Contralínea 580

Año 16 • Número 580 • $30
Del 5 al 11 de marzo de 2018
ISSN: 1665-1626
REVISTA SEMANAL

4 24 de julio de 2017
DIRECTOR Miguel Badillo
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Ignacio Aldama 74-8, colonia Del Carmen,
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NUESTROS LECTORES
OPINIÓN
GMI CONSULTING REITERA
QUE NO HAY INDÍGENAS
EN IXTACAMAXTITLÁN, PUEBLA
4 5 de marzo de 2018
Boletín 007. Aclaraciones a
la entrevista realizada por
Nancy Flores al doctor Juan
Pablo Gudiño Gual, y los
diversos artículos publicados
por Contralínea, La Jornada
de Oriente y otros medios en
fechas recientes sobre la
participación de GMI Con-
sulting en el proyecto minero
“Ixtaca” promovido por la
empresa Almaden Minerals
Ciudad de México, a 2
de marzo de 2018. Todo el
trabajo de GMI Consulting
se realiza de conformidad
con las mejores prácticas
internacionales en materia
de Gestión Social y Eva-
luación de Impacto Social,
atendiendo en todo mo-
mento al respeto irrestricto
a los derechos humanos y
particularmente de los pue-
blos indígenas, garantizando
la participación voluntaria
de la población, cumpliendo
con los protocolos señalados
en los Principios de Ecuador
y las Normas de Desempeño
sobre Sostenibilidad Am-
biental y Social emitidos por
la Corporación Financiera
Internacional del Banco
Mundial; las Guías de la
OECD sobre gestión social
de las empresas, los Princi-
pios Rectores sobre las Em-
presas y los Derechos Hu-
manos de la Organización
de las Naciones Unidas; los
Protocolos de Actuación del
Banco Interamericano de
Desarrollo, y los principios
aplicables del Convenio 169
de la OIT, entre otros.
GMI Consulting llevó
a cabo la primera parte de
la Evaluación de Impacto
Social del proyecto de ex-
ploración minera “Ixtaca”,
el primer estudio de estas
características realizado en
el país por una empresa
minera, de conformidad con
las mejores prácticas interna-
cionales señaladas anterior-
mente, y en estricto apego a
los derechos humanos:
- El trabajo de campo se
realizó durante un perio-
do de 4 semanas en los
meses de septiembre y
octubre de 2017 por un
grupo interdisciplinario
de nueve antropólogos,
etnólogos y sociólogos
egresados de diversas
universidades, quienes
vivieron al interior de las
localidades del área de
influencia del proyecto
con el objeto de realizar
una inmersión etnográ-
fica a profundidad, y
conocer sus costumbres
y forma de vida. La
recolección de informa-
ción procedió de fuentes
primarias vía herramien-
tas de tipo cualitativo.
-El trabajo de investiga-
ción se enmarcó bajo
las directrices de una
Metodología Participativa, y
se promovió la participa-
ción amplia, informada,
pertinente y voluntaria
de diversos grupos de
población. Se llevaron
a cabo más de 200 en-
trevistas a profundidad
con duración mínima de
una hora con diversos
pobladores de todas las
comunidades.
-La metodología utiliza-
da incorporó un enfoque
de derechos humanos,
desarrollo sustentable y
perspectiva de género
conciliables con lo esta-
blecido en los Principios
de Ecuador, las Normas
de Desempeño sobre
Sostenibilidad Social y
Ambiental, y la Guía
de la OCDE de debida
diligencia para la parti-
cipación significativa de
las partes interesadas del
sector extractivo. En lo
que respecta a grupos
vulnerables, se incluyó la
participación de mujeres,
personas de la tercera
edad, niños y niñas.
-Durante el trabajo de
campo no se identifi-
caron comunidades
indígenas ni el habla de
lenguas originarias den-
tro del área influencia de
proyecto. Tampoco se
identificaron autoridades
tradicionales. Ninguno
de los entrevistados
mencionó tener au-
toadscripción indígena,
ni conocer a pobladores
de las localidades del
área de influencia que
la tuvieran. Únicamen-
te se identificó a una
mujer adulta mayor en

www.contralinea.com.mx 5
la localidad de Zacatepec,
quien aun a pesar de cono-
cer la lengua náhuatl, ya no
la practica, y considera no
tener autoadscripción a nin-
guna etnia indígena.
Aclaramos que sólo el Estado
mexicano puede señalar legal-
mente la existencia o no de una
comunidad indígena como sujeto
de consulta, no los particulares,
y es el propio Estado mexicano
quien debe garantizar y realizar
procesos de Consulta Previa
Libre e Informada a pueblos y
comunidades indígenas de con-
formidad con los diversos instru-
mentos internacionales firmados
por el Estado mexicano. No es
atribución de los particulares
realizar procesos de Consulta
Previa Libre e Informada.
Hacemos un fuerte extraña-
miento de los comentarios verti-
dos sobre nuestro Director Jurí-
dico, el Dr. Juan Pablo Gudiño
Gual, por el Señor Julio Glokner
en su artículo intitulado “Ixtaca-
maxtitlán: ¿indígenas inexisten-
tes? Eso dicen los antropólogos
de Almaden Minerals” publica-
do el 28 de febrero en el medio
electrónico [sic] Contralínea y reto-
mado por medios como La Jor-
nada de Oriente y Mundo Nuestro en
el que se descalifica a su persona
y a la Universidad Marista de la
cual procede, desacreditando sus
principios éticos, su calidad mo-
ral y académica, y expresando
únicamente argumentos ad homi-
nem para demostrar sus dichos,
con un total desconocimiento
del trabajo realizado por esta
empresa. Por lo que por este con-
ducto lo instamos a que nos haga
saber cuál fue la metodología
aplicada durante sus visitas a la
región, cómo delimitó el área de
influencia del proyecto minero,
cuántos son “muchos” habitantes
con los que ha hablado, cómo
se integró su equipo de trabajo,
en qué fechas realizó el trabajo
de campo, y si éste fue realizado
conforme a las mejores prácticas
internacionales en la materia.
Recordándole ante todo que de
la época de la evangelización de
nuestro país a la fecha median
alrededor de quinientos años,
durante los cuales cualquier an-
tropólogo o sociólogo de primer
semestre sabe que en un periodo
de tal magnitud se dan cambios
sustantivos en la sociedad.
Licenciada María de las Nieves
García-Manzano
Directora general
Respuesta de la reportera
Aunque el boletín de prensa de
GMI Consulting se titula “Acla-
raciones a la entrevista realizada
por Nancy Flores al doctor Juan
Pablo Gudiño Gual […]”, en
ninguno de sus párrafos aclara
y mucho menos desmiente lo
publicado por Contralínea en su
edición 579.
Y no lo puede desmentir por-
que la consultora contratada por
Almaden Minerals es consciente
de que en el texto se respetan ín-
tegramente las declaraciones de
su director jurídico Gudiño Gual,
quien aseveró en varias ocasiones
contar con “pruebas científicas”
sobre la supuesta inexistencia de
indígenas en la zona de influen-
cia del proyecto minero Ixtaca.
La consultora tampoco se re-
fiere a los documentos del propio
gobierno federal –publicados en
la investigación periodística– que
demuestran la existencia de pue-
blos originarios.
Por eso el boletín de GMI
resulta, por lo menos, confuso
y contradictorio. Por una parte
advierte que “sólo el Estado
mexicano puede señalar legal-
mente la existencia o no de una
comunidad indígena como sujeto
de consulta, no los particulares”;
pero, por otra, insiste que en su
trabajo de campo de sólo 200
entrevistas “no se identificaron
comunidades indígenas ni el ha-
bla de lenguas originarias dentro
del área influencia de proyecto”.
Agrega que “tampoco
se identificaron autoridades
tradicionales. Ninguno de los
entrevistados mencionó tener
autoadscripción indígena, ni
conocer a pobladores de las loca-
lidades del área de influencia que
la tuvieran”.
Por fin, ¿es el Estado o son
los particulares quienes deter-
minan la existencia o no de los
pueblos originarios? La pregunta
es pertinente porque, como
se señaló en la investigación
periodística, cinco instituciones
federales (secretarías de Medio
Ambiente y Recursos Naturales y
de Desarrollo Social Instituto Na-
cional de Estadística y Geografía,
Comisión Nacional para el De-
sarrollo de los Pueblos Indígenas,
e Instituto Nacional de Lenguas
Indígenas) y un gobierno estatal
(el de Puebla) documentan que
en el lugar sí hay población
nahua.
En su oficio DFP/1835/14,
la Semarnat específicamente
advierte que incluso en Santa
María Zotoltepec, donde se es-
tablecería físicamente la unidad
minera, habitan indígenas.
“El proyecto que nos ocupa
[exploración Ixtaca III] incide
sobre territorio en el que habitan
comunidades indígenas de las
localidades de Zacatepec, Vista
Hermosa de Lázaro Cárdenas,
Tuligtig (San Miguel), Santa
María Zotoltepec y Xiuquenta,
municipio de Ixtacamaxtitlán, en
Puebla”, indica la Semarnat.
Y agrega que “de conformi-
dad a lo establecido en el Conve-
nio 169 de la OIT para pueblos
indígenas y tribales existe una
medida administrativa suscep-
tible de afectarles directamente,
por lo que en cumplimiento al
Convenio referido se requiere
llevar a cabo la consulta a los
pueblos indígenas antes mencio-
nados”.
Si es el Estado mexicano
quien determina la existencia
de los pueblos originarios y si se
debe consultar a los mismos o
no, y a través de la Semarnat ya
estableció que el Proyecto Ixtaca
sí afecta pueblos originarios que
deben ser tomados en cuenta,
entonces ¿qué intención tienen
tanto el doctor Gudiño como
GMI al reiterar en la entrevista
y el boletín que en el área no
existen?
Al asegurar que los pobla-
dores no son indígenas, GMI se
arroga la facultad de declarar su
inexistencia basada en un trabajo
de inmersiones de 4 semanas, de
200 entrevistas hechas por sólo
nueve especialistas, según explica
en su boletín. La consultora, sin
embargo, olvida “aclarar” que el
área afectada es de 10 comunida-
des donde habitan más de 3 mil
personas.
Nancy Flores
NUESTROS LECTORES OPINIÓN

CONTENIDO
26
PORTADA
TNo sólo Sedatu y Sedesol usan universidades
para subcontratar terceros: también Sagarpa, SRE,
ISSSTE, Conapesca, Pronósticos...
12 INSTITUCIONES USARON
UNIVERSIDADES PARA
SUBCONTRATAR:ASF
OPINIÓN
NUESTROS LECTORES
OFICIO DE PAPEL IRREGULARIDADES DE PGR EN CASO ANAYA Miguel
Badillo
AGENDA DE LA CORRUPCIÓN ELECCIONES 2018: LA CAÍDA DEL PRI,
EL ASCENSO DE MORENA Nancy Flores
ZONA CERO PENAL DE MÁXIMA SEGURIDAD: DERROCHE DE 122
MILLONES Zósimo Camacho
CONTRAPODER LOS LAPSUS LINGUAE DE PEÑA Álvaro Cepeda Neri
ARTÍCULOS
EL TERRITORIO MAYO DE COHUIRIMPO BAJO ASEDIO Myrna Valencia Banda
EJIDO DE BACA, 8 DE JUNIO DE 1938 Luis Espinoza Sauceda
MEADE: DIME CON QUIÉN ANDAS Y TE DIRÉ QUIÉN ERES Roberto E Galindo
VENEZUELA: CUANDO EL PUEBLO ACTÚA, EL PENTÁGONO LO PIENSA
DOS VECES Luis Beatón/Prensa Latina
MUTILACIÓN GENITAL, UN DOLOR DE MILLONES DE MUJERES Y NIÑAS Ibis
Frade/Prensa Latina
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CONTRALÍNEA. PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN –año 16, número
580, del 5 al 11 de marzo de 2018– es una publicación semanal edi-
tada por Editorial Libertad y Expresión, SA de CV; Ignacio Aldama
74-8, colonia Del Carmen, delegación Coyoacán, CP 04100, Méxi-
co, DF; teléfonos: 55 54 91 93 y 55 54 91 94; www.contralinea.com.
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dillo Cruz. Número de reserva al título de derecho de autor: 04-
2001-1206164804 00-102. Número de certificado de licitud de título:
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mir el 2 de marzo de 2018. Distribuida por la Unión de Voceadores
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folio: 00010-RHY

