Contralínea 513

Año 15 • Número 513 • $30
Del 7 al 13 de noviembre de 2016
ISSN: 1665-1626
REVISTA SEMANAL

4 17 de octubre de 2016
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delegación Coyoacán, CP 04100, México, DF
La Misión Internacional de
Observación de Derechos
Humanos en la Fronte-
ra Guatemala-México
(MODH), que tendrá lugar
del 10 al 16 de noviembre,
comparte las exigencias de
miles de mujeres y hombres
mayas que habitan la Selva
Lacandona en Chiapas.
A partir de la segunda
quincena de octubre, orga-
nizaciones sociales y auto-
ridades de comunidades y
pueblos indígenas que habi-
tan la Selva Lacandona se
han pronunciado contra las
políticas gubernamentales
de militarización. En parti-
cular, contra la formación de
la Gendarmería Ambiental,
en el marco de la firma del
convenio de colaboración
entre la Secretaría de Me-
dio Ambiente y Recursos
Naturales (Semarnat) y la
Comisión Nacional de Se-
guridad (CNS) el 14 de abril
de 2016.
El pasado 19 de octubre,
la ARIC Unión de Uniones
Independiente y Democráti-
ca se pronunció en contra de
la presencia de la Gendar-
mería Ambiental en ANP,
bajo el pretexto de “restable-
cer el orden y la paz públi-
cos”. También denunció los
proyectos hidroeléctricos y la
expansión de las plantacio-
nes de palma africana que
devastan miles de hectáreas
de selva en los municipios de
Benemérito de Las Américas
y Marqués de Comillas.
El pasado martes 25 de
octubre de 2016, miles de
mujeres y hombres, niñas,
niños, ancianas y ancianos
de los pueblos mayas que
habitan la Zona Lacandona,
se aglutinaron en Nueva
Palestina y Frontera Coro-
zal, municipio de Ocosingo,
para pronunciarse en defen-
sa de la Madre Tierra y el
Territorio.
Los Bienes Comunales
de la Zona Lacandona
(BCZL) protestaron enérgi-
camente contra:
-La militarización de
los Montes Azules y otras
áreas naturales protegidas
de su territorio, a partir del
anuncio de creación de la
Gendarmería Ambiental.
-La destrucción de la
selva por el fomento guber-
namental de plantaciones y
proyectos extractivistas.
-La represión y crimi-
nalización de autoridades
de pueblos y organizaciones
indígenas que se oponen
a las políticas de despojo y
mercantilización de los bie-
nes naturales.
-Las políticas sociales
y económicas que generan
desigualdad, injusticias y
discriminación.
-El incumplimiento de
tratados internacionales
sobre derechos de pueblos
originarios.
Sus demandas principa-
les son:
-Terminación de cierre
poligonal para la elabora-
ción de un Nuevo Plano,
apegado a la realidad y acor-
dado con comunidades que
habitan dentro del polígono
y con sus organizaciones.
-Administración de las
siete reservas que se encuen-
tran dentro del polígono de
los BCZL.
-Diálogo firme y respe-
tuoso entre gobierno y las
autoridades de la Comuni-
dad Lacandona.
Mientras los gobiernos
federal, estatal y municipal,
se empeñan en imponer un
proyecto de mercantilización
de la selva con un discurso
ambientalista que contrasta
con sus políticas y progra-
mas, las comunidades indí-
genas con sus autoridades y
organizaciones avanzan en
otra dirección.
Ponen al descubierto los
intereses ocultos que tienen
las grandes corporaciones
sobre esta región, que aun-
que representa sólo el 0.16
por ciento del territorio
nacional, alberga el 20 por
ciento de la diversidad bioló-
gica mexicana, hidrocarbu-
ros, recursos minerales y el
30 por ciento de los recursos
hidrológicos del país.
Pero sobre todo, nos
muestran que a partir del
diálogo horizontal y la cons-
trucción de acuerdos, es po-
sible la defensa de la Madre
Tierra y de sus territorios.
La Mesa Transfronte-
riza Migraciones y Género
(MTMG), red de organiza-
ciones de Guatemala y Mé-
xico, dedicada a la defensa y
promoción de los derechos
de las poblaciones fronteri-
zas, anuncia el inicio de la
MODH nace de múltiples
espacios de encuentro entre
organizaciones de ambos
lados de la frontera, donde
hemos ido dialogando y
tejiendo poco a poco esta
alianza social y ciudadana
entre pueblos de Guatemala
y el sur de México para
visibilizar nuestro caminar,
las causas que nos unen en
la defensa de los derechos
humanos y las luchas que
NUESTROS LECTORESOPINIÓN
POR EL RESPETO A LAS COMUNIDADES
Y AL MEDIO AMBIENTE
SELVA LACANDONA
4 7 de noviembre de 2016

www.contralinea.com.mx 5
compartimos en defensa de los
territorios, los géneros y las mi-
graciones.
Misión Internacional de
Observación de Derechos Hu-
manos en la Frontera Guatema-
la-México
Solidaridad con
defensor de derechos
humanos en la Región
Lagunera
Jorge Alejandro Saucedo Alva-
rado es estudiante de noveno
semestre en la Universidad Ibe-
roamericana Torreón. Activista
y defensor de derechos humanos
en la región, busca generar
espacios de reflexión, criticidad
y análisis en La Laguna. En los
últimos meses ha sido objeto de
diferentes amenazas donde sus
derechos se han visto vulnerados
y no ha podido ejercer su activis-
mo en su totalidad.
El 11 de mayo del 2016 por
la madrugada, comenzó a surgir
un perfil falso con su nombre
y una página de Facebook que
hacía alusión a su página de
Facebook. Durante 1 hora,
agregaron a la mayoría de sus
amigos, tanto de universidad
como de la iglesia, trabajo y
familia. En ella aparecían sus fo-
tografías con algunos mensajes y
además diferentes publicaciones
con mensajes hacia su persona.
En menos de 1 hora la página
y el perfil fueron dados de baja
y sus amigos le mandaron cap-
turas de pantalla de lo que se
había publicado. Estos mensajes
hacían referencia a la libertad
de expresión y a que lo iban a
desaparecer.
El 23 de octubre del 2016
por la madrugada, entre las
2: y las 2:30 horas, circuló un
perfil con un nombre similar al
suyo (Jorge Salcedo) utilizando
sus fotografías y con diferentes
mensajes en ellas, como: “Te
vamos a matar”, “te vamos a
callar como debíamos haberlo
hecho”, “el 44 serás tú Saucedo
y morirás perro tú y tus medios”.
Esto fue señalado por sus amigos
y familiares quienes empezaron
a ser agregados y vieron que
además se habían publicado
estos mensajes, lamentablemente
no pudieron ser copiados porque
la página fue dada de baja en
menos de 30 minutos.
En un estado de derecho no
es posible que se atente contra
la libertad de expresión, cuando
es de los principales pilares de la
democracia. Como ciudadano,
estudiante y activista, no puede
existir un intento de censura
o amenaza a quienes dan voz
por las causas de los derechos
humanos.
Por lo tanto, condenamos las
amenazas que Jorge Alejandro
Saucedo Alvarado sufrió en los
últimos días. Asimismo exigimos
la investigación de estos hechos,
se busque al o los responsables
y se les lleve a la justicia. Del
mismo modo exigimos se vele
por su integridad y por pleno el
ejercicio de su activismo.
Red Nacional de Organismos
Civiles de Derechos Humanos
Todos los Derechos paraTodas y
Todos,conformada por 80 or-
ganizaciones en 21 estados de la
República mexicana
La Fiscalía no será
autónoma
Los nombramientos recientes de
los nuevos procurador General
de la República y secretaria de la
Función Pública son señales pre-
ocupantes para la consolidación
del Sistema Nacional Antico-
rrupción (SNA) y la construcción
de una Fiscalía autónoma. En
más de una ocasión, las personas
y organizaciones firmantes he-
mos enfatizado la importancia
de contar con procesos transpa-
rentes, abiertos y participativos
para el nombramiento de las
personas que encabezarán las
instituciones más relevantes del
Estado. Sólo así se logrará cons-
truir la confianza y legitimidad
necesarias para este nuevo siste-
ma y también asegurar el nom-
bramiento de perfiles idóneos
que garanticen independencia y
profesionalismo.
Sin embargo, lo que aca-
bó de suceder demuestra la
discrecionalidad y una total
ausencia de rendición de cuentas
y criterios claros que sostengan
las decisiones. El Senado de la
República no cumplió con su
papel de contrapeso y ratificó los
nombramientos sin dar espacio
a la reflexión crítica y el debate
abierto. Estas prácticas debilitan
la construcción de una Fiscalía
autónoma y del Sistema Nacio-
nal Anticorrupción asimismo
es contraria a los compromisos
públicos e internacionales hechos
por la Presidencia en materia de
gobierno abierto.
El nombramiento de la
nueva secretaria de la Función
Pública viola el compromiso
internacional hecho por Pre-
sidencia de la República en el
marco del Tercer Plan de Acción
de la Alianza para el Gobierno
Abierto. Para nombrar a las
autoridades del Sistema Nacional
Anticorrupción, la Presidencia
se obligó en septiembre de 2016
a conducir una consulta técnica
con sociedad civil, academia y
expertos para elegir al Secretario
o Secretaria. Esta consulta nunca
se realizó.
Por otra parte, el nom-
bramiento del Procurador es
la mayor muestra del divorcio
entre la Presidencia y el Senado
de la República y los sectores
de la sociedad que sí reconocen
una grave crisis del sistema de
justicia penal en México. Tan
sólo días después de que más de
200 personas y 50 organizacio-
nes expertas y reconocidas en
la materia exigieron un diálogo
nacional para rediseñar el or-
ganismo autónomo procurador
de justicia, diálogo que incluye
la selección del perfil más ade-
cuado que deberá operar éste,
el Presidente, con el respaldo del
Senado, designó inesperada y
discrecionalmente un perfil con
cuestionamientos sobre su inde-
pendencia política y sin rendir
cuentas sobre su idoneidad (por
ejemplo, sobre su conocimiento
del sistema penal, su probidad
y su compromiso con el avance
de los derechos humanos y la
democracia).
Se debe recordar que el
año pasado Cervantes Andrade
fue considerado como posible
integrante de una terna para la
Suprema Corte de Justicia de la
Nación. Entonces, como ahora,
su perfil fue severamente cues-
tionado. La designación de un
senador que quiso ser ministro
pero ahora es procurador daña
severamente la división de los
poderes públicos y corrompe la
idea de pesos y contrapesos que
deben existir entre estos.
Sirva lo anterior también
como un extrañamiento directo
y claro para el Senado de la
República: su papel en la ratifi-
cación del Procurador anuló la
naturaleza independiente que
tiene del Ejecutivo Federal. Una
designación del mayor impacto
para la democracia y el Estado
de derecho no debe realizarse
como un simple trámite legis-
lativo: en menos de un día el
Senado de la República resolvió
la designación presidencial.
Las personas y organizacio-
nes firmantes exigimos que estas
designaciones sean transitorias,
en particular en el caso del Pro-
curador, pues consideramos que
no son idóneas para los retos que
enfrentan ambas instituciones,
además de no contar con la legi-
timidad ni reconocimiento para
encabezar la transformación
hacia el mejor modelo de Fisca-
lía General de la República ni la
consolidación del promisorio Sis-
tema Nacional Anticorrupción.
Estamos absolutamente conven-
cidos que los perfiles requeridos
para estos órganos deben estar a
la altura del contexto, las exigen-
cias sociales y las necesidades de
nuestro país. Estos dos nombres,
sin embargo, no lo están.
Atentamente,
Alianza Cívica,Arkemetría
Social y 50 firmas más
NUESTROS LECTORES OPINIÓN

