El documento describe irregularidades en la Secretaría de la Función Pública durante el gobierno de Calderón, incluyendo el pago de comisiones a funcionarios por contratos directos y desvíos de fondos de un proyecto de identificación ciudadana. La investigación actual involucra a varias empresas y funcionarios que recibieron pagos por el proyecto, el cual tuvo un retraso del 80%. Se espera que la nueva Comisión Nacional Anticorrupción tenga facultades para sancionar funcionarios corruptos.