Contralínea 555

Año 16 • Número 555 • $30
Del 4 al 10 septiembre de 2017
ISSN: 1665-1626
REVISTA SEMANAL

4 24 de julio de 2017
DIRECTOR Miguel Badillo
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Ignacio Aldama 74-8, colonia Del Carmen,
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NUESTROS LECTORESOPINIÓN
SEP HACE “PRECISIONES”
SOBRE RECURSOS ENTREGADOS
AL SNTE
4 4 de septiembre de 2017
Ciudad de México, 30 de
agosto de 2017
Estimado señor director:
Me permito hacer algunas
precisiones a la información
que publicó Contralínea el 27
de agosto de 2017, relativa
a los recursos que la SEP
(Secretaría de Educación
Pública) ha entregado al
SNTE (Sindicato Nacional
de Trabajadores de la Edu-
cación) durante la presente
administración:
I. Antecedente
El domingo 27 de agos-
to de 2017, la revista Con-
tralínea publicó que durante
la gestión del secretario
Aurelio Nuño, la SEP ha
otorgado 1 mil 80 millones
de pesos “en dádivas” al
SNTE, mientras que con
Chuayffet los apoyos ascen-
dieron a 595 millones. Esto
además de 626 millones por
cuotas sindicales que du-
rante el presente sexenio ha
obtenido dicho sindicato.
II. Comentarios
Pago de cuotas sindicales
Respecto de los 626
millones de pesos entrega-
dos al SNTE por concepto
de cuotas sindicales, se
destaca que estos recursos
corresponden a descuentos
realizados de los salarios
de los trabajadores afilia-
dos a dicho Sindicato, por
concepto de las cuotas que
están previstas en su Esta-
tuto, el cual fue elaborado
por la propia Organización
Sindical y registrados ante
las autoridades correspon-
dientes, conforme a lo dis-
puesto en los artículos 359
y 365 de la Ley Federal del
Trabajo.
Conforme a lo dispues-
to en la fracción VI del
artículo 110 de la propia
Ley Federal del Trabajo, la
SEP se encuentra obligada
a realizar dichos descuentos
y entregarlos al SNTE.
Pago de obligaciones
contraídas con el SNTE
Respecto de los pagos
efectuados por la SEP al
SNTE, se informa que
corresponden a obligaciones
derivadas de Convenios
suscritos para la atención
de acuerdos específicos
establecidos en las respues-
tas a los Pliegos Nacionales
de Demandas, que en el
ejercicio de la titularidad de
la relación laboral colectiva
del personal de base de la
SEP presentó el SNTE, en
cada negociación celebrada
anualmente.
Los conceptos a los que
el SNTE se obligó a desti-
nar los recursos fueron:
• Llevar a cabo entre sus
agremiados una campaña
de difusión sobre los bene-
ficios y compromisos de la
reforma constitucional en
materia educativa a través
de medios digitales, electró-
nicos, impresos u otros;
• Fortalecer las presta-
ciones de previsión social,
fomento, cultural y al aho-
rro, capacitación y actua-
lización del Magisterio en
beneficio de los agremiados
del SNTE, y
• La implementación
del Programa Nacional de
Apoyo a la Reforma Educa-
tiva con el fin de promover
y motivar la participación
de docentes y directivos en
los procesos de evaluación,
capacitación y profesiona-
lización.
Adicionalmente, se
destaca que el Pliego
Nacional de Demandas
presentado por el SNTE en
marzo de 2015, mismo que
fue respondido mediante
oficio SEP/OS/0288/2015
de fecha 6 de mayo 2015,
y en el que el C Secretario
de Educación Pública, Lic
Emilio Chuayfett Chemor,
se comprometió ante esa
organización sindical a
otorgar 140 millones de

www.contralinea.com.mx 5
pesos para fortalecer las pres-
taciones de previsión social,
fomento cultural y al ahorro,
capacitación y actualización
del magisterio; así como 150
millones para impulsar las accio-
nes de comunicación sobre los
beneficios y compromisos de la
Ley General del Servicio Profe-
sional Docente, tuvieron que ser
cumplidos por la administración
del Secretario Aurelio Nuño, en
enero de 2016.
La activa participación del
SNTE ha sido determinante
en los avances que existen en la
implementación de la Reforma
Educativa y en la difusión de los
beneficios y compromisos de la
Ley General del Servicio Profe-
sional Docente, lo que ha impli-
cado, el ingreso de los docentes
al Servicio en plazas vacantes
cuando se determina que son
idóneos como resultado de su
participación en los exámenes
de oposición, la promoción en
la función de aquellos maestros
que han obtenido una evalua-
ción satisfactoria de desempeño,
así como la su participación en
la profesionalización y capacita-
ción que tanto la SEP como la
Organización sindical imparten.
Cabe desatacar, que la
SNTE entrega a la SEP infor-
mes de las acciones realizadas
trimestralmente sobre la apli-
cación de los recursos, con el
objeto de que la SEP pueda
verificar que los mismos fueron
destinados para los fines que
fueron otorgados.
Atentamente
Lic.Eduardo Gutiérrez Cam-
pos,director General de Comu-
nicación Social de la Secretaría
de Educación Pública
Respuesta
de la reportera
Señor director:
En un país donde más de 53
millones de personas sobrevi-
ven en situación de pobreza y
miles de niños son analfabetas
–por carecer de escuelas cer-
canas a sus domicilios o tener
que trabajar para ayudar a la
economía familiar–, la Secreta-
ría de Educación Pública (SEP)
ha entregado dádivas por 1 mil
675 millones de pesos al Sindi-
cato Nacional de Trabajadores
de la Educación (SNTE) en lo
que va de este sexenio.
Resulta extraño que el licen-
ciado Gutiérrez Campos sólo
“aclare” lo referente a 290 mi-
llones de pesos. Y que al hacerlo
trate de inducir la falsa idea de
que el responsable de la entrega
de ese recurso público es el tam-
bién priísta y anterior secretario
Emilio Chuayffet y no el actual
secretario Aurelio Nuño.
Como se documentó en
el reportaje con datos propor-
cionados por la propia SEP, en
2016 –es decir, en la gestión de
Nuño Mayer– se entregaron 1
mil 80 millones de pesos y no
“140 millones de pesos para for-
talecer las prestaciones de previ-
sión social, fomento cultural y al
ahorro, capacitación y actuali-
zación del magisterio; así como
150 millones para impulsar las
acciones de comunicación sobre
los beneficios y compromisos
de la Ley General del Servicio
Profesional Docente”, como
afirma el vocero de la SEP.
En su carta aclaratoria,
el director de Comunicación
Social de la dependencia omite
hablar sobre el marco legal
que “justifica” la entrega al
Sindicato de ese recurso multi-
millonario extraído del erario.
Según la respuesta de la SEP
a la solicitud de información
98117, se trata de la partida
15401, pero ésta sólo se refiere
a las prestaciones sociales y
no a campañas mediáticas. El
licenciado Gutiérrez Campos
debería haber aclarado en qué
partida se justifican esas trans-
ferencias.
El vocero de la SEP tam-
poco explica por qué su oficina
no respondió positivamente a
la solicitud de entrevista que
hice previo a la publicación
del trabajo, en la cual se po-
drían haber resuelto las dudas
que aún permanecen sobre el
manejo de ese dinero público.
Entre ellas, el hecho de que las
cifras que reporta la Secretaría
no coinciden con las del SNTE.
Si el secretario Aurelio
Nuño y su vocero están real-
mente interesados en “aclarar”
la opacidad que priva en la
relación de la Secretaría con su
Sindicato, entonces deben abrir
canales de diálogo con la pren-
sa y con la sociedad. Aprovecho
este medio, que el licenciado
Gutiérrez Campos estableció,
para reiterar mi solicitud de en-
trevista con el titular de la SEP.
Nancy Flores
NUESTROS LECTORES OPINIÓN

CONTENIDO
22
PORTADA
Por sueldo, compensación, aguinaldo, comidas y
prima vacacional, cada consejero del INE cuesta
a los mexicanos 4 millones 522 mil pesos al año.
Privilegiados en un país de pobres
CADA CONSEJERO DEL INE
CUESTA 4.5 MILLONES DE
PESOS ANUALES AL ERARIO
OPINIÓN
NUESTROS LECTORES
OFICIO DE PAPEL NEGLIGENTE E INCAPAZ EL MECANISMO DE
PROTECCIÓN A PERIODISTAS Miguel Badillo
AGENDA DE LA CORRUPCIÓN FRACASAN LOS CUATRO PILARES DE
LA INICIATIVA MÉRIDA Nancy Flores
ZONA CERO EL PRECANDIDATO QUE ESPÍA… Y QUE SILENCIA Zósimo
Camacho
CONTRAPODER LA ENÉSIMA AMENAZA AL PERIODISTA HÉCTOR DE
MAULEÓN Álvaro Cepeda Neri
ARTÍCULOS
LOS MAESTROS DESPEDIDOS EN QUERÉTARO Comité Ejecutivo Nacional
Democrático del SNTE en Lucha
CRIMINALIDAD, EL “DETALLE” EN LAS ASPIRACIONES DE MONREAL Y
MANCERA Roberto E Galindo Domínguez
¿DÓNDE ESTÁ SANTIAGO? UN GRITO EN ARGENTINA POR EL JOVEN
DESAPARECIDO Maylín Vidal/PL
LOS10ELEMENTOSQUECONDICIONANLAPRUEBAPISAAlbertoMartín/CCS
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CONTRALÍNEA. PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN –año 16, número
555, del 4 al 10 de septiembre de 2017– es una publicación semanal
editada por Editorial Libertad y Expresión, SA de CV; Ignacio Alda-
ma 74-8, colonia Del Carmen, delegación Coyoacán, CP 04100, Mé-
xico, DF; teléfonos: 55 54 91 93 y 55 54 91 94; www.contralinea.com.
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dillo Cruz. Número de reserva al título de derecho de autor: 04-
2001-1206164804 00-102. Número de certificado de licitud de título:
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rial Libertad y Expresión, Insurgentes Centro 98, colonia Tabacale-
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de imprimir el 1 de septiembre de 2017. Distribuida por la Unión de
Voceadores de México, despacho de Gloria Santillán, Ignacio Maris-
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CONTENIDO
INVESTIGACIÓN
PORTADA Cada consejero del INE cuesta 4.5 millones de pesos anuales al erario Nancy
Flores
SEGURIDAD Ley de Seguridad Interior, la disputa por el botín José Réyez
LÍNEA GLOBAL Migrantes en Italia, segregados Frank González/Prensa Latina
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30
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MISCELÁNEO
SOCIEDAD BETA Roomba, aspirando tu privacidad Gonzalo Monterrosa
EX LIBRIS La prosa de Héctor Aguilar Camín: narrador, novelista y periodista Álvaro Cepeda Neri
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ANÁLISIS
SOCIAL La trampa de la seguridad privada María Eugenia Paz y Miño/Prensa Latina
INTERNACIONAL Macron y Libia: la conexión con el banco Rothschild Manlio Dinucci/Il
Manifesto/Red Voltaire
EDUCATIVO Michoacán: descarrilada la educación superior indígena Bertha Dimas Huacuz
INTERNACIONAL Fracasan en Siria y buscan incendiar Latinoamérica Thierry Meyssan/
Red Voltaire
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Ilustración de portada: DAVID MANRIQUE
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OFICIO DE PAPELOPINIÓN
NEGLIGENTE E INCAPAZ
EL MECANISMO DE PROTECCIÓN
A PERIODISTAS
MIGUEL BADILLO
L
a familia apenas había enterrado el cuerpo
del periodista veracruzano Cándido Ríos
Vázquez cuando el subsecretario de De-
rechos Humanos, Roberto Campa Cifrián, hacía
declaraciones a la prensa de que el crimen del re-
portero nada tenía que ver con su actividad profe-
sional porque, según él, los asesinos iban tras uno
de los acompañantes que también resultó muerto.
Sin esperar a que avancen o concluyan las in-
vestigaciones correspondientes por dicho homi-
cidio, el principal funcionario de la Secretaría de
Gobernación que tiene bajo su responsabilidad el
Mecanismo para la Protección de Defensores de
Derechos Humanos y Periodistas, hacía declaracio-
nes irresponsables, características de gobiernos au-
toritarios, para deslindar este crimen de la actividad
periodística y evitar así mayores críticas contra el
gobierno por la impunidad y la falta de garantías
para el ejercicio de esa profesión.
Lo mismo ha dicho una y otra vez la Procura-
duría General de la República para dejar de in-
vestigar los homicidios y agresiones contra colegas
periodistas ante la falta de voluntad política del go-
bierno federal para defender la libertad de prensa y
proteger a quienes la ejercen.
Por eso se explica que en sólo 4 años y medio del
gobierno de Enrique Peña Nieto (enero de 2012 a
junio de 2017), se hayan cometido 1 mil 517 agre-
siones en contra periodistas y medios de comunica-
ción. Esta cifra de atentados, que se incrementó en
los meses de julio y agosto, es el peor registro de la
historia de agresiones en gobiernos priístas y panis-
tas en contra la libertad de prensa.
Uno de los últimos atentados ocurrió el martes
22 de agosto, cuando el reportero Cándido Ríos
Vázquez, fundador del periódico La Voz de Hueyapan
y corresponsal del Diario de Acayucan, fue ultimado a
balazos por un comando armado en el poblado de
Juan Díaz Covarrubias, municipio de Hueyapan de
Ocampo, en el sufrido estado de Veracruz, entidad
que ha padecido a gobernadores ineptos, corruptos
y cínicos, como el priísta Javier Duarte, actualmen-
te preso y sujeto a proceso.
Sin embargo, el crimen de Cándido ocurre en
la administración del gobernador panista Miguel
Ángel Yunes Linares, quien en campaña prometía
que durante su mandato no habría impunidad ni
más agresiones contra periodistas y ya suman va-
rios comunicadores muertos sin haber capturado a
los agresores.
Aunque 2017 es el año más violento para la
prensa en México, con 10 periodistas asesinados,
la agravante mayor de esta última ejecución es que
el reportero Ríos Vázquez estaba supuestamente
protegido por el Mecanismo para la Protección
de Defensores de Derechos Humanos y Periodis-
tas, dependiente de la Secretaría de Gobernación,
órgano oficial que una vez más demuestra su in-
capacidad y negligencia para dar seguridad a los
periodistas que están bajo amenazas, pues la im-
punidad ante esos crímenes permite vía libre y en-
valentona a los autores intelectuales y a los sicarios
para asesinar a comunicadores.
Aunque las formas de violencia contra perio-
distas son diversas: agresiones físicas, verbales, di-
gitales, actos de estigmatización y criminalización,
el asesinato encabeza el nivel de impunidad, pues
prácticamente ningún crimen ha sido resuelto por
las autoridades correspondientes, sean locales o fe-
derales.
De acuerdo con el informe Protección integral para
personas defensoras de derechos humanos y periodistas: la deu-