CONTENIDO
28
PORTADA
La Procuraduría mantiene en la congeladora 82
denuncias penales contra gobiernos estatales
por simulación de reintegros
OMITE PGR INVESTIGAR
A 15 GOBERNADORES;
SIMULARON REINTEGROS
A LA TESOFE
OPINIÓN
OFICIO DE PAPEL DENUNCIAN CORRUPCIÓN EN OPERACIONES
AÉREAS DE FUERZAS FEDERALES Miguel Badillo
CONTRAPODER ACOTACIONES AL CRÍTICO ENSAYO DE LILIA AGUILAR
GIL: EL PAÍS DONDE NO PASA NADA Álvaro Cepeda Neri
AGENDA DE LA CORRUPCIÓN ÓRGANOS DE INTELIGENCIA
ALERTAN CORRUPCIÓN DESMEDIDA Nancy Flores
ZONA CERO MÉXICO, ANTE LA CIDH (OTRA VEZ) Zósimo Camacho
IQ FINANCIERO SERVICIOS BANCARIOS, LA NUEVA FRONTERA
Claudia Villegas
ARTÍCULOS
MIRADAS CRIMINALES Roberto E Galindo Domínguez
POR QUÉ JODER A MÉXICO Óscar Enrique Díaz Santos
2018:CANDIDATOSDELPUEBLOALRESCATEDELPAÍSMartínEsparzaFlores
LOS ESTADOS Y LA VIGILANCIA MASIVA ILEGAL Sara Mosleh Moreno/CCS
DE LOS AYUNTAMIENTOS A LA ONU, TODOS CONTRA LOS PARAÍSOS
FISCALES Xavier Caño Tamayo/CCS
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CONTRALÍNEA. PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN –año 15, número
513, del 7 al 13 de noviembre de 2016– es una publicación sema-
nal editada por Editorial Libertad y Expresión, SA de CV; avenida
Río Churubusco 590, colonia Del Carmen, delegación Coyoacán, CP
04100, México, DF; teléfonos: 55 54 91 93 y 55 54 91 94; www.con-
tralinea.com.mx, info@contralinea.com.mx. Editor responsable: Agus-
tín Miguel Badillo Cruz. Número de reserva al título de derecho de
autor: 04-2001-1206164804 00-102. Número de certificado de lici-
tud de título: 12264, y de contenido: 8918. ISSN: 1665-1626. Impre-
sa por Editorial Libertad y Expresión, Insurgentes Centro 98, colonia
Tabacalera, Ciudad de México, teléfono 55549192. Este número se
terminó de imprimir el 4 de noviembre de 2016. Distribuida por la
Unión de Voceadores de México, despacho de Gloria Santillán, Ig-
nacio Mariscal 44, col. Tabacalera, CP 06030, México, DF, teléfo-
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tad y Expresión, SA de CV.
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ANÁLISIS
INTERNACIONAL Relación Unión Europea-China, influida por Estados Unidos y OTAN
Manlio Dinucci/RV
INTERNACIONAL La crisis del Mercosur Axel Plasa
54
60
INVESTIGACIÓN
PORTADA PGR, sin investigar a 15 gobernadores que simularon reintegros a la Tesofe
Nancy Flores
RENDICIÓN DE CUENTAS Corrupción e impunidad en el IIM de la UNAM Mauricio
Romero
CONTRAGOLPE Desaparecen en PGR investigaciones por lavado en clubes de futbol
Mauricio Romero
28
36
46
MISCELÁNEO
SOCIEDAD BETA La crisis de Twitter: nada es para siempre Gonzalo Monterrosa
EX LIBRIS Las máscaras del mando: un estudio sobre el liderazgo Álvaro Cepeda Neri
64
66
4636
54 60
Ilustración de portada: 123RF

OFICIO DE PAPELOPINIÓN
E
l gobierno federal dice estar “muy preo-
cupado” por la filtración de información
clasificada como “confidencial o reserva-
da” que probaría supuestos actos de corrupción
de mandos superiores en la Coordinación de
Operaciones Aéreas de la División de Fuerzas
Federales de la Policía Federal, por lo cual el área
de Responsabilidades del Órgano Interno de
Control abrió el expediente 2016/PF/DE1275
y ha citado a policías para declaren sobre he-
chos considerados como “delitos graves” y que
podrían ocasionar sanciones administrativas,
despidos, inhabilitaciones y cárcel para aquellos
elementos policiacos que hayan utilizado infor-
mación “confidencial” para denunciar el desvío
y malversación de recursos federales, daño pa-
trimonial, abuso de poder, fuga de información
y corrupción en esa corporación policiaca que
ponen en riesgo la seguridad nacional del país.
Se trata de una historia de acoso, persecu-
ción, amenazas y procesos legales abiertos en
contra de servidores públicos que denuncian
presuntos actos de corrupción y que confirma
como la estructura de gobierno opera para
proteger a todos aquellos que cometen actos
de corrupción. Así resulta casi imposible fincar
responsabilidades a quienes incurren en actos
ilícitos, porque quienes se atreve a denunciar
irregularidades –en la administración de bienes
y malos manejos de recursos públicos, así como
la asignación interesada de contratos de bienes
y servicios sin licitar o previamente acordados–
son perseguidos y amenazados con ser expulsa-
dos de la administración pública federal y hasta
pueden ir a prisión.
Este caso que se revisa en la Secretaría de la
DENUNCIAN CORRUPCIÓN
EN OPERACIONES AÉREAS
DE FUERZAS FEDERALES
MIGUEL BADILLO
Función Pública debería llamar la atención del
secretario de Gobernación, Miguel Ángel Oso-
rio Chong; del comisionado Nacional de Se-
guridad, Renato Sales, y de la secretaria Arely
Gómez, exprocuradora general de la República,
quien ha prometido deshacer grupos de poder y
de interés que operan al interior de ese órgano
de control y vigilancia y que dan protección a
funcionarios corruptos, a fin de limpiar la ima-
gen del gobierno de Peña Nieto y perseguir a
todos aquellos que cometen irregularidades y di-
versos delitos en perjuicio del patrimonio nacio-
nal. Ya veremos si la contralora cumple lo que
dice y actúa imparcialmente en este caso o sólo
hizo declaraciones para quedar bien con su jefe
el presidente de la República y todo va a seguir
igual.
Es público que desde el arranque del sexenio,
este gobierno ha estado marcado por la corrup-
ción y la impunidad, promovida desde las altas
esferas del poder político y por eso encontramos
casos tan absurdos como el descrito, en donde se
procede administrativa y penalmente en contra
de quien denuncia hechos de corrupción.
En lugar de abrir expedientes y averiguacio-
nes previas en contra de funcionarios que mal-
versaron recursos federales, se persigue a quien
los denunció. Citando a Peña Nieto, ésta es una
acción buena que no sólo no se dice sino que
además se oculta y con todo el aparato de pro-
curación de justicia se arremete en contra de los
funcionarios que se atrevieron a denunciar posi-
bles actos de corrupción.
¿Estará enterada la contralora Arely Gómez
de esta grotesca investigación (el expediente
2016/PF/DE1275), abierta en la dependencia a

