL 2729545 mercado
UAO TERMINAL
Calle 22C No. 68F-37
DE TRANSPORTE TERMINAL DE TRANSPORTE ALINA ARAGON
Local 108 Módulo 5,
/FONTIBON
A través de estas unidades se realiza la atención y orientación de la PSD a la oferta distrital para
PSD, siendo esta instancia la puerta de llegada al Sistema de Atención el Distrito se ha propuesto
fortalecer su intervención y convertirlas en Centros de Gestión Social Integral y de Restitución de 20
Derechos, bajo el direccionamiento de la estrategia Gestión Social Integral21 (GSI) planteada en el
Plan de Desarrollo 2008‐2012.
El proceso de reconversión busca “(…) la territorialización social de las acciones; la planeación
integrada y transectorial de los sectores de gobierno; la articulación público – privada y la
participación social efectiva, orientada hacia la exigibilidad de los derechos”. (Informe técnico,
2010:5).
El objetivo de la estrategia de Gestión Social Integral es el fortalecimiento institucional y de las
organizaciones sociales asentadas en las localidades, de manera que se pueda armonizar las
intervenciones del sector central del gobierno Distrital para avanzar de manera ostensible en el
goce efectivo de los derechos de la población en situación de desplazamiento en los territorios,
situando su accionar en la prevención, protección, la atención integral y la garantía de los
derechos a la verdad, la justicia y la reparación.
Por otra parte, la percepción de funcionarios distritales y nacionales sobre este espacio evidencia
que:
“En cuanto a coordinación, es el único espacio físico que permite la concentración de las entidades
que realizan atención y orientación a la PSD y es, además, el espacio de mayor conocimiento de la
realidad de la PSD y que permite la articulación con otros sectores públicos y privados de la
localidad.”22
Acuerdo 02 de 1998 Se crea el Consejo Distrital para la atención integral a la población
desplazada por la violencia23. Se crea el Plan Distrital para la Atención Integral de los
desplazados por la violencia en Bogotá. (…estará orientado a satisfacer prioritariamente las
necesidades de empleo, salud, educación vivienda, seguridad y bienestar social entre otros,
de tal manera que todas las instituciones distritales contribuyan a soluciones efectivas de
21
“Estrategia que promueve el desarrollo de las capacidades de las poblaciones, atendiendo sus particularidades
territoriales y asegurando la sinergia entre los diferentes sectores, el manejo eficiente de los recursos y pone de presente el
protagonismo de la población en los territorios”
22
Fundación Social. Articulación Sectorial y Territorial “Encuentro de Pares Nacionales y Distritales”, Bogotá, 27 de julio de
2010.
23
El Alcalde o su delegado, quien lo presidirá (resolución Distrital 103 del 2002), el Personero Distrital, el Secretario Distrital
de de Salud, El Secretario de Hacienda, El Secretario de Educación, El Director del Departamento Administrativo de
Bienestar Social, el Director General del ICBF, Un representante de la Cruz Roja Colombiana, Dos representantes de las
iglesias con personería jurídica legalmente reconocida, tres representantes de la población desplazada, un representante de
la defensoría del pueblo, un representante de la Universidad Distrital, el Veedor Distrital con derecho a voz (decreto 0624 de
1998)

22. cada uno de los problemas que afectan a dicha población.) El comité se reunirá por lo menos
una vez cada dos meses.
Directiva Distrital 003 de 2008. Un avance importante en el Distrito, es la expedición la
Directiva No. 013 de 2008 que orienta a todas las entidades distritales responsables de la
puesta en marcha de la política de atención a la PSD para que diferencien las acciones y
componentes de atención a la PSD en sus Planes Operativos de Inversión Anual (POAI) con sus
respectivos presupuestos, a fin de asegurar la efectividad de los mandatos constitucionales,
legales y jurisprudenciales. Este compromiso se reafirma con la Circular 02 del 2009 donde
las Secretarías Distritales de Gobierno y de Hacienda ratifican la obligatoriedad que tienen las
entidades distritales de reportar la ejecución presupuestal de la atención a la PSD, ejercicio 21
que ha permitido que cada tres meses la Secretaría de Gobierno recoja la información
sectorial de las acciones encaminadas a la atención integral de la PSD y la garantía del goce
efectivo de derechos (GED), a través de la discriminación de recursos invertidos, número de
los beneficiarios diferenciados por género, ciclo vital y grupo étnico, así como información
acerca de los programas implementados para cada entidad del Distrito.
La matriz diligenciada en el marco de la respuesta institucional a la Directiva mencionada se
complementa con un informe cualitativo de la gestión e inversión por sectores en el distrito capital
que permite tener un panorama de la situación de la población; en especial a partir de esta
directiva se ha visibilizado la atención a la infancia en Bogotá, lo que permitió a las entidades
responsables de la promoción, garantía y restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y
adolescentes realizar un plan operativo para la puesta en marcha de las órdenes impartidas en la
corte a través del auto 251 de 2008 y así aportar al diseño del Programa Nacional” Mis derechos
Primero” para la atención diferencial de los niños, niñas en situación de desplazamiento forzado.
Lo que se puede mostrar con este avance es la apuesta en la agenda pública y social de la situación
problemática, en términos de acciones y presupuestos, no obstante la ciudad tiene un gran reto
hacia la planeación de manera intersectorial y hacia el diseño e implementación de acciones
integrales y diferenciales de la población, ya que el avance se da en términos de priorización en el
acceso a servicios y no en la atención a partir de sus necesidades particulares y el reconocimiento
de la diversidad de situaciones enmarcadas en el desplazamiento forzado, dadas por las variables
de ciclo vital, etnia, discapacidad, genero y de sus afectaciones diferenciales.
1.2.4. Marco político
1.2.4.1. Marco de Política Nacional
Colombia desde la expedición de la Ley 387 de 1997 cuenta con las directrices para la atención a la
población en situación de desplazamiento, en sus dos títulos muestra la concepción de desplazado
la cual se menciona en la primera parte de este marco general, las obligaciones del Estado frente
a esta situación y del Sistema Nacional de atención a población desplazada.
Frente a los principios y responsabilidades del Estado se evidencian en los artículos 2 y 3 de la
misma así:

23. Artículo 2º. De los principios. La interpretación y aplicación de la presente ley se orienta por los
siguientes principios:
1º. Los desplazados forzados tienen derecho a solicitar y recibir ayuda internacional y ello genera
un derecho correlativo de la comunidad internacional para brindar la ayuda
humanitaria.
2º. El desplazado forzado gozará de los derechos civiles fundamentales reconocidos
internacionalmente.
3º. El desplazado y/o desplazados forzados tienen derecho a no ser discriminados por su condición
social de desplazados, motivo de raza, religión, opinión pública, lugar de origen o incapacidad
física. 22
4º. La familia del desplazado forzado deberá beneficiarse del derecho fundamental de
reunificación familiar.
5º. El desplazado forzado tiene derecho a acceder a soluciones definitivas a su situación.
6º. El desplazado forzado tiene derecho al regreso a su lugar de origen.
7º. Los colombianos tienen derecho a no ser desplazados forzadamente.
8º. El desplazado y/o los desplazados forzados tienen el derecho a que su libertad de movimiento
no sea sujeta a más restricciones que las previstas en la ley.
9º. Es deber del Estado propiciar las condiciones que faciliten la convivencia entre los
colombianos, la equidad y la justicia social.
Artículo 3º. De la responsabilidad del Estado. Es responsabilidad del Estado colombiano formular
las políticas y adoptar las medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la atención,
protección y consolidación y estabilización socioecómica de los desplazados internos por la
violencia. Para efectos del inciso anterior, se tendrán en cuenta los principios de subsidiaridad,
complementariedad, descentralización y concurrencia en los cuales se asienta la organización del
Estado colombiano.24
Para ello la Nación ha establecido bajo la misma normatividad el Sistema de Atención a población
en desplazamiento, a fin de llevar a cabo la política Nacional en sus fases y bajo estos principios,
del Sistema habla la ley en sus artículos del 4 al 5 en donde se ordena la creación de dicho Sistema
a fin de cumplir con los objetivos de política anteriormente mencionados en el artículo 3 de la
misma Ley y le ordena tanto a las organizaciones públicas, como privadas su articulación para la
atención integral a la población en términos de acciones y presupuestos a fin de diseñar e
implementar programas y proyectos para la población en desplazamiento en el distrito Capital.
De igual forma en el artículo 6 se ordena la creación del Consejo Nacional de atención a
población desplazada y de sus participantes así:
Articulo 6. Créase el Consejo Nacional para la Atención Integral a la Población Desplazada por la
Violencia como órgano consultivo y asesor, encargado de formular la política y garantizar la
asignación presupuestal de los programas que las entidades responsables del funcionamiento del
Sistema Nacional de atención integral a la población desplazada por la violencia, tienen a su cargo.
Este Consejo Nacional estará integrado por: ∙ Un delegado del Presidente de la República, quien lo
presidirá ∙ El Consejero Presidencial para los Desplazados, o quien haga sus veces ∙ El Ministro del
Interior ∙ El Ministro de Hacienda y Crédito Público ∙ El Ministro de Defensa Nacional ∙ El Ministro
24
Ley 387 de 1997.

24. de Salud ∙ El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural ∙ El Ministro de Desarrollo Económico ∙ El
Director del Departamento Nacional de Planeación ∙ El Defensor del Pueblo ∙ El Consejero
Presidencial para los Derechos Humanos, o quien haga sus veces ∙ El Consejero Presidencial para la
Política Social, o quien haga sus veces ∙ El Gerente de la Red de Solidaridad Social o quien haga sus
veces, y ∙ El Alto Comisionado para la Paz, o quien haga sus veces. Parágrafo 1º. Los Ministros del
Despacho que, de acuerdo con el presente artículo, conforman el Consejo Nacional, podrán
delegar su asistencia en los Viceministros o en los Secretarios Generales de los respectivos
Ministerios. En el caso del Ministerio de Defensa Nacional, éste podrá delegar en el Comandante
General de las Fuerzas Militares. En el caso del Director del Departamento Nacional de Planeación
podrá delegar en el Subdirector del mismo Departamento, y en el evento de la Red de Solidaridad,
en el Subgerente de la misma. Cuando la naturaleza del desplazamiento así lo aconseje, podrán ser 23
invitados al Consejo otros Ministros o Jefes de Departamentos Administrativos o directores,
presidentes o gerentes de entidades descentralizadas del orden nacional o representantes de las
Organizaciones de Desplazados. Parágrafo 2º. El Director de la Dirección General Unidad
Administrativa Especial para los Derechos Humanos del Ministerio del Interior ejercerá la
secretaría técnica del Consejo Nacional.
En la misma Ley en el capítulo II se menciona el Plan Nacional para la atención a la población
desplazada la necesidad de su diseño y de los objetivos dentro de los cuales se encuentran:25
• Elaborar diagnósticos de las causas y agentes que generan el desplazamiento por
laviolencia, de las zonas del territorio nacional donde se producen los mayores flujos de
población, de las zonas receptoras, de las personas y comunidades que son víctimas de
esta situación y de las consecuencias sociales, económicas, jurídicas y políticas que ello
genere.
• Diseñar y adoptar medidas sociales, económicas, jurídicas, políticas y de seguridad,
orientadas a la prevención y superación de las causas que generan el desplazamiento
forzado.
• Adoptar medidas de atención humanitaria de emergencia a la población desplazada, con el
fin de asegurarle su protección y las condiciones necesarias para la subsistencia y la
adaptación a la nueva situación.
• Crear y aplicar mecanismos que brinden asistencia legal y jurídica a la población
desplazada para garantizar la investigación de los hechos, la restitución de los derechos
vulnerados y la defensa de los bienes afectados.
• Diseñar y adoptar medidas que garanticen a la población desplazada su acceso a planes,
programas y proyectos integrales de desarrollo urbano y rural, ofreciéndole los medios
necesarios para que cree sus propias formas de subsistencia, de tal manera que su
reincorporación a la vida social, laboral y cultural del país, se realice evitando procesos de
segregación o estigmatización social.
• Adoptar las medidas necesarias que posibiliten el retorno voluntario de la población
desplazada a su zona de origen o su reubicación en nuevas zonas de asentamiento.
• Brindar atención especial a las mujeres y niños, preferencialmente a las viudas, mujeres
cabeza de familia y huérfanos.
25
Ley 387 de 1997 artículo 10