OFICIO DE PAPEL OPINIÓN
da del Estado mexicano, presentado el pasado 26 de ju-
lio por el Espacio de Organizaciones de la Sociedad
Civil Para la Protección de Personas Defensoras y
Periodistas (Espacio OSC), se advierte que las me-
didas de protección no han logrado atender, ni in-
tegral ni proporcionalmente, los distintos impactos
que generan las agresiones que sufren las personas
defensoras y periodistas directamente, así como sus
familiares o los colectivos a los que pertenecen.
Otra observación relevante que hace dicha or-
ganización, es el enfoque de género en los análisis
de riesgo y en las medidas de protección que han
hecho las autoridades sobre mujeres defensoras y
periodistas, pues el discutido Mecanismo no hace
referencia a ellas, ya sea por descuido o ignorancia.
El informe, que es el tercer diagnóstico de la
política para proteger
a defensores y perio-
distas, observa que esas
medidas no atienden
“la situación específica
de violencia, desigual-
dad y discriminación
que viven las mujeres,
o las obligaciones que
muchas de ellas tienen
en cuanto al cuidado
de sus familiares y a los
posibles impactos de las
agresiones”.
Otro problema
que plantea dicho do-
cumento es la falta de coordinación entre el Me-
canismo y las entidades federativas. “Tampoco se
cuenta con una efectiva coordinación para ofrecer
respaldo político del más alto nivel al Mecanismo
de Protección, a las personas defensoras y periodis-
tas, así como a la labor que desarrollan. Esta falta
de coordinación no sólo dificulta generar cambios
de fondo en la actuación del Mecanismo de Pro-
tección, sino que incluso impide que medidas sobre
casos concretos resulten efectivas”.
Sinmencionar directamentelafaltadevoluntad
política por parte del gobierno federal para atender
el problema de agresiones y asegurar el derecho a
informar, el documento explica que el Estado mexi-
cano tampoco ha generado medidas para favorecer
un ambiente propicio y adecuado para la defensa
de los derechos humanos y el ejercicio de la libertad
de expresión en México.
“El retroceso de la política exterior mexicana
en materia de derechos humanos, la negación del
Gobierno de México por reconocer la crisis de de-
rechos humanos e impunidad en el país, la falta de
una política de carácter preventivo, así como la au-
sencia de medidas que permitan atacar las fuentes y
causas de la violencia que enfrentan específicamen-
te las personas defensoras de derechos humanos y
periodistas, hacen del Mecanismo de Protección
una política paliativa, insostenible e ineficaz para
hacer frente a la escalada de violencia que enfren-
tan quienes ejercen sus derechos a la defensa de de-
rechos humanos y a la libertad de expresión.”
Para el Espacio OSC, “la impunidad y falta de
investigación adecuada
en relación a las agre-
siones y asesinatos de
personas defensoras de
derechos humanos y
periodistas siguen ali-
mentando, e incluso
exacerbando, la co-
misión de los mismos.
La ausencia total de
acciones del Mecanis-
mo de Protección para
garantizar la investi-
gación penal de agre-
siones, reflejan que en
México no existe una
verdadera política que tenga por objetivo prevenir
los riesgos y proteger a las personas defensoras de
derechos humanos y periodistas”.
Con estos datos duros y los análisis de organi-
zaciones independientes, se deja en claro que al
gobierno de Peña Nieto lo que menos le importa
es la libertad de prensa y el derecho a informar,
quizás por desconocimiento de la importante la-
bor del periodismo en una sociedad que se dice
democrática; o tal vez por negligencia, que sería
más grave, porque él –como muchos políticos–
odian a la prensa por su trabajo crítico. De tal
manera que en año y medio que resta a la ac-
tual administración, es previsible que la violencia
en contra de periodistas continuará y la cifra de
muertos aumentará.
DIEGOSIMÓNSÁNCHEZ/CUARTOSCURO

AGENDA DE LA CORRUPCIÓNOPINIÓN
FRACASAN LOS CUATRO PILARES
DE LA INICIATIVA MÉRIDA
NANCY FLORES
L
a principal estrategia de Estados Unidos y
México en materia de seguridad, la Inicia-
tiva Mérida, ha fracasado: ninguno de sus
cuatro pilares se ha conseguido, a pesar de los 2
mil 800 millones de dólares que el gobierno es-
tadunidense ha dado al mexicano entre diciem-
bre de 2008 y julio de 2017, como parte de ese
acuerdo bilateral.
El primero de los pilares, perturbar la capaci-
dad operacional del crimen organizado, es claro
ejemplo de las fallas: aunque este país es la prin-
cipal fuente de abastecimiento de drogas ilega-
les del mayor mercado mundial, las autoridades
mexicanas han sido incapaces siquiera de cono-
cer a qué se enfrentan.
Según el gobierno
de Enrique Peña, en
México operan nue-
ve grandes cárteles de
la droga: Sinaloa, Los
Zetas, Tijuana, Juárez,
Beltrán Leyva, Golfo,
La Familia Michoacana, Caballeros Templarios
y Jalisco Nueva Generación. De éstos se despren-
den otras 36 células y pandillas, indica la Pro-
curaduría General de la República en su oficio
PGR/UTAG/00799/2017.
En la lista, sin embargo, no figura el Cártel de
Los Flores, desenmascarado el pasado 9 de agos-
to por el Departamento del Tesoro estaduniden-
se en un escándalo que involucra a un famoso
futbolista, Rafael Márquez, y a un popular can-
tante, Julión Álvarez. Ello demuestra que existen
grupos criminales en la clandestinidad total: fue-
ra del radar de quienes deberían combatirlos.
A ese desconocimiento del enemigo se suman
otros factores: según el Departamento de Estado
del vecino del Norte, México es país de origen
y tránsito de heroína, mariguana y drogas sin-
téticas con destino a Estados Unidos; también
es el principal país de tránsito para la cocaína
procedente de América del Sur.
En su 2017 International narcotics control stra-
tegy report, el Departamento de Estado asegura
que los cárteles mexicanos son productores de
amapola y principales proveedor para Estados
Unidos de sus derivados: heroína y opio. Auna-
do a ello, el Congreso de ese país, a través de su
unidad de investigación, observa que los mexi-
canos son los mayo-
res comercializadores
de drogas ilegales y
“ganan el control de
la distribución a nivel
minorista en Estados
Unidos”.
El análisis US-mexi-
can security cooperation: the Mérida Initiative and be-
yond, elaborado por el Servicio de Investigación
del Congreso estadunidense, también se refiere
a México como el principal proveedor extranje-
ro del mercado estadunidense de heroína, me-
tanfetamina y mariguana.
Señala que es preocupante la creciente dis-
ponibilidad en Estados Unidos de la heroína
producida en México. “La creciente demanda
estadunidense ha impulsado el aumento del
cultivo de opio y la producción de heroína en
México, así como la violencia relacionada con
el narcotráfico en áreas donde los grupos están
La creciente demanda estaduniden-
se de heroína ha impulsado el aumento
del cultivo de opio y la producción en
México
La creciente demanda estaduniden-
México

AGENDA DE LA CORRUPCIÓN OPINIÓN
compitiendo para controlar la producción. En
junio de 2016, el gobierno mexicano estimó que
el cultivo promedio de amapola sería de 24 mil
hectáreas”.
Respecto de las organizaciones criminales
trasnacionales de origen mexicano, apunta que
es común que éstas se alíen con las bandas na-
cionales y locales de Estados Unidos, mismas
que continúan dominando el mercado de drogas
en ese país.
Agrega que, de acuerdo con datos de la
Agencia Antidrogas, seis grandes organizacio-
nes criminales mexicanas operan en Estados
Unidos, pero es el Cártel de Sinaloa el que tiene
el alcance más amplio en ese territorio. Además,
indica, esos cárteles no sólo luchan permanente-
mente entre sí por el control de las rutas ilícitas
hacia ese país, sino también por el control de las
redes locales de distribución de drogas.
En ese contexto de violencia se explica, se-
gún el Servicio de Investigación del Congreso
estadunidense, que las organizaciones crimina-
les mexicanas continúen fragmentándose y di-
versificando sus negocios fuera del narcotráfico.
Los cárteles “fomentan su expansión en acti-
vidades como el robo de combustibles, el secues-
tro, la trata de personas, la extorsión”. Respecto
del robo de combustibles, indica que éste se ha
convertido en una amenaza a la seguridad na-
cional, que cuesta a México hasta 1 mil millones
de dólares al año y alimenta conflictos violentos
entre el Ejército y sospechosos de hurtar.
Los otros pilares
En los otros tres pilares –fortalecer el estado
de derecho y el respeto de los derechos humanos,
mantener una frontera segura, construir comuni-
dades fuertes y resistentes–, México tampoco va
mejor, pues los niveles de impunidad, las cons-
tantes violaciones a los derechos humanos, la po-
rosidad de las fronteras Sur y Norte y la descom-
posición social (pueblos completos han huido de
la violencia) son ya cotidianas.
El propio informe del Departamento de Esta-
do admite la situación, al advertir que el narco-
tráfico y la violencia ligada a éste plantean pro-
blemas considerables a la seguridad ciudadana y
al desarrollo económico.
Al respecto, aporta datos
oficiales alarmantes: los asesi-
natos en territorio mexicano
aumentaron un 20 por cien-
to en los primeros 9 meses de
2016 en comparación con el
mismo periodo de 2015, según
la Secretaría de Gobernación.
Nada de esto es desconocido
para la autoridad estaduniden-
se. Al referirse al tema, el infor-
me del Servicio de Investigación
del Congreso de ese país sobre
la iniciativa Mérida señala que
durante más de 1 década, los
crímenes violentos perpetrados
por organizaciones criminales en guerra han ame-
nazado la seguridad ciudadana y la gobernabili-
dad en algunas zonas de México.
“La violencia relacionada con el crimen or-
ganizado ha resultado en más de 109 mil homi-
cidios desde diciembre de 2006 y ha contribuido
a 30 mil desapariciones. Para el primer trimestre
de 2017, esa violencia en México alcanzó niveles
no vistos desde el final de la administración Feli-
pe Calderón.”
Pero nada de eso le importa al gobierno de
Peña Nieto: tras 9 años y medio de fracasos, aún
cabildea en Estados Unidos la ayuda, en un con-
texto en el que Donald Trump se inclina cada
vez más por retirar los fondos para financiar con
ellos la construcción del muro fronterizo.
123RF