OFICIO DE PAPEL OPINIÓN
su cargo e iniciada cuando efectivos de la Poli-
cía Federal presentaron el 11 de mayo una queja
ante la Presidencia de la República? En dicha
queja obran las pruebas documentales que po-
nen en evidencia el cambio de cotizaciones y ór-
denes de compra en contratos como el número
SEGOB/PF/SG/CSG/DGRM/C046/2015,
por un monto máximo de 8 millones 600 mil
dólares, cuyo objeto es la prestación de servicios
de mantenimiento integral, preventivo, progra-
mado y correctivo, así como la reparación y su-
ministro de partes, componentes y herramienta
especial para la flota de helicópteros marca Si-
korsky Black Hawk, modelo S-70A y UH-60M,
que conforman la flota aérea de la Policía Fede-
ral y con una vigencia hasta el 31 de diciembre
de 2015.
De acuerdo con el expediente entregado en
la Presidencia de la República y cuya investiga-
ción se turnó a la Secretaría de la Función Pú-
blica, la operación se inicia cuando la Policía Fe-
deral recibe las cotizaciones donde el prestador
de servicio Sikorsky International Operations
Inc ofrece determinados tiempos de entrega y la
dependencia le autoriza las órdenes de compra
correspondientes para el suministro de partes y
componentes, pero cuando la empresa no cum-
ple en los plazos prometidos, la misma corpo-
ración policial da instrucciones al prestador de
servicio para que cambie las fechas de entrega
en las cotizaciones, con la finalidad de no pena-
lizarlos por el atraso de los servicios ordenados.
Además, los funcionarios de la Coordinación de
Operaciones Aéreas alteran las órdenes de com-
pra para ajustar los tiempos de entrega, con la
finalidad de beneficiar al prestador del servicio
y no hacer uso de la pena convencional corres-
pondiente por el atraso de servicios pactados.
Según la denuncia, los funcionarios presun-
tamente coludidos en la malversación de recur-
sos, daño patrimonial y responsabilidades en
este contrato son el coordinador de Operaciones
Aéreas, el comisario general Urbano Fernández
Núñez; el director general de Mantenimien-
to, comisario capitán Martín Garrido Nieto; el
director de ingeniería, policía segundo Héctor
Fabián Cerritos Covarrubias; el encargado de
Ingeniería de Helicópteros, suboficial Miguel
Ángel Vázquez Cisneros; el encargado de Man-
tenimiento de Ala Rotativa, policía primero
Mauricio Leal Díaz; el encargado de Almace-
nes, inspector Enrique Juárez Beltrán.
En el contrato señalado (SEGOB/PF/SG/
CSG/DGRM/C046/2015) que sirve de ejem-
plo para demostrar la corrupción en la Policía
Federal, ahora dependiente de la Secretaría de
Gobernación, se autorizó la cotización número
SPB 10766 por un monto de 1 millón 276 mil
dólares (unos 25 millones de pesos) con fecha 29
de agosto de 2015, mediante la orden de com-
pra PF/SG/COA/DGM/DIH/422/2015 del
14 de agosto de ese año, y se autoriza la presta-
ción del servicio.
Con esa inversión de 25 millones de pesos,
se debió dar servicio de inspección a tres heli-
cópteros: una de 500 horas, para el modelo
S-70A, y dos de 720 horas para el modelo UH-
60M, lo cual de acuerdo con lo establecido en
el anexo técnico del contrato SEGOB/PF/SG/
CSG/DGRM/C046/2015, numeral X, ítem I,
II, por una inspección de la fase de 500 horas a
planeador y ambos motores para el helicóptero
S-70A, se ofertó a 190 mil 180 dólares, y por la
inspección de la fase de 720 horas a planeador
y ambos motores para el helicóptero UH-60M,
se ofertó a 285 mil 120 dólares, cotización que
habría excedido en demasía la cantidad autori-
zada mediante el oficio de orden de compra PF/
SG/COA/DGM/DIH/422/2015, de fecha 14
de agosto de 2015.
A pesar de no cumplir en tiempo y forma
con lo pactado por la empresa, la Policía Fe-
deral sostiene por escrito la satisfacción del
servicio mediante el oficio PF/SG/COA/
DGM/1931/2015, de fecha 20 de noviembre
del año pasado, en donde solicita el pago de
partes y/o servicios a la Dirección General de
Recursos Materiales por la factura MéxicoPD01
y MéxicoPD01 y 0082905849, aún cuando los
servicios no fueron terminados.
En conclusión, toda una maquinaria de co-
rrupción opera para beneficiar a empresas pri-
vadas contratadas por la Policía Federal, la cual
paga la prestación de bienes y servicios sin que
las contratistas cumplan, según la denuncia en-
tregada en la Presidencia de la República.

CONTRAPODER
OPINIÓN
E
l demoledor ensayo periodístico de Lilia
Aguilar Gil (Reforma, 7 de octubre de 2016)
es una siembra más –mientras llega la co-
secha– de cientos de miles de semillas que están
cayendo sobre la nación con sus 120 millones de
mexicanos. La mitad o más de ellos en la pobreza;
otros tantos en el desempleo llamado informali-
dad; más de 10 millones de indígenas discrimina-
dos, encarcelados y sobreviviendo en la miseria;
millones de niños ayudando a sus padres en labo-
res inhumanas; y jóvenes desertando de la escuela
en todos sus niveles, y sin completar su formación
aún cuando logran un
lugar en instituciones
superiores, a pesar de
los tramposos exáme-
nes de admisión, para
enviarlos como mano
de obra barata, dentro
y fuera del país; mi-
llones de enfermos desatendidos en los servicios
públicos de salud, y los pocos que alcanzan medi-
camentos para amortiguar los dolores, tienen que
regresar una y otra vez realizando trámites para
entretenerlos; y se han acumulado, desde el gol-
pista y sangriento salinismo a la fecha, más de 1
millón de homicidios, secuestros, desapariciones
forzadas y feminicidios, consecuencia de la inse-
guridad sangrienta.
En un análisis excelentemente fundamentado
y sintetizado, Lilia Aguilar Gil examina la dra-
mática realidad mexicana que ha arrastrado sus
males –a mi parecer– al menos los últimos 40 o 50
años, tras el afianzamiento en la política econó-
mica pública y privada del devastador neolibera-
lismo (David Harvey, Breve historia del neoliberalismo;
Héctor Guillén Romo, La contrarrevolución neoliberal
en México; y de Immanuel Wallerstein, Capitalismo
histórico y movimientos antisistémicos). Y nos muestra
con hechos que muchas cosas que están pasando
si tomamos en cuenta “la casa blanca, Malinalco,
Miami, OHL, Ayotzinapa, Tlatlaya, Apatzingán,
Tetelcingo, el Chapo, la tesis, la crisis económica, el
precio del petróleo, la cotización del dólar, la invi-
tación a Trump, las reformas ineficaces... pintan
no sólo a la adminis-
tración, también a una
clase política desacre-
ditada. Bastaría con-
cluir que corrupción,
frivolidad, incapacidad
para manejar la crisis y
violación a los derechos
humanos son su sello”.
Muchas cosas están pasando en el país que di-
rige a Peña y su facción: el “Renuncia ya”, porque
ya no hay presidente y la nave estatal va a la deriva, en
tanto aumentan los hechos de motín a bordo por la
inconformidad, el descontento, la pobreza, el des-
empleo, la concentración de la riqueza en no más
de 1 mil Slim. Y la corrupción e impunidad. ¿No
pasa nada? “¡Y sin embargo se mueve!” Sí, están
pasando cosas tras la siembra de los malos gobier-
nos: de los presidentes y los desgobernadores que, con
el peñismo, alcanzaron el desafío social y político
de echarlos del poder del Estado mediante una
ACOTACIONES AL CRÍTICO
ENSAYO DE LILIA AGUILAR
EL PAÍS DONDE NO PASA NADA
ÁLVARO CEPEDA NERI
El análisis examina la dramática reali-
dad mexicana que ha arrastrado sus ma-
les los últimos 50 años, tras el aﬁanza-
miento del devastador neoliberalismo
El análisis examina la dramática reali-
miento del devastador neoliberalismo

CONTRAPODER OPINIÓN
revuelta nacional que bien puede rayar en una
revolución que concluya en la decantada Cons-
titución de 1910-1917, desobedecida por tantas
contrarreformas.
Parecequeéstees“elpaísdondenopasanada”.
Y si esta crisis general es una oportunidad para to-
mar decisiones, estamos caminando con las Lilias
Aguilar Gil, los padres de los 43 de Ayotzinapa y
de los niños de la guardería ABC, y todos aquellos
que buscan a sus familiares en las fosas clandesti-
nas para deshacernos de “un gobierno contrario a
los principios que ella (la Constitución) sanciona”;
para, recobrando la soberanía na-
cional “alterar o modificar la forma
de nuestro gobierno” (Artículos 39
y 136). Pero éste es el país donde sí
están pasando muchas cosas.
Y entre especulaciones y deseos
se dice que no concluirán su sexenio
y que en última instancia correrán la
misma suerte de los Duarte, los Me-
dina, los Borge, los Padrés, los Graco,
etcétera. Pero por encima de eso está
el presente e inmediato futuro de la
nación que, a pesar de todo, sigue
remando para evitar que la nave estatal
naufrague por los intencionales erro-
res del peñismo y sus políticas para
arrasar con la educación gratuita,
laica y nacionalista por la imposición
de Aurelio Nuño y Enrique Peña
para casi eliminar desde la niñez el
“¡atrévete a pensar!”, formando ciu-
dadanos serviles en lugar de críticos
e inconformes para exigir que las de-
mocracias (directa y representativa) resuelvan con
más democracia las demandas de la nación.
Que empresarios y capitalistas exhiban sus am-
biciones ultraderechistas y presionen para que el
peñismo –ya en camino al golpismo militar, para
“entregarle el poder presidencial a un priísta de su
bando” (E1 Financiero, 24 de agosto de 2016)–, de
una vez por todas jale el gatillo contra las oposicio-
nes que brotan por todo el país (Francisco Cruz,
Félix Santana y Miguel Ángel Alvarado, La guerra
que nos ocultan, editorial Planeta). Que Peña sea un
plagiario cuando estuvo en la dizque universidad
del Opus Dei (la Panamericana); que se haya es-
condido en un sanitario para huir de las críticas
estudiantiles; que tenga sospechosas donaciones y
su esposa reciba favores de empresarios; que meta
las patas con sus decisiones por las que ya debería
estar sentado ante el juicio político.
Nada de eso es tan importante como lo que
están haciendo con el pueblo que trabaja, sufre y
resiste los embates de la pavorosa inseguridad que
dejan funcionar los peñistas, para tenerlo a raya y
seguir robando como la otra cara de la delincuen-
cia organizada: narcos y peñistas son lo mismo, en
un pacto de cada quien lo que se robe. Somos los
mexicanos los que estamos en cuestión. Y la úni-
ca opción es canalizar el descontento popular en
una revuelta apuntando a la continuación de la
Revolución inconclusa de 1910-1917, interrumpi-
da por la contrarrevolución de Miguel Alemán a
Peña. Que Peña renuncie o lo obliguen a irse tras
su cuarto y último informe-show a puerta cerrada
–como la privatización de otro acto público–, no
deja de ser importante; pero no como la crisis que
ha dejado, resumida shakesperianamente en: “una
nueva tempestad comienza a surgir y el Estado va
marchando día por día a su ruina… ¡oh, tiempos
de corrupción!”
DAVIDMANRIQUE