CONTENIDO
INVESTIGACIÓN
PORTADA 12 instituciones usaron universidades para subcontratar: ASF Nancy Flores
LÍNEA GLOBAL Estados Unidos no deja en paz a Siria: nuevas agresiones en el horizonte
Roberto García Hernández/Prensa Latina
26
34
MISCELÁNEO
EX LIBRIS Pablo Natorp, el kantiano de la escuela de Marburgo de Hermann Cohen Álvaro
Cepeda Neri
66
ANÁLISIS
SOCIAL Ixtacamaxtitlán: ¿indígenas inexistentes? Julio Glockner
SOCIAL Las no razones de la violencia contra la mujer: en busca de la equidad Carmen
Aída Guerra Miguel
INTERNACIONAL Costa Rica: dos países en pugna Rafael Cuevas Molina/Prensa Latina
INTERNACIONAL Nuevos teatros de guerra: la base militar estadunidense en Sigonella
Alessandro Pagani
INTERNACIONAL La batalla de Damasco y de la Ghouta Oriental Serge Marchand/Red
Voltaire
40
46
52
56
62
Fotografía de portada: 123RF
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52 56 62
46

OFICIO DE PAPEL
OPINIÓN
IRREGULARIDADES DE PGR
EN CASO ANAYA
MIGUEL BADILLO
E
n medio de un escándalo político más me-
diático que legal sobre el supuesto involu-
cramiento del candidato presidencial panis-
ta Ricardo Anaya en operaciones de lavado de dinero,
la Procuraduría General de la República (PGR) ha
cometido por lo menos dos graves irregularidades
que hacen ver este caso como un vil asunto político
para frenar las aspiraciones de Anaya y posicionar
mejor al candidato priísta José Antonio Meade,
quien hasta ahora se mantiene en el tercer lugar de
las encuestas para la Presidencia de la República.
Una de esas irregularidades tiene que ver con
las constantes filtraciones de información que han
salido del expediente judicial que la PGR debería
mantener en total secrecía, en donde se sigue un
proceso penal en contra del empresario Manuel
Barreiro Castañeda, quien efectivamente sostuvo
negocios con Anaya en operaciones por 54 millo-
nes de pesos, lo que ha aprovechado el Ministerio
Público Federal (MPF) para exhibir ante la prensa
datos y videos de interrogatorios y de procedimien-
tos ministeriales. Lo cual es violatorio de la ley.
De las filtraciones que deberían ser investigadas
–porque representan un delito penal cometido por
los servidores públicos que tienen bajo su resguardo
el expediente ministerial– destacan los interrogato-
rios grabados en video a dos testigos colaboradores
de la PGR y propietarios de un despacho de ase-
soría financiera, en donde se declaran confesos de
recibir instrucciones y planear una operación de
blanqueo de recursos que les habría entregado otro
de los principales implicados, Manuel Barreiro
Castañeda, quien para evitar su posible detención
huyó a Canadá y se amparó para no tener que de-
clarar ante el MPF.
La segunda irregularidad es precisamente que
ambos testigos de la PGR se declaran confesos de
cometer el delito de blanqueo de capitales y a pesar
de ello son dejados en libertad, cuando el MPF de-
bió detenerlos y someterlos a proceso penal.
En esos interrogatorios, los dos testigos acusan
que Barreiro les dijo que el dinero que deberían
triangular para evitar conocer su origen era para
Ricardo Anaya, hecho que de ser cierto los convier-
te sólo en “testigos de oídas”, sin validez judicial,
pues Anaya nunca se reunió con ellos para planear
o entregarles el dinero que se tenía que lavar.
No es la primera vez que el gobierno federal
utiliza al abogado de la nación para fines político
electorales, pues finalmente el procurador general
de la República es un empleado más del presidente
en turno; tampoco sería nada extraño que este su-
puesto acoso judicial en contra del candidato panis-
ta termine una vez que pase la contienda electoral
y para julio próximo, es decir dentro de 4 meses, la
PGR cierre el expediente que presuntamente invo-
lucra a Ricardo Anaya.
Por su parte el candidato panista y su abogado
han tratado de explicar de muchas maneras que no
es responsable de algún delito, mucho menos el de
blanqueo de capitales de procedencia ilícita, y en esto
ambos también tienen razón, pues para que se pue-
da tipificar el delito de lavado de dinero primero debe
probarse que hay dinero sucio, es decir procedente
de alguna actividad ilícita. Hasta ahora esto no lo
ha podido comprobar el MPF y se ha dedicado a
filtrar la información más como una acción mediá-
tica para afectar al aspirante presidencial de los par-
tidos Acción Nacional, de la Revolución Democrá-
tica y Movimiento Ciudadano en lugar de armar
un expediente penal con la secrecía que se requiere.
Aún más, de acuerdo con el Artículo 400-bis

OFICIO DE PAPEL OPINIÓN
del Código Penal Federal, que regula el blanqueo
de capitales, para cometer este delito, la persona
involucrada debe tener “conocimiento de que [los
recursos que recibe] proceden o representan el pro-
ducto de una actividad ilícita, con algunos de los
siguientes propósitos: ocultar o pretender ocultar,
encubrir o impedir conocer el origen, localización,
destino o propiedad de dichos recursos, derechos o
bienes, o alentar alguna actividad ilícita”.
Y hasta ahora la PGR no ha presentado prueba
alguna de que Ricardo Anaya estuviera enterado
o hubiera participado en la planeación de lavado de
dinero que ejecutaban supuestamente Barreiro y los
dos asesores financieros, así que aunque sean pro-
cesadas estas personas relacionas con operaciones
ilícitas, no significa que Anaya esté involucrado.
Sin duda que estamos frente a un delito com-
plicado y difícil de probar, pues así lo demuestran
las estadísticas de la propia autoridad en cuanto a
las personas sentenciadas como lavadores de dinero,
a pesar de que los órganos responsables de reunir
evidencias de este delito, como son la Unidad de In-
teligencia Financiera (UIF) y la Procuraduría Fiscal
de la Federación, han presentado muchas denun-
cias ante la PGR.
Pero para el candidato panista éste no es el úni-
co problema que enfrenta; también lo es su nega-
ción a la vieja y estrecha relación que tiene con el
“prófugo” Manuel Barreiro Castañeda, pues am-
bos han sido compañeros de escuela y tienen nexos
amistosos familiares. Sin embargo, Anaya insiste en
que no tiene relación con Barreiro, cuando se han
publicado fotografías en la prensa que revelan lo
contrario.
En los próximos días nueva información confir-
mará esa estrecha relación. Se trata de un video en
donde se ve al aspirante presidencial panista bailar
durante la boda precisamente del mismo Barreiro.
Se le ve sonriente y disfrutando del convivio con su
amigo.
La información del video que se guarda en el
expediente ministerial fue proporcionada por la
secretaria del propio Barreiro, quien ante agentes
ministeriales decidió colaborar con las indagatorias
a cambio de impunidad.
Sobra decir que aún con esos videos y fotogra-
fías que confirman la estrecha relación, eso no hace
culpable a Anaya de lavado de dinero, pues para que
pueda acusársele de este delito la PGR tiene prime-
ro que reunir pruebas de ello y lo que hemos visto
hasta ahora éstas no existen o simplemente no las
han encontrado.
GALO
CAÑAS/CUARTOSCURO

AGENDA DE LA CORRUPCIÓN
OPINIÓN
ELECCIONES 2018
LA CAÍDA DEL PRI, EL
ASCENSO DE MORENA
NANCY FLORES
D
os hechos recientes marcan las rutas críti-
cas que empiezan a seguir los partidos Re-
volucionario Institucional (PRI) y Acción
Nacional (PAN) en su afán de llegar a la Presidencia
de la República, a pesar de la debilidad que entra-
ñan sus candidatos José Antonio Meade y Ricardo
Anaya, respectivamente.
Sus estrategias desesperadas son una aceptación
tácita de que el partido de Andrés Manuel López
Obrador, Movimiento de Regeneración Nacional
(Morena), va a la cabeza, al menos en las preferen-
cias electorales que se contabilizan en las encuestas.
Por un lado está el uso faccioso de las institucio-
nes, burda maniobra del PRI para sacar de la con-
tienda a Anaya y tratar
de posicionar con todo
el dinero posible –por
supuesto, del erario– a
Meade, además de su ri-
dícula campaña mediá-
tica en la que se supone
ese partido ha salvado a
los mexicanos de la pobreza y ha dado instituciones
sólidas, entre las que menciona los servicios de salud.
Queda claro que los priístas de cúpula, esos que
visten y calzan con prendas que superan cada una
y por mucho el salario mínimo, no se atienden en el
IMSS, el ISSSTE ni tienen Seguro Popular como
para darse cuenta de que no hay medicinas y las
consultas e intervenciones quirúrgicas llegan tan
tarde que no pocas veces el enfermo ya murió.
Por otro lado, el PAN se aferra a lo que le queda:
el miedo de sectores en el poder fáctico que apues-
tan por el candidato menos débil frente a López
Obrador, en una lógica de fortalecerlo para frenar
a quien consideran, desde hace años, “un peligro
para México”. En realidad, un peligro para sus bol-
sillos y negocios al amparo de la corrupción.
Así es como se explica que, de la nada, Anaya
empiece a crecer en las encuestas sin mover un solo
dedo para generarse una imagen de estadista que,
evidentemente, no tiene. Porque los spots y giras
realmente no le alcanzan, y menos enfrentando la
campaña sucia del PRI donde le tildan de corrupto
y lavador de dinero.
Las estrategias
Así que, en esas rutas críticas, el PRI y el PAN
luchan contra sí mis-
mos, contra lo que son
y eso no sólo tiene que
ver con sus grises y des-
conocidos candidatos.
¿Quién en el más re-
cóndito lugar de este
México pluricultural
conoce a Meade? ¿Quién conoce a Anaya?
Y es que ambos partidos enfrentan ante todo el
descrédito de sus propias historias. Así que sus can-
didatos no sólo deben superar sus propias ﬂaquezas,
sino también y urgentemente “limpiarse” la carga
que entraña ser priísta o panista en una época de
hartazgo social como la que vivimos ahora.
Meade y Anaya son abanderados de una cla-
se política corrupta que, desde la Presidencia de la
República, se ha servido a sí misma y a los intereses
que representa, sobre todo de grandes trasnaciona-
les, a costa de la gente empobrecida y violentada a
lo largo y ancho de este país.
El PRI y el PAN luchan contra sí mis-
mos, contra lo que representan: la co-
rrupción y la masacre; y también contra
sus grises y desconocidos candidatos
El PRI y el PAN luchan contra sí mis-
sus grises y desconocidos candidatos

AGENDA DE LA CORRUPCIÓN OPINIÓN
Ejemplo de ello son los cuestionamientos sobre
la riqueza acumulada por el político Felipe Cal-
derón, quien fue presidente de México gracias al
PAN. ¿De dónde saca su familia millones de pesos
para financiar la precampaña de Margarita Zava-
la? ¿Acaso su pensión de expresidente pagada con
el erario le alcanza?
Datos del propio Instituto Nacional Electoral
demostraron que 8 de cada 10 pesos destinados a
la patética precampaña de Zavala provenían del
bolsillo del desprestigiado Calderón, y ella gastó
más de 10 millones de pesos en comprar su registro
como candidata independiente.
Y hablando de Calderón y lo que representó
su gobierno para los mexicanos, resulta que Anaya
no sólo carga con el desprestigio por el escandalo-
so saqueo a las finanzas públicas
ocurrido en los gobiernos calde-
ronista y de Vicente Fox (¿acaso
ya se olvidaron los negocios de
sus hijos e hijastros al amparo del
poder?), sino también con el peso
de la historia respecto de la ac-
tual crisis humanitaria en la que
está sumido el país.
Pero esto también se aplica
para Meade, porque el PRI es
autor de la Guerra Sucia y con-
tinuador de la “guerra” contra el
narco; y qué decir de las miles y
miles de estafas al erario causa-
das por priístas.
Calderón y Enrique Peña –el PAN y el PRI en
la Presidencia– son los principales responsables de
la actual tragedia que enfrentan decenas, cientos,
miles de familias desmembradas por las ejecuciones,
desapariciones forzadas, secuestros, drogadicción,
desplazamiento forzoso, tortura y un largo etcétera
de crímenes donde el gobierno ha tenido metidas
las manos hasta el fondo.
Al frente del gobierno, prominentes integrantes
de esos partidos han fungido como autores intelec-
tuales de las más terribles atrocidades que ha pa-
decido nuestra sociedad, y se han garantizado a sí
mismos impunidad de por vida.
Desde la Presidencia, PRI y PAN han sido cóm-
plices de sus propias fechorías. Los peces gordos de la
corrupción que Fox prometió encarcelar quedaron
en eso: promesas. Lejos de hacer justicia, el foxismo
generó sus propios peces gordos: Enciclomedia y Pe-
mex son ejemplos del saqueo en su gobierno, pero
no son los únicos. Eso lo encubrió Calderón. Y a
este último y a sus amigos los protegió Peña Nieto.
Estrategias desesperadas
Es en este contexto en el que el PRI de Peña –
dado por muerto en 2000– echa mano del aparato
de Estado para generar ventajas artificiales a favor
de Meade. El uso faccioso de las instituciones se lleva
entrelaspatasalaProcuraduríaGeneraldelaRepú-
blica, que sigue armando expedientes a modo, como
el del supuesto lavado de dinero que inculpa en los me-
dios –al filtrar la información sesgada– a Anaya.
Hasta el Servicio de Administración Tributaria
participa en esta campaña, al revelar lo que nunca
quiere por el llamado secreto fiscal: que la empresa
involucrada en el presunto fraude es fantasma.
Y el PAN recurre a sus aliados momentáneos:
empresarios y medios de comunicación aterroriza-
dos ante la fortaleza que ellos mismos le reconocen
a Morena. Por eso manipulan encuestas y noticia-
rios para restar la ventaja de López Obrador, al me-
nos de forma artificial.
Con ello buscan imponer en la gente la idea de
que Anaya es el único candidato que le puede ha-
cer frente al tabasqueño.
Y mientras PRI y PAN se destrozan, Morena
teje cuestionadas alianzas. ¿Ya olvidó Obrador que
no quiere el poder por el poder?
CUARTOSCURO