ZONA CEROOPINIÓN
E
l panista Rafael Moreno Valle –quien quiere
ser presidente de la República– ha sido acu-
sado de conductas dignas de la mafia más
sucia del país. Quien lo señala –con pruebas– es su
antiguo empleado: un exfuncionario del Centro de
Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) metido
de “asesor y fuente informativa” del propio More-
no Valle cuando éste era gobernador de Puebla (1
de febrero de 2011-31 de enero de 2017).
Rodolfo Raúl González Vázquez trabajó en
el Cisen –el órgano de inteligencia civil del Esta-
do mexicano– entre 2001 y 2011. Fue capacita-
do en información y detección de personas nada
menos que por el Mossad (HaMosad leModi’in
ulTafkidim Meyuhadim: Instituto de Inteligencia
y Operaciones Especiales), la agencia de espionaje
internacional de Israel. Y estas habilidades fueron
puestas al servicio del ambicioso góber bala.
En la insólita conferencia de prensa que el pa-
sado 28 de agosto encabezó González Vázquez,
también participaron Fernando Manzanilla, cu-
ñado del propio exgobernador; Anwar Salomón,
quien ya declaró ante la Procuraduría General de
la República (PGR) como testigo, y el senador Mi-
guel Barbosa, del bloque del Partido del Trabajo
(PT)-Movimiento Regeneración Nacional (Mo-
rena). En ella se dio cuenta, al detalle, del modus
operandi del grupo “criminal” que encabeza el exgo-
bernador poblano.
MorenoValleesacusadodeespiaralpropiopre-
sidente de la República, Enrique Peña Nieto, y a los
secretarios de Estado Miguel Ángel Osorio Chong
(Gobernación), José Antonio Meade (Relaciones
Exteriores), Luis Videgaray (Hacienda y Crédito
Público) y Rosario Robles (Desarrollo Social). Ade-
más, de adversarios al interior de su propio partido
(Acción Nacional, PAN) como Margarita Zavala,
la otra impresentable precandidata a la Presidencia
de la República; el dirigente nacional de ese partido
Ricardo Anaya, y el actual gobernador de la enti-
dad, Antonio Gali.
El exagente del Cisen y exempleado de More-
no Valle incluso señaló con precisión el periodo de
tiempo durante el cual se espió a los personajes se-
ñalados.
Detallóquelascomunicacionessonintervenidas
a través del sistema Galileo (una plataforma simi-
lar a la de Pegasus, aunque no hay indicios de que
cuente con la misma potencia: cientos de aparatos
al mismo tiempo y capacidad para activar incluso
la cámara del smartphone). Este malware, dijo Gonzá-
lez Vázquez, “lanza explods en forma de fotografías,
archivos de audio y también de texto, mismos que
son enviados a correos electrónicos. Cuando el ob-
jetivo [la persona espiada] lo abre, queda infectado.
Así se puede ver toda la agenda, mensajes, historial
de llamadas”.
Sin embargo, eso no parece ser lo más ruin de la
organización del exgobernador. De acuerdo con los
participantes en la conferencia, el grupo clandesti-
no de Moreno Valle tenía también la encomienda
de ubicar a determinadas personas, secuestrarlas,
obtener información de ellas y “eliminarlas”. El
exagente del Cisen recibió la orden de ubicar y eli-
minar precisamente a uno de los participantes en la
conferencia: Anwar Salomón.
A decir de González Vázquez, cuando recibió
la orden “siciliana”, no tuvo dudas en denunciar
al grupo delictivo. Explicó que en un inicio tuvo
sospechas de que se estaban cometiendo irregulari-
dades. Luego ya sin ambages le encargaron ubicar,
levantar y “chingarse” a Anwar.
ZÓSIMO CAMACHO
ELPRECANDIDATOQUEESPÍA…
Y QUE SILENCIA

ZONA CERO OPINIÓN
“Ya no se trataba de información política, sino
de ubicar y eliminar a una persona. Yo tenía in-
dicios de que en esa oficina clandestina se dedi-
caban a actividades delincuenciales, pero no que
eliminaran personas. Aquí se trataba de poner a
ciudadanos en manos de criminales y cuando tra-
bajé en el Cisen lo hacíamos para entregarlos a la
justicia.”
Todo consta en una denuncia penal inter-
puesta ante la Procuraduría General de la Re-
pública (PGR) bajo el folio FED/SEIDF/
CGIUE/0001938/2017. Incluye grabaciones,
datos sobre teléfonos clonados, lista de personajes
espiados (alrededor de 50), copias de comproban-
tes del pago mensual a compañías concesionarias
telefónicas y los nombres
de las personas a las que les
pagaban para que cada mes
entregaran los pliegos de las
llamadas con las grabaciones.
Incluso, González Vázquez
entregó audios de las órdenes
que le daban: quién las pedía
y quién las ordenaba.
Otro hecho sorprendió:
la solidez de la denuncia y
la gravedad de los hechos no
fue recogida por la mayoría
de la prensa mexicana. Al
día siguiente de la conferen-
cia, sólo La Jornada le dedicó
la de ocho en la primera plana
y Milenio el cintillo. Todos los
demás no consideraron que
fuera una denuncia digna de destacarse, aunque las
andanzas Eva Cadena o Rigoberto Salgado parez-
can juego de niños frente a las actividades de More-
no Valle. También la reacción del gobierno federal
fue muy tibia, minimizó el asunto. ¿Será que el pre-
candidato panista sí les escuchó y grabó algo?
Varias preguntas quedan en el aire. ¿Moreno
Valle salvará el pellejo con tan sólo bajarse de la lucha
por la Presidencia o sí tendrá que enfrentar a la jus-
ticia por sus actividades delictivas? ¿Dónde están y
en qué andan los demás colegas de Rodolfo Raúl
González Vázquez, exempleados del Cisen, vícti-
mas de las purgas ocurridas durante los sexenios
panistas? ¿Todos estos capacitados en labores de
inteligencia denunciarán las actividades ilegales en
las que los quieren involucrar o habrá quienes gus-
tosamente pongan sus habilidades al mejor postor?
Fragmentos
El pasado sábado 26 murió el yoreme Luciano
Espinosa Medina. Probablemente nunca arengó en
defensa de la cultura y los derechos de los pueblos
indígenas. Pero hizo mucho más por su nación yo-
reme que todos los activistas indigenistas oficiales
o los revolucionarios pro indígenas. Sólo abrazó su
condición de mayo, yoreme. Vivió como viven sus
hermanos y vivieron sus padres y abuelos. Joven sa-
bio, los sueños le confirmaron su vocación por los
oficios: estaba llamado a ser pascola, condición que
adquirió una pesada noche en una cueva. Creció
en sabiduría a golpe de cientos de pahkos, cigarros,
pláticas con los más viejos y amuletos. Su partida,
a los 52 años de edad, es una pérdida para el bravo
pueblo mayo, acosado por todos lados y menospre-
ciado por algunos de sus propios pueblos herma-
nos. Gratitud para Chano. Que por él los pascolas
no paren su danza. Por el contrario, que se raspe
con más fuerza el huirukiam, suenen los tenabaris, se
sacudan las sonajas; que se agiten y encrespen los
cabellos de la máscara. Y dejen ver, de vez en vez,
esa herida con dientes que es la risa del pascola.
¡Chiokore!
SAÚLLÓPEZ/CUARTOSCURO

DEFENSOR DEL PERIODISTA
OPINIÓN
E
n el contexto de la descomposición social
porelaumentodelasangrientainseguridad,
donde los delincuentes y los capos con sus si-
carios son ya un poder desafiando al tríptico de los
órganos: legislativo, judicial y presidencial, diaria-
mente y a todas horas se dan hechos de homicidios,
secuestros, feminicidios, desapariciones, etcétera.
Esta lacra social se da el lujo de retar, además, al
brazo armado de las instituciones militares, mari-
nas y policiales. Y es en ese contexto, pues, donde
continúan imparables los asesinatos de periodistas.
A otros constantemente les escupen amenazas, ob-
viamente con el propósito de cumplirlas, como es
el caso de Héctor de Mauleón quien, con sus bien
informadas y críticas columnas que publica en el
periódico El Universal, una vez más ha sido puesto
en la mira de esa infame canalla, porque se atreve
a cumplir con su deber en ejercicio de las libertades
de buscar y dar información.
Por enésima ocasión, la punta de lanza de la
criminalidad y sus cómplices del narcotráfico así
como sus demás modalidades, maliciosamente han
usado como medio las redes sociales para no dar la
cara, y desde la oscuridad del anonimato enviarle
mensajes de muerte, como fines para advertirle que
deje de opinar y que debe autocensurarse en esos
temas; porque de contrario, su vida estará en peli-
gro de muerte.
No hay como la veracidad de la información,
acompañada de la crítica, exhibiendo los abusos
–que es el caso de Héctor de Mauleón–, al in-
sistir que son los narcotraficantes y sus perversos
poderes los que quieren cancelar la actividad del
periodismo. Ya han privado de la vida a muchos
reporteros y columnistas por cuestionar la impu-
nidad de la delincuencia organizada. Y con sus
advertencias temibles quieren el total silencio in-
formativo acerca de sus actividades. Tal y como
se lo han hecho saber al columnista, una y otra
vez, quien valientemente acaba de responderles
de la siguiente manera: “Desde hace más de 14
meses, cada vez que esta columna aborda el nar-
comenudeo en la Ciudad de México –me pasó
al tocar lo de la Delegación Cuauhtémoc y ocu-
rrió más tarde al hablar de Tláhuac–, me llegan
amenazas proferidas desde las redes sociales. Por
terquedad informo que ahora más que nunca se-
guiré escribiendo sobre el tema y esperando que
las autoridades den por fin con los responsables de
este inaceptable intento de amedrentamiento” (El
Universal, 17 de agosto de 2017).
Así que desde las sombras, esa lúgubre amena-
za pretende no solamente intimidar sino cancelar el
derecho a la libertad de trabajo de Héctor de Mau-
león y a sus libertades de prensa, las que ejerce para
el desempeño de su labor de informar, analizar y
presentar sus opiniones. En esta última ocasión, la
amenaza es ya un ultimátum. Los autores hasta pu-
blicaron un video con la fotografía del periodista, a
la que le disparan. Debe deducirse que están a pun-
to de cumplir su torvo juramento. Esto es lo grave,
lo peligroso, de tan temible amenaza.
Y es que los delincuentes llevan más de 1 año
enseñando los dientes contra De Mauleón, enco-
lerizados por el trabajo periodístico de insistir en
poner el dedo en la llaga del terrible narcotráfico
y su modalidad del narcomenudeo. La sistemática
campaña de amagos no busca solamente agraviar,
quieren cumplir sus intimidaciones. Y han amarti-
llado sus pistolas como lo demuestra el video. Por
lo que siguen los pasos del periodista para tratar de
privarlo de la vida.
LA ENÉSIMAAMENAZAAL PERIODISTA
HÉCTOR DE MAULEÓN
ÁLVARO CEPEDA NERI, PERIODISTA