25. • Garantizar atención especial a las comunidades negras e indígenas sometidas al
desplazamiento en correspondencia con sus usos y costumbres, y propiciando el retorno a
sus territorios, y
• Las demás acciones que el Consejo Nacional considere necesarias.
El documento borrador plan de desarrollo 2010‐2014 “Prosperidad para todos, más empleo,
menos pobreza y más seguridad” desarrolla la Política Nacional para la Población en situación de
desplazamiento para los próximos cuatro años, en esta se referencian específicamente las
acciones que el Estado deberá realizar para contrarrestar los efectos de la problemática a fin de
garantizar el goce efectivo de los derechos de la población. En la búsqueda de la garantía del goce 24
efectivo de los derechos de esta población, busca realizar acciones de prevención y protección a la
población, la restitución mediante la atención integral y la aplicación del enfoque diferencial,
mediante la coordinación y la intersectorial en las acciones y con la participación de ellos y ellas, a
fin de generar acciones de reparación que lleven a la verdad, justicia frente al daño causado.
Dentro de las acciones de atención integral el estado está llamado dentro de la Política a generar
acciones para la atención humanitaria con eficiencia y la atención integral básica, acciones para la
restitución de tierras, generación de ingresos y garantizar el derecho a la vivienda.
Para ello la Política ha establecido su medición mediante Indicadores que miden el Goce Efectivo
de los Derechos, apuntándole a la articulación y sumatoria de esfuerzos de todos sus actores para
garantizar los derechos de la población, contando con la participación activa de la Población
desplazada, la Sociedad Civil y el Sector Privado son fundamentales en la búsqueda de soluciones.
Lo anterior por cuanto el objetivo principal de la Política es que la PD supere la situación de
desplazamiento (cesación).26
En el marco de la respuesta frente a las órdenes impartidas por el Auto 251 de 2008, la Agencia
Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, a partir del diseño y ejecución de
los proyectos pilotos para la prevención y la atención integral de los niños, niñas y adolescentes
diseña El programa para la protección diferencial de los niños, niñas y adolescentes frente al
desplazamiento forzado “Mis derechos Primero”, el cual busca garantizar la protección a los niños,
niñas y adolescentes en situación de desplazamiento a través del goce efectico de sus derechos,
con una cobertura de 564.760 niños, niñas y adolescentes en 12 departamentos y 12 municipios
dentro de los cuales se encuentra Bogotá con 115.567 niños, niñas y adolescentes desde la
gestación hasta los 18 años, pertenecientes a grupos afro, indígenas, con discapacidad, entre otras
situaciones enmarcadas dentro de la problemática de desplazamiento forzado en la ciudad. Para
implementar el programa, se ha diseñado una ruta de atención integral la cual busca a través de
los dos componentes, el primero de prevención de la situación y el segundo atención integral de la
situación garantizar el goce efectivo de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, teniendo
como marco de referencia las categorías y los derechos que implican protección, vida y
supervivencia, educación y desarrollo y participación.
26
Documento borrado “Plan de desarrollo Colombiano 2010-2014”

26. 1.2.4.2. Marco de Política Distrital
Como se menciona en el marco normativo y de política distrital del presente documento Bogotá
cuenta con una amplia normatividad que reglamenta el sistema Distrital de atención a la población
desplazada, el cual se fundamenta en la Ley 387 de 1997, así como crea el consejo Distrital para la
atención a la población desplazada y cuenta con 12 consejos locales para el mismo fin.
Para el proceso de implementación de la Política la Secretaría de Gobierno como ente rector del
Sistema opera de manera articulada con las demás entidades del orden nacional y distrital 6
Unidades de atención y orientación, las cuales buscan garantizar el derecho a la prevención,
protección, atención integral y a la reparación de las personas en situación de desplazamiento que 25
habita Bogotá.
De igual forma cuenta con una ruta general de coordinación entre las entidades de orden
interinstitucional y transectorial a fin de garantizar la atención integral de la Población.
No obstante es importante mencionar que en la última década, la ciudad de Bogotá inicia un
proceso de construcción de Políticas públicas dirigidas al mejoramiento de la calidad de vida de las
poblaciones en los territorios y en primordialmente de aquellas poblaciones en condiciones de
fragilidad y exclusión, es así como desde 1998 se empieza ya hablar de la Política para la atención
de la población en desplazamiento de manera general.
La voluntad política y el liderazgo de las administraciones distritales han posibilitado la
investigación, participación, consenso, disenso y proyección de los ideales sociales en las políticas
poblacionales, siendo la Política por la Calidad de vida de niños, niñas y adolescentes una
propuesta bandera en la comprensión de los enfoques de derechos, de género, ciclo vital y
diferencial.
La política pública por la Calidad de vida de niños, niñas y adolescentes 2004‐2012 se constituye en
el marco de acción general que la ciudad de Bogotá propone como medio para la garantía de los
derechos de esta población. En este sentido, proponer los derechos como la ruta para el diseño,
implementación y evaluación de las acciones nos permite tener un referente universal para la
trayectoria del diseño e implementación de la política. Bajo esta perspectiva, el hecho de la
indivisibilidad, universalidad e interrelación de los derechos no establece los máximos a los cuales
deben llegar las acciones sino más bien los mínimos que deben ser alcanzados mediante estas.
El proceso de consolidación de una política que atendiera las necesidades de niños, niñas y
adolescentes en la ciudad de Bogotá, surgió inicialmente como un esfuerzo por parte de diversos
actores que vieron materializada su preocupación por el posicionamiento de este tema, cuando en
el despacho del Alcalde Mayor de Bogotá se concentraron los esfuerzos por consolidar una serie
de políticas poblacionales; estas poblaciones que fueron escogidas para contar con su propia
política fueron infancia, mujer, juventud, familia y vejez. La importancia de contar con una política
poblacional es que se considera como objeto de intervención por parte del Estado y de la
sociedad, el conjunto de problemáticas que afectan a esta población y por lo tanto, evita la
fragmentación de las acciones y respuestas de tipo sectorial.

27. Paulatinamente, mediante la realización de encuentros con la ciudadanía, se concibieron unos
acuerdos de sentido en donde se reunían las aspiraciones de la comunidad en materia de infancia
y adolescencia. Adicionalmente, la manera de entender la problemática que afectaba de manera
contundente a niños, niñas y adolescentes de Bogotá, fue la clasificación de estas situaciones
como intolerables. Es importante señalar el énfasis que implica esto en la concepción de política
puesto que se considera que en la medida en que son situaciones intolerables requieren de una
atención inmediata y contundente con el fin de acabar con las mismas.
Los intolerables definidos como aquellas situaciones que una ciudad con las condiciones de Bogotá
no se puede permitir. Estos son: 1. Es intolerable que niños, niñas y adolescentes sufran o mueran
por causas evitables; 2. Es intolerable que niños, niñas y adolescentes padezcan hambre y 26
malnutrición; 3. Es intolerable que a niños, niñas y adolescentes los maltraten o los abusen
sexualmente; 4. Es intolerable que niños y niñas trabajen en vez de estudiar; 5. Es intolerable que
niños, niñas y adolescentes estén tan solos; 6. Es intolerable que niños, niñas y adolescentes sean
marginados por estar en situación de discapacidad
Como una forma de responder a estas situaciones intolerables se plantearon tres ejes
estructurantes que pretenden abarcar de manera integral la vida de niños, niñas y adolescentes
para responder a estas problemáticas de manera conjunta y entendiendo que en muchas
ocasiones los problemas tienen diferentes aspectos que pueden ser considerados como de igual
importancia, los ejes que serán presentados a continuación, deben ser entendidos como
interrelacionados e interdependientes, ya que de no hacerlo, se estaría quebrando la lógica de
integralidad que pretende implantar la política.
La importancia del planteamiento de la Política por la Calidad de Vida de Niños, Niñas y
Adolescentes es la prioridad que adquieren los derechos de ellos y ellas como propósito
fundamental de la política, ya sea debido a la garantía permanente de los mismos así como
también el hecho de llevar a cabo las acciones necesarias para restituirlos. En este sentido, el
hecho de la indivisibilidad, universalidad e interrelación de los derechos no establece los máximos
a los cuales deben llegar las acciones sino más bien los mínimos que deben ser alcanzados
mediante estas.
La política de infancia y adolescencia logra entonces ser aprobada y validada, inicia un curso de
acción para su implementación y se sucede un cambio de Gobierno distrital que avala la
continuidad de la misma y comprendiendo el ciclo de política convoca a las instituciones y mesas
competentes a realizar los ajustes y actualizaciones requeridos.
Reconociendo este avance tan significativo en la ciudad, se encuentra que la población víctima de
conflicto armado y en especial la población en situación de desplazamiento no es visibilizada y
reconocida como aparte estructura o intolerable la propuesta y con eso se fortalecen e inician una
serie de movilizaciones para sensibilizar e iniciar un curso de reconocimiento de las realidades e
impactos del desplazamiento en los niños, niñas y adolescentes en la ciudad.
En este documento se recogen así, las primeras exploraciones que en el proceso de ajuste de la
política se han venido trabajando, para tal fin se hace preciso reconocer los enfoques desde los
cuales el distrito inicia ese proceso de revisión y ajuste de su política de infancia y adolescencia
en reconocimiento de las afectaciones y acciones que requiere emprender para iniciar la
reparación y mejorar la calidad de vida de las poblaciones en tal situación.