ZONA CERO
OPINIÓN
E
l Centro Federal de Readaptación Social
(Cefereso) 4, Noroeste, es conocido popular-
mente como El Rincón. En él se ha recluido
a narcotraficantes y secuestradores pero también a
guerrilleros y luchadores sociales. Ha sido señalado
en reiteradas ocasiones por violar los derechos hu-
manos de los internos. Está ubicado en las afueras
de la ciudad de Tepic, capital de Nayarit.
Es uno de los 18 penales de “máxima seguridad”
que administra el gobierno federal: 16 Ceferesos,
el Complejo Penitenciario Federal Islas Marías y el
Centro Federal de Readaptación Psicosocial. Todos
están a cargo de la Secretaría de Gobernación (Se-
gob), a través, específicamente, del Órgano Adminis-
trativo Desconcentrado Prevención y Readaptación
Social (OADPRS).
La Auditoría Supe-
rior de la Federación
(ASF) encontró que –
entre otras irregularida-
des– en el Cefereso de
El Rincón el gobierno
federal ha derrochado,
sin ningún beneficio, 122 millones y medio de pe-
sos. La auditoría financiera y de cumplimiento 16-
5-04D00-02-0019, practicada al reclusorio federal,
está contenida en el Informe individual del resultado de
la ﬁscalización superior de la cuenta pública 2016, cuyo
dictamen se emitió el 26 de enero pasado.
Las irregularidades detectadas pertenecen al
rubro Tecnologías de Información y Comunicacio-
nes, en el cual el OADPRS erogó –en conjunto, en
todos los penales federales– 1 mil 177 millones 782
mil 500 pesos sólo en 2016. La ASF revisó única-
mente una muestra de 487 millones 783 mil pesos.
Ahí pudo comprobar las irregularidades por los
122 millones 551 mil 300 pesos. Es decir, en más del
25 por ciento de lo revisado se detectaron las ano-
malías. Se trata de obras que no tienen ningún uso.
En la auditoría se señala que el gobierno federal
(en específico, el OADPRS) celebró un jugoso con-
trato multianual, por adjudicación directa, con la
empresa Ingenieros Civiles Asociados, SA de CV
,
mejorconocidacomoICA.Eldocumentotuvouna
vigencia del 31 de enero de 2012 al 15 de marzo de
2017. El objeto formal del acuerdo fue “prestar los
servicios integrales de seguridad electrónica, infor-
mática y telecomunicaciones” para el Cefereso 4.
Todo el contrato tuvo en valor de 2 mil 340
millones 229 mil pesos. En 2016 se pagaron 280
millones 610 mil 900 pesos. La ASF pudo consta-
tar que la OADPRS,
dependiente de la Se-
cretaría de Goberna-
ción, no contó con “un
procedimiento formal”
que aplicara el Cefereso
“para la recepción, revi-
sión o validación, acep-
tación de los entregables y facturas por los servicios
realizados por el proveedor”.
Por ello, ICA pudo entregar los servicios sin la
documentaciónespecíficaqueestabaobligadaapro-
porcionar, como las certificaciones por parte del fa-
bricante del equipo del personal de soporte técnico,
la certificación de la correcta ejecución del trabajo y
el plan de actualización del equipo tecnológico.
Además, la ASF no encontró evidencia de que la
empresa contratada hubiera capacitado al personal
del Cefereso y de la Policía Federal para que pudie-
ran hacer uso de los sistemas electrónicos de segu-
ridad, informática, telecomunicaciones y equipo de
ZÓSIMO CAMACHO
PENALDEMÁXIMASEGURIDAD:
DERROCHE DE 122
MILLONES
En el Cefereso de El Rincón el go-
bierno federal ha derrochado, sin nin-
gún beneﬁcio, 122 millones y medio de
pesos, documenta la Auditoría
En el Cefereso de El Rincón el go-
pesos, documenta la Auditoría

ZONA CERO OPINIÓN
la empresa] derivadas de la celebración del contra-
to OADPRS/DGA/S/014/2012”. El órgano de
fiscalización concluye que Prevención y Readapta-
ción Social de la Segob “no administró, vigiló ni
validó el cabal cumplimiento el contrato”.
Además, la ASF no duda en alertar de “un pro-
bable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pú-
bica Federal” por un monto de 122 millones 551
mil 300 pesos. Se refiere a los equipos que no se
utilizan ni aprovechan.
Y todo porque el organismo desconcentrado
“no administró los recursos financieros con suje-
ción a las políticas y normatividad establecidas”,
ni aplicó estrategias y métodos de trabajo para el
ejercicio presupuestal asignado, ni verificó siquiera
que la erogación de recursos tuviera en cuenta las
necesidades y requerimiento de cada área.
El problema de la sobrepoblación en las cárce-
les, incluyendo las federales, no es ni mucho menos
un secreto. El colmo es que se adquieran equipos y,
por negligencia, se instalen donde no hay población
y no se necesitan. Una pequeñísima muestra de lo
que fue la Secretaría de Gobernación de Osorio
Chong y de lo que es el agonizante gobierno de
Peña Nieto.
soporte a la operación de la infraestructura tecnoló-
gica existente. Es decir, no se capacitó a los servidores
públicos para que supieran utilizar lo adquirido.
No fue lo peor, desafortunadamente. Audito-
res de la ASF realizaron una visita a El Rincón, el
Cefereso 4, para ver directamente en qué condicio-
nes se encontraban los “servicios” adquiridos. La
inspección se llevó a cabo durante los días 22 y 23
del noviembre pasado. De manera sorprendente, la
ASF reporta:
“En la vista realizada se identificaron equipos
de los Módulos 15, 16 y 17; Aduana de Vehículos,
Aduana de Personas, Servicios Generales y Necesi-
dades Especiales que se encuentran instalados y fun-
cionando; sin embargo, no se han aprovechado los
servicios ya que desde diciembre de 2015 no se tiene
población en esas áreas. Por lo tanto, se estiman pa-
gos en exceso por 122 millones 551 mil 300 pesos.”
Vaya torpeza. Se instalaron equipos que cues-
tan más de 122 millones en áreas que no se nece-
sitan, pues han cambiado de función. Por ello, la
ASF no tuvo duda en emitir una “promoción de
responsabilidad administrativa sancionatoria” con-
tra los servidores públicos que “en su gestión no
verificaron el cumplimiento de las obligaciones [de
ARMANDO
SOLÍS/CUARTOSCURO

CONTRAPODER
OPINIÓN
E
n una traición del subconsciente, el mexi-
quense que ha sido manejado tras el trono
por la mano negra que es Videgaray, se fue
de la lengua y cínicamente pidió que el enojo so-
cial “no nuble la vista y niegue los avances y desa-
rrollo que estamos teniendo” (Erika Hernández,
Georgina Saldierna y Francisco Reséndiz: Refor-
ma, La Jornada y El Universal, 17 de enero de 2018).
Al apadrinar a empresarios de la aviación, se puso
hipócritamente sincero, suponiendo que los mexi-
canos viven en jauja con un fantasioso “avance y
desarrollo”; seguramente refiriéndose a los que sí
gozan empresarios nativos y extranjeros, porque
más de 100 millones de
connacionales padecen
pobreza, desempleo,
bajos salarios, alza de
precios, corrupción e
impunidad del peñis-
mo.
Sus palabras son
una mentada al pueblo que no encuentra ese de-
sarrollo ni esos avances en economía, porque las
políticas peñistas sólo han favorecido a los ricos
empresarios que aplauden a Peña; y éste echa las
campanas a vuelo para autoglorificarse. Por eso
es que el enojo popular ha creado el populismo
electoral, cuya mayor corriente favorece a López
Obrador. Y a quien quiere detener a cualquier
precio. Aunque le puede salir el tiro por la culata
pues el pueblo tiene la oportunidad de derrotar al
priísmo peñista en la próxima disputa de más de 3
mil cargos de representación, incluyendo la Presi-
dencia de la República, para hacer ganar al PAN
y sus aliados, o a Morena con los suyos.
No es que el pueblo esté enojado y esto le nu-
ble el entendimiento. No, lo que sucede es que los
mexicanos están encabronados y esperan con ansias
que llegue el día de las elecciones –en julio próxi-
mo– para escupirle en la cara a Videgaray y Peña,
que sólo son buenos para la corrupción, endeudar
billonariamente al país y proteger a los millona-
rios a cambio de empobrecer al pueblo. Por lo que
éste ansia venganza; odia a Peña y maldice a Vi-
degaray. Y ya que el inquilino de Los Pinos vive
a todo lujo con todos los servicios pagados por el
pueblo, supone que el “enojo” del que habla es
una actitud pasajera y
sin importancia; pero
se trata de una poten-
cial rebelión social ante
su pésimo gobierno.
No es un enfado pa-
sajero que nuble ver los
“logros” de Peña y Vi-
degaray. Es que el pueblo sí mira con claridad…
sus fantasías; y ha acumulado ese enfurecimiento
y crispación colectiva porque no encuentra la ma-
nera de que el peñismo termine en juicios políticos
y penales, para que responda por su mal gobierno
y no haber cumplido sus obligaciones de imple-
mentar estrategias para la creación de empleos,
mejorar la situación económica de los mexicanos
y detener la grave inseguridad que padecemos; y
que como punta de lanza tiene a los 43 estudian-
tes de Ayotzinapa desaparecidos con la complici-
dad de delincuentes, militares y policías, como del
entonces presidente municipal y su esposa (hasta
LOS LAPSUS LINGUAE
DE PEÑA
ÁLVARO CEPEDA NERI
No es que el pueblo esté enojado y
esto le nuble el entendimiento. No: los
mexicanos están encabronados y lo co-
brarán el día de las elecciones
No es que el pueblo esté enojado y
brarán el día de las elecciones

CONTRAPODER OPINIÓN
ahora detenidos), durante el reinado autorita-
rio de Heladio Aguirre, entonces desgobernador de
Guerrero (y sacado a patadas –como se merece–
de su ambición para ser diputado federal).
Es el encabronamiento que nos ha dejado la im-
potencia recrudecida por la inmensa pobreza, la
grave inseguridad que padecemos y la impunidad
que otorgan a los suyos; en agravio de la nación. Y
que ante esa impunidad, no han dejado los padres
de esos muchachos y el pueblo en general de exi-
gir resultados serios, una vez atraído el expediente
por la PGR a mandato de Peña; pero cuyos tres
titulares se resisten a dar a pro-
fundizar la investigación porque
los directamente involucrados
son los uniformados de la Zona
Militar que, amparados en la
protección presidencial peñis-
ta, se han negado a ser entre-
vistados por las organizaciones
internacionales. Así que entre
otros casos sangrientos, éste es
uno por el cual en cuanto deje
la presidencia, Peña tendrá que
ser llevado a juicio penal y juicio
político. Pero habiendo errado
al designar a Mid por instruc-
ciones de Videgaray, se distrae
coordinando esa fallida campa-
ña; y sábados y domingos jugan-
do golf como prueba de que éste
es uno más de los problemas que
lo tienen sin cuidado.
Otra lectura de su desinterés
podría ser lo que soltó en la cere-
monia de entrega de premios de
Ciencia, Tecnología y Humanidades (Rosa Elvira
Vargas, La Jornada, 13 de enero de 2018), donde
la distinguida con uno de ellos: Rosaura Martínez
Ruiz, se presentó al evento con una camiseta que
en la espalda y el frente llevaba la leyenda: “Nos
faltan 43”; en referencia a esos estudiantes que 4
años después Peña y su PGR siguen escondien-
do los avances de la investigación. Y negándose
a quitarse la camiseta a pesar de las presiones e
intimidaciones del Estado Mayor Presidencial y
demás empleados peñistas, la investigadora de la
UNAM se presentó ante Peña quien advertido, es-
bozó una sonrisa forzada y le entregó la distinción.
Pero al momento de despedirse y en respuesta a
la petición que doña Rosaura le hizo en voz alta
de que no se olvidara de los 43, éste le susurró en
voz baja que el caso estaba cerrado, porque los 43
estudiantes estaban “fallecidos”.
Los demás medios de comunicación (televi-
sión, periódicos, revistas y la radio) pasaron por
alto la cínica revelación que hizo Peña como para
que nadie se enterara. Lo cierto es que fue un
hecho la confesión peñista quien como jefe de la
PGR, cerró el expediente asegurando que esos 43
mexicanos están “fallecidos”. O sea que según él,
fueron víctimas de homicidio, obviamente en una
acción de todos a una como en Fuenteovejuna. Es
decir, que esos jóvenes no están secuestrados ni
en calidad de desaparecidos. Dice Peña que están
muertos. ¿Cómo lo sabe? Le debe a los padres de
esos jóvenes y a la nación una explicación, pues ha
confesado que los 43 estudiantes fueron ejecuta-
dos… ¿por quién o quiénes? La valiente conducta
de Rosaura Martínez Ruiz provocó que Peña, al
fin, dijera lo que sabe sobre los 43 normalistas de
Ayotzinapa.
ARTEMIO
GUERRA
BAZ/CUARTOSCURO