ARTÍCULO OPINIÓN
E
n aproximadamente 18 meses se ha despe-
dido a más de 120 maestros de educación
básica y media superior, muchos de ellos con
más de 20 años de experiencia frente a grupo. Este
hecho es contrario a la política educativa de otros
países de primer mundo, en donde se valora a los
maestros, se premia su trabajo y se invierte un presu-
puesto elevado en educación pública. En contraste,
en México el gobierno federal de Enrique Peña Nie-
to y, en este caso, el del estado de Querétaro, enca-
bezado por Francisco Domínguez Servien, menos-
precian, desprecian y violentan a los maestros.
Las decisiones de ambos gobiernos han tenido
un primer impacto: el hacinamiento de niños y ni-
ñas en grupos que superan los 40 alumnos por aula.
La saturación de grupos es una consecuencia de la
cancelación de turnos vespertinos y el cierre de es-
cuelas completas. Todo porque, en el argumento
de la nueva normativa de la reforma educativa, no
se justifican los maestros en dichas escuelas. Esto
resulta contrario incluso al discurso del secretario
de Educación, Aurelio Nuño, de garantizar la in-
clusión educativa y la educación para los niños. No
sólo se dejaron de construir nuevas escuelas, sino
que ahora se ejecuta el despido ipso facto, a todas
luces ilegal, de 88 maestros la semana pasada (y 32
en los meses previos), violando los derechos y ga-
rantías que otorga la carta magna.
En ese sentido es totalmente valido hacer la
reflexión del discurso gubernamental en materia
educativa en favor de la educación pública, cuando
la realidad es que comunidades enteras del estado
de Querétaro han salido a las calles a defender a
sus maestros. Tales son los casos de Tequisquiapan,
El Marqués, San Juan del Río, Jalpan, Pedro Es-
cobedo y otras. Son pueblos y ciudades en donde
alumnos y padres de familia se han movilizado para
exigir la reinstalación de los maestros y han expul-
sado a funcionarios de la Unidad de Servicios Edu-
cativos para la Educación Básica en el Estado de
Querétaro (USEBEQ) cuando éstos han arribado
a las escuelas con la intención de desplazar a los
maestros sin algún procedimiento judicial previo.
El lunes 21 de agosto se presentaron varias situa-
ciones atípicas en alrededor de 80 escuelas. Hubo
casos de directores que de manera empática y ama-
ble dieron a conocer sus compañeros docentes que
habían recibido la orden de no permitirles el ingreso
ni firmar la hoja que acredita a los compañeros la
asistencia a sus centros de trabajo; otros directores
impidieron la entrada a las escuelas a estos profeso-
res bajo el argumento de tener órdenes de no dejar-
los pasar. En el mejor delos casos, algunos directores
les permitieron el ingreso, con el anuncio de que a
partir de ese momento ya no estaban considerados
en la plantilla de personal de ese centro de trabajo.
Todo ello sin previa notificación judicial.
La escuela pública se ha sostenido de manera
histórica debido a tres grandes pilares: alumnos,
padres de familia y profesores. Si el Estado persiste
en desarticular esta lógica, la esencia de la escuela
pública pierde su esencia y su materia de trabajo.
Sin embargo esta política de saqueo y privatización
de la escuela pública, de la neocolonización de la
educación y de la incertidumbre laboral busca aca-
bar con la escuela pública y los derechos de los tra-
bajadores docentes.
Los maestros y padres de familia exigen la re-
instalación de los maestros ilegalmente despedidos
de Querétaro y del país. También, que se ponga fin
a la persecución política en contra de los maestros
que resisten dignamente a la evaluación punitiva.
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DEMOCRÁTICO DEL SNTE EN LUCHA/MOVIMIENTO
DEL MAGISTERIO DEMOCRÁTICO NACIONAL
LOS MAESTROS DESPEDIDOS
EN QUERÉTARO

ARTÍCULOOPINIÓN
E
n la Ciudad de México existen colonias
donde la violencia y la inseguridad están ins-
taladas desde hace mucho tiempo; barrios
considerados “bravos” y peligrosos. Casos famosos
que incluso llegaron al cine son los de Observatorio
y zonas aledañas, que en la década de 1980 fueron
nota periodística por los delitos que ocasionaban
bandas juveniles como Los Panchitos. Otro barrio
icónico en este aspecto es el de Tepito, ubicado en
la colonia Morelos, en el que la criminalidad ha
sido cotidiana para sus habitantes y visitantes por
generaciones, a sólo unos pasos del Centro His-
tórico de la Ciudad. Las causas de la violencia y
la inseguridad obedecen a factores sociales y eco-
nómicos que evolucionan a través del tiempo. La
criminalidad es un fenómeno que se expande y se
mueve por la capital del país de acuerdo con flujos
económicos, venta de productos ilegales, así como a
la corrupción de las autoridades y la impunidad de
que gozan, entre otros.
Hace unas semanas fue noticia nacional la vio-
lencia generada en la delegación Tláhuac por un
grupo delictivo “presuntamente” relacionado con
el crimen organizado, aunque el jefe de Gobierno
Miguel Ángel Mancera insiste en que la capital del
país está libre de la operación de los grandes cár-
teles de la droga (un discurso que cada vez menos
capitalinos le creen). Y es que la criminalidad ha
crecido en la urbe de manera crítica en los últimos
años y ha afectado zonas que antes eran considera-
das pacíficas y seguras para vivir, como ha sucedi-
do en el corredor Roma-Condesa, área turística y
de esparcimiento para extranjeros y connacionales
en la delegación Cuauhtémoc, y colonias aledañas
como la Escandón en Miguel Hidalgo, que hasta
hace poco era considerada tranquila y familiar, des-
pués de la década de 1980, cuando fue escenario
de transgresiones a la Ley causadas por pandillas,
como la que ya citábamos de Los Panchitos.
En las colonias mencionadas la prostitución y la
venta de drogas son conocidas por sus habitantes
y por los de fuera que llegan a adquirir los diver-
sos productos y/o servicios. Eso sucede en muchas
partes de la ciudad, como en toda gran urbe. No es
nada nuevo, comportamientos humanos tolerados
y ejercidos por los ciudadanos. Lo que es alarman-
te es la exacerbación del crimen en 2016 y 2017.
No debe ser fácil para las autoridades poner orden
en colonias que se modifican debido a intensos
movimientos de habitantes, que cambian sus tra-
dicionales usos de suelo de viviendas unifamiliares
horizontales para viviendas multifamiliares vertica-
les; a las que llegan negocios de actividad nocturna
que atraen clientes de otras áreas, lugares donde los
flujos económicos que obedecen a estilos de vida
aspiracionales modifican al grupo social más antiguo.
Estas colonias en las que se ha disparado la cri-
minalidad son parte de las dos delegaciones que
ocupan los primeros lugares del índice delictivo
por cada 100 mil habitantes de enero a julio: las
delegaciones Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo. Y
esos son los datos de la estadística oficial, de los crí-
menes denunciados, pues es información de la Di-
rección General de Política y Estadística Criminal,
ROBERTO E GALINDO DOMÍNGUEZ, MAESTRO EN CIENCIAS EN EXPLORACIÓNY GEOFÍSI-
CA MARINA, LICENCIADO EN ARQUEOLOGÍA ESPECIALIZADO EN CONTEXTOS SUMERGI-
DOSY BUZO PROFESIONAL; LICENCIADO EN LETRAS HISPÁNICAS
CRIMINALIDAD
EL “DETALLE” EN LAS
ASPIRACIONES DE
MONREAL Y MANCERA

ARTÍCULO OPINIÓN
perteneciente a la Procuraduría
General de Justicia de la Ciudad
de México (http://www.pgj.cdmx.
gob.mx/procuraduia/estadisticas-de-
lictiva). Claro que esos no son los
únicos barrios peligrosos, tam-
bién tenemos las colonias Aná-
huac, América, Revolución y
Tacubaya en la Miguel Hidalgo;
y Doctores, Buenavista y Cen-
tro Histórico en la delegación
Cuauhtémoc, de acuerdo con el
Observatorio Ciudadano de la
Ciudad de México. De éstas las
últimas tres son de resaltar, pues
ocupan los primeros lugares de
las colonias más inseguras de la
delegación, que asimismo ocupa
el primer lugar en ese rubro. Es
fundamental el Centro Histórico
por ser además de un lugar tu-
rístico y religioso –pues alberga
a la Catedral Metropolitana– el
centro político neurálgico de la
ciudad y del país, pues ahí están
la jefatura del Gobierno capitali-
no y el Palacio Nacional, asien-
to mediático y mítico del poder
federal. Lo que es raro es que
Mancera, tan proclive hacia el
priísmo, no haya encontrado la
fórmula de apaciguar el Centro
Histórico. Claro que puede ser
que la receta esté ahí, pero que
no haya logrado una aplicación
certera a través de la Secretaría
de Seguridad Pública (SSP) y del
jefe Delegacional de Cuauhtémoc, Ricardo Mon-
real (de Morena).
Algo que parece muy sencillo debe ser muy
complicado para Monreal y un cuerpo de seguri-
dad pública dependiente de Mancera, pues la co-
lonia Buenavista es el segundo lugar en robo con
violencia de la capital del país, un barrio dónde se
encuentra el edificio de la autoridad delegacional
–las oficinas de Monreal–, donde la circulación de
elementos de la SSP es evidentemente más cons-
tante y nutrida que en otras zonas de la urbe. Espa-
cio donde, además, se encuentra la cede del priísmo
nacional y el capitalino. Tal vez ese sea un factor
que influya, además de ser una notoria zona de
prostitución. Los factores pueden ser muchos, pero
la verdad es que para Ricardo Monreal esa no es
una buena carta de presentación para sus aspiracio-
nes a la Jefatura de la Ciudad de México. Lo mismo
en el caso de Mancera y sus ilusiones presidenciales,
pues todo parece indicar que, en cuanto a violencia
e inseguridad, dejará a la capital más dañada que
como la recibió.
DAVIDMANRIQUE

ARTÍCULOOPINIÓN
B
uenos Aires, Argentina. ¿Dónde está? ¿Qué
sucedió? Cientos de argentinos reclaman
hoy al Estado saber del paradero de un
joven cuyo nombre ocupa titulares en las últimas
semanas tras la represión de miembros de Gendar-
mería contra una comunidad mapuche en Chubut.
No hay noticias de Santiago Maldonado, quien
estuvo presente el 1 de agosto pasado cuando
miembros de la fuerza pública reprimieron a la
comunidad mapuche Pu Lof en resistencia, en la
localidad chubutense de Cushamen.
El joven, de 28 años, que vivía en el Bolsón,
en la región patagónica, apoyaba la lucha de los
mapuches, que desde
marzo de 2015 ocupan
tierras de casi el millón
de hectáreas pertene-
cientes al grupo italiano
Benetton. Desde ese día
se desconoce su para-
dero y las hipótesis no
paran de variar.
Lo cierto es que han pasado varias semanas y
sus familiares viven noches de desespero y desvelo
sin saber la verdad sobre Maldonado: que pasó ese
día, qué le hicieron. Hay testigos, apuntan sus seres
queridos, que vieron cuando la Gendarmería se lo
llevó.
“Santiago desapareció el 1 de agosto, tras la vio-
lenta represión en la Lof en resistencia Cushamen,
Chubut, a manos de la Gendarmería. Desde ese
día, lo estamos buscando intensamente”, señalan
sus familiares y amigos en un sitio en internet que
crearon para dar a conocer la verdad del caso.
“Como respuesta a tanta información falsa que
circuló en los medios de comunicación y el ningu-
neo por parte de los funcionarios del Ministerio de
Seguridad, decidimos crear una página oficial para
divulgar información confiable”, subrayan.
“Compartimos en este espacio comunicados,
actividades, apoyos y notas de prensa, con el ob-
jetivo de encontrar a Santiago. Responsabilizamos
al Estado por su desaparición y agradecemos a los
organismos de derechos humanos que nos vienen
acompañando desde el comienzo”, agregan.
Sus padres y hermano han tenido que desmen-
tir ya varias veces infor-
maciones falsas. Hace
pocos días señalaron
que se comunicaron
con la fiscal a cargo de
la investigación para
consultar si efectiva-
mente el teléfono de
Santiago se había activado en Chile, como difun-
dieron algunos portales informativos. Pedimos a los
medios de comunicación validar la información o
consultarnos directamente para tener información
de primera mano, manifestaron.
La angustia crece, los organismos de derechos
humanos piden al gobierno respuestas, las campa-
ñas en las redes sociales se mantienen y los mensajes
de apoyo de intelectuales y personalidades a sus se-
res queridos llegan de todas partes.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, in-
tervino ante la Comisión de Seguridad Interior y
MAYLÍN VIDAL/PRENSA LATINA
¿DÓNDE ESTÁ SANTIAGO?
UN GRITO EN ARGENTINA
POR EL JOVEN DESAPARECIDO
Han pasado varias semanas y sus
familiares viven noches de desespero y
desvelo sin saber la verdad sobre Maldo-
nado: que pasó ese día, qué le hicieron
Han pasado varias semanas y sus
nado: que pasó ese día, qué le hicieron