28.
Los diferentes procesos de formulación e implementación de políticas, han dejado múltiples y
variados aprendizajes para la ciudad, para las organizaciones sociales y los grupos de población
que han colocado en las políticas la responsabilidad de ser instrumento de reconocimiento de sus
particularidades, realidades, situaciones y de exigibilidad de decisiones por parte del gobierno.
Respecto de las instituciones formales, los aprendizajes se han orientado a examinar la
importancia que los gobiernos han otorgado a las políticas como instrumento de relación y para la
atención de demandas de inclusión social y reconocimiento de derechos.
La política pública plantea una distribución diferente de lo existente; en especial y de manera
estructural, del poder y su relación con la distribución de los bienes o servicios y de estos en 27
atención a la materialización de los derechos individuales y colectivos teniendo en cuenta
contextos y territorios políticos y sociales.
Estudiando las relación entre política económicas y políticas sociales, se recomienda desde la SDIS
formular políticas que avancen de los conceptos de superación de la exclusión e integración social
forzada, proponga y active las ciudadanías en el cambio estructural, de organización y teoría del
estado centrado en el enfoque de derechos a favor de un goce efectivo de los mismos.
Así mismo, el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá
D.C. 2008 ‐ 2012 “Bogotá positiva: para vivir mejor” plantea como objetivo general afianzar una
ciudad en la que todas y todos vivan mejor. En la que se mejore la calidad de vida de la población y
se reconozcan, garanticen y restablezcan los derechos humanos. Una ciudad incluyente, justa y
equitativa, en la que la diversidad sea una oportunidad y la reconciliación, la paz y la convivencia
sean posibles. Una ciudad cuya construcción sea el resultado de un proceso permanente de
participación, en el que cada vez más personas se involucren en la discusión y decisión de los
asuntos públicos. Una Bogotá positiva que cuente con unas finanzas sanas y una gestión pública
efectiva y con servicios cercanos a la ciudadanía, convirtiéndose en un territorio de oportunidades
que contribuya al desarrollo de la familia, en especial de los niños y niñas en su primera infancia.
En este marco, la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) tiene como misión liderar el
diseño, la implementación, el seguimiento y la evaluación de políticas públicas dirigidas a mejorar
las condiciones de calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas de Bogotá, a través de la gestión
social integral que permita desde los territorios vivir una ciudad de derechos.
Bajo esta perspectiva y teniendo en cuenta que los niños, las niñas y los y las adolescentes de la
ciudad conforman uno de los grupos poblacionales más vulnerables y a su vez uno de los que tiene
mayor potencial estratégico para construir una sociedad de derechos, la SDIS ha venido
desarrollando acciones que garantizan el ejercicio pleno de los derechos de los niños, las niñas, los
y las adolescentes.
En el marco de la implementación de la “Política por la calidad de vida de niños, niñas y
adolescentes de Bogotá 2004‐2012”, la SDIS a través del Proyecto 0497 "Infancia y Adolescencia
feliz y protegida integralmente", desarrolla acciones dirigidas a niños, niñas y adolescentes de la
ciudad a través de distintas modalidades en las cuales se encuentran incluidas distintas
poblaciones y situaciones entre ellas las comunidades étnicas y los niños, niñas con discapacidad y
niños, niñas, adolescentes y sus familias afectados por conflicto armado, principalmente los
afectados por desplazamiento forzado.

29.
Reconociendo que Bogotá se constituyó en el segundo ente territorial con mayor recepción de
población desplazada en el país después de Antioquia, ha hecho frente a esta situación y de
manera conjunta con la nación ha venido generando estrategias de atención. Lo anterior, teniendo
en cuenta que el conflicto armado interno en Colombia ha durado por más de seis décadas
afectando a la población en general en términos de su dignidad, la garantía y goce efectivo de sus
derechos e involucrándola en las confrontaciones y convirtiéndola en sus víctimas. Esta situación
afecta de manera diferencial dependiendo del ciclo vital, la etnia y la situación. En este sentido las
poblaciones de niños, niñas, adolescentes, mujeres y grupos étnicos, son las más afectadas
convirtiéndolas en los grupos con mayores riesgos y a los que se les debe atender de inmediato.
28
Dentro de las situaciones que tienen como causas las acciones de los grupos armados en el marco
del conflicto interno, el desplazamiento forzado es la que ha tenido un impacto masivo generando
mayor afectación en las poblaciones.
El conflicto armado además de limitar el goce de sus derechos, consagrados en el Código de la
Infancia y la Adolescencia y la Convención de los Derechos del Niño; genera rupturas en los
vínculos afectivos, pérdida de la confianza básica, miedos, angustias, rencores, duelos, cambios en
el contexto y en la identidad, así como, dificultades para que las familias construyan los ambientes
de crianza y desarrollo que se requieren en ese momento de la vida.
Los niños y las niñas se preguntan por qué tuvieron que huir, por qué no pueden regresar al lugar
donde nacieron y donde pasaron sus primeros años, donde tenían espacio para correr y para
jugar, donde tenían perros, gatos, gallinas, caballos y vacas, donde vivían también otros familiares,
donde tenían amigos, donde comían lo que les gustaba, donde no había tantos carros y donde
todo era verde. Para ellos y ellas llegar a Bogotá, a una ciudad llena de gente desconocida, significa
tener que vivir en una habitación pequeña, no poder salir a la calle a jugar porque corren peligro,
no poder tener animales, cambiar sus hábitos alimenticios, comer alimentos a los que no están
acostumbrados y que sus padres deben pagar por éstos.
Los niños y niñas llegan a Bogotá sin las garantías necesarias para la realización de sus derechos,
sin una vivienda digna, proclives a ser separados de sus familias, con muchas dificultades para
acceder a los servicios básicos de recreación, salud, educación y vivir dignamente su niñez. La
guerra y el desplazamiento forzado les arrebata todos sus derechos, ofreciéndoles muy pocas
garantías de que en su nuevo hogar, recuperen todo lo perdido.
Para los niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto armado colombiano27, crecer en un
ambiente de guerra, donde las posibilidades y las garantías se reducen, les genera una serie de
afectaciones que es necesario atender a tiempo, en el aquí y en el ahora.
Afectaciones que para su intervención es fundamental saber interrogar e interpretar, teniendo en
cuenta la historia particular de cada niño y cada niña, su lugar de origen, su contexto familiar y
comunitario, sus comportamientos, sus maneras de expresarse y las representaciones de su propia
historia.
27
Ayuda memoria. Alcalde Mayor. Inauguración Jardín Laureles. Noviembre de 2010.

30. Ante esta necesidad y teniendo en cuenta que frente a esta problemática no existe una
aproximación clara de intervención desde “Política por la calidad de vida de niños, niñas y
adolescentes 2004‐20012”, se genera la obligación de fortalecer y diseñar lineamientos y procesos
de trabajo intersectorial que le apuesten a la atención diferencial y a la inclusión social de los
niños, niñas, adolescentes y sus familias víctimas de conflicto armado más allá de las acciones
sectoriales. Dado que existen en la ciudad pocas acciones diferenciales para la atención de este
ciclo vital con esta situación específica.
En consecuencia con lo anterior desde el marco del Plan de Desarrollo BOGOTA POSITIVA: PARA
VIVIR MEJOR , la SDIS como parte del Comité Distrital de Infancia y adolescencia y la mesa distrital
que impulsa la atención diferencial a niños, niñas y adolescentes, ha diseñado e implementado 29
lineamientos y acciones de manera intersectorial mediante el desarrollo de las siguientes
articulaciones:
1. Análisis y seguimiento a la Política de infancia y adolescencia mediante:
Análisis de la situación de niños, niñas y adolescentes víctimas de conflicto armado.
Caracterización de las afectaciones y de la problemática.
Identificación y comprensión de las afectaciones de niños, niñas en primera infancia a
partir de la caracterización realizada con familias, niños, niñas, maestras y servidores‐as
públicos.
Visibilización de la situación y de las afectaciones en espacios de discusión distrital como el
Consejo Distrital de atención a población desplazada, mesa de infancia y desplazamiento,
los encuentros desarrollados en el marco de la reformulación del PIU (plan integral único
para la población desplazada)
Establecimiento de una agenda de coordinación entre la Secretaría de Gobierno y la SDIS
con el fin de formular rutas de atención diferencial a niños, niñas en primera infancia.
2. Revisión de los servicios sociales actuales dirigidos a los niños, niñas. Coberturas, acciones,
presupuestos, mediante:
Construcción de rutas diferenciales de atención para niños, niñas y adolescentes.
Análisis de la respuesta institucional actual en relación a la situación de los niños, niñas y
adolescentes.
Diseño e implementación de acciones diferenciales para la garantía y restablecimiento de
los derechos de los niños, niñas en primera infancia.
Visibilización en los sistemas de información de las entidades de la necesidad de generar
información que permita formular indicadores de goce efectivo de derechos de los niños,
niñas y adolescentes.
Definición de la situación de los niños, niñas y adolescentes víctimas de conflicto armado
como un criterio para el acceso prioritario a los servicios.
Dentro de estas acciones diferenciales la SDIS a través de la implementación del Proyecto 497
“Infancia y adolescencia feliz y protegida integralmente” se propuso partir de la caracterización de
las afectaciones a los niños, niñas y adolescentes, sus familias, maestros, maestras y servidores,
servidoras públicas y diseñar e implementar líneas de acción con perspectiva diferencial, las cuales
se han venido desarrollando durante el 2009 y 2010. Entre ellas:

31. • Intervención pedagógica con niños, niñas en primera infancia afectada por conflicto
armado incluidos en las modalidades de ámbito institucional (jardines infantiles) y ámbito
familiar. El propósito es que los niños y las niñas en primera infancia avancen en la
elaboración de las afectaciones por el conflicto armado.
• Formación a familias y/o cuidadores. Tiene el propósito que tanto los miembros de las
familias y cuidadores fortalezcan y desarrollen capacidades y cuentan con herramientas
que favorezcan el desarrollo de los niños y niñas desde la gestación hasta los seis años:
Esta formación tiene como elemento el juego, a fin de mejorar la interacción, los vínculos
afectivos, y favorecer el desarrollo de los niños y niñas desde una crianza positiva como
espacios reparadores de las afectaciones de sus hijos, producidas por el conflicto armado. 30
• Formación a maestras y maestros. Los y las agentes educativas fortalecen los procesos
pedagógicos con niños y niñas afectados por el conflicto armado desde el enfoque
diferencial y de derechos.
• Formación a servidores y servidoras públicas que atienden a la población víctima de
conflicto armado en Bogotá. Tiene como propósito que las servidoras y los servidores
públicos reconozcan a importancia de su rol en la atención diferencial a familias y niños y
niñas en primera infancia afectados por el conflicto armado.
• Atención integral a niños, niñas y adolescentes mayores de seis años y menores de 18
años en vulneración de derechos, entre ellos y ellas los niños, niñas y adolescentes en
situación de desplazamiento e hijos e hijas de la población excombatiente residente en
Bogotá que se encuentra en proceso de reincorporación.
• Atención integral en ámbito familiar. Esta modalidad enfatiza su acción en la interacción
de los niños y niñas en primera infancia con sus padres, madres y adultos cuidadores
principales para fortalecer su función educativa y pedagógica en un contexto no
institucionalizado como lo es el hogar a fin de potenciar el desarrollo y generar
vinculación afectiva.
Con estas acciones y la construcción de estos lineamientos, hoy, en la Bogotá Positiva, se avanza
en el reconocimiento de la inclusión social como un enfoque para el diseño e implementación de
acciones con los niños, niñas y adolescentes afectados por el conflicto armado y sus familias, ya
que mediante ellas, se les reconoce como sujetos plenos de sus derechos, su perspectiva
diferencial, mediante la identificación de sus particularidades, necesidades y potencialidades y su
derecho a la participación como sujeto político.
No obstante, desde nuestro punto de vista, la ciudad tiene como reto fortalecer las siguientes
acciones:
Fortalecer la intersectorialidad para la atención integral con el fin de garantizar la inclusión
social.
Contar con un sistema de información distrital.
Continuar con el ajuste a la respuesta institucional del distrito a la situación de niños,
niñas víctimas de conflicto armado.