ARTÍCULO
OPINIÓN
E
n 1888 con la última decisión acerca de la
posesión territorial, al pueblo de Cohui-
rimpo se le reconocen 7 mil 629 hectá-
reas como subsistencia para este pueblo Yoreme
en el estado de Sonora a un lado del río Mayo.
Pero para la primera mitad del siglo XX al en-
trar en vigor la organización ejidal, buena parte
de esas tierras fueron entregadas a nuevos due-
ños y también a algunos pobladores originarios;
algunos más siguieron poseyendo la tierra según
sus y costumbres ancestrales. Un ejemplo de ello
es el señor Marcelo Escalante, quien a su falleci-
miento deja a sus des-
cendientes el cuidado
de dicha propiedad.
El pasado mes de
junio la familia Esca-
lante, habitantes de la
comunidad de Ran-
cho Camargo, advier-
te la presencia de personas ajenas al pueblo des-
montando la tierra que han amparado durante
generaciones. Acuden al Gobierno Tradicional
de Cohuirimpo para así dejar claro que quienes
han irrumpido en el lugar cometen un atrope-
llo. Para el 1 de julio un grupo de habitantes del
Pueblo Yoreme acuden al lugar y piden a ope-
rador de la maquinaria introducida que deten-
ga los trabajos que los legítimos dueños no han
autorizado, a lo que la persona accede, sin em-
bargo, tiempo después más hombres continúan
tratando de extraer recursos pétreos del lugar,
justificando la acción con la supuesta compra de
la tierra al ejido de San Ignacio Cohuirimpo, lo
cual nunca se ha comprobado.
Posteriormente ocurren algunos sucesos tam-
bién de abuso y amenaza a Cohuirimpo, lo que
favorece que el Pueblo deje de estar visitando el
lugar. Por el mes de noviembre visitan el lugar
periodistas de la Ciudad de México que inclu-
yen en su material el nombre de la compañía
Siglo XXI, mencionada por quien por esos días
se encontraba representando dicha empresa.
Poco antes de lo anterior, en septiembre falle-
ce el entonces gober-
nador del pueblo de
Cohuirimpo, el señor
Severo Aguilar On-
tamucha, por lo que
también esto inﬂuye
para que haya poca
presencia del pueblo
en el lugar y tenga la organización un periodo
de receso debido a la designación de algunas au-
toridades del Gobierno Tradicional. Por parte
de los empresarios no hay receso alguno, pues en
octubre –mediante llamada telefónica– amena-
zan al entonces Comandante General del Pue-
blo de Cohuirimpo, Remedios S Aguilar Osuna,
y semanas después es víctima de un atentando
que amenaza seriamente su integridad física, lo
cual le impide asistir a una cita ante el Ministe-
rio Público de Navojoa, haciendo llegar el aviso
oportunamente.
MYRNA VALENCIA BANDA, CONCEJALA INDÍGENA MAYO POR EL PUEBLO DE COHUIRIMPO
EN EL CONCEJO INDÍGENA DE GOBIERNO PARA MÉXICO
EL TERRITORIO
MAYO DE COHUIRIMPO
BAJO ASEDIO
El pueblo Yoreme-mayo de San Ignacio
es dueño de su territorio desde tiempos
inmemoriales, por lo que estamos en la
legítima defensa de nuestros derechos
El pueblo Yoreme-mayo de San Ignacio
legítima defensa de nuestros derechos

ARTÍCULO OPINIÓN
Recientemente, se ha sabido de la presencia
de vehículos policiacos en las comunidades que
integran el Pueblo de Cohuirimpo preguntando
ocasionalmente por el señor Remedios S Agui-
lar Osuna, sin que él haya recibido notificación
alguna, pero ya el pasado lunes 12 de febrero le
pasan el mensaje de la existencia de una posi-
ble orden de aprehensión en su contra, pues las
autoridades ejidales del Ejido San Ignacio han
acusado de despojo al señor Remedios por ser
parte del Gobierno Tradicional que en su mo-
mento tuvieron a bien desalojar a la compañía
Siglo XXI del terreno de la familia Escalante.
El miércoles 15 de febrero, se presenta el
señor Remedios Severo Aguilar Osuna, actual
Gobernador Tradicional del Pueblo de Cohui-
rimpo, Río Mayo, Sonora, ante el Ministerio
Público de Navojoa a enterarse de los cargos que
le imputan, sólo para ratificar que es el presi-
dente del Comisariado Ejidal, quien le acusa de
despojo al ejido de San Ignacio.
Pero el pueblo Yoreme-mayo de San Ignacio
es dueño de su territorio desde tiempos inmemo-
riales por lo que estamos en la legítima defensa
de los derechos del Pueblo Ancestral de Co-
huirimpo y queremos que el Estado mexicano
garantice la seguridad de las autoridades de su
gobierno tradicional y de los legítimos dueños
del terreno que fuera propiedad en vida de Don
Marcelo Escalante.
RASHIDE
FRIAS/CUARTOSCURO

ARTÍCULO
OPINIÓN
P
or muchos años los campesinos de Baca (en
Choix, Sinaloa) lucharon por el reconoci-
miento de la propiedad de sus tierras, como
sucedió en todo el país. Tierras que en algún mo-
mento poseyeron pero que les fueron despojadas
por lo ricos de esa época. Algunos apellidos de
plano desaparecieron por la persecución sufrida,
en un régimen donde privó la hacienda como mo-
delo de producción económico en el México rural
porfirista.
El único precedente de la bola que se recuerda
–aunque no con bastante claridad acerca de cuá-
les eran los bandos– fue el enfrentamiento entre
los que estaban fuertes en el pueblo y se parape-
taron en la loma a un costado de la iglesia para
frenar la entrada de
los contrarios, quienes
caminaban río arriba
que a los primeros tiros
se situaron en la Loma
de la Cruz, únicamente
mediando entre ambos
el arroyo del panteón.
Se presume que antes de asaltar Baca, como ata-
que estratégico primero minaron a las comunida-
des asentadas río abajo tratando de tomarlo sin
mucha resistencia, pero el resultado fue desastroso
(a pesar de que el ataque duró pocas horas porque
en su afán de tomarlo fueron repelidos con bra-
vura), dejando centenares de muertos, no tantos
en la Loma de la Cruz sino arroyo arriba. En la
desbandada fueron perseguidos varios kilómetros
hacia las lomas por el arroyo del Palmarito, donde
se concentró el grueso de los muertos. Tanto odio
existía entre los bandos que los muertos no fueron
levantados. Ahí quedaron tirados hasta que los zo-
pilotes acabaron con sus restos.
En este contexto los campesinos del pueblo de
Baca disputaban el reconocimiento de la propie-
dad comunal de sus tierras, pues existían varias
haciendas a los alrededores que habían fracciona-
do la mayoría de sus tierras. La que mayor afec-
tación les había causado fue la hacienda de Lam-
phar. Que ésta, como otras, además del despojo,
los obligaba a trabajar de sol a sol los 7 días de la
semana, únicamente los días de fiesta en el pueblo
descansaban.
Durante los años previos al reparto agrario
la organización campesina se mantenía en la
sombra para no despertar enfrentamientos con
los ricos que estaban
agazapados. Con el
mandato del general
Lázaro Cárdenas el
reparto agrario se hace
realidad, pues conocía
la raíz del problema: en
este país no habrá paz
y no dejará la sangre de correr mientras no se re-
suelva la cuestión de la tierra.
El 8 junio de 1938 se presenta una diligencia
especial del gobierno del Estado para tomar pose-
sión de las tierras en el pueblo de Baca. Los recibió
Pedro Gil Palma y algunos otros campesinos que
se despojaron del miedo a salir a la reunión que se
llevó a cabo en la casa de palma con piso de ladri-
llo (solar donde vivió doña Rosita) de José María
Miranda, conocido como don Chémali, un campe-
sino de los pocos que poseía ganado y simpatizaba
con la causa. Ese día mató una vaca para festejar.
LUIS ESPINOZA SAUCEDA, ESCRITOR E INVESTIGADOR DE LA HISTORIA MEXICANA REGIO-
NAL (SINALOA); CURSANTE DEL DIPLOMADO DE ESCRITURA CREATIVA EN LA ESCUELA MEXI-
CANA DE ESCRITORES
EJIDO DE BACA
8 DE JUNIO DE 1938
Don Pedro Gil, impulsor de las causas
campesinas como pocos, fue el primer
presidente del Comisariado Ejidal de Baca,
cargo que ocupó los primeros 9 años
Don Pedro Gil, impulsor de las causas
cargo que ocupó los primeros 9 años

ARTÍCULO OPINIÓN
Refiere su hija Dora Gil, que meses previos al
reparto “Mi ‘apá, todas las tardes salía a La Estan-
cia, allá dormía; tenía miedo que los ricos lo ma-
taran en Baca. En La Estancia se sentía un poqui-
to seguro; las cosas estaban feas aquí, lo querían
matar”. No señala cómo era la correspondencia
en esos días con las autoridades del Estado, pero
seguramente existió, pues ese día todo estaba pre-
parado para recibirlos en un acto que determina-
ría la suerte de todos los campesinos de Baca que
por fin veían justicia en las acciones del gobierno
emanado de la Revolución.
Don Pedro Gil, como era conocido, impulsor
de las causas campesinas como pocos, fue el pri-
mer presidente del Comisariado Ejidal de Baca,
cargo que ocupó los primeros 9 años. Consiguió
salvar las embestidas de los ricos, aunque al final
no sus familiares.
Por ley, el Comisariado Ejidal se elige cada 3
años. Fue en 1962 cuando Amador Gil estaba de
presidentedelComisariadoEjidaly,porende,jefede
la Defensa Rural, se organizó una fiesta como cada
año en el mes dediciembreen El Basate(comunidad
extinta por ese motivo). La autoridad del ejido inter-
vino acompañado de la Defensa Rural para vigilar
que la fiesta se llevara sin alterar el orden. En eso
andaban cuando casi a la media noche se armó el
pleito que cobró su vida y la de Vicente Gil y un con-
trario José (Pepe) Cota Pajarola. Aluden que el fondo
del asunto fue un problema de tierras del ejido.
No obstante, las tragedias y vejaciones sufridas,
con humor Quirino Alvaz todos los 8 de junio,
Día del Ejido de Baca, entonaba como himno de
batalla El Barzón, canción popular de protesta,
que se entendía como una plegaria de no repetir
el ayer sombrío.
Así, como el primer día: junio 8 de 1938 que
Don Pedro Gil, Don Chémali y otros campesinos
anónimos se resolvieron a fijar esta fecha para ter-
minar con las vejaciones crónicas y volver la dig-
nidad a su pueblo y, en prueba de armonía y amis-
tad entre los presentes, mataron una vaca para
festejar. Con esa tradición se ha festejado hasta el
último año el día del Ejido de Baca.
123RF