ARTÍCULO OPINIÓN
Narcotráfico del Senado para hablar sobre el caso
y llamó a “no interponer una única hipótesis” sobre
la desaparición de Maldonado.
Esta semana, junto al ministro de Justicia,
Germán Garavano, y el secretario de Derechos
Humanos, Claudio Avruj Bullrich, recibió a 14 or-
ganizaciones de derechos humanos, entre ellas a las
Abuelas de Plaza de Mayo y a las Madres de Plaza
de Mayo-Línea Fundadora.
Salimos peor de esa reunión que como entra-
mos, enfatizó en una rueda de prensa posterior al
encuentro Taty Almeida, refe-
rente de las Madres-Línea Fun-
dadora.
No nos quedaremos quietos,
llevamos más de 40 años de lu-
cha y seguimos firmes, apuntó
en referencia a su dura batalla
por la recuperación de los desa-
parecidos durante la última dic-
tadura militar.
La defensora de derechos
humanos adelantó que las or-
ganizaciones viajarían junto a
miembros de varios sindicatos a
Chubut para estar con la comu-
nidad mapuche.
Por su parte la presidenta
de Abuelas, Estela de Carlotto,
destacó que en el encuentro que
sostuvieron “nuestras palabras no
entraronenelcorazóndequienes
tienen que resolver este problema
de una manera rápida por respe-
to a los familiares y al pueblo”.
“Esto no se queda acá, nos vamos peor, pero
cuando peor nos vamos más ganas de trabajar te-
nemos. Se le dijo a este Gobierno que está hacien-
do correr peligro a la democracia con la situación
de este joven”, enfatizó.
El caso de Maldonado ocupa portadas dentro
y fuera del país. El Estado ofreció una recompensa
de 500 mil pesos (unos 28 mil dólares) para quien
brinde datos útiles sobre su paradero y la Policía
Criminal Internacional (Interpol) lo incorporó en
el listado de personas perdidas.
Hay un testigo, Ariel Garzi, quien dice que el
día siguiente de los hechos registrados en Cusha-
men llamó al celular de Santiago y atendieron por
22 segundos. Nadie me respondió, declaró.
El Estado es responsable. Queremos saber
dónde está, publican varios usuarios en Twitter
donde la fotografía del joven artesano se replica.
Desde que comenzó a conocerse la historia, mu-
chos han cambiado su foto de perfil y han coloca-
do la imagen de Santiago.
El jueves último el caso tuvo un giro importan-
te. La fiscal a cargo de la causa penal le confirmó
a la familia que dio curso a su pedido de recara-
tulación y que se investiga ahora su desaparición
forzada.
“Grande, demasiado grande todo este dolor
que me provoca la ausencia de Santiago. Porque
no, nadie puede desaparecer en la Argentina de
hoy. Y menos aún, por haberse solidarizado con
la histórica resistencia de la comunidad Pu Lof”,
escribió en una emotiva carta el músico Victor
Heredia.
Mientras siguen tras el rastro de Santiago, los
organismos de derechos humanos, organizaciones
políticas y sociales marcharon el 1 de septiembre
en la emblemática Plaza de Mayo.
123RF

ARTÍCULOOPINIÓN
P
ara unos, el informe PISA (Programme for
International Student Assesment) es una fo-
tografía que reﬂeja con fiabilidad el nivel edu-
cativo de los países e incluso –dentro de ellos– de
sus regiones, mientras que para otros, ni su meto-
dología es la más adecuada ni sus resultados deben
ser tenidos más en cuenta que los de cualquier otro
tipo de ranking. Lo que está claro es que cada 3 años
nadie queda indiferente con este macro estudio en-
cargado por la Organización para la Cooperación y
Desarrollo Económicos (OCDE), que en la última
edición, la de 2015, “examinó” a 540 mil estudian-
tes (en representación de 29 millones) de 15 años de
edad, de 72 países dife-
rentes en tres grandes
áreas de conocimiento:
matemáticas, ciencias y
comprensión lectora.
Alfonso Echazarra
–licenciado en ciencias
políticas y de la admi-
nistración en la Universidad Complutense de Ma-
drid– se ha encargado de redactar el análisis sobre
“Políticas y prácticas educativas”, uno de los cinco
que la OCDE ha publicado analizando los datos de
los resultados de PISA de 2015.
En su intervención, Echazarra enumeró “10
cosas que hemos aprendido con PISA”. “Quizá no
sean las más importantes, pero son 10 que a mí me
parecen interesantes y que creo que no siempre se
dicen”, señaló a modo de introducción.
1. No todos los colegios son iguales (aunque en
bastantes sitios sí). La segunda causa que explica las
diferencias de resultados, tras las diferencias de todo
tipo existentes entre los estudiantes, es el colegio en
el que estudian, por encima incluso del tipo de sis-
tema educativo. En unos países la incidencia es ma-
yor que en otros. En España no es mucha, aunque
también existe.
2. Los países que más invierten en educación no
presentan necesariamente el mejor nivel académi-
co (a partir de una inversión mínima). Aunque los
que menos invierten sí son los que peores resultados
obtienen. A partir de un cierto porcentaje impor-
tante de inversión, las diferencias ya no las marca
el dinero.
3. El estatus socioe-
conómico del estudian-
te no lo es todo (pero
importa). Hay estu-
diantes con un estatus
socioeconómico (deter-
minado según la ocu-
pación y educación de
sus padres y los bienes que hay en sus hogares) que
obtienen resultados muy buenos. Son los denomi-
nados estudiantes resilientes. Pero, más allá de ellos,
hay que tener claro que uno de los factores que más
inﬂuye en el rendimiento académico es el estatus
socioeconómico del estudiante.
4. Existen diferencias de género marcadas (aun-
que también muchas excepciones). Las chicas son
mejores en comprensión oral en los 72 países ana-
lizados y los chicos, mejores en matemáticas en un
alto porcentaje de los mismos. Eso es lo que dicen
las medias, pero lo cierto es que hay chicos muy
ALBERTO MARTÍN,SUBDIRECTOR DETRIBUNA COMPLUTENSE/CENTRO DE COLABORACIONES
SOLIDARIAS
LOS 10 ELEMENTOS
QUE CONDICIONAN
LA PRUEBA PISA
Los países que más invierten en edu-
cación no presentan necesariamente el
mejor nivel académico. Aunque los que
menos invierten sí son los peores
Los países que más invierten en edu-
menos invierten sí son los peores

ARTÍCULO OPINIÓN
buenos en letras y chicas excelentes en ciencias. De
hecho, quizá el dato más resaltable es que los chi-
cos consiguen resultados más extremos en todas las
materias; los hay muy buenos, pero también muy
malos. Las chicas, en cambio, se sitúan más en las
posiciones intermedias. Y tampoco quieren traba-
jar en lo mismo. Ellas se decantan por ciencias de
la salud, mientras que ellos quieren ser ingenieros,
científicos o dedicarse a profesiones relacionadas
con las nuevas tecnologías de la comunicación.
5. La memorización tiene sus límites (pero sigue
ayudando). Está demostrado que las preguntas más
complicadas no las responde de manera correcta
quien basa su conocimiento es guardar ingentes
cantidades de datos
en su memoria, sino
quien es más creati-
vo. Aunque eso sí, si
la pregunta es menos
compleja tirar de me-
moria siempre ayuda.
6. En muchos
sistemas educativos,
los colegios públicos
obtienen mejores re-
sultados (tras ajustar
las puntuaciones con
su estatus socioeco-
nómico). Los colegios
privados en su conjun-
to obtienen mejores
puntuaciones, pero
una vez que se ajustan
los resultados intro-
duciendo la variable del estatus socioeconómico
la tendencia da la vuelta en numerosos países. En
España los resultados son prácticamente a la par.
7. Las escuelas españolas disfrutan de una auto-
nomía limitada (las públicas y concertadas). Alfonso
Echazarra quiere destacar que el sistema educativo
español no permite que los colegios públicos y con-
certados tomen demasiadas decisiones sobre aspec-
tos importantes como a quién admiten y a quién no
o la forma de impartir la enseñanza.
8. La repetición de curso y la separación tem-
prana en distintos itinerarios empeora la equidad
educativa (sin excepciones). Los sistemas educativos
que promueven la repetición de curso de los alum-
nos con peor rendimiento y los que dividen a los es-
tudiantes en itinerarios (ciencias, letras…) a edades
más tempranas, son los que presentan resultados
más dispares. Hay estudiantes buenos, pero tam-
bién muy malos.
9. Equidad y excelencia son compatibles (por si
alguien lo dudaba). Algunos de los países con mejo-
res resultados (Finlandia, Japón, Inglaterra) tienen
un sistema basado en la equidad. España está en
medio, como en casi todo en PISA, en ambos bare-
mos: resultados medios, equidad media.
10. Un alto rendimiento académico no requiere
necesariamente largas horas de aprendizaje y estudio
(con las horas en el colegio casi basta). Sin duda, es
una de las conclusiones
más reveladoras. Echa-
zarraaclaraqueladife-
rencia no está en el nú-
mero de horas lectivas,
que en casi todos los
paísesessimilar,sinoen
las que dedican los es-
tudiantes al salir del co-
legio en hacer deberes,
darclasesparticulareso
seguir estudiando. Los
chicos y chicas de Fin-
landia, Alemania, Sui-
za o Japón, es decir los
que mejores resultados
obtienen en PISA, no
llegan a las 40 horas se-
manales de dedicación;
en España en 2015, la
media era de 47 horas semanales.
Alfonso Echazarra sostiene que PISA puede va-
ler y, de hecho, vale para mucho. La clave es adop-
tar las medidas correctas para corregir los proble-
mas que indica. Quizá, como señaló el vicerrector
Juan Tejada en la inauguración del curso, a PISA
le falte tener consecuencias. “Ninguna evaluación
sin consecuencias puede ser importante”, concluyó
el vicerrector, además de animar a incluir en próxi-
mas ediciones otro factor: la relación entre los re-
sultados y la formación que reciben los maestros en
los diferentes países y lugares. “El sistema educativo
descansa sobre los maestros fundamentalmente, y
no se habla mucho de esto”, consideró.
123RF

INVESTIGACIÓN PORTADA
CADA CONSEJERO DEL INE
CUESTA 4.5
MILLONES DE PESOS
ANUALES AL ERARIO

INVESTIGACIÓNPORTADA
Cada consejero del INE
cuesta a los mexicanos
4 millones 522 mil pesos
al año. Además, son
privilegiados con seguro
de vida, camioneta, iPad
y celular, todo con cargo
al erario. Para 2018, el
INE busca incrementar
presupuesto en 3 MMDP
L
a austeridad no ha llegado al Instituto Nacio-
nal Electoral (INE): 10 consejeros –encabe-
zados por el doctor Lorenzo Córdova Viane-
llo– perciben, cada uno, 303 mil pesos brutos (220
mil pesos netos) mensuales, integrados por sueldo
y compensación garantizada, revela el oficio INE/
DEA/4635/2017.
Esos ingresos superan en 94 mil pesos las per-
cepciones del presidente Enrique Peña Nieto,quien
según el Portal de Obligaciones de Transparencia
gana 209 mil 135 pesos brutos al mes (142 mil 33
pesos netos).
El onceavo consejero electoral –del que no se
revela la identidad en el documento obtenido por
medio de la Ley General de Transparencia y Acce-
so a la Información Pública Gubernamental– gana
menos que sus colegas pero más que el presidente
de la República: sus percepciones brutas ascienden
a 270 mil 715 pesos al mes (187 mil 888 pesos ne-
tos).
La élite electoral –que se enfrenta a una profun-
da crisis de legitimidad– lejos está de las penurias
NANCY FLORES
CUARTOSCURO