32. Continuar con el diseño e implementación de las acciones integrales institucionales
distritales en referencia al reconocimiento de las afectaciones identificadas por ciclo vital,
géneros, etnias, situación.
Mayor inversión en el recurso humano, principalmente en procesos de formación a
servidores y servidoras públicos para la sensibilización de la importancia de la visibilización
de las afectaciones a los niños, niñas y adolescentes para la atención diferencial.
31

33. 2. MARCO Y ENFOQUE CONCEPTUAL
2.1. Enfoque de derechos en la política pública
Las políticas públicas se inscriben en un marco de derecho internacional y nacional,
fundamentalmente en su Constitución, como carta de ordenamiento social y jurídico en el marco
del Estado Social de Derechos proclamado en 1991. Atender al enfoque de derechos en una
política pública implica que desde su formulación, implica que los derechos humanos son su
principal ordenador, que el marco de derecho es igualmente su frontera y que requiere integrar
los principios de los derechos para su formulación incluso la participación, transparencia y enfoque 32
diferencial.
El enfoque de derechos define que las personas son sujetos de derechos y no objetos de derecho
o receptores pasivos de las determinaciones y decisiones de otros. Encuentra su fundamento en la
dignidad humana, y pone de relieve los principios de igualdad, equidad y diversidad, como
derroteros de la acción pública. Concibe los derechos de manera integral, es decir que propende
por una concepción de derechos universales, interdependientes e indivisibles. Busca la
materialización de derechos de manera diferencial y positiva, desde la diversidad, el pluralismo y
la multiculturalidad.
Comprende en su acción que las obligaciones de los Estados frente a los Derechos Humanos
circunscriben a respetarlos, protegerlos y cumplirlos.
2.2. Enfoque diferencial
El reconocimiento de las personas, como sujetos que se reconocen y viven en sentidos diversos
invita a reconocer en todo el ciclo de las políticas públicas que el ser humano tiene un repertorio
de identidades, condiciones de existencia y modos de vida, por lo tanto, las políticas públicas,
deben aproximarse a comprender y buscar nuevas formas de interacción que aborden discursos y
prácticas transformadoras de la cotidianidad, respetuosas de la construcción de identidades y
subjetividades, reconociendo las necesidades, los intereses y las potencialidades de todas las
personas, para dinamizar su capacidad de asumirse de manera autónoma, consciente, reflexiva y
crítica de su propia vida.
El enfoque diferencial en el marco de las políticas públicas, busca a partir de actuar sobre las
desigualdades y sus consecuencias, reconocer la pluralidad de condiciones, situaciones y formas
de estar en la vida, conllevando al planteamiento de modificaciones en la valoración de
identidades, subjetividades y expresiones particulares e invitando a todas las personas a orientar,
recrear y configurar una concepción pública de la justicia que propicie el diálogo entre sujetos
diversos.
El enfoque diferencial permite visibilizar, identificar y reconocer condiciones y Situaciones
particulares y colectivas de fragilidad, vulnerabilidad, discriminación o exclusión de las personas o
grupos humanos, que requieren de acciones integradas de protección y restitución de los
derechos vulnerados, apuntando de manera inmediata a atender los daños causados y a

34. identificar y afectar los factores que causan o reproducen la discriminación, la desigualdad y la
exclusión.
Un enfoque diferencial permite evidenciar las condiciones y/o situaciones de desigualdad en
términos de inequidades que sustentan la necesidad de intervenciones que disminuyan las
condiciones de discriminación y modifiquen las circunstancias de vulneración. En este sentido el
enfoque diferencial, basándose en un principio de Equidad, busca lograr la igualdad real y efectiva
que reconozca la diversidad y la posible desventaja28.
Este enfoque se hace realidad mediante la adopción de medidas llamadas acciones afirmativas, las
cuales tienen su soporte constitucional en el inciso 2º del artículo 13 de la Constitución Política, 33
que obliga al Estado a promover las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptar
medidas a favor de grupos discriminados o marginados. La Corte Constitucional en sentencia C‐
371 de 2000 consideró que “con la expresión acciones afirmativas se designan políticas o medidas
dirigidas a favorecer a determinadas personas o grupos, ya sea con el fin de eliminar o reducir las
desigualdades de tipo social, cultural o económico que los afectan, o lograr que los miembros de
un grupo sobrepresentado, usualmente un grupo que ha sido discriminado, tengan una mayor
representación”. Las acciones afirmativas, establecen las garantías en cuanto a la igualdad de
oportunidades, lo que se traduce en tratos diferenciales con sujeción a los criterios de
razonabilidad y proporcionalidad29.
El enfoque diferencia implica el reconocimiento y potenciamiento de las capacidades y
oportunidades de los individuos, la activación de las ciudadanías, la cohesión y movilización social
y la autonomía para que el conjunto de la sociedad inicie caminos de transformación hacia la
inclusión y el goce efectivo de los derechos de todas y todos.
El desplazamiento forzado debe ser reconocido como una afectación diferencial en las poblaciones
y en los territorios, las categorías de análisis para aportar al ajuste de la política de infancia y
adolescencia deberán contener de manera diferenciada la categoría de ciclo vital, género y
orientación sexual, etnia, diversidad funcional (discapacidad), ciclo vital, ruralidad y
desplazamiento.
28
ACNUR, Elementos de análisis para una política pública de prevención, protección, y atención al desplazamiento interno
forzado con un enfoque diferencial, en Balance de la política pública de prevención, protección y atención al desplazamiento
interno forzado en Colombia, agosto 2002 - agosto 2004, Bogotá, diciembre 2004 Capitulo 2.
29
Sentencia C-371 de 2000, Corte Constitucional.

35. 3. SITUACION DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES EN DESPLAZAMIENTO EN BOGOTA
3.1. CONSIDERACIONES CAUSALES Y RIESGOS
ESPECIALES A CAUSA Y CONSECUENCIA DEL
DESPLAZAMIENTO FORZADO EN NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES
3.1.1.Consideraciones Causales. 34
Diferentes organizaciones nacionales e internacionales, entes de control y la Honorable Corte
Constitucional en la parte considerativa del Auto 251 de 2008 identificaron una serie de
situaciones e impactos diferenciales a las cuales los niños, niñas y adolescentes están expuestos en
el contexto del conflicto armado como causa y/o consecuencia del desplazamiento forzado.
Para efectos del presente documento nos referiremos especialmente a las consideraciones
realizadas por la Honorable Corte Constitucional y la síntesis realizada en el marco del ejercicio de
análisis de la situación realizado durante el segundo semestre de 2010 con las instituciones
responsables de implementar las acciones de prevención y atención a la población en situación de
desplazamiento en Bogotá.
En el documento presentado por la Honorable Corte Constitucional se especifican tres tipos de
factores causales de desplazamiento forzado que operan sobre los niños, niñas y adolescentes en
Colombia, los cuales para el caso de Bogotá, se ajustan así:
a) La dinámica del conflicto armado colombiano nos dice que los hombres jóvenes y adultos
son las mayores víctimas de asesinato, secuestros o desaparición forzada, por lo que las
víctimas del desplazamiento en su mayoría son mujeres, niños, niñas y adolescentes.
b) El conflicto armado produce impactos especiales sobre los niños, niñas y adolescentes en
lo que respecta a su salud, física y emocional.
c) Los niños, niñas y adolescentes se encuentran expuestos a riesgos especiales.
Las conclusiones a las que se llegó con el ejercicio de análisis de la situación con las instituciones
encargadas de implementar acciones de prevención y atención a la población en situación de
desplazamiento fueron las siguientes:
1. Se considera que el fenómeno del desplazamiento tiene causas estructurales que subyacen a la
realidad social, económica y política del país como la pobreza, inequidad, no reconocimiento de la
diferencia y el conflicto por la tierra.
2. Se evidencia que los factores que dan origen al desplazamiento en general se relacionan con
amenazas a la integridad personal y a la vida tales como violencia sexual, homicidios, masacres,
extorsión, desapariciones, torturas, expropiaciones de la tierra generalmente.

36. Todas las anteriores son la expresión del despliegue que hacen los actores armados de su
influencia territorial así como las estrategias de las que hacen uso para su ampliación.
3. Se reconoce la situación de desplazamiento como una consecuencia de la lucha en la que se ven
inmersos los actores armados. Esta lucha consiste en la búsqueda por obtener poder desde
diversos contextos, entre ellos el poder político, el poder económico y el poder social y el poder
cultural así:
• El poder político se refiere a la intención de los grupos armados de asumir funciones de
autoridad en los territorios por ellos controlados en los que además pretenden hacerse al
poder local mediante la cooptación de las instituciones locales. 35
• El poder económico se refiere a la acumulación de recursos materiales existentes en el
territorio pudiendo con esto regular los mercados locales mediante el abuso de la posición
dominante.
• El poder social se refiere a la regulación de las relaciones sociales en el territorio y
• El poder cultural se refiere al control de las diferentes formas de expresión mediante
prácticas que coartan las manifestaciones culturales y artísticas de las comunidades.
Es así como podemos decir que el desplazamiento forzado encuentra su origen debido a la lucha
existente entre grupos armados en una determinada región por el control del poder político,
económico, social y cultural que se materializa en diferentes acciones llevadas a cabo por dichos
grupos armados con las que además se busca amedrentar a la población, entre ellas están las
masacres, el reclutamiento forzado, la expropiación de tierras, la violencia sexual y los
mecanismos de presión por los que la población se ve obligada a realizar acciones con las que no
está de acuerdo por miedo a ser sometidos a tratos humanos, crueles y degradantes.
3.1.2.Riesgos especiales a causa y consecuencia del
desplazamiento forzado en niños, niñas y
adolescentes
En el contexto de conflicto armado a causa y consecuencia del desplazamiento forzado los niños,
niñas y adolescentes en desplazamiento son quiénes por su condición se ven mayormente
expuestos a cierto tipo de riesgos, estos fueron explicitados por la Corte Constitucional a través
del Auto 251 de 2008, entre ellos se encuentran:
a) Riesgo de ser víctimas de crímenes individual y deliberadamente cometidos contra su vida e
integridad personal por los actores armados.
b) Riesgo de reclutamiento forzoso de menores de edad por los grupos armados ilegales que
participan en el conflicto armado colombiano.
c) Riesgo excesivo de ser víctimas de minas antipersonal (MAP) y municiones abandonadas sin
explotar (MUSE).
d) Riesgo de ser incorporados a los comercios ilícitos que sustentan a los grupos armados
ilegales: tráfico de drogas y trata de menores.
e) Riesgo de ser víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado
f) Riesgo de ser víctimas de persecución por las estrategias de control coercitivo del
comportamiento público y privado de las personas implementadas por los grupos armados
ilegales en extensas áreas del territorio nacional.

