La doctrina aún debate la existencia y contenido del bien jurídico penal en los delitos informáticos, donde se identifica la protección del patrimonio y la información en sistemas de datos. El avance tecnológico ha diversificado las formas de delinquir, dando origen a nuevos delitos que requieren una regulación penal específica. A pesar de que los delitos informáticos pueden ser difíciles de demostrar, se caracterizan por su rápida ejecución y la utilización de medios electrónicos.