AGENDA DE LA CORRUPCIÓNOPINIÓN
ÓRGANOS DE INTELIGENCIA
ALERTAN CORRUPCIÓN
DESMEDIDA
NANCY FLORES
A
los órganos de inteligencia del Estado mexi-
cano les alarman los niveles de corrupción
que ha alcanzado nuestro país. No se trata
de simples percepciones del problema, sino de un
trabajo exhaustivo que ha involucrado a la inteli-
gencia civil y militar, y que ha revelado una crisis
generalizada tanto en el ámbito público como en
el privado.
Según se desprende de las evaluaciones consul-
tadas, la gravedad del flagelo ha aumentado en es-
tos últimos años: fines del sexenio de Felipe Calde-
rón y lo que va del de Enrique Peña Nieto. A la par,
ha aumentado la percepción social de que aquí rei-
na tanto la corrupción
como la impunidad.
Entre los casos que
más han contribuido a
esta idea generalizada
están la propia casa blan-
ca de Angélica Rivera,
esposa del presidente;
así como el descarado peculado en el que habrían
incurrido gobernadores de los partidos Revolucio-
nario Institucional –Javier Duarte de Ochoa en
Veracruz, César Duarte en Chihuahua y Roberto
Borge en Quintana Roo–, Acción Nacional –Gui-
llermo Padrés en Sonora– y de la Revolución De-
mocrática.
Según el Centro de Investigación y Seguridad
Nacional (Cisen) y la Unidad de Inteligencia Finan-
ciera (UIF) –los dos órganos de inteligencia que dan
la cara en las evaluaciones consultadas– el tema no
es menor: la seguridad nacional está en grave ries-
go. Además, la corrupción es uno de los principales
alicientes para el descontrolado lavado de dinero.
Durante años, el gobierno ha sido ciego y sordo
ante este problema. Pero éste parece haberse desbor-
dado, según se desprende de las más recientes alertas
generadas por los órganos de inteligencia del país.
Tan sólo en la Agenda Nacional de Riesgos –docu-
mento ultraconfidencial al que Contralínea tuvo acceso
y en el que participan el Cisen y los órganos de in-
teligencia militar– figura como una de las 10 peores
amenazas a la seguridad nacional.
Además, la Primera evaluación nacional de riesgos de
lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, elabo-
rada por la UIF, señala sus efectos potenciadores de
otros ilícitos, de tal suerte que el daño que hace la
corrupción al país es in-
calculable.
Y es que ésta posi-
bilita los crímenes que
mantienen a México en
estado de catástrofe hu-
manitaria. Ejemplo de
ello es la protección a la
mafia y a los violadores de los derechos humanos,
misma que depende de su capacidad corruptora.
Son los sobornos los que doblan a militares y policías;
a jueces, magistrados y ministros, que acaban tor-
ciendo la ley a favor de empresarios, narcotraficantes,
estafadores, asesinos, violadores.
En el sector empresarial se ha institucionalizado el
llamado diezmo, esa cuota que, sin inmutarse, paga
la iniciativa privada –nacional y extranjera– para
ganar licitaciones públicas en los tres niveles de go-
bierno. También están los contratistas “amigos”
que cobran favores.
En su evaluación, la UIF de plano admite que
en los últimos años se ha registrado un retroceso en
Seguridad nacional, en grave riesgo
por la corrupción, alerta el Cisen. La UIF
señala que ésta alienta el lavado de di-
nero y el financiamiento al terrorismo
Seguridad nacional, en grave riesgo
y el financiamiento al terrorismo

AGENDA DE LA CORRUPCIÓN OPINIÓN
el tema. “Si bien no se tiene un diagnóstico preciso
de la magnitud de la corrupción en México, los es-
tudios que miden la percepción de este fenómeno
realizados por diversos organismos internaciona-
les y organizaciones de la sociedad civil ubican a
nuestro país en los sitios más desfavorables a nivel
mundial e incluso mostrando un retroceso en los
últimos años”.
El órgano de inteligencia en materia financie-
ra trata de matizar la alerta: “es posible que ello se
deba al aumento de la mayor exposición pública de
los actos de corrupción y una mayor transparencia
en los procesos”.
No obstante, admite que esta percepción reve-
la que “los esfuerzos anticorrupción que el Estado
mexicano ha realizado
en su estructura legal e
institucional, muchos
promovidos por su adhe-
sión a las tres Convencio-
nes Internacionales An-
ticorrupción de la Orga-
nización de las Naciones
Unidas, la Organización
de Estados Americanos
y la Organización para
la Cooperación y el De-
sarrollo Económicos, no
se han traducido en la
instrumentación de po-
líticas públicas integrales
y efectivas para mitigar
este flagelo”. En este con-
texto, es previsible que el Sistema Nacional Antico-
rrupción tampoco funcione, como no servirá la Ley
3 de 3, que nadie obedece.
Según la UIF, “la percepción de la corrupción
que reina en un gran sector de la población es un
elemento que pudiera vulnerar fuertemente nues-
tro sistema de prevención y combate a los flagelos
[de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo],
ya que constituye un facilitador para la comisión de
delitos, sin que ello impida la represión de éstos, por
lo que se concluye entonces que la vulnerabilidad
es ALTA” (sic).
Y es que el beneficiario de los actos corruptos
(sean sobornos, cohechos, fraudes, peculado, eva-
sión de impuestos, etcétera) necesariamente busca
ocultar que el origen de sus ingresos es un ilícito.
Así que acaba lavando el dinero sucio obtenido gracias
a la posición que ocupaba en un determinado mo-
mento.
En cuanto al impacto de la corrupción, la UIF
indica que las consecuencias sociales y políticas se
consideran de un alto grado, para las económicas se
tieneungradomedio,mientrasquelasfinancierasse
encuentran en un grado bajo. En términos genera-
les, ubica al flagelo con un impacto general alto.
A la Unidad de Inteligencia Financiera también
le preocupan los niveles de impunidad. Respec-
to del caso de los delitos del fuero común, detalla
que las cifras totales reportadas en el Censo nacional
de procuración de justicia estatal 2015 del Instituto Na-
cional de Estadística y
Geografía revelan que,
en promedio el 53.9 por
ciento de las averigua-
ciones previas iniciadas
fueron determinadas y
39.9 por ciento quedaron
pendientes de concluir,
durante 2012 a 2014.
“En cuanto a los de-
litos del fuero federal se
destaca que se observa
una disminución conti-
nua en el porcentaje de
consignaciones con y sin
detenido, pues pasaron
de 36.7 a 25.2 por ciento
entre 2012 y 2014. Por
tales motivos se concluye que existe una falta de
certeza jurídica y una alta percepción de impuni-
dad, por lo que la vulnerabilidad en este sentido es
ALTA” (sic).
En su evaluación, la UIF agrega que, en rela-
ción al impacto de este factor en los delitos de ope-
raciones con recursos de procedencia ilícita y finan-
ciamiento al terrorismo, las consecuencias sociales
y políticas se consideran de un alto grado, mien-
tras que las económicas se encuentran en un grado
bajo, “por lo que se tiene un impacto ALTO” (sic).
Es hora de que la corrupción se combata en
serio y se procese a quienes han incurrido en ella
sin importar su investidura o su posición económi-
co-empresarial.
123RF