37.
En relación a los anteriores riesgos a los cuales se ven expuestos los niños, niñas y adolescentes en
situación se desplazamiento, vale la pena enfatizar el riesgo presentado frente a la situación de
reclutamiento forzado, lo cual no sólo implica que niños, niñas o adolescentes se vean obligados a
empuñar un arma a nombre de un grupo armado ilegal sino también todas las situaciones
relacionadas con el ingreso a dichos grupos. Sin embargo, existe el imaginarios según el cual el
ingreso de niños, niñas y adolescentes a estos grupos es voluntario, no obstante, esto es la
expresión de la realidad general en la que ellos y ellas viven y que les presenta esta como una
opción de vida ante un alternativa que les significa el acceso a recursos económicos, seguridad y
respetabilidad social asociada al porte de un arma. Muchas veces esto lo hacen sin dimensionar las
consecuencias de esta acción, entre las cuales están el abuso, la esclavitud y otros delitos y 36
violaciones de sus derechos sexuales y reproductivos. Esta violencia es en sí misma una causa
importante de desplazamiento.
Además del reclutamiento forzado, las organizaciones armadas ilegales que operan en el
territorio, causan desplazamiento forzado debido a la incorporación de niños, niñas y adolescentes
en otras actividades conexas a través de las que buscan financiar sus acciones bélicas, entre ellas
están el tráfico de drogas y la trata de niños, niñas y adolescentes.
Adicionalmente existe el riesgo de sufrir las lesiones derivadas de la activación de una mina
antipersonal o municiones abandonadas sin explotar, lo cual se convierte en otro factor que
determina el que niños, niñas, adolescentes y sus familias se desplacen, sobre esta temática es
necesario profundizar en el estudio sobre su magnitud; el impacto que esto tiene en la población
es de público conocimiento debido a que frecuentemente estos artefactos bélicos se encuentran
en zonas de tránsito de la población particularmente de niños, niñas y adolescentes tales como
parques, caminos, zonas aledañas a escuelas, un efecto inmediato de esta situación es el
confinamiento de la población y posteriormente su desplazamiento, como una forma de evitar
una afectación física o para prevenir la repetición de un evento de este tipo al interior núcleo
familiar.
Adicionalmente, lo que se ha encontrado es que ante ciertas estrategias de control social de
conducta ejercida por parte de los grupos armados al margen de la ley, los niños, niñas
adolescentes y sus familias se ven obligados a desplazarse para evitar las represalias por no
cumplir con los códigos de conducta impuestos por estos grupos.

38. 3.2. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN SITUACION
DE DESPLAZAMIENTO FORZADO EN BOGOTA.
BREVE CARACTERIZACION.
3.2.1.Breve caracterización.
La caracterización del desplazamiento forzado en Bogotá que se presenta en esta sección tiene
como fuente principal el Sistema de Información de Población Desplazada (SIPOD) de Acción Social
debido a que es la fuente oficial utilizada en la definición e implementación de las políticas
públicas en el Distrito Capital. 37
De acuerdo con la información del Registro Único de Población Desplazada del Sistema de
Información de Población Desplazada SIPOD, de enero de 1997 a diciembre 31 de 2009 cerca del
10% de la población total de Colombia ha sido víctima del conflicto armado, anualmente más de
200.000 personas en promedio hacían parte del grupo de víctimas y casi el 40% de esta población
eran niños, niñas y adolescentes menores de 18 años, como puede apreciarse en la Grafica Nº 1.
Grafica Nº 1
Personas y hogares en situación de desplazamiento,
Colombia, enero de 1997 hasta 31 de diciembre del 2009
Hogares P ers onas
3.303.979
2.872.503
648.470 750.881
A 31 diciembre de 2008 A 31 diciembre de 2009
Fuente: Sistema de Información de Población Desplazada – SIPOD, de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación
Internacional ‐ Acción Social. Desde enero de 1997 hasta 31 de diciembre del 2009
Sin embargo, hay que resaltar que el desplazamiento tuvo una reducción durante el 2009 con
respecto al 2008. Según información de la Secretaría Distrital de Gobierno, esa disminución
debido a que el 60% de las personas que se declararon desplazadas ante la Personería Distrital en
el 2008, ingresó al Registro Único de Población Desplazada, mientras que en el 2009 este
porcentaje era de sólo el 52%, como se ilustra en la Grafica Nº 2.

39.
Grafica Nº 2 Personas y hogares en situación de desplazamiento,
Colombia, 2008 y 2009
Hogares Personas
409743
285946
38
101655 79587
2008 2009
Fuente: Sistema de Información de Población Desplazada – SIPOD, de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación
Internacional ‐ Acción Social. 2008 y 2009
Bogotá, se constituyó en la segunda ciudad con mayor recepción de población desplazada en el
país después de Antioquia, ya que recibió al 8,3% del total, que a diciembre de 2009 eran 274.376
personas; además, mensualmente llegaban a Bogotá en esta condición más de su promedio de
recepción mensual de población con esta situación superó las 3.000 personas como se ilustra en la
tabla Nº 1. Según el Sistema SIPOD, durante el 2009 en Bogotá se registraron 16.951 personas en
situación de desplazamiento, 21.879 menos que las que llegaron en el 2008, es decir, que en 2009
en promedio ingresaron a la Ciudad 47 personas por día30.
Según datos de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento Codhes, las
personas que llegan a Bogotá, son en su mayoría, procedentes de los departamentos de Tolima,
Meta y Cundinamarca. Estas se asientan, principalmente, en las localidades de Bosa, Suba y
Ciudad Bolívar.
Tabla Nº 1 Personas y hogares según departamento de expulsión,
departamento de llegada y departamento en el cual se presentó declaración,
Colombia, enero de 1997 hasta 31 de diciembre del 2009
EXPULSION RECEPCION DECLARACION
DEPARTAMENTO
Hogares Personas % Part. Hogares Personas % Part. Hogares Personas % Part.
ANTIOQUIA 125879 552402 16,72 120876 532837 16,13 121054 530539 16,06%
BOGOTÁ, D.C. 1.143 4.490 0,14 71.634 274.376 8,30 68.692 259.333 7,85%
BOLÍVAR 60958 277098 8,39 42161 188891 5,72 42956 192412 5,82%
CESAR 34433 168916 5,11 25240 131429 3,98 25349 132235 4,00%
CHOCÓ 40246 187787 5,68 21144 102054 3,09 21434 106090 3,21%
MAGDALENA 50564 247992 7,51 44017 216044 6,54 45717 224064 6,78%
VALLE DEL CAUCA 29496 137718 4,17 42795 197029 5,96 42305 195225 5,91%
Total Nacional 750.881 3.303.979 100 750.881 3.303.979 100 750.881 3.303.979 100
30
Cálculos elaborados por la Secretaría Distrital de Hacienda – Dirección Distrital de Presupuesto.

40. Fuente: Sistema de Información de Población Desplazada – SIPOD, de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación
Internacional ‐ Acción Social. Desde enero de 1997 hasta 31 de diciembre del 2009
Tal como se aprecia en la tabla Nº 2, la mayor participación de la población en situación de
desplazamiento que llega a la ciudad corresponde a población entre 0 y 17 años de edad, seguida
por población en edades adultas.
Tabla Nº 2
Composición etaria de la población en situación de desplazamiento,
Bogotá, enero de 1997 hasta 31 de diciembre del 2009
A diciembre A diciembre 39
Rango de edad Aumento % Part. 2009
de 2008 de 2009
0‐ 5 años 23.278 25.702 2.424 9,37
De 6 a 13 años 50.892 56.926 6.034 20,75
De 14 a 17 años 23.766 27.637 3.871 10,07
Total población 0 a 17 años 97.936 110.265 12.329 40,19
De 18 a 26 años 44.108 51.861 7.753 18,90
De 27 a 59 años 76.134 89.322 13.188 32,55
De 60 en adelante 11.920 14.183 2.263 5,17
ND 6.022 8.745 2.723 3,19
Total personas 236.120 274.376 38.256 100
Total hogares 61.921 71.634 9.713
Fuente: Sistema de Información de Población Desplazada – SIPOD, de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación
Internacional ‐ Acción Social. Desde enero de 1997 hasta 31 de diciembre del 2009
Con relación a la participación por sexo, los porcentajes no muestran mayor diferencia, los
hombres ostentan el 49% y las mujeres 51%. Los datos evidencian que son las mujeres (niñas,
adolescentes y adultas) y la población infantil quienes más llegan a la ciudad, hecho que puede
relacionarse con el hecho de que suelen ser quienes sobreviven a los episodios de violencia que se
dan en el marco del conflicto armado en Colombia. Frente a la distribución en la jefatura de los
hogares, ésta se reparte en un 52% para los hombres y 48% para las mujeres, sin embargo los
datos no revelan estos porcentajes con respecto a jefatura compartida o única
De otra parte, se tiene que el 10,6% de la población manifiesta pertenecer a algún grupo étnico ya
sea de afrocolombianos, indígenas o pueblo ROM El 1,37% de la población en esta situación
reporta tener algún tipo de discapacidad.

41. Graficas Nº 3 y 4
Personas en situación de desplazamiento, según discapacidad y etnia
Bogotá, enero de 1997 hasta 31 de diciembre del 2009
Pertenencia a grupo étnico en la población en Discapacidades en la población en situación de
situación de desplazamiento desplazamiento
256 184 216 Ceguera
Gitano(a) ROM
40 Mas de una discapacidad
7.314 232 464 367
Mudez
Indigena
14.696 258
Otra
6.852 Negro(a) o
Afrocolombiano(a)
2.008
Parálisis Inferior 40
Parálisis Superior
Raizal del Archipielago de
Retraso Mental
San Andrés y Providencia
Sordera
Fuente: Sistema de Información de Población Desplazada – SIPOD, de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación
Internacional ‐ Acción Social. Desde enero de 1997 hasta 31 de diciembre del 2009
3.2.2.Afectaciones diferenciales.
En el ejercicio de análisis de la situación en Bogotá realizado con las instituciones del Gobierno se
encuentra que las entidades del distrito capital reconocen en términos genéricos que toda clase
de población se desplaza en el territorio nacional por las situaciones causales mencionadas
anteriormente; sin embargo, también se evidencia que la población se afecta de formas
diferentes, para lo cual es importante reconocer su ciclo vital, sus identidades de género, sus
etnias y sus situaciones especiales. Es el caso de los desplazamientos familiares que están
compuestos principalmente de mujeres, niños, niñas, adolescentes y adultos mayores. Por otra
parte los desplazamientos individuales son fundamentalmente hombres que huyen del
reclutamiento forzoso y líderes comunitarios que son amenazados.
Esta referencia especial a las afectaciones nos introduce el ejercicio de análisis frente a las
afectaciones de los niños y niñas a causa del conflicto armado por desplazamiento forzado lo cual
se hizo manifiesta en el Auto 251 del 6 de octubre de 2008, proferido por la Corte Constitucional
dentro del seguimiento que se viene adelantando de las políticas públicas implementadas por las
autoridades nacionales y locales con miras a la “superación del estado de cosas inconstitucional
declarado en la sentencia T‐025 de 2004”. En este Auto, la Corte Constitucional se refiere
expresamente a la “Protección de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes
desplazados por el conflicto armado” porque: “Los niños, niñas y adolescentes colombianos en
situación de desplazamiento forzado son las víctimas más débiles e indefensas del conjunto de la
población desplazada por el conflicto armado en el país, y al mismo tiempo, son duramente
golpeados por crímenes y condiciones estructurales de existencia que escapan por completo tanto
a su control y su responsabilidad como a su capacidad de resistir o de responder, marcándolos de
por vida al incidir negativamente sobre su proceso de desarrollo individual.31
Dentro de estas argumentaciones las afectaciones diferenciales profundizan en esta población los
riesgos especiales antes mencionados y problemas transversales en distintos ámbitos críticos.
31
CORTE CONSTITUCIONAL, Auto 251 de 6 de octubre de 2008. Magistrado Ponente Manuel José Cepeda Espinosa, p.
2.