ARTÍCULO
OPINIÓN
Q
uisiera el Partido Revolucionario Insti-
tucional (PRI) deshacer los agravios que
en el sexenio de Enrique Peña Nieto nos
han propinado. Quisiera el PRI que bastara la
palabrería de José Antonio Meade Kuribreña, el
“no corrupto”, el “no priísta”, ese deslucido can-
didato que no sabe lo que es la justicia, y menos
aplicada a los desposeídos; los más damnificados
de las políticas priístas y del Partido Acción Nacio-
nal (PAN). Quisiera el PRI que la gente se olvida-
ra de lo que los llevó en el año 2000 a “romper”
la perpetuidad que el tricolor parecía tener en la
Presidencia. Quisiera
el PRI que se olvidara
el hartazgo hacia el re-
volucionario institucio-
nal que llevó a parte de
la sociedad a respaldar
en 2006 el fraude a fa-
vor de Felipe Calderón.
Quisieran los tricolores
que el electorado olvidara que en 2012, con dádi-
va o sin ella, los regresó al gobierno federal, sólo
para sufrir más agravios que los recibidos antes de
que Vicente Fox fuera presidente. Quisiera el PRI
que nos olvidáramos de que ese fue un error más
trágico que el “haiga sido como haiga sido” que la
sociedad le aceptó a Calderón.
Digo “quisiera”, porque la mayoría de los
mexicanos no va a olvidar los agravios que el PRI
nos ha infligido; y la lista de canalladas es amplia,
así como la de aquellos perpetradores priístas que
las han cometido. La encabeza el “honorable”
presidente Enrique Peña Nieto con la insultante
pero blanquísima casa de Las Lomas, turbio asun-
to del que lo exoneró su amigo Virgilio Andrade,
el mismo que está involucrado en el fraude que
en el Banco de Ahorro Nacional y Servicios Fi-
nancieros (Bansefi) se cometió contra los damni-
ficados de los sismos del año pasado. Y le siguen
muchos exgobernadores priístas, relacionados con
desfalcos, desvíos y estafas, entre otros actos de
corrupción, todos millonarios. Investigados y/o
sujetos a procesos judiciales y algunos de ellos en-
carcelados, los más conocidos son: Fidel Herrera y
Javier Duarte (Veracruz), Roberto Borge (Quinta-
na Roo), César Duarte
(Chihuahua), Jorge
Herrera (Durango),
Miguel A Reyes (Zaca-
tecas), Rodrigo Medina
(Nuevo León), Rubén
Moreira y Humberto
Moreira (Coahuila),
Andrés Granier (Ta-
basco), Arturo Montiel (Estado de México), To-
más Yarrington, Eugenio Hernández y Egidio
Torre (Tamaulipas), José Murat y Ulises Ruiz (Oa-
xaca), entre otros. Y no he mencionado a los ser-
vidores públicos priístas acusados de corrupción,
baste mencionar a Rosario Robles quien dirigió
la Secretaría de Desarrollo Social y fue vinculada
con la Estafa Maestra y a Cuauhtémoc Gutiérrez,
exlíder del PRI en la Ciudad de México, acusado
de manejar una red de prostitución.
Los anteriores son quienes representan al vie-
jo y al nuevo PRI, quienes significan lo que es el
priísmo y lo arraigada que en ese partido está la
ROBERTO E GALINDO DOMÍNGUEZ, MAESTRO EN CIENCIAS EN EXPLORACIÓNY GEOFÍSI-
CA MARINA, LICENCIADO EN ARQUEOLOGÍA ESPECIALIZADO EN CONTEXTOS SUMERGI-
DOSY BUZO PROFESIONAL; LICENCIADO EN LETRAS HISPÁNICAS
MEADE
DIME CON QUIÉN ANDAS Y
TE DIRÉ QUIÉN ERES
El PRI quisiera que la gente se olvi-
dara de lo que los llevó en el año 2000
a romper la perpetuidad que el tricolor
parecía tener en la Presidencia
El PRI quisiera que la gente se olvi-
parecía tener en la Presidencia

ARTÍCULO OPINIÓN
corrupción y la impunidad, pues ellos cometen los
crímenes y ellos se perdonan. Algunos son acusa-
dos y enjuiciados cuando a los priístas en el gobier-
no les conviene, ahí está la maestra Elba Esther
Gordillo, encarcelada como venganza por haber
apoyado al PAN en 2006 y para darle popularidad
al gobierno de Peña Nieto. Gordillo fue sacada de
la cárcel y llevada a resguardo domiciliario a su
residencia en Polanco. Tal vez en un intento de
que ella pueda influir entre los caciques magis-
teriales para que sigan apoyando al PRI, ante el
impulso y la simpatía que en este sector tiene An-
drés Manuel López Obrador y el Movimiento de
Regeneración Nacional (Morena), que parece se-
rán invencibles en las elecciones del próximo julio.
Aunque también puede ser que la hayan liberado
para intentar enlodar a López
Obrador, debido a la preferen-
cia magisterial que ha ganado.
La lista de los priístas que
encabezan la corrupción y la
impunidad sólo es la punta del
iceberg que se va a profundida-
des insospechadas, mismas a
las que se ha propuesto llegar
José Antonio Meade, para en-
contrar corruptos y castigarlos
e incautarles los bienes mal ha-
bidos. Es una buena propuesta
de campaña. Tan buena que to-
dos los candidatos la hacen, de
hecho es una de las principales
propuestas de López Obrador; es el intento del
PRI de enarbolar la bandera que el tabasqueño
ha esgrimido por años. Sólo que hay un pequeño
problema para el candidato priísta Meade Kuri-
breña y es que para cumplir su promesa tendría
que lanzarse contra muchos, sino es que todos, de
los que lo han impulsado para ser presidenciable,
empezando por su jefe Peña Nieto; y para que fue-
ra creíble su gesta anticorrupción tendría que or-
denar y llevar a cabo una investigación exhaustiva
a los últimos titulares de la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público (SHCP), incluido él, al menos
por no haber detectado durante sus dos gestiones
algún pequeño desvío, algún faltante, cualquier
cosa rara o atípica en la administración de los bie-
nes económicos de la nación. Esa reciclada pro-
puesta anti-corrupción significaría, de ser cierta,
que Meade debería bucear en las profundas aguas
negras de la corrupción priísta, algo que no va a
hacer, pero es en su alicaída campaña una más de
las esperanzadoras estrategias de los priístas para
posicionarlo en las encuestas; en las que sigue en
un lejano tercer lugar del puntero López Obrador
y bastante distanciado del segundo lugar que ocu-
pa Ricardo Anaya, quien parece haber olvidado
que apoyó férreamente con el PRI todo lo que
hoy critica, desde las reformas estructurales hasta
los gasolinazos; panista al que en plena contienda
electoral le han destapado algunas triangulaciones
de dinero millonarias.
La encrucijada electoral de 2018 no es de
Meade, es del PRI, pues aunque lo escogieron por
supuestamente no representarlos a ellos, al viejo,
al nuevo y al rancio PRI de siempre, resulta que el
“impoluto” ciudadano Meade ha estado donde se
ha practicado la mayor corrupción del país, jun-
to a todos aquellos que la han ejercido y que nos
han robado a los mexicanos, e inexplicablemente
Meade no ha sabido nada o no ha denunciado
nada, lo que pone de relevancia dos cosas: inepti-
tud o complicidad. Y eso no es problema de Mea-
de, pues lo que no haya visto o haya omitido en
su paso por la SHCP y otras dependencias como
la Secretaría de Desarrollo Social –famosa ya por
otros fraudes–, sólo se volvió un asunto de escruti-
nio público, cuando esos priístas lo pusieron en la
carrera presidencial. Pero como dice el dicho: dime
con quién andas y te diré quién eres.
CUARTOSCURO

ARTÍCULO
OPINIÓN
C
aracas, Venezuela. El pueblo miliciano es
un serio obstáculo para la ejecución de los
planes estadunidenses de apoderarse de
Venezuela y sus recursos.
Esto se desprende de comentarios de altos fun-
cionarios del Comando Sur, el centro del Pentágo-
no donde se cocinan los planes de agresión contra
la patria de Simón Bolívar y Hugo Chávez.
Los jerarcas del Pentágono al parecer no le
temen a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana
(FANB) cuyas capacidades técnicas y la alta prepa-
ración de la tropa la convierten en la más sólida de
la región.
Cabría preguntarse, cuál es el mayor obstáculo
que ven los estrategas. La respuesta es sencilla, el
pueblo uniformado, las milicias, que en número de
más de 300 mil efectivos participaron en el Ejerci-
cio Cívico-Militar Independencia 2018 que conclu-
yó el 24 de febrero en todo el país.
Esa información fue proporcionada por el co-
mandante general de la Milicia Bolivariana, mayor
general Carlos Leal Tellería, quien destacó que
estas prácticas militares se realizaron como una
acción preventiva que involucró a todas las institu-
ciones del Estado, los efectivos y el pueblo en pleno.
Venezuela se prepara para la guerra para man-
tener la paz. Estamos trabajando como un sólo blo-
que para aumentar el nivel de apresto operacional
e incrementar el poder defensivo de nuestra patria,
explicó Leal desde el estado Aragua, donde se efec-
tuaron parte de los ejercicios.
Dichas prácticas se efectuaron en diversas re-
giones del país de manera simultánea, para que las
unidades militares avanzaran en su adiestramien-
to especializado y también previendo hacer pagar
muy caro a los que se lancen a la agresión y se
vean enfrentados a una guerra de todo el pueblo.
Eso asusta a la Casa Blanca; un conflicto pro-
longado, para el que se prepara Venezuela desde
hace años, tendría un impacto devastador para
Estados Unidos, y pudiera convertirse en otro
Vietnam, un recuerdo nada grato para Washing-
ton y los halcones el Pentágono.
El general división Domingo Hernández Lá-
rez opinó que todos los efectivos y ciudadanos que
participaron en las prácticas traían consigo una
preparación que se va complementando, según
los niveles de adiestramiento.
Es importante destacar la importancia de la
población civil para la defensa, sobre todo si se
tiene en cuenta que la Milicia Nacional Boliva-
riana –conformada por más de 350 mil efectivos,
equipados con el fusil automático ligero FN-FAL,
de fabricación belga en su gran mayoría, y con el
fusil ruso Mosin-Nagant M91/30, en el caso de
las milicias campesinas–, sería un fuerte escollo
para los marines estadunidenses y su comparsa
acompañante.
En un reciente artículo, el estudioso venezo-
lano Carlos E Lippo señaló: “Que la Revolución
Bolivariana es una revolución armada, es algo evi-
dente a partir del hecho de que la Fuerza Armada
Nacional Bolivariana (FANB), eje fundamental
de la unión cívico-militar que la sustenta, logró
liberarse casi desde sus inicios del tutelaje militar
gringo”.
LUIS BEATÓN/PRENSA LATINA
VENEZUELA: CUANDO
EL PUEBLO ACTÚA
EL PENTÁGONO
LO PIENSA DOS VECES

ARTÍCULO OPINIÓN
También se evidencia a partir del actual equi-
pamiento de la FANB, inspirado en su nueva doc-
trina y en aquel principio latino que establece:
“si quieres la paz, prepárate para la guerra”, que
hace de ella, aunado a sus frecuentes ejercicios y
maniobras, una de las de mayor apresto operacio-
nal de la región, precisó.
Ese fue uno de los objetivos centrales de las
operaciones de defensa multidimensional integral
del territorio nacional denominadas Independen-
cia 2018.
En su aproximación al tema, Lippo abordó ele-
mentos que evidencian que Venezuela no será un
objetivo fácil para los “pensadores” del Coman-
do Sur, encabezados por Kurt Tidd, quien estuvo
recientemente en un probable
escenario de agresión,
Colombia, donde para
algunos analistas, pese
a negativas, puede
partir el desafío.
Venezuela tiene
una aviación considera-
da la más poderosa de
la región latinoamericana
desde el punto de vista técnico, por
contar con 24 Sukhoi 30 MK2l, precisó el
analista venezolano, sin incluir otras unida-
des aun en operación.
Asimismo una Armada equipada con
unidades de origen estadunidense, italiano y
español, que si bien no es la más poderosa de la
región, también tiene poder de fuego.
También existe un ejército de tierra conforma-
do con más de 120 mil combatientes activos equi-
pados con el rifle de asalto AK-103; con alrededor
de 200 tanques rusos T-72BM1, de comprobada
efectividad en la protección y defensa de áreas ur-
banas.
Un peso de disuasión es sin dudas el más pode-
roso sistema de defensa aérea de la región, desa-
rrollado con la asistencia de Rusia y conformado
por brigadas de misiles S-300 y de misiles antiaé-
reos Igla-S y Super Igla, algo que debe llevar a los
adversarios de Caracas a pensarlo dos veces.
Estos elementos evidencian que los venezola-
nos se preparan para la guerra con el objetivo de
preservar la paz, o lo que es lo mismo, no es un
país indefenso.
Al respecto, Lippo citó una valoración de la
revista estadunidense Foreign Affairs, según la cual
para “superar a los partidarios de Maduro y con-
trolar las secuelas de la intervención requeriría
una fuerza de alrededor de 200 mil personas: 20
mil más que la coalición liderada por Estados
Unidos para invadir a Irak en 2003”.
“Usar la fuerza contra Venezuela minaría los
otros compromisos militares de Estados Unidos,
presionando fuertemente sus finanzas y alejando
a sus efectivos de problemas mucho más impor-
tantes para su seguridad.”
Agrega la publicación que es poco probable
que Trump y quienes apoyan una intervención
comprendan el alcance de tales costos; resulta
difícil predecir “cuántas vidas y cuánto dinero se
perdería en una intervención
estadunidense, aunque las
cifras no serían irrele-
vantes, especialmente
si Estados Unidos in-
vadieran Venezuela y
luego tratasen de esta-
bilizarla.”
“El uso de la fuerza
en Venezuela redirigiría
la atención y el poder de
Estados Unidos de los asuntos
más importantes para su seguridad
y colocaría una carga innecesaria
en sus ya sobrecargados militares, en
momentos en los cuales el Pentágono está
ocupado gestionando operaciones en áreas desde
Irak y Siria hasta el oeste de África y el mar del sur
de China”, añade la revista.
En materia política, el artículo de marras es
enfático en señalar que una intervención militar
tendría un alto costo para la influencia de Estados
Unidos en el Hemisferio Occidental, ya que pro-
vocaría una reacción muy fuerte, incluso de sus
socios más cercanos.
En resumen, los ejercicios que concluyeron
en Venezuela, Independencia 2018, donde las
milicias tuvieron un papel fundamental son para
ganar la paz, según indicó el mayor general Jesús
Suarez Chourio, en especial con un arma funda-
mental, la unión cívico-militar.
123RF