ZONA CEROOPINIÓN
E
l Estado mexicano hoy está de nueva cuen-
ta en el banquillo ante la Comisión Intera-
mericana de Derechos Humanos (CIDH).
Ahora, por la tortura y masacre de 10 indígenas
na’saavi y un estudiante universitario en una pau-
pérrima localidad de la Costa Chica de Guerrero.
A pesar de las evidencias que claramente pesan
sobre el Ejército Mexicano, el gobierno ha solici-
tado al organismo internacional que declare “in-
admisible” el caso y lo archive.
Esta “respuesta” del Estado mexicano a la
CIDH ocurrió la semana pasada, 13 meses des-
pués de que venciera el plazo fijado para pronun-
ciarse al respecto. La mera demora refleja el me-
nosprecio que al gobierno mexicano le merecen
las acusaciones ante la comunidad internacional.
La madrugada del domingo 7 de junio de
1998, unos 300 efectivos del Ejército Mexicano
rodearon una humilde escuela en la comunidad
na’saavi de El Charco, municipio de Ayutla. Al
frente del operativo iba nada menos que el gene-
ral Juan Manuel Oropeza Guernica, entonces co-
mandante de la 27 Zona Militar.
Sabían los militares que en dos aulas de la es-
cuela Caritino Maldonado Pérez pernoctaban
representantes comunitarios de la región y algu-
nos integrantes de la guerrilla guerrerense. Los
primeros habían asistido a una asamblea para or-
ganizarse en torno a la demanda de apoyos para
el campo. Los segundos habían acudido a solici-
tar que fueran escuchados para exponer ante los
campesinos sus motivos de lucha. Como puede
suponerse, una delación tuvo que haber ocurrido
para que se movilizara tal cantidad de tropa del
Ejército Mexicano y llegara al lugar de la reunión.
“El error de los compañeros fue que pernoctaran
en ese lugar”, me comentaron varios años después
algunos integrantes y exintegrantes del Ejército
Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) con
los que Contralínea ha sostenido entrevistas perio-
dísticas.
Y pues las armas nacionales se vistieron de gloria: ac-
tuaron como sabemos que lo han hecho en 1962
(con Rubén Jaramillo y familia); en 1968 y 1971
(incluso a plena luz del día y en la Ciudad de Mé-
xico); en 1972 en la sierra de Guerrero… y para
no enlistar todos los casos (conocidos), llegamos a
Tlatlaya (¿e Iguala?) en 2014.
Los cientos de efectivos del Ejército Mexica-
no dispararon a mansalva contra un puñado de
indígenas indefensos y cuatro guerrilleros. De es-
tos últimos, dos cayeron en combate y dos más,
que se habían rendido para no exponer a la po-
blación, fueron vejados y ejecutados extrajudicial-
mente por los soldados en la misma escuela. En
el lugar torturaron y ejecutaron fríamente tanto a
los integrantes de la guerrilla como a pobladores
que no tenían relación alguna con el movimiento
armado. Los militares quisieron sembrar el terror
para contrarrestar el entonces impresionante cre-
cimiento del ERPI por todo Guerrero.
Los indígenas asesinados aquella madrugada
fueron Honorio García Lorenzo y Mauro Gon-
zález Castro, de la comunidad Ahuacachahue;
Fidencio Morales Castro y Daniel Crisóforo Ji-
ménez, de Coyul; Fernando Félix Guadalupe, de
Ocote Amarillo; Apolonio Jiménez García, de
Potrero; Manuel Francisco Prisciliano, de Mesón
Zapote; Ceferino Damián Marco, de Coxcatlán,
quién fue confundido con Juan García de los San-
ZÓSIMO CAMACHO
MÉXICO
ANTE LA CIDH (OTRA VEZ)

ZONA CERO OPINIÓN
tos; José Rivera Morales, de La Palma; Mario
Chávez García, de El Charco, y el estudiante de
la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la
Universidad Nacional Autónoma de México Ri-
cardo Zavala Tapia. El reporte militar señaló al
estudiante como el comandante Daniel del ERPI.
Otros siete indígenas sufrieron torturas y heri-
das por parte de los militares. Además, a los dete-
nidos aquella madrugada se les trasladó a un cuar-
tel militar, donde bajo tortura fueron obligados a
declarar ante autoridades castrenses. Entre los
detenidos iban cuatro menores de edad: Bernabé
García de Jesús y Melitón Castro Morales, quie-
nes contaban con 14 y 15 años de edad, respecti-
vamente, no hablaban español y no sabían leer ni
escribir; Pedro Esteban Ávila y Adrián Patriarca
Agustina, entonces de 17 y 16 años de edad, res-
pectivamente; estaban aprendiendo a escribir, leer
y hablar español.
Los testimonios de los mayores de edad trasla-
dados a las instalaciones militares dan cuenta de
los métodos inhumanos (¿debemos decir “de in-
vestigación”?) de los militares.
Érika Zamora Pardo declaró que le esposaron
las manos, le amarraron un cable y la tiraron con
agua en el piso. Sintió entonces descargas eléctri-
cas. Los soldados le decían que tenía que decir lo
que ellos querían, porque si no lo hacía la mata-
rían y agredirían a su familia. Le hicieron firmar
unos documentos que ellos habían escrito y que
nunca le permitieron leer.
Efrén Cortés Chávez declaró que le decían
que aceptara todo lo que ellos estaban escribien-
do, porque, como quiera, de ahí no iba a salir. Le
vendaron los ojos y los trasladaron a un lugar don-
de, con un aparato que le colocaron en la gargan-
ta, le oprimieron el cuello hasta casi estrangularlo.
Lo desnudaron y le ataron manos y pies a una
plancha; con una esponja le mojaron el cuerpo y
le aplicaron descargas eléctricas en las tibias de los
pies, genitales y en la cabeza.
Mientras, en la comunidad de El Charco, los
soldados entraron a las casas a robar enseres do-
mésticos y alimentos. Las chozas fueron allanadas
y saqueadas. Lavaron, pintaron y resanaron la es-
cuela, para eliminar la sangre salpicada en las pa-
redes, pisos y patio, y para disimular los impactos
de bala.
He tenido la oportunidad de visitar en varias
ocasiones la comunidad de El Charco: su tierra
colorada, casi roja; sus milpas húmedas y gene-
rosas, donde el maíz, la calabaza y el frijol crecen
junto con los niños descalzos; sus sembradíos de
flor de jamaica, que pintan de guinda laderas en-
teras; sus cañas de azúcar cultivadas junto a los
arroyos; sus trapiches en los solares de las casas. Y
su escuela Caritino Maldonado: conservada como
un sencillo memorial de las víctimas.
Hoy el Estado Mexicano pide a la CIDH ar-
chivar este caso y declararlo inadmisible… Lo que
es inadmisible es que no haya la menor intención
de reconocer el hecho y, por lo tanto, se garanti-
ce que situaciones como ésta se sigan ocurriendo.
Los cobardes asesinatos contra personas indefen-
sas –hayan o no cometido delitos– tienen que ser
castigados. Campañas publicitarias que se pagan
con dinero público buscan instalar en la población
la idea de que las Fuerzas Armadas respetan los
derechos humanos. Si fuera verdad; si el Ejército
ha incorporado en sus protocolos de actuación el
respeto a la vida y dignidad humanas, ¿por qué
no permitir que se sepa la verdad de un pasado
que ha quedado atrás? Hasta la fecha (y ahí es-
tán los reportes de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos) es común que quienes son
detenidos por efectivos militares sean trasladados
a instalaciones castrenses y no sean entregados a
autoridades civiles sino hasta que son torturados.
Muchos han muerto en el tormento. ¿Cuándo se
va a acabar con esta práctica?
Fragmentos
El promotor de la Coordinadora Regional de
Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria
(CRAC-PC) en Tixtla, Guerrero, Gonzalo Moli-
na González, se encuentra preso en el Centro Re-
gional de Readaptación Social de Chilpancingo,
Guerrero. Padece enfermedades que requieren
atención quirúrgica: litiasis renal y ureteral obs-
tructiva que está afectando al riñón y uréter dere-
chos; litiasis ureteral izquierda, y hernia inguinal
derecha. El Colectivo contra la Tortura y la Impu-
nidad demanda atención médica inmediata para
Molina González, toda vez que los daños a su sa-
lud pueden ser irreversibles en un corto plazo.
XXXX

IQ FINANCIEROOPINIÓN
F
ue en 1802 cuando Thomas Jefferson afir-
mó que los bancos eran más peligrosos
para nuestras libertadas que ejércitos listos
para el combate. En este momento, las posibili-
dades de la banca de generar ingresos y mejorar
sus márgenes cuenta con los recursos que le ofrece
la tecnología. En México la mayor parte del mer-
cado bancario se encuentra en manos de los tres
principales bancos.
Hace dos años en México, el titular de la Se-
cretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP),
Luis Videgaray, impulsó ante el Poder Legislativo
una reforma financiera que, en opinión de Ma-
rio Di Constanzo, reivindicó muchos derechos de
los usuarios de los servicios financieros. “Para mí,
es la reforma más social de todas las aprobadas”,
agrega el funcionario público que formó parte
del llamado gobierno legítimo de Andrés Manuel
López Obrador.
Pero ahora, después de incrementar el nivel de
información que las instituciones financieras de-
ben entregar a la Condusef y de mejorar la defen-
sa de los usuarios de servicios en este sistema, Di
Constanzo advierte nuevos derroteros que debe-
rán superar los reguladores en la banca móvil y re-
vela que las autoridades financieras del país están
alertas para exigir que sean las instituciones en ese
sector las que se responsabilicen ante los usuarios
y que compartan con ellos la responsabilidad y el
aprendizaje del cambio a través de la tecnología y
las telecomunicaciones.
Definitivamente el Banco de México – que im-
pulsó el Sistema de Pagos Electrónicos Interban-
carios (SPEI) – no vería con buenos ojos que sean
las empresas telefónicas las que terminen hacien-
do banca. La responsabilidad debe estar entre los
intermediarios bancarios y los no regulados. En
México, la banca móvil se observa como una gran
herramienta para la inclusión, porque las institu-
ciones de crédito que adolecen de grandes redes
de sucursales están firmando alianzas con cadenas
de tiendas de conveniencia.
Así están creando una pinza muy eficiente:
una gran penetración de la telefonía móvil y una
buena red de puntos de contacto con el usuario,
sin importar si es un cajero automático o una su-
cursal bancaria. Da igual, puede ser una tienda de
conveniencia o una farmacia, lo importante es la
transferencia de efectivo.
De acuerdo con un estudio del programa GS-
MAs Mobile Money for Unbanked –dedicado a acele-
rar la inclusión financiera y que cuenta con el pa-
trocinio de la Fundación de Bill y Melinda Gates
–, en México el 57 por ciento de los adultos tienen
una cuenta con una institución bancaria; el 50 por
ciento cuenta con un servicio de telefonía móvil.
El terreno está listo para acelerar la banca móvil y
la inclusión bancaria.
En 2004, durante el inicio de las operaciones
del SPEI, sólo los bancos participaban; sin embar-
go, ante las características operativas, tecnológicas
y de administración de riesgos, pero sobre todo
ante la necesidad de incrementar la bancariza-
ción, el Banco de México permitió desde agosto
de 2006 la participación de instituciones financie-
ras no bancarias.
El Banco de México establece que las personas
físicas y morales pueden transferir recursos a tra-
vés del SPEI, solicitándolo al banco que maneja
su cuenta. Las instituciones crediticias que ofrecen
este servicio permiten a sus clientes instruir dichas
operaciones mediante diversos canales, tales como
portales de internet, aplicaciones de banca móvil y
solicitudes que reciben en sus sucursales. Los par-
CLAUDIA VILLEGAS
SERVICIOS BANCARIOS
LA NUEVA FRONTERA