42. 3.2.2.1. Afectación diferencial. Primera Infancia en
desplazamiento
Con el conocimiento de los casos presentados, la Corte constató el impacto cualitativamente
diferencial y agravado del desplazamiento forzado para “un bebe, niño, niña” y lo explica de la
siguiente manera:
El paso apremiante del tiempo durante fases críticas del desarrollo…, que genera pérdida
irremediable de etapas fundamentales en su proceso de crecimiento. 41
La primera infancia, desde el nacimiento hasta los seis años es el fundamento del desarrollo
afectivo, emocional, cognitivo y social de cada persona. En esa medida los sucesos del conflicto
vividos en esta etapa del ciclo vital, repercuten en el resto de la vida de los seres humanos, en sus
capacidades, en las formas de relacionarse, de jugar, de aprender, de reconocer al otro y la otra,
en la esperanza, la afectividad, los vínculos y las emociones.
En este marco, la Secretaría Distrital de Integración Social, en asocio con el IDIE de primera
infancia de la OEI adelantó un ejercicio de caracterización de las afectaciones de niños, niñas y
adolescentes víctimas de conflicto armado en Bogotá, reconociendo este punto de partida para la
implementación de los procesos de formación a familias con niños, niñas en primera infancia
víctimas de conflicto armado, formación a maestras y servidores públicos, como la misma
intervención pedagógica con niños, niñas afectados por conflicto armado residente en la ciudad de
Bogotá.
La muestra para esta caracterización fue realizada en el 2009 con 193 Familias.135 en situación de
desplazamiento, 43 hijos e hijas de desmovilizados, 10 hijos, hijas o familiar de persona
desaparecida y 5 hijos, hijas o familiar de persona secuestradas. 53 agentes educativas. 31 madres
comunitarias de los hogares comunitarios de 4 Centros Zonales del ICBF y 22 maestras jardineras
de la SDIS. 15 servidores públicos 7 del nivel distrital y 8 de 4 públicos. En las localidades de: Bosa,
Ciudad Bolívar, Rafael Uribe Uribe y San Cristóbal de la SDIS. Dentro de la cual el 70% corresponde
a niños, niñas en primera infancia en situación de desplazamiento, el 22% a hijos e hijas en
primera infancia de población desmovilizada, el 5% de hijos e hijas en primera infancia de
desaparecidos y el 3% de hijos e hijas de secuestrados.
Entre los principales hallazgos encontrados en esta caracterización frente a las afectaciones de
niños, niñas en primera infancia en situación de desplazamiento se encuentran:32
• La procedencia de las familias caracterizadas en situación de desplazamiento en un nivel
alto provienen de los departamentos de Magdalena, Cundinamarca, Caquetá, Meta,
Tolima y Antioquia. En un nivel medio provienen del César, Guajira, Santander, Vichada,
Guaviare, Putumayo, Cauca, Huila y Valle del Cauca. En un nivel bajo provienen de los
departamentos de Atlántico, Chocó, Córdoba, Risaralda y Arauca.
32
Presentación. Afectaciones. OEI. 29 de Junio de 2010.

43. • Adaptabilidad a la ciudad el empleo y la vivienda. Solamente el 6% de las mujeres y el
18% de los hombres tienen un empleo formal; El trabajo informal es la principal fuente de
ingresos, desagregado por sexo se tiene que acceden a este tipo de trabajo el 48% en las
mujeres y el 47% en hombres. El desempleo afecta al 24% en hombres y el 26% en
mujeres.
• Escolaridad. De este grupo, la mayoría de hombres terminó la primaria, correspondiente
al 64%, y la mitad de las mujeres tenían primaria.
De las afectaciones derivadas del conflicto encontradas en la caracterización, en la que del total de
la muestra el 70% corresponde a niños, niñas y adolescentes en situación de desplazamiento, se 42
encontró que:
1. Afectaciones en el desarrollo de físico identificadas. Se encuentra que el 47% de los niños/as
presenta hiperactividad, siendo esta la principal afectación de su desarrollo físico seguida por
trastornos de la alimentación que sumadas sus prevalencias se encuentra en 38% de la muestra y
los trastornos del sueño que están presentes en cerca del 32% de la muestra.
2. Afectaciones en el desarrollo social identificadas: Se encuentra que en los niños, niñas y
adolescentes en situación de desplazamiento que los juegos bruscos y la agresividad están
presentes en 27% y 21% respectivamente. En este mismo sentido, los comportamientos que
mayor afectación presentan es el caracterizado como exceso de energía presente en 19% de dicha
población.
3. Afectaciones en el desarrollo cognitivo identificadas. Se encuentra que los niños, niñas
presentan dificultad para pronunciar la de mayor prevalencia con un índice de 5%.
4. Afectaciones en el desarrollo emocional identificadas. Se evidencia una gran vulnerabilidad de
los niños y niñas desplazados ya que el 20% demanda afecto y el 16% presenta temor.
Así mismo en el marco de esta caracterización se realizo un análisis frente a las categorías de
derecho, encontrando lo siguiente:
• De las cuatro categorías de derechos, el derecho a la vida asociado a la salud es el de mayor
garantía.
• Para los niños y niñas que tienen garantizado el derecho a la educación inicial se materializan
otros derechos como nutrición y juego.
• Los derechos de ciudadanía están vulnerados, por la escasa, participación y el poco
reconocimiento de los niños y niñas como sujetos activos y desde particularidades de etnia y
cultura.
• Los derechos de ciudadanía están vulnerados, por la escasa participación y el poco
reconocimiento de los niños y niñas como sujetos activos y desde particularidades de etnia y
cultura.
• Los derechos a la protección de ninguna manera están relacionados con conflicto armado.

44.
En conclusión, es importante reconocer que los niños, niñas y adolescentes se encuentran en
etapas críticas de su formación y desarrollo, la ruptura que produce el conflicto armado en los
ciclos vitales es irreversible, y esta afectación es permanente por lo que a medida que pase el
tiempo sin superar el estado de cosas inconstitucional, la vulneración de derechos se mantiene,
por lo que para evitar al máximo los daños irreversibles que se producen en los procesos de
desarrollo del ciclo vital es necesario agotar esfuerzos para generar estrategias de atención
diferencial a niños, niñas y adolescentes.
3.2.2.2. Afectación diferencial. Niñez y adolescencia en
43
situación de desplazamiento.
Los niños, niñas y adolescentes en desplazamiento se ven afectados por problemas transversales
diferenciados comunes a la niñez… tales como (maltrato, explotación, mendicidad, utilización
comercios ilícitos, hambre y desnutrición, problemas de salud por condiciones ambientales y
precariedad de la respuesta estatal, problemas de índole psicosocial, problemas en el campo de la
recreación, problemas graves en el ejercicio de sus derechos como victimas particularmente
indefensas del conflicto armado ” y reconoce la primera infancia como ámbito critico del
desarrollo.
La Honorable Corte Constitucional encuentra entre las afectaciones:
• Falta de protección física en lo que refiere a los diversos tipos de maltrato (Violencia, trata,
mendicidad y vida en calle), la utilización en comercios ilícitos, el control social por parte de los
actores armados y la presencia de pandillas en sus lugares de asentamiento.
• Hambre y desnutrición.
• Problemas en el ámbito de la salud, tanto por los generados por la alimentación como los que
refieren a la respuesta del Estado en la atención.
• Falta de cobertura, acceso, permanencia, flexibilidad y adaptabilidad al sistema educativo.
• Problemas de índole psicosocial.
• Problemas en la garantía de la recreación
• Problemas relacionados a la participación y a la organización
• Discriminación de los ámbitos extra escolares (institucionales, sociales y comunitarios)
• Problemas en el ejercicio de los derechos que los niños, niñas y adolescentes tienen por el hecho
de ser víctimas del conflicto armado.
• Invisibilidad.
• Destrucción de las estructuras familiares.
A continuación se presenta una síntesis general de las anteriores afectaciones: los niños, niñas y
adolescentes sufren un impacto desproporcionado y diferencial debido al desplazamiento forzado
al que son sometidos fundamentalmente desde dos esferas de análisis, la primera tiene que ver
con que el desplazamiento trunca su proceso de desarrollo y hace que el paso del tiempo en
etapas críticas de su desarrollo no sea aprovechado de manera tal que la vida de los niños, niñas y
adolescentes puedan continuar con su desarrollo esperado.

45.
Así mismo el entorno social en el que se desenvuelven niños, niñas y adolescentes se ve afectado
también tanto desde los espacios de socialización directos desde los que participan, como de los
espacios generales de ámbitos de socialización. Esto implica, por una parte, que la protección de la
cual deben ser sujetos por parte de su familia se ve menoscabada debido a la situación por la que
los adultos que hacen parte de su grupo familiar están pasando, lo cual lleva que a que se
presenten situaciones como el desmembramiento del grupo familiar por cuenta del evento
generador del desplazamiento, a que los roles de cada uno de los miembros de la familia se vean
desdibujados quebrando con esto la dinámica familiar así como la unidad de la misma. Este nivel
es de especial importancia por cuanto la familia es el primer referente de socialización de niños,
niñas y adolescentes llevando a que sus patrones de relacionamiento social sean alterados de 44
forma definitiva.
El segundo nivel de la socialización se refiere a la invisibilidad a la que son sometidos los niños,
niñas y adolescentes frente a las instancias estatales que son responsables por la protección,
garantía y restablecimiento de sus derechos, implicando con esto que las estrategias empleadas
por las instancias gubernamentales no puedan atender adecuadamente sus necesidades debido a
que no las conocen de forma integral. Esto tiene como consecuencia directa que los programas no
atiendan las necesidades de las personas y que a su vez, esa invisibilidad les impida acceder a
programas que si bien no están especialmente diseñados para atender sus necesidades, también
implican la garantía de sus derechos.
Adicionalmente se encuentran algunos problemas transversales diferenciados que afectan
seriamente a niños, niñas y adolescentes en situación de desplazamiento.
El primero de estos problemas transversales es la desprotección física a la que se ven sometidos
niños, niñas y adolescentes ante diversas amenazas presentes en los sitios de reasentamiento,
debido a que sus circunstancias de vulnerabilidad manifiesta hace que sean objeto de diversas
situaciones que atentan contra sus derechos de manera importante tales como el abuso sexual,
violencia intrafamiliar, maltrato, trabajo infantil, reclutamiento forzoso, trata de personas,
habitación en calle e incorporación a grupos ilegales tales como pandillas y grupos delincuenciales.
Es importante resaltar que es la situación de desplazamiento la que tiene una importancia
preeminente en el hecho de que estos niños, niñas y adolescentes puedan ser víctimas de estas
circunstancias.
El segundo problema transversal al que se ven abocados niños, niñas y adolescentes es la falta de
alimentación suficiente de acuerdo con sus necesidades causando con esto serios problemas de
desnutrición tanto global como crónica evidenciando con esto una carencia sostenida en el tiempo
que tiene serias consecuencias sobre todas las dimensiones de la vida de niños y niñas
principalmente puesto que ante la falta de nutrición adecuada sus organismos no pueden
desarrollarse adecuadamente afectando con esto su dimensión corporal y cognitiva. Sin embargo,
la nutrición inadecuada también está asociada a la aparición de varias enfermedades que también
tienen serias consecuencias, tal como la anemia que impide un normal funcionamiento de todo el
organismo, situación que reviste de particular gravedad en las adolescentes en estado de
embarazo que tienen anemia puesto que no sólo está en peligro la vida de la adolescente en
cuestión sino también la salud del niño o niña en gestación.

