Este documento discute la necesidad de regular los delitos informáticos y computacionales desde una perspectiva legal. Explica que mientras los delitos informáticos dañan bienes informáticos al introducirse de manera ilegal a sistemas, los delitos computacionales usan recursos como computadoras para cometer delitos tradicionales. También enfatiza la importancia de determinar qué hechos vinculados a la informática ameritan sanción penal considerando su gravedad y efecto en bienes e intereses de personas y comunidades.