IQ FINANCIERO OPINIÓN
ticipantes pueden realizar trasferencias denomi-
nadas en pesos mexicanos a cualquier otro cliente
y a cualquier otro participante del sistema. Éste
recurso bancario es, básicamente, la génesis de la
banca móvil.
Nuevos paradigmas
La llamada nueva economía está permitiendo a
la banca distribuir productos y servicios a través de
canales electrónicos. Los bancos de esta forma ten-
drían la posibilidad de buscar caminos para susti-
tuir canales tradicionales. La banca online permite
la sustitución de los canales de distribución tradicio-
nales, incluyendo la red de oficinas y los contactos
personales, los canales telefónicos o los canales elec-
trónicos asociados a la banca por Internet y dispo-
sitivos móviles.
En Europa, la banca por Internet y la banca
móvil tienen una gran aceptación. En Finlandia, el
80 por ciento de los hogares tienen banca electró-
nica; en Suecia el 66 por ciento y en Dinamarca el
65 por ciento.
Finlandia ha sido, por cierto, un país pionero
en implantar servicios de banca por Internet, los
cuales comenzaron a ofrecerse por primera vez en
1989, asociados al éxito de un único banco (Merita
Nordbanken, hoy SoloBank), y el papel de Nokia
como socio tecnológico y la propia estructura espa-
cial del país. Suecia, además, ha sido el resultado de
la exportación del modelo finlandés, ya que respon-
de a factores demográficos, sociológicos y tecnoló-
gicos similares.
Según una encuesta realizada por la Asociación
para la Investigación de Medios de Comunicación
(AIMC), en España los servicios de banca electró-
nica, aunque están experimentando un cierto cre-
cimiento en los últimos años, no terminan de des-
pegar.
En México, mientras tanto, BBVA Bancomer
apuesta por la banca móvil después de que en su
país sede realizó importantes inversiones en tecno-
logía y sistemas de información. En México lanzó
la aplicación BBVA Send que permite realizar en-
víos de dinero sin necesidad de ser cuentahabiente
o contar con una tarjeta. Los nuevos cajeros auto-
máticos de BBVA Send cuentan con programas aso-
ciados al SPEI.
Derechos de los usuarios,
área de oportunidad
Para Mario Di Constanzo, en México la ban-
ca opera sobre bases financieramente sólidas; sin
embargo, respecto a los servicios bancarios y la
atención a los usuarios el funcionario estima que
aún existen espacios de oportunidad.
Por ejemplo, en materia de reclamaciones, de
acuerdo con las quejas que llegan a Condusef
y que se atienden directamente en la ventanilla,
la banca registró entre enero y julio de este año
85,000 reclamaciones. En el sistema de banca
múltiple, el 60 por ciento de estas reclamaciones
fueron exclusivamente de la banca (más allá de
los intermediarios no bancarios) y éstas, a su vez,
estuvieron concentradas en tres instituciones:
Banamex, BBVA Santander, que son los más
grandes.
Al ser más grandes, evidentemente, tienen
más transacciones y reclamaciones. Pero el
Índice de Desempeño en Atención Usuarios
(IDAU) que elabora la Condusef revela que no
necesariamente entre más reclamaciones se ten-
gan se atienden bien o igual
El único banco que mejoró fue Banamex
mientras que BBVA Bancomer y Santandar mos-
traron IDAUs inferiores a los de otros periodos.
Banamex, refiere Di Constanzo, ha registrado
de los menores IDAUs; está intentando mejorar
y aunque sigue con calificaciones reprobatorias
está mejorando. Los otros bancos, mientras tan-
to, han registrado una disminución en este dato.
El proceso de una reclamación ante un ban-
co inicia con una gestión electrónica y el banco
tiene 20 días para responderlo. El banco puede
responder sobre la procedencia de la queja y
dar una razón por la cual está tomando dicha
decisión. En algunos bancos se ha visto que no
contestan en 20 días o que contestan alguna cosa
que nada tiene que ver con la queja; también
usan prácticas dilatorias: le dicen al usuario que
sí pero no le dicen cuándo.
Esta gestión es electrónica y es, justo en ese
momento, la reclamación puede convertirse en
una proceso muy complicado en donde se le pue-
de dar o no la razón al usuario. Pero eso hace que
se pierda el tiempo.

ARTÍCULOOPINIÓN
C
on la campaña “El último acoso”, el
Partido de la Revolución Democrática
(PRD) anuncia una iniciativa de ley para
tipificar y sancionar el “acoso sexual callejero”
con 3 años de prisión, 40 días de multa o 48 horas
de capacitación del “presunto agresor”, depen-
diendo del delito. Llamada “Tolerancia cero”, la
iniciativa intenta tipificar, entre otras cosas, “las
miradas lascivas” cuando vayan acompañadas
de cualquier acto sexual, como “tocamientos y
rozones”. La senadora Dolores Padierna ha di-
cho que “lo difícil de describir son las miradas
lascivas y demostrarlo. Por eso la propia inicia-
tiva comienza con una
penalidad práctica-
mente baja, pero en la
idea de que se inscriba
como delito…” En-
tonces, las mujeres po-
drán denunciar: “¡Me
miró con lascivia, lo
acuso por su mirada!”, después de identificar
entre decenas o cientos de miradas aquellas que
profanaron su ropa, desnudaron su cuerpo y regocija-
ron la mente del pervertido mirón, para llevarlo
al “patíbulo social” y condenarlo por sus atrevi-
das pupilas.
Cuando Paloma Castañón manifestó: “Hoy
damos banderazo a la campaña ‘El último acoso’.
Busca plantear la problemática desde un punto
de vista más sentimental”. Su iniciativa de ley
mostró su intención: buscar afectos electorales
entre las feministas y no está mal. Pero esa “to-
lerancia cero” para agresiones sexuales implica
censura de pensamiento y sentimiento –para el
hombre– y es una brutalidad, pues nada dicen
de las mujeres que nos dirigen miradas “de du-
doso pensamiento” a las nalgas y la entrepierna
o a nuestras manos deseándolas, aún sin nuestro
consentimiento.
El “respeto” está mal enfocado cuando seg-
menta y diferencia aún más a hombres y mu-
jeres. Ellas ya cuentan con espacios exclusivos
en el transporte público y con rutas especiales.
Ya que –mis sentimentales senadoras– hombres
y mujeres sienten, desean y tienen pensamien-
tos lujuriosos y así miran, con ansiedad, deseo
y amor; llenándose de belleza los ojos y el alma.
Ahora ellas, ustedes,
tendrán el derecho
y la “capacidad” de
decidir qué significan
nuestras miradas. ¿No
les parece peligroso,
represivo e inquisito-
rial?
Dice Padierna, enredada en las intencionali-
dades de los pensamientos que puedan detonar
las “lujuriosas miradas”: “Ciertamente, se trata
de expresiones algo subjetivas cuando se trata
de miradas lascivas que sólo quien las sufre pue-
de describirlas… [por lo que] se requiere una
redacción de tal manera que se entienda que
cuando la víctima siente esa agresión, la pueda
denunciar y describir.”
Tiene razón, la redacción es fundamental
y debería serlo para quienes intentan escribir
sobre situaciones subjetivas y ambiguas, como
tipificar una “mirada criminal”, usando un len-
guaje ambiguo y enredado, acaso reflejo de su
ROBERTO E GALINDO DOMÍNGUEZ, MAESTRO EN CIENCIAS EN EXPLORACIÓNY GEOFÍSI-
CA MARINA, LICENCIADO EN ARQUEOLOGÍA ESPECIALIZADO EN CONTEXTOS SUMERGI-
DOSY BUZO PROFESIONAL; LICENCIADO EN LETRAS HISPÁNICAS
Ahora las mujeres tendrán el dere-
cho y la ‘capacidad’ de decidir qué sig-
niﬁcan nuestras miradas. ¿No les pare-
ce peligroso, represivo e inquisitorial?
Ahora las mujeres tendrán el dere-
ce peligroso, represivo e inquisitorial?
MIRADAS
CRIMINALES