46. En concordancia con el cuadro anteriormente descrito, se encuentra el tercer problema
transversal de niños, niñas y adolescentes en situación de desplazamiento, las serias deficiencias
en el campo de la salud. Esto significa que la salud de esta población se ve seriamente afectada
por causa del desplazamiento del cual son víctimas por cuanto no cuentan con una atención en
salud adecuada, en muchos casos por la situación misma del desplazamiento (insalubridad,
hacinamiento, falta de acceso a agua potable) causando serias enfermedades tales como cuadros
de Enfermedad Diarreica Aguda – EDA – e Infecciones Respiratorias Agudas – IRA – entre los
cuadros más típicos, así como también enfermedades dermatológicas, entre otras.
Por otra parte, también está el problema de la oferta de servicios de salud que no satisfacen las
demandas de esta población y en los cuales el acceso muchas veces se ve restringido debido a la 45
dinámica misma del sistema según el cual, los subsidios condicionados a la demanda se asignan de
acuerdo al municipio de residencia, con lo cual la población en situación de desplazamiento sufre
de un impedimento importante por el hecho mismo de no haber sido censado por el SISBEN en el
municipio receptor, creando barreras de acceso muchas veces infranqueables para su atención
causando con esto que las familias acudan a otro tipo de tratamientos de dudosa efectividad
científica poniendo a su vez la salud de niños, niñas y adolescentes en situación de alto riesgo.
El cuarto problema transversal diferenciado de niños, niñas y adolescentes en situación de
desplazamiento son los que tienen que ver con el sistema educativo, en el cual existen ciertas
barreras tanto formales, como informales. Por una parte, la desescolarización de la son objeto en
el momento mismo de su desplazamiento y los impedimentos posteriores a los que se tienen que
enfrentar niños, niñas y adolescentes y sus familias debido a que no cuentan con el documento de
identificación original, debido al desplazamiento, requisitos de edad, académicos o plazos estrictos
para el cumplimiento de las obligaciones frente al colegio inclusive de tipo económico. Aún
cuando se logran superar todas estas barreras el desafío es mantener a estos niños, niñas y
adolescentes en el sistema escolar; la deserción se da por diversos motivos entre los que se cuenta
la extraedad que afecta a muchos de estos niños, niñas o adolescentes causando rechazo o
discriminación por parte de sus compañeros de aula, bajo rendimiento académico, la falta de
atención suficiente por parte de las instituciones frente a su grave situación causada por el
desplazamiento, entre otros.
Las afectaciones de índole psicosocial que surgen por causa de la situación que tienen que
enfrentar muchas veces solos o con la ayuda de adultos que también están sometidos a
vulneraciones importantes también son un problema transversal diferenciado por cuanto su
desarrollo psicológico se ve truncado debido a que tienen que asumir de manera temprana roles
que no se corresponden con su edad, es decir, roles adultos muchas veces con un componente
adicional de trauma que genera barreras importantes en la vida adulta, no sin antes afectar sus
patrones de socialización en las comunidades receptoras.
Finalmente, se encuentran por una parte la imposibilidad de acceder a oportunidades adecuadas
de recreación como un problema transversal por cuanto la situación de desplazamiento impide de
manera contundente que se use el juego como un mecanismo de socialización y de exteriorización
de la situación traumática que tuvieron que enfrentar, además de que la ausencia estos espacios o
de su cooptación por parte de otros actores que pueden poner en riesgo sus vidas o su integridad,
afecta de manera definitiva el derecho a la recreación. Por otra parte, el derecho a la participación
de niños, niñas y adolescentes en la definición de los procesos que les incumben de manera
directa o indirecta también se ve afectado debido a que sus voces se consideran irrelevantes en las

47. determinaciones de tipo político o administrativo e inclusive al interior de sus propias
comunidades.
4. APUNTES PARA EL AJUSTE DE LA POLITICA DE INFANCIA Y
ADOLESCENCIA EN RECONOCIMIENTO DE LAS AFECTACIONES
DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES VÍCTIMAS DE CONFLICTO
ARMADO EN EL VECTOR DE DESPLAZAMIENTO FORZADO EN
BOGOTA.
46
En este apartado a manera de apuntes se espera presentar algunas de las apuestas a las que se ve
avocada la Nación como el distrito a fin de garantizar el goce efectivo de derechos de la población
en situación de desplazamiento forzado, con énfasis en Bogotá. Estos apuntes tienen su principal
sustento en la experiencia de la Secretaría Distrital de Integración Social en espacios de
articulación interinstitucional como la participación de la Subdirección para la infancia de la misma
entidad en los diferentes escenarios (consejo, mesas, comités) para la implementación de la
Política Distrital para la atención a la población desplazada, los desarrollos obtenidos en el marco
del convenio de primera infancia e inclusión relacionados con el tema, los conceptos adquiridos
en el marco del diplomado de Política Local de infancia y adolescencia y la base conceptual,
normativa y política a nivel nacional como distrital que se ha venido desarrollando a partir del
recocimiento de la situación problemática como de las acciones para la prevención y atención
integral de la población desplazada, tanto a nivel nacional como de la ciudad.
Por lo anterior se parte de reconocer el avance normativo y de Política con el que cuenta Colombia
para la implementación de acciones a fin de garantizar la prevención y la atención integral a la
población en desplazamiento forzado, tanto así que desde 1997 se promulga la Ley 397 como un
marco normativo general y sus diferentes alcances, los cuales le proporcionan un marco general
de Política para la implementación de acciones con la población en situación de desplazamiento,
se le brindan responsabilidades a nivel nacional y territorial y se crean las instancias de
coordinación para la materialización de la Política, desde un enfoque de derechos.
No obstante y dada la situación por parte de las entidades nacionales y territoriales frente al
estado de cosas inconstitucionales frente a la población, la Corte Constitucional ha tenido que
darle alcance a la Ley 387 de 1997, mediante la expedición de la Sentencia T‐025 y sus autos
reglamentarios, a partir de los cuales se reconoce la perspectiva diferencial por ciclo vital, genero,
etnia y situación de discapacidad y avoca a las entidades para el diseño e implementación de la
respuesta institucional teniendo como referencia este enfoque.
Los apuntes relacionados a continuación se presentan en dos líneas, la primera en relación con las
reflexiones y recomendaciones generales a nivel nacional los cuales no tienen mayor desarrollo,
dada la limitación de información frente a los mismos y la segunda en relación con la apuesta
Politica en el marco del análisis y seguimiento de la Política distrital “Por la calidad de vida de
niños, niñas y adolescentes” 2004‐ 2012 que se encuentra realizando el Comité Distrital de
infancia y adolescencia con el liderazgo de la Secretaria Distrital de Integración Social como
Secretaria Técnica de este espacio en articulación con las entidades distritales responsables del
diseño e implementación de las políticas relacionadas con desplazamiento forzado en el distrito

48. como son la Secretaría de Gobierno, la Secretaría Distrital de Salud, la Secretaría Distrital de
Educación, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, entre otras.
Por lo anterior se dará mayor énfasis a los apuntes y reflexiones de carácter territorial, dado el
objetivo del documento. Ejercicio que como se menciona se ha tenido la posibilidad de estar más
cerca de sus desarrollos y limitaciones.
Se anota que los apuntes y recomendaciones referidos frente a la normativa y aspectos de política
nacional relacionados a continuación tienen un nivel de incidencia desde lo territorial limitado, sin
embargo nos parece oportuno mencionarlos dado que entendemos que en el marco de la
implementación de las políticas territoriales referidas a la población desplazada tienen su origen 47
principal en los desarrollos que desde allí se generen y son tomados como lineamientos por parte
de los entes territoriales, los cuales en algunos casos acogen dichas políticas sin tener en cuenta
sus contextos particulares.
Algunos apuntes, reflexiones y recomendaciones relacionados
con la Política Nacional
A continuación mencionamos algunas de los apuntes, reflexiones y recomendaciones relacionadas
con aspectos de reconocimiento de la situación problemática, articulación institucional e
interinstitucional, reorganización de las instituciones y vinculación de la sociedad civil como
corresponsable de la situación, entre ellas:
Situación Problemática
Desarrollar metodologías participativas permanentes de lecturas de realidad frente a la
situación de conflicto armado en su vector de desplazamiento forzado que logre
identificar la variabilidad existente entre las poblaciones, los territorios y sus niveles de
afectación con el propósito de hacer concretos los principios del enfoque diferencial.
Suscitar reflexiones y compromisos para agenciar el fenómeno del conflicto armado como
tema de interés común donde una ciudadanía informada y activa exija al Estado cumplir
su función como garante de los derechos humanos y agente regulador en la disposición y
valoración del interés general.
Articulación institucional e interinstitucional
Definir un horizonte de sentido que tomando en cuenta las proyecciones de la sociedad en
su conjunto, demarquen una mirada ético‐político que en acciones desde la alteridad
movilicen cambios en la cotidianidad, las instituciones nacionales y las relaciones y
mecanismos de cooperación internacional.
Fortalecer la institucionalidad y los procesos de descentralización, con una revisión de las
implicaciones que para la arquitectura institucional representa la gestión y acciones de
prevención y atención de agencias presidenciales.

49. Revisar los mecanismos relacionados con la Subsidiariedad, complementariedad entre el
nivel local, distrital y nacional para la prevención y atención integral de la población con
énfasis en infancia y adolescencia y/o desarrollar nuevos.
Instar a una nueva gestión pública que siga en su orientación procesos para la atención
integral, de carácter participativo y restaurativo de los derechos conculcados a las
personas en el conflicto armado. La actuación bajo principios de justicia y equidad para la
reparación integral y la garantía efectiva del derecho a la igualdad en reconocimiento de
las particularidades y singularidades de las afectaciones del conflicto armado por ciclo
vital, genero, discapacidad, y origen y reconocimiento étnico. 48
Reorganizar la arquitectura institucional en el tema de desplazamiento forzado y dotarlo
de recursos para una operación con seguimiento de los principios del enfoque de
derechos.
Corresponsabilidad
Sensibilizar, informar y formar al conjunto de la sociedad en la comprensión histórica,
política, económica, social y cultural del fenómeno del conflicto armado en Colombia y en
Bogotá.
Movilizar una re‐organización de las instituciones del Estado que sobre derecho realice
una efectiva prevención del desplazamiento forzado así como un análisis y una
comprensión de los factores estructurales relacionados con el mismo.
Comprometer a cada actor e instancia social en la construcción de una nueva gestión de lo
público, que sobre éticas públicas y cohesión social establezcan y ejerzan control social
sobre lo dictado por la Corte Suprema para la prevención, atención, restitución,
restablecimiento y reparación jurídica, administrativa y social de las víctimas. Y En
reconocimiento por parte de la sociedad de sus responsabilidades en la tragedia
humanitaria que ha afectado el país por décadas.
Activar núcleos de trabajo entre agencias y el sistema jurídico, parlamentario y
gubernamental en la continuidad de investigación y desarrollo de marcos jurídicos que
hagan vigente el enfoque de derechos y el enfoque diferencial en el tratamiento de las
situaciones de desplazamiento forzado.
Activar las ciudadanías para exigir al Estado la reparación de los daños causados, el
conocimiento de la verdad y la garantía de no repetición de los hechos.