ARTÍCULO
OPINIÓN
N
aciones Unidas. Fatmah es una niña egip-
cia de 13 años que aparece ahora como
uno de los rostros de la campaña del Fon-
do de Población de las Naciones Unidas (FPNU)
contra la mutilación genital.
Fatmah se considera a sí misma una niña con
suerte: un día le preguntaron en la escuela sobre la
ablación y ella recurrió a su madre porque no sabía
mucho del tema.
“Mi mamá me explicó que esa era una práctica
terrible, que acaba con la salud de las mujeres y por
eso decidió no ponerme en ese riesgo”, cuenta en
un video que recorre el mundo para crear concien-
cia sobre este problema.
La etíope Sofía Hus-
sen, de 18 años, no co-
rrió con tanta suerte.
Ella sí sabe del sufri-
miento que causa una
mutilación genital y de
los abusos del matrimo-
nio infantil.
Sofía forma parte de
un grupo de niñas adolescentes que reciben apoyo
del FPNU y toma como referencia su propia his-
toria para llamar la atención sobre esa práctica y
la necesidad de ponerle fin cuanto antes. “Soy un
ejemplo viviente”, dice.
Para Latifatou Compaoré, de 14 años, la mu-
tilación genital femenina es una “práctica atroz”.
“Mi mamá fue sometida a la ablación cuando era
una niña en Burkina Faso, y cuando tuvo hijas se
comprometió a que jamás permitiría que pasaran
por el mismo dolor”, cuenta en un video de la cam-
paña del FPNU.
Con su potente y armoniosa voz, Latty ha gra-
bado varias canciones que se oponen a la mutila-
ción: “Esta es una causa que defenderé a lo largo
de mi vida”.
Aunque cada vez más mujeres se resisten a con-
tinuar con esa nociva tradición, todavía son insufi-
cientes los esfuerzos a nivel global.
De acuerdo con la Organización Mundial de la
Salud (OMS), en casi todos los países donde reco-
gen datos al respecto, la mayoría de las personas
piensan que la mutilación genital femenina debería
terminar.
Vigente en el siglo XXI
Los orígenes de esta
práctica son bastante
imprecisos, en algunos
lugares de África se rea-
liza como una especie
de ritual de iniciación a
la edad adulta.
También responde
a modelos culturales machistas que ven lo femenino
como impuro y dañino, según coinciden expertos.
Otros asocian la ablación con algún culto o nor-
ma religiosa, pero ningún credo respalda tales ac-
ciones y la mutilación es común en países con ma-
yorías cristianas, judías, musulmanas o animistas.
Aún en la actualidad, el temor al rechazo en
ciertas comunidades y la búsqueda de aceptación
social permiten que siga vigente esta inhumana
práctica que tanto daño ocasiona a la salud.
Más de 200 millones de niñas y mujeres en todo
el mundo cargan con la huella y el dolor de haber
IBIS FRADE/PRENSA LATINA
MUTILACIÓN GENITAL
UN DOLOR DE MILLONES
DE MUJERES Y NIÑAS
La mutilación genital, vigente pese al
daño que ocasiona a la salud, responde a
modelos culturales machistas que ven lo
femenino como impuro y dañino
La mutilación genital, vigente pese al
femenino como impuro y dañino

ARTÍCULO OPINIÓN
sufrido alguna forma de mutilación genital, lo cual
transforma su vida para siempre.
Por generaciones, ese procedimiento tradicional
empuja a las mujeres a un cúmulo de aflicciones
y grandes riesgos, incluida la muerte, según alertó
Naciones Unidas al conmemorarse el 6 de febrero
pasado el Día Internacional de Tolerancia Cero a
la Mutilación Genital Femenina.
Esta práctica sumamente peligrosa constituye
una forma extrema de discriminación contra las
mujeres y las niñas, viola su derecho a la salud, a
la seguridad, a no sufrir tratos crueles, inhumanos
o degradantes, y les impide decidir sobre su propia
integridad corporal y sexualidad.
La mutilación genital, que generalmente se
realiza en niñas y jóvenes, puede causar sangrado
severo y graves problemas como quistes, infeccio-
nes, infertilidad y complicaciones en el parto, así
como un aumento en el riesgo de muertes de re-
cién nacidos.
También produce hemorragias severas, trastor-
nos urinarios, y lesiones de órganos y estructuras
anatómicas de la zona como la uretra, la vagina,
el perineo o el recto. Incluso, en algunos casos han
ocurrido fracturas.
Los procedimientos, que no aportan ningún be-
neficio a la salud, en la mayoría de las ocasiones se
practican en la infancia: las de 14 años o menos re-
presentan 44 millones de quienes han sido lesiona-
das, con la mayor cantidad en Gambia, Mauritania
e Indonesia, indican estadísticas de la ONU.
Somalia, Guinea y Djibouti encabezan la lista
de los países que tienen mayor prevalencia en ado-
lescentes de más de 15 años hasta mujeres de 49.
De hecho, en 30 naciones de África, Medio Orien-
te y Asia se reporta el nocivo procedimiento con
alarmante frecuencia.
En el Día Internacional de Tolerancia Cero a
la Mutilación Genital Femenina, el secretario gene-
ral de Naciones Unidas, António
Guterres, advirtió sobre las terri-
bles laceraciones que ello genera
y pidió acabar con ese problema
lo antes posible.
“Con la dignidad, la salud y el
bienestar de millones de niñas en
juego, no hay tiempo que perder.
Juntos podemos y debemos ter-
minar con esta práctica dañina.”
Guterres demandó mayores
esfuerzos para acabar con la mu-
tilación genital femenina, “una
grave violación de los derechos
humanos de millones de mujeres
y niñas”.
Si bien se lograron ciertos
avances, hace falta mayor par-
ticipación política para evitar
que 68 millones de niñas sean
sometidas a esos procederes para
2030, recalcó.
Casi 70 millones de niñas en el mundo se en-
frentarán a la mutilación genital femenina de 2015
a 2030, lo cual representaría un alarmante incre-
mento, pronosticó el FPNU.
De acuerdo con una investigación de esa agen-
cia, se estima que la cifra actual de 3.9 millones de
niñas mutiladas cada año aumentará a 4.6 millones
para 2030, a menos que se aúnen enseguida esfuer-
zos masivos para evitarlo.
A juicio de la directora ejecutiva del FPNU, Na-
talia Kanem, los nuevos indicadores “muestran lo
lejos que estamos de poner fin a la mutilación geni-
tal femenina”.
123RF

INVESTIGACIÓN PORTADA
12 INSTITUCIONES
USARON
UNIVERSIDADES
PARA
SUBCONTRATAR:
ASF

INVESTIGACIÓN
PORTADA
Tiene razón la secretaria
Robles, no sólo Sedatu y
Sedesol usan universidades
para subcontratar terceros:
también Sagarpa, SRE,
ISSSTE, Conapesca,
Pronósticos, Indesol,
Conagua, CFE, Imcine y
la Secretaría de Cultura
capitalina
O
nce instituciones federales habrían re-
currido al esquema de subcontratación
de terceros a través de convenios con
universidades públicas en los ejercicios de 2015
y 2016, revela la Auditoría Superior de la Fede-
ración (ASF). Aunado a éstas, una secretaría del
gobierno capitalino también lo habría hecho.
Tal como lo aseguró la secretaria de Estado
Rosario Robles Berlanga, no sólo las secretarías
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Se-
datu) –que actualmente encabeza– y de Desarro-
llo Social (Sedesol) triangulan las contrataciones
con asistencia de instituciones de educación su-
perior.
“Así funcionamos muchas dependencias: con-
tratas servicios a terceros,les pagas y esperas”,dijo
la funcionaria al periodista Carlos Loret, el pasa-
do 22 de febrero. Y agregó: “Si hay irregularida-
des en ello,soy la primera en pedir que se castigue
a los culpables,pero antes se tiene que investigar”.
Conocedora de las entrañas gubernamenta-
les, Robles no hablaba a la ligera. Al menos las
NANCY FLORES
123RF

secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y de Re-
laciones Exteriores (SRE); la Comisión Nacio-
nal de Acuacultura y Pesca (Conapesca); los ins-
titutos de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado (ISSSTE), Nacional de
Desarrollo Social (Indesol) y Mexicano de Ci-
nematografía (Imcine); Pronósticos para la Asis-
tencia Pública; las comi-
siones Nacional del Agua
(Conagua) y Federal de
Electricidad; así como la
Secretaría de Cultura ca-
pitalina echaron mano de
este esquema.
Los 12 casos se docu-
mentan en 11 auditorías
forenses a igual número
de universidades, supues-
tamente implicadas en lo
que se ha conocido perio-
dísticamente como la “estafa maestra”. Dichos
casos corresponden a las revisiones de los ejerci-
cios 2015 y 2016.
Además, se mencionan convenios del Tribu-
nal Electoral del Poder Judicial de la Federación
(TEPJF) y la subsidiaria Pemex Exploración y
Producción (PEP), con la salvedad de que por
éstos la universidad involucrada –la Tecnológica
de Campeche– no subcontrató empresas, sino
personal bajo la modalidad de becarios y de suel-
dos y salarios.
El problema, sin embargo, es la Ley de Ad-
quisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público, observa el doctor Óscar Enri-
que Díaz Santos, pues ésta permite que se hagan
contratos entre entidades públicas, que es lo que
ha pasado con las instituciones que contratan
universidades.
Esa misma ley también posibilita las subcon-
trataciones, cuando las entidades no tengan la
capacidad técnica y operativa, indica el experto
en política pública. Pero, advierte, la legislación
obliga en esos casos a que se hagan licitaciones
públicas; es decir, las universidades no pueden
subcontratar de forma directa como lo han hecho.
El esquema, explica, no posibilita desvíos de
recursos sino algo peor: peculado. “No es desvío
de recursos porque el dinero se aplica en los con-
tratos. La irregularidad presupuestaria que puede
existir es peculado, porque se están gastando el
dinero sin justificar su ejercicio”.
“¿A quién le están dando ese recurso? Quién
sabe. Incluso puede ser a campañas políticas”, se-
ñala el doctor en economía por la Universidad
Nacional Autónoma de México y especialista
en gasto público y presu-
puesto.
Añade que esto sólo
se configura cuando las
universidades incumplen
con lo convenido y no
comprueban en qué se
gastaron el dinero públi-
co de los convenios. “La
irregularidad existe por-
que aparentemente no
hay comprobantes”.
Universidad Tecnológica de
Campeche
De las 11 instituciones de educación superior
supuestamente implicadas en el esquema de la
llamada “estafa maestra”sobresale la Universidad
Tecnológica de Campeche, relacionada contrac-
tualmente con cinco instituciones federales: ade-
más del TEPJF y PEP,está la Sedatu,la SRE y el
Imcine, revela la auditoría forense 198.
En total, la institución obtuvo siete “conve-
nios de coordinación,colaboración y acuerdos es-
pecíficos suscritos con la administración pública
federal para el desarrollo de diversos proyectos,
adquisiciones y otros servicios”,por los que cobró
246 millones 799 mil 900 pesos en 2016.
De esa cifra, según la ASF, la universidad dis-
persó por subcontratación a terceros 174 millo-
nes 726 mil 700 pesos –el 70.7 por ciento del
total–, correspondientes a tres convenios: uno de
Sedatu,en el que subcontrató el 94 por ciento del
servicio; uno de SRE –con la que firmó dos–,con
el 11.8 por ciento; y uno de Imcine –que también
la contrató dos veces–, con el 45 por ciento.
Para el máximo órgano de fiscalización del
país, el régimen de contratación establecido por el
artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrenda-
De las 11 universidades
supuestamente implicadas
en el esquema, sobresale
la Tecnológica de
Campeche, contratada por
cinco instituciones
cinco instituciones