ARTÍCULO OPINIÓN
pensamiento. Describir una mirada implica ries-
go de error por la diversidad de éstas y de las in-
terpretaciones de una acción generada por uno
o muchos sentimientos y pensamientos (mirar).
Una mirada no desvela sus intenciones a través
de las pupilas; lo que me recuerda una canción de
Joan Manuel Serrat: “No hago otra cosa que pen-
sar en ti / Por halagarte y para que se sepa / tomé
papel y lápiz y esparcí las prendas de tu amor so-
bre la mesa. /…Miré por la ventana y me fugué
/ con una niña que iba en bicicleta. / Me dis-
trajo un vecino que también / no hacía más que
rascarse la cabeza...” Poeta y vecino miran a la
niña. El primero piensa en otra mujer, vaya usted
a saber qué piensa
el de a lado. ¿Quién
puede saberlo? ¿Qué
pasaría si la madre
los ve mirar a su hija,
y decide (imagina)
que eran “miradas
lascivas” y denuncia,
describiendo las “cri-
minales miradas” del
poeta y el vecino?
Mujeres y hombres
pueden fantasear a
partir de una mira-
da sin delinquir, pero
la tipificación de
“miradas lascivas”
puede convertir una
miramiento en un
crimen sobre el que
observa, sin que en sus ojos haya existido lascivia,
y aunque así hubiera sido, la lujuria sin consuma-
ción es sólo un deseo. ¿Entonces, quieren tipifi-
car deseos? La iniciativa de reforma del Código
Penal Federal que proponen podría castigar a
un enamorado sólo por que la observada “sienta
o imagine” lujuria y no devoción en la mirada.
¡Cuídense poetas que contemplan para escribir
su arte, que la política de las senadoras perredis-
tas acusará su sucia imaginación!
Aunque, sobre la capacidad de los ojos mascu-
linos de delinquir sobre mujeres con pensamien-
tos libidinosos, Padierna sentenció: “No se está
considerando todavía como delito grave; pero en
la medida de que esto se afiance entre la socie-
dad, vamos a convertirlo a delito grave”. De pro-
gresar la iniciativa perredista, nuestras miradas
nos podrían llevar a prisión. Tendremos que ca-
muflar las miradas cuando una mujer nos atraiga
y nos invada con deseo, mientras ellas seguirán
ejerciendo “libertad de mirada”. Las senadoras
han mencionado que “93 por ciento de las muje-
res de 15 a 35 años de edad ha sufrido acoso en
transportes o vía pública, desde miradas lascivas
o piropos”, además de otros datos de víctimas de
“acoso callejero” mediante tocamientos y “otros
abusos sexuales”. No objetaré las agresiones físi-
cas y los “otros abusos sexuales” que deben ser
castigados. Pero so-
bre el 93 por ciento
de mujeres víctimas
de miradas crimi-
nales, ¿entonces hay
que mandar a “re-
conversión de pensa-
miento” o a prisión
a 90 por ciento de
los hombres? Deben
las senadoras leer
Un mundo feliz (1932)
de Aldoux Huxley y
Farenheit 451 (1953)
de Ray Bradbury.
Novelas de ciencia
ficción futuristas que
muestran a legisla-
dores que controlan
pensamientos, de-
seos y sentimientos, deshumanizando a hombres
y mujeres con restricciones de orden sentimental.
Justo como es intentar tipificar “miradas lasci-
vas”, un absurdo intento de reprimir pensamien-
tos y sentimientos.
Senadoras, mirar no es delito y no debe serlo.
Enfóquense en legislar para castigar a los verda-
deros criminales, para que no salgan de prisión
cuando rara vez son capturados, en hacer respe-
tar la ley que ya castiga los delitos sexuales, hagan
eficiente el sistema judicial. Por favor, no ficcionali-
cen leyes fascistas de tipo “vidente o adivinatorio”,
pues nos van a condenar a todos –los hombres–
por sentir, pensar y desear con la mirada.
DAVIDMANRIQUE

ARTÍCULOOPINIÓN
E
n esta prestigiada revista he tenido la opor-
tunidad de publicar cerca de 10 artículos
en donde he analizado varias cuestiones
del gobierno de Enrique Peña Nieto. Nunca ha
sido una crítica destructiva, pero sí dura en cuan-
to al comportamiento del presidente de la Repú-
blica. No siempre he sido crítico, porque en los
2 primeros años, incluso, pensé que por fin un
mandatario podía romper barreras y concertar
con los partidos políticos diferentes a su partido
(Acción Nacional, PAN, y de la Revolución De-
mocrática, PRD).
Logró, incluso, la aprobación de reformas
estructurales importantes, como la financiera, la
energética, la educativa y la fiscal. Lo importante
era ver si estas reformas darían resultado origi-
nando desarrollo económico en el cual la pobla-
ción pudiera elevar su nivel de vida; por lo menos,
era lo que justificaba dichas reformas. El 5 de fe-
brero de 2014, en el 97 aniversario de la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
se alabaron estas reformas y se congratuló que la
calificadora Moody’s elevara la calificación de la
inversión mexicana. Ante ello, consideré en un
artículo que eran prematuras estas campanas al
vuelo y lo veía más como una cuestión política.
Hasta ese momento, parecía que el presidente
iba en el camino adecuado y su aprobación era
de alrededor del 70 por ciento. La debacle em-
pieza a finales de 2014. Acontecimientos como el
de Ayotzinapa, con la desaparición de 43 norma-
listas, el 26 de septiembre; el escándalo de la casa
blanca en octubre d ese año; Tlatlaya y Tanua-
nato en 2015, y el incremento de la inseguridad;
viajes suntuosos utilizando el avión presidencial
y fletando otros aviones para invitados, amigos
y familiares del presidente y su esposa; encubri-
miento de funcionarios públicos y gobernadores
(hoy prófugos); protección a sus amigos movién-
dolos a un lugar más seguro dentro del gobierno;
enroques en el gabinete convirtiendo a los funcio-
narios como todólogos…
La corrupción ha sido un elemento central de
este gobierno, en el cual ha estado involucrado di-
rectamente el presidente, con asuntos como el de
la casa blanca, la casa de Malinalco de Videgaray
y el lujoso departamento de Miami de su esposa y
del que un empresario le paga el predial. Es más,
ha tenido el descaro de declarar y reconocer que
es corrupto, cuando expresó que todos somos co-
rruptos, incluyendo a la sociedad, y lo confirmó
en estos últimos días al decir que todos los partidos
políticos eran corruptos, incluyendo el suyo.
Estoy convencido que aun y cuando una parte
de la población accede a pagar sobornos, también
existe población que se niega a pagar mordidas, se
niega a la piratería y a todo lo que huela a co-
rrupción. Y el presidente nos hecha a todos en el
mismo saco, cree que todos somos igual que él.
Claro que la corrupción va en deterioro de las
finanzas públicas, porque finalmente las preben-
das y los regalos de empresarios a servidores pú-
blicos, se incluyen en los costos de las licitaciones
públicas de bienes y servicios y de obra pública
provocando el pago de un sobreprecio al triple de
su valor normal. No puedo decir que haya habido
un gobierno lejos de la corrupción, pero éste raya
en el descaro.
Las finanzas públicas se han ido debilitando en
los 3 últimos años, menos captación de ingresos
tributarios y no tributarios y mayor deuda. El gas-
to público está lejos de ser un dinamizador de la
actividad económica. Si se tiene que pagar cerca
del 20 por ciento del producto interno bruto (PIB)
ÓSCAR ENRIQUE DÍAZ SANTOS/DOCTOR EN ECONOMÍA POR LA UNAMY ESPECIALISTA
EN GASTO PÚBLICOY PRESUPUESTO
POR QUÉ JODER
A MÉXICO

ARTÍCULO OPINIÓN
al costo financiero de la deuda, no se puede pre-
sumir que la economía mexicana esté creciendo
más que los países latinoamericanos. Pero si revi-
samos las expectativas de crecimiento establecidas
en los criterios generales de política económica,
vamos para atrás. Es más, en el segundo trimestre
de 2016, el PIB cayó en 3 por ciento. No se han
alcanzado las metas.
El gobierno culpa de esto a la reducción del
precio del petróleo, al Breixit, al incremento del
tipo de cambio, a Trump y lo que se deje: el chiste
es lavarse las manos.
Lo cierto es que las reformas estructurales no
han funcionado y se ha visto en las licitaciones
públicas petroleras, que algunas se han declarado
desiertas porque no hay inversionistas interesados.
Claro, Peña Nieto cree que sí han funcionado.
La deuda pública externa ha llegado a ni-
veles inmanejables, incluso el Fondo Monetario
Internacional (FMI) le aconsejó a México que se
creará un Consejo Fiscal que permitiera el buen
manejo de los recursos. Obviamente las autori-
dades hacendarias no
aceptaron esa propuesta,
con el argumento que la
política fiscal (ingreso y
gasto) estaba controlada.
Lo cierto es que tienen
temor que salgan a la luz
los malos manejos que se
han hecho de la deuda
externa, la debilidad en la captación de recursos
financieros y una mala asignación de gasto pú-
blico.
Los servidores públicos responsables de que
la política económica funcione culpan a factores
externos de la depreciación continua del peso con
respecto al dólar. Si algo tienen que ver, no hay que
negarlo, pero parte importante es responsabilidad
de estos servidores públicos que no han podido for-
talecer a las finanzas públicas y por el contrario han
fomentado la especulación de grupos financieros y
empresariales.
La pobreza en el sexenio de Peña Nieto, según
las últimas cifras del Consejo Nacional de Evalua-
ción de la Política de Desarrollo Social (Coneval),
2014, había aumentado de 52 a 55 millones de
mexicanos. El Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (Inegi) le quiso hacer el favor al presi-
dente borrando de un plumazo a 11 millones de
pobres, con el pretexto de incorporar una meto-
dología que midiera mejor la pobreza y que re-
sultó que no tenía parámetros de comparabilidad.
Subordinarse a Trump, porque no fue otra
cosa, ha sido uno de los errores más garrafales
que pudo haber cometido el presidente y que cau-
só un repudio de la sociedad mexicana. No creo
que le haya apostado a que Trump vaya a ganar,
pero si gana Hillary Clinton, por lo menos los 2
años que le quedan al gobierno Peña Nieto va a
sufrir en su relación con Estados Unidos.
A todo esto hay que sumar los aumentos a
la gasolina y la energía eléctrica, cuando expre-
só que por las reformas estructurales los precios
disminuirían. La inflación repuntó en el último
mes llegando a un poco más del 3 por ciento. Los
salarios se han vuelto competitivos, pero con refe-
rencia a los salarios mínimos no a sueldos altos y
de nivel mundial.
El plagio de su tesis quedó en la impunidad y
no fue castigado por-
que la Universidad
Panamericana consi-
deró que estaba fuera
de tiempo. Lo cierto
es que no se castigó
porque es el presiden-
te de la República.
El día 25 de octu-
bre, Peña Nieto señaló que ningún presidente se
levantaba con el ánimo de “joder” a México. No
me asusta por ningún motivo este lenguaje, pero
es la manera de expresarse del presidente de la
República. Ahora, imagínense si se levantara con
ese ánimo, que tan jodidos estaríamos.
Lo cierto, es que la forma de mirar las cosas del
presidente tiene una brecha demasiado distante,
diametralmente opuesta, al sentir de la sociedad.
La credibilidad que se tiene de su gestión es dema-
siado baja, ha llegado al 25 por ciento y con una
mayor tendencia a la baja.
Lo cierto, es que aun cuando Peña Nieto siga
siendo el presidente de la República y termine su
gestión en 2018, desde el punto de vista de la go-
bernanza ha sido el sexenio más corto. Sólo duró
2 años.
La corrupción deteriora las finan-
zas públicas: las prebendas y regalos de
empresarios a servidores públicos se in-
cluyen en los costos de las licitaciones
La corrupción deteriora las finan-La corrupción deteriora las finan-
cluyen en los costos de las licitaciones