50. Algunos apuntes, reflexiones y recomendaciones relacionados
con la Política Distrital de infancia y adolescencia en Bogotá
Bogotá se reconoce como el segundo ente territorial receptor de población en situación de
desplazamiento. Esta realidad aboca a la ciudad a plantearse la atención integral con perspectiva
diferencial a la población en situación de desplazamiento, sin desconocer que en el marco de la
implementación de la Política distrital a través de los planes únicos de atención y sus metas
particulares, las entidades del Gobierno Distrital realizan diferentes acciones y coordinaciones en
los diferentes espacios diseñados para ello; sin embargo, los niños, niñas y adolescentes no son
sujetos prioritarios de estos procesos ni visibles en estos espacios y dichas las acciones se orientan
generalmente a los adultos. 49
Se considera que la perspectiva de los derechos esta presente en el diseño e implementación de
estas acciones, aunque aún está en proceso de materializar las formas mediante las cuales se
garantizará la atención de los niños, niñas y adolescentes en un marco de Política que impulse al
diseño e implementación de acciones a partir del reconocimiento de sus particularidades,
necesidades, potencialidades y diversidades.
Por ello, si bien la formulación y la implementación de la Política por la Calidad de Vida de Niños,
Niñas y Adolescentes de Bogotá 2004‐2012 ha generado avances significativos en la
materialización de los derechos para la población infantil y adolescente de la ciudad; se hace
necesario conocer, reconocer y atender de manera integral y diferencial a las niñas, los niños, los y
las adolescentes, porque su condición de víctimas directas o indirectas y por la etapa de desarrollo
en que se encuentran, además por la aplicación obligatoria que se debe dar a lo dispuesto en la
normatividad internacional, nacional y distrital , así como también a los fallos proferidos por la
Honorable Corte Constitucional, con énfasis en el auto 251 de 2008, referido a la atención
diferencial a los niños, niñas y adolescentes en desplazamiento.
A partir de este reconocimiento institucional y ante esta necesidad situación, teniendo en cuenta
que frente a esta problemática no existe una aproximación clara de intervención desde es visible
en el actual documento de “Política por la calidad de vida de niños, niñas y adolescentes 2004‐
2012”, se genera la obligaciónnecesidad de fortalecer y diseñar lineamientos y procesos de trabajo
intersectorial que le apuesten a la atención integral diferencial y a la inclusión social de los niños,
niñas, adolescentes y sus familias en situación de desplazamiento que vayan en transito de lo
sectorial a lo poblacional, dado que se considera una vez revisada la respuesta institucional de
Bogotá que existen en la ciudad pocas acciones integrales con perspectiva diferencial para la
atención de este ciclo vital con esta situación específica.
En consecuencia con lo anterior desde el Conscientes de esto, marco del Plan de Desarrollo dentro
de la BOGOTA POSITIVA: PARA VIVIR MEJOR y en el marco de una ciudad de derechos e
incluyente, la SDIS como parte del Cen el marco del comité Distrital de Infancia y adolescencia y la
mesa distrital que impulsa la atención integral y diferencial a niños, niñas y adolescentes, le Comentario [u1]: Tal vez sea
importante mencionar con nombre propio la
apuesta a la visibilización de los niños, niñas y adolescentes en situación de desplazamiento con el mesa distrital relacionada con el tema.
propósito de aportar en el análisis de la Politica, así como con el posicionamiento en la agenda
pública del distrito de la situación problemática a fin de fortalecer y se propuesto diseñarr e
implementarr lineamientos y acciones con enfoque poblacional a partir del reconocimiento y

51. comprensión de las afectaciones a causa y consecuencia del desplazamiento forzados de los niños,
niñas y adolescentes con énfasis en la primera infancia.
Se reconoce que es en este escenario como eje articulador de las acciones sociales y de política
frente a la situación problemática, ya que desde allí en donde se generan el diseño e
implementación de las acciones y los enfoques fin de garantizar los derechos de los niños, niñas y
adolescentes víctimas del desplazamiento forzado e impulsar las asignaciones presupuéstales en
los escenarios diseñados en la ciudad en la ciudad para tal fin.
Por lo anterior, gestar las bases de la articulación de la gestión pública en torno a la problemática
y/o afectaciones que enfrentan los niños, niñas y adolescentes producto del desplazamiento 50
residentes en Bogotá, requiere del diseño de lineamientos de política publica en la política distrital
de infancia y adolescencia, que desde el reconocimiento de la problemática específica de los
niños, niñas y adolescentes en desplazamiento, incidan en la agenda del Estado a partir de
procesos de participación ciudadana, rendición de cuentas por parte del gobierno y control social,
en escenarios ya establecidos para esta visibilización, entre los que se encuentran el Consejo
Distrital de atención a población desplazada, la mesa especifica para niños, niñas y adolescentes
en desplazamiento forzado, los comités, entre otros, dado que existe participación de los garantes,
los implicados y las victimas.
Bogotá ha avanzado en algunos aspectos frente al análisis de la situación problemática, la
visibilización de las afectaciones, la producción de documentos a partir de la caracterización de las
afectaciones de los niños, niñas y adolescentes, ha generado algunas líneas de acción para la
atención integral con perspectiva diferencial y tiene una apuesta política relativamente clara
frente al enfoque, no obstante existen algunos apuntes, reflexiones y recomendaciones, las cuales
queremos exponer a continuación, estas no agotan bajo ninguna circunstancia esta discusión.
Por lo anterior consideramos que es necesario:
1. Generar consensos entre los garantes frente a los principios orientadores para el diseño y
atención integral con perspectiva diferencial a niños, niñas y adolescentes a nivel distrital,
dado que existen lineamientos y principios orientadores a nivel nacional que son
necesarios revisar, acoger y adaptar a la ciudad a la luz de la comprensión de la situación y
de los contextos particulares en donde transcurre la vida de la población infantil en
desplazamiento, la cual se ve enfrentada a nuevas relaciones y adaptaciones.
2. A partir de la identificación de los escenarios de incidencia política, se hace necesario
fortalecer y visibilizar en la agenda pública la prioridad que tienen los niños, niña y
adolescentes en desplazamiento frente a la garantía de sus derechos de prevención,
restablecimiento y garantía, así como las afectaciones particulares producidas por el
desplazamiento en la vida de los niños, niñas y adolescentes con base en el artículo 38 de
la Convención sobre los Derechos del Niño, como punto de partida para el diseño e
implementación de acciones.
3. Fortalecer el diseño e implementación de acciones integrales y diferenciales para la
garantía y restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, teniendo

52. como referencia el interés superior, su condición como sujeto de derechos, sus
particularidades, diferencias y potencialidades, y su participación como sujeto político.
4. A partir de los desarrollos en los principios constitucionales, la normatividad y los
referentes conceptuales frente al tema, es necesario fortalecer los espacios existentes de
coordinación institucional en el discusión, análisis y diseño e implementación de acciones
con niños, niñas y adolescentes en desplazamiento forzado, retomando los desarrollos
obtenidos en las diferentes mesas y entidades, tales como documentación, hallazgos,
análisis y apuestas, a partir de la revisión de un transito de la prestación de servicios a la
garantía de los derechos y de la generación de espacios y rutas de articulación real entre 51
los garantes.
5. Establecimiento de una agenda de coordinación entre los garantes a fin de formular e
implementar acciones, con énfasis en niños, niñas y adolescentes en desplazamiento
forzado.
6. Visibilizar el diseño de las acciones integrales y diferenciales a los niños, niñas y
adolescentes más allá de la política distrital de infancia y adolescencia, la cual se deberá
articular a la Política Distrital de desplazamiento en relación con el ciclo vital y se
materializará a través de la apuesta que Bogotá viene discutiendo en la reformulación del
PIU para la ciudad.
7. Fortalecer los mecanismos de interlocución con el nivel nacional para acordar
perspectivas de la situación y acciones a desarrollar, con énfasis en infancia y
adolescencia, dado los desarrollos en materia de diseño e implementación del programa
nacional “Mis derechos primero” para la atención diferencial a niños, niñas y adolescentes
en desplazamiento.
8. Profundizar el conocimiento de la situación de la problemática a partir de la adecuación de
sistemas de información que den cuenta de la misma como de la generación de procesos
de seguimiento, monitoreo y evaluación de las acciones, teniendo como referencia la
formulación de indicadores en clave de garantía de derechos.
9. Impulsar el diseño e implementación de un un sistema único de registro de niños, niñas y
adolescentes de información de las actuaciones del sistema de garantes, que de cuenta de
la promoción, garantía y restablecimiento de los derechos, multisectorial a fin que todas
las entidades reporten sus acciones y pueda dar cuenta de lo local, distrital y nacional.

53.
BIBLIOGRAFIA
A
ACNUR, Elementos de análisis para una política pública de prevención, protección, y atención al 52
desplazamiento interno forzado con un enfoque diferencial, en Balance de la política pública de
prevención, protección y atención al desplazamiento interno forzado en Colombia, agosto 2002 ‐
agosto 2004, Bogotá, diciembre 2004 Capitulo 2.
Acción Social. Sistema de atención a la Población desplazada. Marzo de 2010.
Ardila, C (1996). La cosecha de la ira. Ed Arcan. Bogotá.
Auto 251 del 2008. Corte Constitucional Protección de los derechos fundamentales de los niños,
niñas y adolescentes desplazados por el conflicto armado.
C
CODHES (1999). Un país que huye. Desplazamiento y violencia en una nación fragmentada.
UNICEF. Colombia.
Conferencia Episcopal de Colombia (1995). Derechos Humanos. Desplazados por violencia en
Colombia. Investigación sobre “Derechos Humanos y Desplazamiento Interno en Colombia”.
Santafé de Bogotá. p. 37
Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Articulo 7.
Convención Internacional de los derechos de los niños y las niñas.
D
Defensoría del Pueblo (1996). Niñez y sus derechos. Impacto del conflicto armado sobre la vida de
los niños, niñas y adolescentes.
F
Fundación Social. Documento borrador del PIU 2010.
I
ICBF- ACNUR Directriz para la atención diferencial de niños, niñas y adolescentes en situación de
desplazamiento. 2010.

54. L
Ley 387 de 1997
M
53
Molano, A (2001). “Desterrados” en Éxodo, Patrimonio e Identidad. V Cátedra Anual de Historia
Ernesto Tirado Restrepo. Museo Nacional de Colombia. Bogotá
N
Naciones Unidas (1998). Recopilación de Instrumentos Internacionales. Centro de Derechos
Humanos. Nueva York. p. 296
O
Oller, J.R (1995). El Largo Éxodo de los Refugiados y Desplazados. Intermón. Barcelona. p. 7
Organización de Estados Iberoamericanos- OEI- Marco Normativo afectaciones, 2009
Organización de Estados Iberoamericanos. Caracterización de niños, niñas en primera infancia
víctimas de conflicto armado. 2010.
Organización de Estados Iberoamericanos. Propuesta de lineamiento de Política para la atención
diferencial a niños, niñas en primera infancia en Bogotá.
P
Plan de desarrollo 2010-2014 “Prosperidad para todos, más empleo, menos pobreza y más
seguridad” Documento Borrador.
Política por la calidad de vida de niños, niñas y adolescentes 2004-2012 Bogotá.
Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre derechos humanos en materia de derechos
económicos, sociales y culturales, “Protocolo de San Salvador
R
Romero, F. UN periódico. “Estar de paso, siempre de paso”. No.9. Abril. 2000
Rozo Acuña, E (1986). Diccionario de política y derecho público. ESAP. Bogotá. p.16
S

55. Secretaría Distrital de Integración Social. Documento de sistematización. Jornadas de análisis y
seguimiento a La Política. 2010
Secretaría Distrital de Integración Social. Documento de trabajo para el diseño de lineamientos de
política pública. 2010.
Sentencia C-371 de 2000, Corte Constitucional.
54