Seguros y otros beneficios
El gasto en esos 11 servidores públicos no
para ahí. A cada uno se le otorga un seguro de
vida de cobertura básica por 40 meses de percep-
ciones brutas (en la mayoría de casos, esto es 12
millones 121 mil pesos); un seguro colectivo de
retiro que va de 10 mil a 25 mil pesos; y un se-
guro de gastos médicos mayores por 295 salarios
mínimos generales mensuales en la Ciudad de
México.
Además, en caso de que alguno de los con-
sejeros electorales falleciera, el INE prevé gastos
funerarios hasta por 80 mil pesos (1 mil veces el
salario mínimo, indica el oficio).
Para “defender la democracia”, la élite elec-
toral cuenta con más privilegios, como el hecho
de no desgastar su vehículo particular para tras-
que pasan 57 millones de mexicanos que sobrevi-
ven en situación de pobreza, de acuerdo con cifras
oficiales.
Además de las percepciones mensuales que re-
ciben los consejeros, el erario les paga tres costosas
prestaciones por igual. Se trata de un aguinaldo de
350 mil 178 pesos; dos primas vacacionales por 32
mil 688 pesos en total (1 mil 634 pesos por día hábil
descansado); y 545 pesos diarios, con excepción de
fines de semana,para alimentación (11 mil 970 pe-
sos mensuales).Tan sólo el gasto diario en comidas
representa 6.8 salarios mínimos, tasados este 2017
en 80 pesos por jornada laboral.
De la información del INE se desprende que los
11 consejeros cuestan a los mexicanos 49 millones
de pesos anuales (a razón de 4 millones 522 mil 542
pesos por funcionario,con excepción del que obtie-
ne “sólo”3 millones 775 mil 86 pesos).
Precandidato Alvarez Icaza (izquierda): que renuncien los actuales consejeros del INE
GALOCAÑAS/CUARTOSCURO

ladarse de su domicilio a cualquier lugar, sin im-
portar que se dirija o no a una actividad pública.
Ello, porque el Instituto le asigna a cada conse-
jero un vehículo. Una lujosa camioneta Chevrolet
Tahoe –con valor superior a los 560 mil pesos– al
consejero presidente; y a los otros 10 consejeros,ca-
mionetasToyota RAV4 con valor superior a los 300
mil pesos, consta en el inventario de noviembre de
2016. Y no podía faltar la gasolina y el manteni-
miento de esos automotores, también pagados por
la hacienda pública.
Por si esto no fuera suficiente, Córdova Viane-
llo, Enrique Andrade González, Marco Antonio
Baños Martínez, Adriana Margarita Favela He-
rrera, Ciro Murayama Rendón, Benito Nacif Her-
nández, Dania Paola Ravel Cuevas, Jaime Rivera
Velázquez, José Roberto Ruiz Saldaña, Alejandra
Pamela San Martín Ríos y Valles y Beatriz Claudia
Zavala Pérez obtienen del INE un teléfono móvil
con cobertura ilimitada y hasta un iPad.
El problema con este tipo de gastos es que en
México no hay “austeridad republicana”, observa el
doctor en estudios sociales José Manuel Luque Ro-
jas.Eso es algo de lo que adolece todo el gobierno y
no sólo el Instituto,considera.
“Por supuesto que el INE debería de ajustarse y
ser más austero”, señala el también investigador de
la Universidad Autónoma de Sinaloa. Agrega que,
por las facultades que le asignó la reforma consti-
tucional de 2014, el INE ahora es un monstruo con
tentáculos en todos lados y por ello ejerce un presu-
puesto público millonario.
“A eso se le suman los gastos suntuosos que no
se justifican, porque [los consejeros electorales] tie-
nen altos salarios, iPads, celulares, [gastan] mucha
gasolina,vehículos…pues eso se suma.Pero al final
de cuentas, si nosotros exigimos austeridad en las
estructuras del INE –los consejos,las juntas,las co-
misiones de vigilancia– entonces les vamos a atar las
manos.Lo que sí podemos exigir es que tengan sala-
rios adecuados a la situación del país,y eso hay que
exigirlo también a los gobernantes y legisladores.”
La dote matrimonial de Lorenzo
Desde tiempo atrás, la austeridad ha sido algo
distante del consejero presidente del INE: el 30 de
octubre de 2000, cuando se desempeñaba en un
cargo menor al actual, el doctor Córdova Vianello
obtuvo 39 mil 875 pesos por concepto de dote ma-
trimonial con cargo al erario del entonces Instituto
Federal Electoral.Es decir,que se le entregaron casi
40 mil pesos de dinero público a Lorenzo Córdova
por casarse.
Después de que la prensa diera a conocer este
abuso de la burocracia electoral, la dote matrimo-
nial –aclara el INE en la respuesta a la solicitud de
información UE/17/02123, hecha por Contralí-
nea– fue eliminada el 16 de diciembre de 2009 de
las gratificaciones. Sin embargo, eso no garantizó
que el gasto de la institución se volviera congruente
Lorenzo Cordova. Dote matrimonial por casi 40 mil pesos

con la realidad del país,donde las mayorías padecen
marginación y miseria.
Y es que, actualmente, el Instituto no sólo paga
a su personal aguinaldo, prima quinquenal, primas
vacacionales, seguros y gastos de defunción, sino
que el despilfarro sigue mediante “ayudas” para
“renta” hasta por 20 mil pesos mensuales, durante
un periodo no mayor de 6 meses; y para despensa,
por 350 pesos al mes,en forma permanente.
Asimismo, otorga gratificaciones por el Día de
las Madres a sus trabajadoras con esta condición,
por 250 pesos,y por el Día de Reyes y Día del Niño,
250 pesos por cada celebración a los funcionarios
que tienen hijos menores de 12 años.
Con dinero público, el INE también cubre
los gastos de traslado y menaje de casas, y otorga
becas académicas a favor del personal de plaza
en los cargos de contralor general, directores eje-
cutivos, directores, jefes de unidad técnica, sub-
contralores, coordinadores del registro federal de
electores, vocales ejecutivos locales, directores de
área de estructura, vocales ejecutivos locales, vo-
cales secretarios, vocales locales, vocales ejecuti-
vos, secretarios distritales, subdirectores de área,
vocales distritales,coordinadores operativos,jefes
de departamento, jefes de monitoreo a módulos
y homólogos, consta en su Manual de percepciones
para 2017.
El Manual también contempla el otorgamiento
de percepciones extraordinarias para los funciona-
rios que cumplan con su trabajo. Éstas pueden ser:
“estímulos, reconocimientos, recompensas, incenti-
vos, compensaciones extraordinarias y pagos equi-
valentes, que se otorgan a los servidores públicos
de mando, cuya asignación se encuentra sujeta a
requisitos de realización futura e incierta y que no
forman parte integrante de la percepción ordinaria”.
Y piden más presupuesto
Aunque el presidente Enrique Peña decretó una
época de austeridad gubernamental desde hace un
par de años, los consejeros electorales buscan au-
mentar su presupuesto público para el próximo año.
Por ello,el Consejo General ha solicitado 18 mil
226.4 millones de pesos como presupuesto ideal del
INE.Al respecto,Lorenzo Córdova justificó la pe-
tición al decir que en 2018 se realizará la “elección
más grande de nuestra vida democrática [sic]”(Pro-
ceso,28 de agosto de 2017).
Ese monto planteado en el proyecto presu-
puestario es 3 mil 155 millones de pesos superior
al aprobado por la Cámara de Diputados para este
2017,que asciende a 15 mil 71 millones de pesos.
Al respecto, el doctor Efraín Érick Poot Cape-
tillo, investigador de la Universidad Autónoma de
Yucatán, considera que “la enorme cantidad de di-
nero que están solicitando [los consejeros] es parte
de los gastos que comúnmente tienen.Por supuesto
que debe haber estrategias más claras de en qué se
va a gastar el dinero, pero los recursos que solici-
tan parecen estar justificados. Lo que hace falta es
transparencia y rendición de cuentas”.
La tendencia es que el INE destina la mayor
parte del dinero público a gasto corriente (sueldos,
prestaciones,operación,papelería,equipos de cóm-
puto,pensiones y jubilaciones) y no a gasto de capi-
tal (inversión).
En el actual ejercicio, por ejemplo, de los 15 mil
71 millones de pesos que le fueron aprobados,al cie-
rre del año habrá empleado 14 mil 799.39 millones
en el gasto corriente,y sólo 271.79 millones en gasto
de capital, indica el análisis El presupuesto público fe-
deral de México en materia electoral,2016-2017.
123RF

del INE han sido cuestionados e incluso un sector
de la sociedad civil organizada (sobre todo el que
encabeza el aspirante presidencial y defensor de los
derechos humanos Emilio Álvarez Icaza) ha pe-
dido su renuncia, por considerar que no han sido
garantes del voto ciudadano.
Para el doctor Poot Capetillo, “al INE le están
pasando la factura que en realidad le deberían cobrar
a los partidos políticos, porque costó mucho crear
un instituto electoral, primero con el IFE: profe-
sionalizarlo, dotarlo de credibilidad. Lógicamente
cuando los partidos comenzaron a influir de mane-
ra importante en la conformación del Consejo Ge-
neral, éste empezó a ser acotado. Cuando, con las
llamadas cuotas, los partidos comenzaron a influir
de manera decisiva en la designación de ciertos per-
sonajes como consejeros,fue el momento en el que
empezó el camino de la deslegitimación del papel
que le tocaba jugar al Instituto”.
En entrevista,el investigador refiere que la tran-
sición de árbitro federal a nacional también ha re-
Elaborado por el investigador Reyes Tépach,
integrante de la Dirección de Servicios de Inves-
tigación y Análisis de la Cámara de Diputados, el
estudio detalla que en este ejercicio la organización
de procesos electorales tuvo un costo de 80 millo-
nes 620 mil pesos en gasto corriente, y de apenas 1
millón 480 mil en gasto de capital.
“El problema [del presupuesto] es más de fondo
que de forma: no creo que los consejeros del INE
sean responsables.Lo son respecto de los gastos su-
perfluos que tienen, de las prerrogativas que ellos
mismos acuerdan para sí en el margen de la au-
tonomía, pero lo demás es responsabilidad de los
partidos y de la clase política,porque está en la ley”,
considera el doctor Luque Rojas.
El descrédito de los consejeros
y el Instituto
El gasto multimillonario en esta institución no
se refleja en su aprobación social. Los consejeros
La llamada Ley Kumamoto,
que reforma el marco legal en
materia electoral de Jalisco
para reducir en 60 por ciento el
presupuesto a los partidos polí-
ticos locales –impulsada por el
legislador independiente Pedro
Kumamoto–,es el camino para
adelgazar el presupuesto público
a los partidos,considera el doc-
tor Efraín Érick Poot Capetillo.
Para el investigador de la
Universidad Autónoma de Yu-
catán especializado en ciencia
política,el aval que dio la Su-
prema Corte de Justicia de la
Nación a esa reforma el pasado
28 de agosto,al considerarla
constitucional,es sumamente
importante para Jalisco y el resto
del país.
“Ésa es la reforma que se ne-
cesita a nivel nacional, aunque ya
no da tiempo para estas eleccio-
nes. Con ésta se puede limitar el
presupuesto a los partidos a algo
acorde con la realidad mexicana,
porque el presupuesto va a estar
amarrado, no al padrón electoral,
sino al número de votos obteni-
dos”, indica.
Para 2018, el Instituto Na-
cional Electoral aprobó ¬–el
pasado 18 de agosto– que a los
partidos se les otorguen 6 mil
788 millones de pesos, conside-
rado el presupuesto más alto en
la historia del financiamiento
electoral.
Al respecto, el doctor José
Manuel Luque Rojas observa
que“acusar al INE por ese pre-
supuesto es como querer matar
al mensajero: al final de cuentas,
para calcular el monto de la
asignación del presupuesto a los
partidos políticos, al funciona-
miento de las estructuras estata-
les y al consejo general del INE,
las juntas locales y todo lo que
tiene que ver con la estructura,se
usa la fórmula establecida en la
Constitución.
“Entonces, ¿quién puso
la fórmula? ¿El INE? No.La
pusieron los legisladores al esta-
blecer cuál iba a ser el financia-
miento a los partidos políticos.
Cuando se aplica la fórmula da
una cantidad estratosférica.Eso
está mal, pero no es culpa del
INE, ellos sólo están aplicando
lo que dice la ley.”
LEY KUMAMOTO,VÍA PARAACOTAR PRESUPUESTO ELECTORAL

percutido en la imagen, el desempeño y hasta en el
gasto del Instituto.“Hay un aspecto que suele pasar
desapercibido: esto no fue la evolución propia del
Instituto, sino un acuerdo al que llegaron los parti-
dos en el marco del Pacto por México: con la refor-
ma electoral se le dotó de una serie de atribuciones,
pero al mismo tiempo éstas fueron acotadas.Así,de
forma precipitada absorbió muchas funciones y, al
mismo tiempo,también las críticas”.
En 2015,los consejeros electorales empezaron a
resentir el déficit de confianza.Algo que se acrecen-
tó con el tiempo, al grado que en este 2017 fueron
acusados de parcialidad a favor del Partido Revo-
lucionario Institucional y, por ello, organizaciones
como Ahora les exigieron su renuncia.
Al respecto,el doctor Luque Rojas explica que la
crítica a la institución y a los consejeros arreció con
los procesos electorales de 2016 y 2017. Aunque sí
hay deficiencias en el INE,observa,el problema no
es realmente del Instituto.
“El problema principal es de las normas sobre
el funcionamiento del Instituto: todo está estable-
cido en la ley y eso no lo hizo el INE, lo hicieron
los legisladores y los partidos políticos en un gran
acuerdo dizque para resolver problemas de la de-
mocracia. En esa lógica se inscriben sus decisiones
[de los consejeros].”
El investigador de la Universidad Autónoma de
Sinaloa recuerda que el procedimiento para nom-
brar a los consejeros está en manos de los partidos.
“Cómo explicar que los partidos políticos acuerden
que vaya fulano o zutano al INE,[pues porque] son
cuotas.Pero resulta que son los mismos partidos los
que los descalifican cuando en una elección cerrada,
por ejemplo, no encuentran eco a las demandas de
nulidad.Éste es el fondo del asunto,más allá de que
sí han errado en algunas decisiones porque no han
utilizado de forma adecuada, en parte porque son
cuotas,las atribuciones que tienen para obligar a los
actores políticos a que respeten la ley”.
Para la realización de este trabajo se solicito co-
nocer la versión de los consejeros electorales, a tra-
vés del área de Comunicación Social. No obstante,
al cierre de edición no se obtuvo respuesta.
Consejeros del INE. Privilegios
CUARTOSCURO