INVESTIGACIÓN
PORTADA
justificadamente 79 millones 49.8 mil pesos a 11
empresas que supuestamente intervinieron en el
cumplimiento del convenio […]; sin embargo,no
presentaron la documentación e información que
sustentara los pagos. Al respecto, la universidad
únicamente proporcionó convenios generales
suscritos con estas empresas desde 2014 y 2015”.
Para este trabajo se solicitó conocer la versión
de la universidad a través del licenciado Alejan-
dro Metelín García, jefe del Departamento de
Prensa y Difusión. Hasta el cierre de edición no
se obtuvo respuesta.
Universidad Tecnológica
de Salamanca
Para la Auditoría Superior, otra escuela su-
mientos y Servicios del Sector Público “fue utili-
zado como vía para la obtención, presuntamente
irregular, de recursos públicos, dado que no se su-
jetó a las reglas de contratación establecidas […],
que condiciona que las dependencias y entidades
contratadas cuenten con la capacidad para entre-
gar el bien o prestar el servicio requerido”.
Y aunque la escuela manifestó contar con la
misma,“de manera directa no llevó a cabo activi-
dades”.Derivado de esa falta de capacidad,indica
la ASF, la universidad subcontrató a 14 provee-
dores para la ejecución de los servicios conveni-
dos con la SRE, el Imcine y la Sedatu; y a perso-
nal bajo la modalidad de becarios y de sueldos y
salarios, para los servicios del TEPJF y PEP.
En el caso del convenio con la Sedatu, des-
taca el informe que la universidad “transfirió in-
La UniversidadTecnológica de Campeche obtuvo siete convenios en 2016, por los que cobró 246 millones 799 mil 900 pesos

perior con problemas sería la Tecnológica de
Salamanca. Ésta obtuvo convenios con cinco
instituciones federales (Sagarpa –dos–, CFE,
Pronósticos, Conagua, Indesol) y una capitalina
(Secretaría de Cultura), por 59 millones 449 mil
pesos.
De ese total, la escuela pagó a terceros 46 mi-
llones 693 mil 700 pesos. Los siete convenios
resultaron en subcontrataciones hasta por el 98.5
por ciento de los servicios, estima la ASF.
En su auditoría forense 199, señala que la es-
cuela suscribió convenios y contratos con depen-
dencias y entidades de la administración pública
federal sin contar con la capacidad técnica,mate-
rial y humana para su realización, ya que subcon-
trataron el 78.5 por ciento de los servicios.
No obstante, el director de Administración y
Finanzas,Enrique Hernández,asegura a Contra-
línea que “la universidad no hizo la subcontrata-
ción del 78.5 por ciento y así se hizo del cono-
cimiento de la Auditoría en la primer respuesta
que dimos, antes de que se emitiera el informe.
Sin embargo, la Auditoría Superior no leyó toda
la información que enviamos y desestimó todo lo
que enviamos. Por eso presentó el informe con
las ocho observaciones que hizo inicialmente,
pero que nosotros sí subsanamos”.
Para la ASF, la universidad no publicó la in-
formación relativa a la contratación de los ser-
vicios que realizó con los terceros para ponerlo
a disposición del público en general, en contra-
vención con lo establecido en la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Más aún, el órgano fiscalizador presume un
probable daño o perjuicio o ambos a la hacienda
pública federal, por 32 millones 637.2 mil pesos.
Y es que para los auditores, “la UTS realizó pa-
gos injustificados a diversos proveedores y exper-
La secretaria Rosario Robles, titular de la Sedatu
MARIO
JASSO/CUARTOSCURO

INVESTIGACIÓN
PORTADA
tos técnicos contratados para la ejecución de los
trabajos convenidos”.
No obstante, el licenciado Hernández asegu-
ra que esos 32 millones “se comprobaron total-
mente, derivado de que vienen de un programa
en el cual nosotros la única actividad que reali-
zamos es obtener el recurso para transferírselo a
los beneficiarios y así se hizo. Comprobamos que
fueron transferidos de las
cuentas de la universidad
a la cuenta de los benefi-
ciarios de Sagarpa”.
Agrega que la univer-
sidad contrató a una per-
sona para que se encarga-
ra de hacer la dispersión
de esos recursos pero que
eso no significa que se
esté subcontratando el
servicio. “Es un asalaria-
do que nos ayudaba con
el papeleo, eso es todo”.
El director de Administración y Finanzas in-
dica que al no ser tomadas en cuenta las eviden-
cias que presentó la universidad, ésta procedió a
solicitar una explicación por escrito a la propia
Auditoría a principios de enero. Pero, dice, que
aún no tienen respuesta.
La única explicación que encuentra al hecho
de que la Universidad Tecnológica de Salamanca
fuera implicada en el escándalo es que,“tal vez, le
quisieron llamar ‘estafa maestra’ para que quien
orquestó esta auditoría quedará bien ante una
posible candidatura que estaba asumiendo den-
tro de la misma Auditoría Superior”.
Respecto de los entregables, indica que se
cumplió con los tiempos pactados y que las de la
universidad fueron las propuestas más económi-
cas para las instituciones, aunque reconoce que
tuvieron una ganancia mínima para equipar a la
escuela.
El licenciado Enrique Hernández advierte
que las universidades como la que representa se
encuentran en desventaja, porque “no podemos
exhibir la información porque no podemos poner
en riesgo al personal, al decir quiénes son los que
participaron en todos los medios. Pero la Audi-
toría Superior sí sabe los nombres, cuándo se les
depositó, tiene todos los datos”.
Agrega que la universidad cuenta con todos
los documentos que comprueban el buen uso de
los recursos.
Universidad Politécnica
del Sur de Zacatecas
La lista incluye a la
Universidad Politécni-
ca del Sur de Zacatecas,
contratada en 2016 por
Conapesca (cinco conve-
nios, por un total de 136
millones 740 mil pesos) y
Sagarpa (dos convenios,
por 18 millones 55 mil
pesos).
Según la ASF, en cin-
co de esos convenios –
cuatro de Conapesca y uno
de Sagarpa, por un total de 144 millones 565 mil
pesos– se incurrió en la subcontratación de terce-
ros. Por ello a éstos últimos les pagó 113 millones
315 mil pesos.
El máximo órgano de fiscalización advierte
que la escuela suscribió convenios y contratos con
sus respectivos anexos técnicos en donde declaró
contar con la capacidad técnica, material, huma-
na y financiera para cumplir con las obligaciones
y compromisos; “sin embargo, el ciento por ciento
de los servicios fueron proporcionados con perso-
nal ajeno a la universidad (prestadores de servi-
cios)”.
Universidad Autónoma de
Zacatecas
Una fórmula similar a la de los convenios que
terminan en subcontrataciones fue detectada en la
revisión a la Universidad Autónoma de Zacatecas
en la Cuenta Pública 2015. La diferencia es que
se trató de cinco convenios de colaboración con
la Sagarpa, por 219 millones 430 mil pesos, para
operar el Programa de Productividad y Competi-
tividad Agroalimentaria,en sus componentes Pro-
grama Regional de Desarrollo Previsto en el PND
y Planeación de Proyectos.
Tal vez le llamaron ‘estafa
maestra’ para que quien
orquestó esta auditoría
quedará bien ante una
posible candidatura dentro
de la ASF
de la ASF

Por ello,la escuela operó 36 proyectos en bene-
ficio de 24 personas físicas y 12 personas morales.
La ASF señala que se comprobó que la univer-
sidad contrató a 16 empresas, y erogó gastos que
no son inherentes a la operación,por 128 millones
507 mil pesos,que correspondió al 58.6 por ciento
del monto total de los convenios de colaboración.
Agrega que la diferencia por 90 millones 922.9
mil pesos, que representó el 41.4 por ciento, los
transfirió a otras cuentas bancarias abiertas a nom-
bre de la propia universidad,de las cuales se eroga-
ron recursos por 76 millones 325.2 mil pesos para
pagar a 624 personas contratadas por honorarios
asimilados a sueldos y salarios; 14 millones 36.1
mil pesos los consideró como cuotas administrati-
vas,y 561.6 mil pesos como gastos administrativos.
Por ello,el órgano fiscalizador concluye que di-
chos actos no aseguraron las mejores condiciones
disponibles en cuanto a precio, calidad, financia-
miento, oportunidad y demás circunstancias per-
tinentes y, en consecuencia, no se cumplió con los
principios de eficiencia, eficacia, economía, trans-
parencia, e imparcialidad para el Estado.
La ASF dictaminó que la Universidad Au-
tónoma de Zacatecas incumplió la ley, “toda vez
que conjuntamente con la Sagarpa simularon un
esquema para la transferencia de los recursos a tra-
vés de cesión de derechos suscritos con los benefi-
ciarios de los apoyos para que la Sagarpa pudiera
transferir los recursos”.
Advierte que se corroboró que para la ejecu-
ción de los 36 proyectos asignados, contrató a 16
proveedores, pagó a 624 personas por honorarios
asimilados a sueldos y salarios y erogó diversos
gastos que no son inherentes a la operación por
205 millones 393.9 mil pesos, no obstante haber
manifestado que tenía la capacidad técnica y hu-
mana para desarrollarlos.
El esquema de subcontratación de terceros se da a través de convenios con universidades públicas
123RF

INVESTIGACIÓN
PORTADA
Sedatu y Sedesol
Como ha publicado la prensa, la Sedatu y la
Sedesol son las instituciones que más problemas
presentan por usar este esquema de subcontrata-
ción vía universidades.
De las 11 universidades fiscalizadas,cinco sir-
vieron a la Sedatu para estos fines: la Mexiquense
Bicentenario, la Politécnica de Chiapas, la Poli-
técnica de Francisco I Madero, la Politécnica de
Quintana Roo y la Tecnológica de Campeche;
y tres a la Sedesol: la Politécnica de Texcoco, la
Tecnológica de Nezahualcóyotl y la Tecnológica
del Sur del Estado de México.
Además, una de ellas, la Politécnica de Chia-
pas, incurrió en el mismo esquema con el ISSS-
TE.
“Lo de Sedatu y Sedesol se ha hecho de una
manera muy descarada”, señala el doctor Díaz
Santos. Pero, indica, los culpables no son sólo
esas secretarías.
El primer responsable es el Congreso, pues
la ley permite este tipo de contrataciones y sub-
contrataciones, indica. La segunda responsables
es la Secretaría de la Función Pública, porque de
acuerdo con la Ley de Adquisiciones debe solici-
tar información sobre procesos de contratación y
al parecer no lo ha hecho. Y la tercera es, dice, la
Secretaría de Hacienda, que debe vigilar el gasto.
Sobre esta última dependencia, indica que a
través de su Unidad de Inteligencia Financiera
debería estar monitoreando los casos sensibles
como éstos,pero no lo hace.“Así que la negligen-
cia es de varios”.
La UniversidadTecnológica de Salamanca obtuvo convenios con cinco instituciones federales (Sagarpa, CFE, Pronósticos, Conagua, Indesol) y una capitalina (Secretaría de Cultura), por
59 millones 449 mil pesos

INVESTIGACIÓN LÍNEA GLOBAL
ESTADOS UNIDOS
NO DEJA EN
PAZ A SIRIA
NUEVAS AGRESIONES EN EL HORIZONTE

INVESTIGACIÓN
LÍNEA GLOBAL
El Estado Islámico sucumbió
ante Rusia y el Ejército
Sirio. A marchas forzadas,
Estados Unidos busca
una nueva estrategia que
justiﬁque sus acciones
contra el gobierno de Al
Assad. Prepara operaciones
a gran escala
L
a Habana, Cuba. Estados Unidos y sus alia-
dos arrecian desde hace varias semanas su
ofensiva contra Siria desde diversos frentes:
la diplomacia, las campañas mediáticas, y el hosti-
gamiento militar y la amenaza del uso de la fuerza.
Washington agitó como eje de su accionar el
supuesto uso de armas químicas por parte del go-
bierno del presidente Bashar Al Assad durante las
operaciones del Ejército sirio y sus aliados en la re-
gión de Guta Oriental,al este de Damasco.
Desde esa región, las bandas terroristas lanzan
de forma habitual ataques indiscriminados contra
zonas densamente pobladas de la capital siria.
Entretanto, en la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) se repiten las declaraciones de vo-
ceros de países occidentales,quienes hacen coro a la
embajadora estadunidense en ese organismo mul-
tilateral, Nikki Haley, en un proceso que se recicla
de tiempo en tiempo, sobre todo cada vez que los
grupos antigubernamentales pasan por situaciones
difíciles ante el empuje del Ejército sirio.
El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó por
ROBERTO GARCÍA HERNÁNDEZ/PRENSA LATINA
123RF