INVESTIGACIÓN SOCIEDAD
LA DISPUTA POR
EL BOTÍN
LEY DE SEGURIDAD INTERIOR

INVESTIGACIÓNSOCIEDAD
La politización de la Ley
de Seguridad Interior y los
intereses de los gobernadores
por el botín de los recursos
frenan su aprobación en el
Congreso. Mientras, continúa
la militarización de la seguridad
pública y aumentan las
violaciones a los derechos
humanos
L
a discusión en el Congreso de la Unión de la
Ley de Seguridad Interior no es más que la
lucha por el botín de los recursos que recla-
man los gobernadores, cuyos legisladores no traba-
jan para el interés nacional sino para los intereses
partidistas. En tanto, se profundiza la inseguridad
pública del país.
Es la conclusión de especialistas, académicos y
expertos en seguridad pública, seguridad nacional
e inteligencia. Coinciden en que la aprobación de
una ley que regule la participación de las Fuerzas
Armadas en el combate al crimen organizado está
cada vez más lejos de los intereses de los partidos
políticos y de los gobernadores.
La iniciativa de Ley de Seguridad Interior se
partidizó en función de los intereses de los gober-
nadores, quienes controlan a sus legisladores. El
epicentro de la discordia es el mando único por la
subsidiaridad de las Fuerzas Armadas,ante la inca-
pacidad de las policías estatales y municipales frente
a los azotes del crimen organizado,señala el doctor
Emilio Vizarrretea Rosales.
JOSÉ RÉYEZ
TERCERODÍAZ/CUARTOSCURO

Para los gobernadores, agrega, si no se resuelve
el mando único donde ellos intervengan,vinculado
a la seguridad interior, no va a haber mando único
ni Ley de Seguridad Interior.“Por eso surge el tema
del mando mixto como salida, pero ni siquiera este
es el fondo, sino el botín, los recursos de seguridad
pública que quieren seguir administrando y ahí es
donde se entrampa la discusión de la ley”.
Y es que el rubro de la seguridad es el que más
ha crecido en el presupuesto federal año con año.
Hoy se ejercen,en total,264 mil millones de pesos,
como revela el estudio Panorama del gasto federal en
seguridad,2006-2016.Temasestratégicos47,elabora-
do por el Instituto Belisario Domínguez del Sena-
do de la República.
En entrevista,Vizarretea Rosales considera que
las cinco iniciativas congeladas en el Congreso no
chocan entre sí.Sólo hay dos posiciones,dice:la que
les daría todo tipo de legitimidad para la interven-
ción a las fuerzas armadas o que regresen a sus cuar-
teles,en la condición de crecimiento de la violencia,
inseguridad e impunidad que vive el país.
Martín Barrón Cruz, maestro por el Instituto
Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), alerta so-
bre la militarización de la seguridad pública que
aumentaría la violación a los derechos humanos en
agravio de la población civil.
Subraya que mientras los legisladores medran
con la Ley de Seguridad Interior y la subordinan
a intereses partidistas en vísperas de la elecciones d
2018,“a la sordina”la Secretaría de la Defensa Na-
cional (Sedena) está creando nuevos cuarteles para
la seguridad pública.
En entrevista,advierte que anticipándose a que
no va a ser aprobada la Ley de Seguridad Interior,
la Sedena está creando cuarteles destinados a la
seguridad pública en las 12 regiones militares. “Se
trata de la militarización de la seguridad pública,de
seguir principios de doctrina militar en funciones
militares”,advierte.
Tomás Martínez Sánchez, coordinador de la
maestría en Seguridad e Inteligencia Estratégica
del Instituto Ortega Vasconcelos de México,plan-
tea reconsiderar que la seguridad interior sea moti-
vo de una ley específica.
Propone, por el contrario, incluir la seguridad
interior en la Ley de Seguridad Nacional,que con-
temple la defensa exterior “en un contexto nacional
de mayor complejidad de riesgos y amenazas que
deberá enfrentar el Estado mexicano”.
Por ejemplo,dice,el ascenso de Donald Trump
a la presidencia de Estados Unidos “debería re-
plantear la agenda legislativa, colocando como
prioridad la defensa exterior y la seguridad nacio-
nal en un contexto de mayor complejidad de ries-
gos y amenazas al que deberá enfrentarse el Estado
mexicano”.
México no necesita una ley de seguridad inte-
rior, enfatiza Martínez Sánchez, quien cuestiona a
los legisladores sobre el tema.
En nuestro país –dice–,sin tradición de expan-
sión imperial o colonial, que ha desarrollado una
seguridad nacional defensiva que tiende a fundirse
con su seguridad interior, ¿tiene sentido una le-
gislación especializada? ¿Está nuestro país ante la
necesidad de crear un aparato gubernamental se-
mejante al Departamento de Seguridad Interior
(Homeland Security, en inglés) de los Estados
Unidos?
“Si ese es el problema –continua el académi-
co– el enfoque de la discusión legislativa ¿no de-
bía centrarse en el concepto de seguridad interior
considerando como prioridad el mantenimiento
del orden interno por efecto de conflictos, mani-
festaciones, protestas sociales y actos que derivan
en violencia y alteración de la paz social, princi-
palmente, y no sólo para justificar el combate a la
delincuencia organizada?”
Las “leyes” en conﬂicto
La Ley de Seguridad Interior no pretende ni
logrará resolver el grave problema de la seguridad
El rubro de la seguridad
es el que más ha crecido
en el presupuesto federal
año con año. Hoy se
ejercen, en total, 264 mil
millones de pesosmillones de pesos

en México. Sus preceptos establecen las bases en
el recurso de las Fuerzas Armadas, por lo que es
insuficiente pero necesaria, considera el maestro
en seguridad nacional del Centro de Estudios
Superiores Navales (Cesnav), Francisco González
Ayerdi.
En su análisis Consideraciones para una ley ne-
cesaria, publicado en julio de 2017 por el Instituto
de Investigaciones Estratégicas de la Armada de
México (IIEAM), el especialista compara las ini-
ciativas de ley,las cuales –indica– se diferencian en
temas como la suspensión de garantías tipificadas
en la Constitución y la desaparición de poderes en
los estados, y coincide en la restricción a la inter-
vención de Fuerzas Armadas en asuntos de com-
petencia del ministerio público.
Explica que las diferencias mayores entre las
iniciativas se refieren a las formas de construir la
declaratoria de afectación de la seguridad interior,
las estructuras de autoridad y comando, y los me-
canismos y límites en las acciones que restauren la
seguridad en cuestiones estratégicas, operacionales
y de legitimidad,así como bajo qué tipo de mando,
civil o militar estarían las Fuerzas Armadas para
enfrentar el crimen organizado.
Por ejemplo,dice González Ayerdi,la propues-
ta del Partido Revolucionario Institucional (PRI)
plantea operaciones de inteligencia en recolección
de información para restaurar la seguridad interior.
Es decir,se trata de operaciones de carácter preven-
tivo,en las que las autoridades podrán hacer uso de
cualquier método de recolección de información,
sin recurrir a medios ilegales o de abuso coactivo.
Sin embargo, el proyecto de ley del Partido de
la Revolución Democrática (PRD) destaca, con
mayor notoriedad que el resto de iniciativas, no
considerar,bajo ninguna circunstancia,como ame-
nazas a la seguridad interior las acciones relaciona-
das con movimientos o conflictos sociales,políticos
o electorales.
Militarización de la seguridad pública
ALANORTEGA/CUARTOSCURO

Enfrentamientos, cotidianos
BERNANDINOHERNÁNDEZ/CUARTOSCURO
En el Congreso de la Unión
se encuentran congeladas
cinco iniciativas de Ley que
pretenden regular la seguridad
interior, tres en Cámara de
Diputados (del PRI, PAN y
PVEM), y dos en la de Senado-
res (PAN y PRD).
La iniciativa presentada por
el PAN en noviembre de 2015,
incorpora un procedimiento
para declarar la existencia de
una afectación a la seguridad
interior, que no implica la sus-
pensión de derechos humanos
y sus garantías y plantea que
la prevención, investigación y
persecución del delito siguen
estando bajo la función de la
seguridad pública.
Puntualiza que la Fuerza
Armada Permanente que coad-
yuve con las autoridades locales
o federales, no sustituye en la
investigación y persecución
del delito al ministerio público
ni a las policías preventivas,
sino que intervienen en los
términos de la ley cuando se
realizan actos con el propósito
de obstaculizar o impedir que
esas autoridades ejerzan sus
funciones.
La segunda iniciativa, tam-
bién del PAN, presentada en
septiembre de 2016, propone
insertar en el marco del derecho
positivo mexicano la seguri-
dad interior, por la cual regula
la integración, organización,
funcionamiento y control de
las instituciones encargadas de
la seguridad interior; crea un
Comité de Seguridad Interior
que auxiliaría al Ejecutivo Fede-
ral en conducir la política en la
materia.
Crea las Fuerzas Especiales
de Apoyo, cuya figura está con-
templada en la Ley Orgánica
del Ejército y Fuerza Aérea
Mexicanos y en la Ley Orgá-
nica de la Armada de México y
prestar el auxilio a las policías
locales y municipales.
La propuesta del PRI, de
octubre de 2016, indica que la
LAS CINCO INICIATIVAS CONGELADAS