unanimidadel24defebreroundocumentoqueexige
el cese de las hostilidades en territorio sirio por al me-
nos 30 días con el fin de permitir la entrada de carga-
mentoshumanitariosyrealizarevacuacionesmédicas.
La resolución también demanda el levanta-
miento inmediato de los asedios, particularmente
en Guta Oriental y establece que el cese de las hos-
tilidades no se aplicará a las operaciones militares
contra el Estado Islámico.
Rusia,el principal aliado de Damasco,promovió
un plan que comenzó a ejecutarse el 27 de febrero,
el cual incluye un cese de las hostilidades durante 5
horas diariamente para permitir el arribo de ayuda
de emergencia y el traslado de los heridos, un pro-
ceso que los grupos irregulares se niegan a respetar.
Acciones de Estados
Unidos e Israel
En este contexto, la agrupación de unidades te-
rrestres que Estados Unidos mantiene en el nores-
te de Siria –unos 2 mil efectivos de las Fuerzas de
Operaciones Especiales– intenta asegurar la porción
de ese territorio con el fin de esperar el momento
preciso para avanzar en dirección sur hacia Damas-
co,cuando las condiciones en el terreno lo permitan.
Las operaciones dentro de la nación árabe in-
cluyen bombardeos a diario de aviones de la coa-
lición internacional liderada por Washington, que
desde septiembre de 2014 han lanzado unos 12 mil
ataques aéreos contra objetivos del Estado Islámico
y del Ejército sirio, con un saldo de centenares de
muertos y heridos en la población civil.
Por el suroeste de Siria, las unidades israelíes
ejercen presión,en particular con ataques aéreos se-
lectivos contra unidades sirias y de sus aliados que
combaten a los grupos irregulares presentes allí.
La fuerza aérea del régimen de Tel Aviv, con
la anuencia de la Casa Blanca, incrementó en las
últimas semanas sus operaciones contra objetivos
en territorio del país árabe,las de mayor intensidad
desde la llamada Guerra del Líbano de 1982,con el
pretexto de golpear a las milicias leales a Damasco.
Turquía por el norte
A todo esto se unen las operaciones que realiza
Turquía por el norte,con el pretexto de contrarrestar
las actividades de las unidades kurdas que,en alianza
con uno u otro bando dentro del conflicto,son para
Ankara una amenaza a su seguridad nacional.
Desde el 20 de enero pasado la norteña localidad
siria de Afrin sufre los ataques de las agrupaciones
turcas que combaten a las llamadas Unidades de
Protección Popular (YPG), a las que Ankara acusa
de ser aliadas del proscripto Partido de los Trabaja-
dores del Kurdistán.
Expertos estadunidenses estiman que Wa-
shington y sus aliados deben limar sus asperezas y
establecer un rango de medidas de confianza mutua
conTurquía,como la cooperación en cuanto a segu-
ridad fronteriza y aumentar el intercambio de datos
de inteligencia.
Avances del Ejército sirio
De cualquier manera, el Ejército sirio mantiene
sus operaciones contra las bandas armadas que in-
tentan derrocar por la fuerza al presidente Al Assad
y siembran el terror en algunas partes del país.
Estos avances los reconoció incluso el general
Joseph L Votel, jefe del Comando Central (Cent-
com) del Pentágono, entidad a cargo de las opera-
ciones en el Oriente Medio y zonas aledañas, en
una audiencia el 28 de febrero en el Comité de Ser-
vicios Armados de la Cámara de Representantes.
Votel,quien inspeccionó en enero las tropas esta-
dunidenses dentro de Siria, dijo ante dicho panel le-
gislativoqueen2017elgobiernodeDamascoobtuvo
triunfossignificativosenlarecuperacióndeterritorios
enelcentroyelorientedelpaís,conlaayudadeRusia.
De acuerdo con el general,esto le permitió a las
unidades leales a Assad reducir los enclaves de los
Las operaciones dentro
de la nación árabe incluyen
bombardeos a diario de
aviones de la coalición
internacional liderada por
Washington
Washington

INVESTIGACIÓN
LÍNEA GLOBAL
Medios de prensa estadunidenses reiteraron en
las últimas semanas sus llamados al derrocamiento
y enjuiciamiento del presidente Al Assad, a partir
de las supuestas evidencias presentadas por voceros
de Naciones Unidas acerca de las operaciones mili-
tares en Guta Oriental.
Un artículo reciente del diario The New YorkTi-
mes señaló que Washington y las demás potencias
occidentales deben asumir una actitud más belige-
rante frente a los operativos del ejército sirio y sus
aliados.
Tras cuestionar la veracidad de las afirmaciones
de Damasco de que destruyó todo el arsenal quími-
co que poseía, el Times reiteró que nada se ha he-
cho contra la nación árabe desde el golpe coheteril
realizado por Estados Unidos en abril de 2017,por
órdenes del presidente Donald Trump.
En meses recientes, Washington incrementó
sin mucho revuelo su presencia militar en el norte
y el este de Siria, una fuerza de apoyo a las milicias
irregulares y ocupar centros urbanos que estaban en
manos del Estado Islámico a lo largo de la orilla
occidental del río Éufrates.
La intervención del jefe del Centcom en el Con-
gresoestárelacionadaconeldebateentornoalanue-
va Estrategia de Defensa Nacional anunciada por el
Pentágono en enero pasado,que cambia el centro de
las prioridades militares de Washington de la lucha
contra el terrorismo a la confrontación estratégica
con Moscú y China en cualquier región del mundo.
¿Preludio de ataques en gran escala?
Expertos consultados por Prensa Latina coinci-
den en que estas campañas político-militares pro-
vocadoras de la Casa Blanca pudieran ser el pre-
ludio de acciones de fuerza de mayor envergadura
contra la nación árabe,lo que tendría lugar a media-
no o largo plazos.
Además, estas acciones hostiles acercan la posi-
bilidad de una regionalización del conflicto en Siria,
a punto de entrar en su octavo año.
123RF
Desde el 20 de enero,Afrin sufre ataques de las agrupaciones turcas que combaten a las llamadas Unidades de Protección Popular

kurdas y árabes, en momentos en que el Gobierno
estadunidense dejó claro que el despliegue de sus
tropas allí puede tener un carácter permanente.
El mando militar asegura públicamente que tie-
ne unos 2 mil efectivos en dicha nación del Levan-
te –contra la voluntad del gobierno de Damasco–
pero a la vez reconoce que esa cifra no incluye otras
tropas que cumplen misiones “sensibles” en otras
partes del suelo sirio.
A mediados de febrero, el Pentágono y el De-
partamento de Estado emitieron sendas declaracio-
nes, de carácter supuestamente confidencial, en las
que detallan planes para una permanencia indefini-
da de unidades de la nación norteña en dicho país
del Levante, con misiones que van más allá de la
lucha contra el Estado Islámico.
Los documentos estaban dirigidos al senador
demócrata por Virginia Tim Kaine, uno de los le-
gisladores que buscan un reemplazo para la llamada
AutorizacióndelUsodelaFuerzaMilitar(AUMF)
aprobada por el Capitolio tras los atentados terro-
ristas del 11 de septiembre de 2001.
Las misivas de ambas agencias federales se fil-
traron, al parecer de forma intencionada, en mo-
mentos en que varios congresistas demócratas y re-
publicanos pretenden que el Congreso apruebe una
versión actualizada de la AUMF,bajo el argumento
de que la vigente tiene más de 15 años y padece de
algunas brechas legales.
Según Kaine, el presidente Trump, al insistir en
su involucramiento en esta contienda, actúa “como
si fuera un rey, al tomar por su cuenta la iniciativa
de comenzar una guerra de forma unilateral”, sin
consultar con el Capitolio.
De cualquier manera,en medio del caos interno
que existe en la Casa Blanca, donde un escándalo
sucede al otro, una acción de fuerza contra un ene-
migo externo pudiera aliviar las tensiones,todo está
en que a algunos de los consejeros de Trump se le
ocurra un pretexto más o menos creíble.
123RF

SOCIAL
ANÁLISIS
¿INDÍGENAS
INEXISTENTES?
¿INDÍGENAS
IXTACAMAXTITLÁN
JULIO GLOCKNER, ANTROPÓLOGO EGRESADO DE LA ESCUELA NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA. CO-FUNDADOR
DEL COLEGIO DE ANTROPOLOGÍA SOCIAL DE LA UAP. AUTOR DE LOS VOLCANES SAGRADOS. MITOS Y RITUALES EN EL
POPOCATÉPETL Y LA IZTACCÍHUATL; ASÍ EN LA TIERRA COMO EN EL CIELO. PEDIDORES DE LLUVIA DEL VOLCÁN; MIRANDO
EL PARAÍSO Y LA REALIDAD ALTERADA. DROGAS ENTEÓGENOS Y CULTURA. INVESTIGADOR DEL INSTITUTO DE CIENCIAS
SOCIALES Y HUMANIDADES DE LA UAP
¿Qué clase de “inmersión antropológica” hizo la minera canadiense Almaden
Minerals en Ixtacamaxtitlán, Puebla, que ignora no sólo la historia cultural de la
región, sino la existencia misma de los descendientes del pueblo nahua?, cuestiona en
este análisis el reconocido antropólogo Julio Glockner. Los pueblos indígenas, observa,
siguen padeciendo la imposición de proyectos sin ser tomados en cuenta
SOCIAL
ANÁLISIS
123RF

ANÁLISIS
SOCIAL
L
a minera canadiense Almaden Mine-
rals contrató los servicios de una em-
presa denominada GMI Consulting
que tiene como director jurídico al señor Juan
Pablo Gudiño Gual, quien ostenta el título de
doctor en derecho constitucional por la Uni-
versidad Marista. Esta universidad sustenta
sufilosofíaenlosprincipiosdelos“Hermanos
Maristas” y pretende formar “profesionales
con valores integrales y adecuados a la socie-
dad”, siempre bajo el lema “ser para servir”.
Haciendo a un lado los testimonios de
las decenas de víctimas de abuso sexual que
involucraron a decenas de sacerdotes y que
configuraronunodeloscasosmásgrandesde
abusos eclesiásticos a nivel mundial, casos que
ya la Congregación Marista ha reconocido,
pedido perdón y financiado el tratamiento
sicológico correspondiente, pasemos a exa-
minar los valores con los que la Universidad
Marista forma a sus muchachos y a cotejar si
el doctor en derecho Gudiño Gual los cum-
ple cabalmente, pues estamos hablando de
un “humanismo cristiano” y una formación
cívica que, se supone, son los ingredientes
esenciales de la educación marista, empeña-
da en formar “buenos cristianos y virtuosos
ciudadanos”.
No está por demás, antes de pasar a exa-
minar el comportamiento ético y profesional
del doctor Gudiño, mencionar al lector los
valores que deben guiar a los profesionistas
egresados de esta universidad:
“Valores: convencidos de la dignidad de
la persona, tenemos el humanismo cristiano,
como principio rector; sustentamos como
valores fundamentales la justicia, la paz, la
libertad, la apertura y la fraternidad. Que se
expresan en servicio, trabajo, responsabilidad
individual y social, respeto, honestidad, sensi-
bilidadalaexpresiónpersonal,trascendencia,
pluralismo y apertura a la unidad armónica,
dignidad de todo ser humano y búsqueda
permanente de la verdad; todos ellos englo-
bados en la integridad. Somos congruentes
con nuestros orígenes y con la filosofía expre-
sada en nuestros principios, fines y objetivos.
Como institución, nuestra Universidad, fiel al
mensaje evangélico, se reconoce pluralista y
busca la verdad permanente”.
Ahora veamos de cerca al doctor Gudiño
Gual en acción:
Según sus propias palabras, [en Ixtaca-
maxtitlán, Puebla] aplicó una “metodología
cualitativa con inmersiones sociológicas y
antropológicas”, para ver si las comunidades
aledañas al proyecto minero son comunida-
des indígenas, puesto que, de ser así, la mi-
nera canadiense tendría un serio obstáculo
para destrozar las montañas en busca de oro
y plata, ya que los territorios de los pueblos
indígenas están protegidos por convenios in-
ternacionales, que son ley constitucional. El
resultadodesus“inmersionesantropológicas”
fue que: “no existen comunidades indígenas
en ninguna de las áreas de influencia, ni en la
zona directa ni en la indirecta”.
Leer esta declaración del doctor Gudiño
me sorprendió enormemente, puesto que yo
he estado en la región y he hablado con mu-
chos habitantes de las comunidades indígenas
que serían afectadas por la minera. Conozco
la historia de la región y sé que ha habido
asentamientos desde la época prehispánica,
algunos importantes hallazgos arqueológicos
se encuentran en el museo de sitio de Ixta-
camaxtitlán y la crónica de Bernal Díaz del
Castillo y la segunda carta de Hernán Cortés
a Carlos V lo confirman. Asimismo, está do-
cumentada la visita que hizo el siglo pasado
el antropólogo francés Jaques Soustelle, quien
relató su estancia en 1934 en el municipio
en un libro que le recomiendo leer al doctor
Gudiño: México, tierra india, publicado por la
Secretaría de Educación Pública, donde apa-
rece una fotografía sumamente interesante
del dios Tezcatlipoca, tomado justamente en
la cima de una de las montañas de la hermo-
sa sierra que la compañía Almaden Minerals
pretende destruir.

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