El maestro Rodolfo Aceves Jiménez, en su
análisis La seguridad interior vista desde las iniciati-
vas en el Congreso, publicado por el IIEAM,señala
inconsistencias jurídicas de la iniciativa del Parti-
do Acción Nacional (PAN),al comparar la Ley de
Seguridad Interior con la Ley de Seguridad Na-
cional, por lo que considera que sería inviable su
aprobación en el Congreso.
Argumenta que hay un desfase y una confu-
sión entre los conceptos de seguridad interior del
Programa de Seguridad Nacional y los de la ini-
ciativa del PAN.El programa señala que es condi-
ción del Estado para salvaguardar la seguridad de
los ciudadanos y la propuesta panista sostiene que
es una función de seguridad nacional a cargo de la
Federación.
“No son funciones iguales, porque la seguridad
nacional persigue objetivos de Estado,como su per-
manencia,sus instituciones y su forma de gobierno;
mientras que la seguridad interior es una condición
para aspirar a la seguridad pública”,subraya.
Además, sostiene que la propuesta panista no
contiene análisis o estudios académicos, de donde
resulte la necesidad política,económica,social o de
seguridad, por lo que carece de sustento y razona-
mientos por los cuales sea factible su aprobación.
“Si el espíritu del legislador consiste en crear
una norma específica, tendría que ajustar y armo-
nizar sus disposiciones a las de la Ley General del
Sistema Nacional de Seguridad Pública y de la
Ley de Seguridad Nacional,para evitar duplicidad
de atribuciones y sincronizar su coordinación ope-
rativa en la función de seguridad pública, seguri-
dad interior y seguridad nacional”, argumenta.
Es decir, añade, la seguridad interior es una
atribución del gobierno federal, mientras que la
seguridad pública se instituye como la prestación
de un servicio público a cargo de la Federación,los
estados y municipios.
Por ningún motivo los elementos que confor-
man el concepto de defensa (Estado,instituciones,
soberanía o independencia) involucran o com-
parten elementos de seguridad interior o seguri-
dad pública, sino que son totalmente distintos en
esencia y contenido, el uno de los otros, subraya el
especialista.
aplicación de la ley le corres-
ponderá al Ejecutivo federal,
por conducto de la Secretaría
de Gobernación, a las Fuerzas
Armadas y a las instituciones de
seguridad pública federal.
Establece que acciones de
orden interno y de seguridad
interior se apoyarán en unida-
des de inteligencia del Sistema
de Seguridad Nacional y que la
Secretaría de Gobernación in-
formará de dichas acciones a la
Comisión Bicameral de Seguri-
dad Nacional del Congreso.
Mientras que la iniciativa
presentada por el PRD en enero
de 2017, subraya no considerar
como actos que pueden provo-
car afectaciones a la seguridad
interior las movilizaciones de
protesta social o que tengan un
motivo político-electoral.
Menciona que los tres
órdenes de gobierno estarán
obligados a atender los casos de
afectación a la seguridad inte-
rior y a proteger a las personas,
sus bienes, planta productiva
y servicios públicos. Crea el
Consejo de Seguridad Interior,
el cual sesionará cuando se pre-
sente un evento que a su juicio
constituya una afectación a la
seguridad interior o para dar
seguimiento a la ejecución de
planes, programas y acciones en
la materia.
Por último, el Partido Verde,
en febrero de 2017, presentó
su iniciativa, cuya finalidad es
superar, neutralizar y reducir
presiones y antagonismos que
tengan origen al interior del
país. Señala que su aplicación
y conducción será responsa-
bilidad del Ejecutivo federal y
la Secretaría de Gobernación
fungirá como enlace entre de-
pendencias de los tres órdenes
de gobierno, Fuerzas Armadas y
federales.
Considera como amenazas
a la seguridad interior: acciones
de grupos delincuenciales que
rebasan la capacidad de con-
trol del Estado que ponen en
riesgo la vida y bienestar de la
población; y aquellas que ponen
en peligro la estabilidad de las
instituciones, menoscaben el
Estado de derecho y la gober-
nabilidad democrática; y que
pretendan vulnerar la paz social,
la seguridad nacional y el orden
interno.

Al respecto, el catedrático de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM), Emi-
lio Vizarretea, señala que la seguridad nacional
tiene la doble vertiente de la defensa externa y la
seguridad interior, pero ésta y la seguridad pública
tienen que ver con las formas de convivencia so-
cial,en un escenario donde el enemigo es distinto:
para las Fuerzas Armadas,el crimen organizado,y
para las policías, la delincuencia común.
“Estos dos modelos no están chocando, sino
los intereses partidistas que frenaron la discusión
de la iniciativa de Ley de Seguridad Interior, para
abordar sólo sus agendas legislativas de las eleccio-
nes de junio pasado”, acota.
Considera que la seguridad interior no ha sali-
do de los partidos ni de los gobernadores,no logró
transparentarse en la academia, ni se echó a andar
la maquinaria de la discusión social y política de
un tema tan relevante para la sociedad.
¿Se necesita una Ley de
Seguridad Interior?
―La necesitamos en la medida en que quera-
mos transparentar algunas acciones de las Fuerzas
Armadas. Ninguna fuerza militante puede inter-
venir per sé, sino a petición de facto de goberna-
dores, congresos o presidentes municipales de que
intervengan las Fuerzas Armadas para enfrentar el
crimen organizado.
Y aquí es donde entra el tema de la Agenda
Nacional de Riesgos, para definir si son riesgos o
amenazas a la seguridad nacional la escalada de
violencia en los estados que pone en riesgo la go-
bernabilidad, por lo que se requiere normar la in-
tervención de las Fuerzas Armadas.
El académico estima que la seguridad interior
no sólo es asunto de México,tiene que ver con Es-
tados Unidos, el tráfico de armas, las aduanas, los
puertos, es otra dimensión de la que nadie sabe
cuál va ser su futuro, sus alcances y consecuencias,
y el país necesita mayores controles.
“El punto es que haya tranquilidad social, por-
que la población asume que hay una especie de to-
que de queda en el país por la inseguridad pública
que afecta la economía y los derechos humanos.”
Ley Frankenstein
Para el doctor Martín Barrón Cruz en un esce-
nario de indefiniciones, donde nadie se hace res-
ponsable de lo que pasa en México, es grave que
ninguna de las iniciativas explique qué es seguri-
dad interior, ni que los legisladores entiendan su
significado.
“Todas las iniciativas establecen que las Fuerzas
Armadas intervendrán de manera subsidiaria a las
policías incapaces de garantizar la seguridad inte-
rior.Es decir,el mismo discurso de hace 20 años,de
una policía incapaz y corrupta que sigue vigente.”
Sin embargo,¿qué ha pasado con la policía que
sigue siendo corrupta, pero a poco no hay mili-
tares, marinos ni policías federales corruptos? Se
parte de un principio erróneo en el que los legis-
ladores hacen una interpretación sui géneris del
Artículo 29 Constitucional, para argumentar la
seguridad interior, por lo que las propuestas caen
por su propio peso.
En caso de aprobarse –añade el experto del In-
acipe–, será una ley Frankenstein del PAN, PRI y
PRD, porque así funciona el Poder Legislativo en
el país.
Barrón Cruz señala que la Constitución esta-
blece que los ciudadanos pueden tomar las armas
y ser convocados para formar la guardia nacional,

interior, “porque ésta puede estar subsumida en
aquélla”,y también diferenciar qué se entiende por
orden público, porque para ellos seguridad nacio-
nal es seguridad pública.
Destaca que se pretende cambiar una realidad
y resulta que de un sinfín de propuestas del decá-
logo del 2014 resurge el mando único, retomado
del 2010 del proyecto de sistema policial que hizo
el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores
de Monterrey (ITESM) y el Centro de Investi-
gación y Docencia Económicas (CIDE) para la
Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago),
la cual avaló la creación de la policía única estatal.
Se trataba de un modelo que privilegiara el
mando único, que los estados asumieran y se
privilegiara el análisis, la inteligencia, una policía
científica. Al fin, una propuesta del entonces go-
bernador del Estado de México, Enrique Peña
Nieto. “¿Y qué cambió? Nada”, recuerda el espe-
cialista.
pero el Congreso lleva 100 años en que no ha po-
dido emitir la Ley Orgánica de la Guardia Na-
cional.
Lo que no entienden los legisladores es que
tenemos un sistema federalista, como lo establece
la Constitución,y 17 constituciones estatales esta-
blecen que quien debe ordenar la Guardia Nacio-
nal son los gobernadores, pero no funciona en el
ámbito federal, ni en el local.
“Discutir si es Ley de Seguridad Interior o no,
no tiene sentido, cumplamos lo que dice la Cons-
titución. Si los legisladores se basan en el Artículo
29 Constitucional y en 17 constituciones estatales,
entonces por qué no lo hacen. Porque tenemos un
desastre público brutal provocado por los legisla-
dores a 100 años de la Constitución,que no le han
podido hacer una ley orgánica”.
Advierte que si los legisladores continúan dan-
do bandazos en seguridad interior, tendrían que
diferenciar qué es seguridad nacional y seguridad
En el Congreso, la disputa por recursos públicos
SAÚLLÓPEZ/CUARTOSCURO

INVESTIGACIÓN LÍNEA GLOBAL
MIGRANTES
EN ITALIA
SEGREGADOS

INVESTIGACIÓNLÍNEA GLOBAL
La integración de los
migrantes en Italia está
fracasando. Son vistos como
intrusos y son discriminados
y reprimidos, no obstante
que se trata de personas
que vienen de guerras o son
perseguidos políticos
R
oma, Italia. El enfrentamiento entre poli-
cías y refugiados expulsados de una cén-
trica plaza romana donde se congregaron
tras ser desalojados de un edificio vecino, eviden-
ció falencias en el proceso de su integración a la
sociedad italiana.
Los uniformados utilizaron chorros de agua y
porrazos para dispersar a un centenar de migrantes,
en su mayoría refugiados procedentes de Etiopía,
Eritrea y Somalia, quienes resistieron la desocupa-
ción de la Plaza Independencia con el lanzamiento
de piedras y botellas,según la versión oficial.
Al menos cuatro personas fueron detenidas
por la policía y otras 13 resultaron lesionadas,
atendidas por operadores de la organización no
gubernamental Médicos Sin Fronteras.
La violencia empleada para controlar la situa-
ción el 24 de agosto quedó reflejada en lo expre-
sado por uno de los policías a otro colega cuando
dijo: “Estos deben desaparecer, peor para ellos. Si
sacan cualquier cosa arráncales un brazo”, lo cual
está siendo investigado por la fiscalía.
FRANK GONZÁLEZ/PRENSA LATINA
123RF

INVESTIGACIÓN LÍNEA GLOBAL
El autor de la frase resultó ser un dirigente
quien, según el diario La Repubblica, explicó que
tras concluir su turno de trabajo escuchó a través
de la radio que sus hombres estaban en dificultad
y decidió intervenir.
Aunque reconoció que “aquella fue una frase
infeliz”, trató al mismo tiempo de justificarla al
manifestar que “aislada tiene un sabor siniestro,
pero es necesario contextualizarla” y agregó que
respondía a un agente quien le contaba que él y
otros colegas estaban siendo agredidos con pie-
dras.
Una de las migrantes calificó de absurda la si-
tuación, porque son refugiados políticos, con do-
cumentos en regla, quienes lo único que piden es
una casa donde vivir.
Por su parte, el portavoz de la representación
del Fondo de las Naciones Unidas para la Infan-
cia (Unicef) en Italia, Andrea Iacomini, protestó
por el impacto sicológico negativo de la interven-
ción sobre los niños.
“Hablamos de 800 personas con estatus de re-
fugiados, sobrevivientes de guerras, persecuciones
o torturas quienes,en algunos casos,obtuvieron la
ciudadanía italiana, lanzadas a la calle en condi-
ciones inhumanas, sin una alternativa sostenible
real de parte del gobierno de Roma”,indicó según
el diario La Repubblica.
Contra la violencia se pronunció el secreta-
rio de Estado Vaticano, Pietro Parolín, quien
expresó que las imágenes del hecho “no pueden
provocar otra cosa que desconcierto y dolor”, al
tiempo que pidió no olvidar que esas mujeres,
hombres y niños “son en estos instantes nuestros
hermanos”.
En un sentido similar lo hizo el presidente del
Centro Astalli, Camillo Ripamonti, quien señaló
que el desalojo, sin ningún trabajo social previo
ni soluciones para las necesidades de las personas,
no puede ser la respuesta a un problema viejo y
complejo como la falta de integración de tantos
refugiados.
Como era fácilmente previsible –indicó– des-
pués de días de tensión la situación degeneró y se
llegó al uso de la fuerza contra personas desar-
madas y desesperadas, lo cual es una derrota para
todos.
Integración incompleta
Añadió que la integración de los refugiados,
en momentos en que el sistema de acogida de
la capital se contrae fuertemente es un desafío
difícil y costoso que no puede ser evadido con
soluciones ilusorias rápidas y de emergencia.
El edificio desalojado estaba ocupado, a la
vista de todos, desde 2013 en lo que el Centro
Astalli describe como “uno de los asentamien-
tos informales en los cuales grupos numerosos
de titulares de protección internacional viven en
la ciudad, en condiciones de grave marginalidad
social y malestar”.
El choque causó polémica en el ámbito polí-
tico con posiciones encontradas entre organiza-
ciones rivales y al interior de ellas mismas.
Para el presidente del gobernante Partido
Democrático, Matteo Orfini, no se puede seguir
pensando en que “un drama social se pueda redu-
cir a una cuestión de orden público”.
En un mensaje difundido a través de su cuenta
en Facebook, Orfini expresó que eso no significa
que se justifique todo y no se respete la legalidad,
pero “para hacerlo es necesario seriedad, buen
sentido y soluciones”, en una crítica evidente a la
manera en que el gobierno municipal gestiona el
fenómeno de la acogida de migrantes.
En defensa de la alcaldesa,Virginia Raggi,sa-
lió el vicepresidente de la Cámara de Represen-
tantes y candidato de hecho al cargo de primer
ministro por el Movimiento 5 Estrellas, Luigi
Di Maio, quien subrayó que “si un inmueble es
ocupado ilegalmente tiene que ser desalojado” y
agregó que el Estado tiene que hacerse respetar.
Hablamos de 800
personas con estatus de
refugiados, sobrevivientes
de guerras, persecuciones
o torturas… gente sin
alternativasalternativas

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