ARTÍCULOOPINIÓN
C
on los recortes a la salud, la educación y
una interminable lista de programas socia-
les, la marginación para millones de mexi-
canos y la anulación de un futuro próspero para las
nuevas generaciones será una infamia consumada
por la tecnocracia neoliberal que, desde el poder,
abandonó desde hace mucho tiempo su papel
de Estado benefactor, producto de la Revolución
Mexicana y de la Constitución de 1917, donde se
vieron plasmadas conquistas de sectores como el
obrero y campesino.
El escenario de crisis social que enfrenta el país
debe llevarnos a un profundo análisis de la rapiña
que en las últimas décadas ejercieron los gobiernos
neoliberales al articulado de nuestro Carta Magna
hasta reducirlo a un mero “reglamento” de abier-
ta protección y operación de las empresas multi-
nacionales, donde la salvaguarda de las riquezas
naturales del país y su subsuelo, así como su sobe-
ranía nacional y la protección de los derechos ele-
mentales de sus habitantes han quedado reducidos
a un esquema de franca vulnerabilidad.
En el marco de los 100 años de nuestra Cons-
titución Política –a celebrarse el 5 de febrero de
2017–, los mexicanos que formamos parte de la
clase trabajadora, campesina, indígena y de todos
los sectores de la sociedad civil debemos impulsar
la instauración de una nueva ley fundamental, ale-
jados de los partidos y su corrompida y degradada
clase política, que en su tesis en favor de la globali-
zación han adoptado una posición servil y colabo-
racionista que ha aplicado en su modelo neoliberal
todos y cada uno de los dictados de organismos in-
ternacionales como la Organización para la Coo-
peración y el Desarrollo Económicos (OCDE), el
Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI).
Tan abierta complacencia al capital internacio-
nal dio la puntilla, por la vía de las reformas estruc-
turales, a empresas públicas que en el siglo pasado
fueron puntales del fortalecimiento y desarrollo de
nuestra economía como Petróleos Mexicanos, la
Comisión Federal de Electricidad y la desapareci-
da Luz y Fuerza del Centro. Y ahora no conforme
con el desmantelamiento del sector energético, la
irresponsable clase política desmantela de paso el
sistema de pensiones y uno de los baluartes de la
seguridad social al imponer la privatización de las
instituciones que prestan los servicios médicos a
trabajadores y burócratas. Este atentado a la segu-
ridad social está condenando a la pobreza a millo-
nes de personas de la tercera edad, cuya subsisten-
cia, salud y su vida misma penderá de un hilo.
Ha llegado el momento en que la sociedad civil
y el pueblo trabajador en general tomen concien-
cia de que tan monumentales destrozos y saqueos
a las riquezas del país así como la pérdida de dere-
chos que nos afectan de igual forma a trabajadores
que a campesinos, a indígenas, empleados públi-
cos, comerciantes y pequeños y medianos indus-
triales, han sido justificados por la clase política y
sus partidos por los cambios aplicados de manera
arbitraria a nuestra Constitución. Desde el Con-
greso, tanto diputados como senadores han votado
y aprobado leyes que han sido contrarias a los inte-
reses de las mayorías.
Amparados en su papel de “representantes po-
pulares” han aniquilado los principios sociales de
nuestra Carta Marga de 1917 y es hora de que em-
piecen a rendir cuentas a quienes han defraudado
2018:CANDIDATOSDELPUEBLO
AL RESCATE DEL PAÍS
MARTÍN ESPARZA FLORES, SECRETARIO GENERAL DEL SINDICATO MEXICANO DE
ELECTRICISTAS

ARTÍCULO OPINIÓN
su voto y su confianza. Es hora de recordarle a esta
caterva de agachones y entreguistas que no se mandan
solos, que la soberanía radica en el pueblo y es el
pueblo el que tiene la última palabra para decidir
la forma de gobierno que más le conviene. Y la
que actualmente priva y que le ha sido impuesta
por un puñado de políticos deshonestos no repre-
senta sus intereses ni garantiza su bienestar social.
¿Qué hacer entonces para enfrentar a esta en-
quistada clase política? ¿Cuáles son las opciones?
Ante el patético futuro que pretende heredar a
las nuevas generaciones la tecnocracia en el poder
es pertinente volver la mirada a lo planteado hace
unas semanas en el corazón de la selva chiapaneca
por los integrantes del Congreso Nacional Indíge-
na (CNI) y el Ejército Zapatista de Liberación Na-
cional (EZLN), donde invitan a la sociedad civil en
general a repensar el proyecto de país desde las ex-
periencias de despojo y represión que han enfren-
tado los pueblos indígenas en el campo y la ciudad.
Luego de que en 1994 irrumpiera a la escena
nacional el EZLN, como la legítima voz de aque-
llos que no deseaban morir en el olvido, por prime-
ra vez coloca al centro de la actual coyuntura una
propuesta de índole político que busca manifestar-
se en las elecciones presidenciales de 2018, a través
de la candidatura independiente de una mujer in-
dígena que lleve tras de sí las luchas de resistencia
que vienen sosteniendo en todo el territorio nacio-
nal los pueblos originarios, pero que también re-
presente la voz misma de una sociedad que al igual
que los indígenas ha sido avasallada y acallada por
un sistema autoritario que, mediante los partidos
políticos, le ha cerrado los espacios de expresión y
participación para defender sus derechos, al grado
de criminalizar la protesta social de innumerables
organizaciones sociales.
La candidatura independiente que plantean las
bases del movimiento indígena no pretende enro-
larse en el papel tradicional de un partido político
sino generar un movimiento popular de alcances
nacionales que encauce y materialice las deman-
das de las comunidades, los pueblos y los barrios
de las zonas urbanas marginadas, hoy en día invi-
sibles en la integración de las políticas públicas de
desarrollo.
El proyecto merece ser tomado en cuenta por-
que plantea una estrategia de un movimiento polí-
tico popular que surja desde abajo “y a la izquier-
da”, con absoluta independencia de los corrom-
pidos partidos políticos que desde hace mucho
extraviaron su ideología y principios, y con ellos su
compromiso de representar a la sociedad. Al co-
locar a los indígenas y sus irresueltos problemas al
centro de los grandes debates nacionales no sólo se
harán visibles las agresiones en su contra sino las
que padecen desde hace muchos años millones de
mexicanos.
Al igual que los pueblos originarios y las comu-
nidades campesinas, en las grandes ciudades los
núcleos marginados son segregados y reprimidos
por la autoridad. Y no hay mucha diferencia en
los despojos que enfrentan en sus tierras los grupos
indígenas y el terrorismo fiscal de que son objeto
millones de contribuyentes cautivos, comerciantes
y pequeños y medianos empresarios. El despojo
del agua es otro de los problemas comunes a millo-
nes de mexicanos; a unos se les pretende arrebatar
el vital líquido de sus comunidades para entregarlo
a proyectos de empresas privadas y a otros, se les
pretende cobrar su suministro a precios inalcanza-
bles al concesionar su servicio a empresas particu-
lares. Por tal razón, los objetivos de lucha tienen un
mismo origen: el despojo de derechos elementales,
consagrados en la Constitución, como el acceso al
agua.
Además cabe mencionar que la inestabilidad
laboral y la situación de angustia por alimentar a
sus familias no es privativa de los habitantes de las
zonas rurales; también en las grandes urbes la falta
de empleo y la aplicación, ahora legal, del outsour-
cing fomenta la precariedad en el empleo y mayor
pobreza. En cada semáforo y crucero los fantasmas
del hambre aparecen todos los días como muestra
del fracaso de un modelo económico que ha pola-
rizado a México en un país donde una minoría es
extremadamente rica y una inmensa mayoría ape-
nas subsiste en la miseria.
Ante esta brutal desigualdad es que tenemos
que luchar por devolver su sentido de justicia so-
cial a nuestra Constitución, trabajando desde las
bases del pueblo y de la sociedad civil candidaturas
independientes como la planteada por el CNI y el
EZLN, ajenas a todo partido político que garanti-
cen un proyecto que rescate a la nación, rumbo a
las elecciones de 2018.

ARTÍCULOOPINIÓN
C
ada vez son más los gobiernos que, en
nombre de la seguridad y la lucha contra
el terrorismo, dan carta blanca al espiona-
je de sus ciudadanos. En los últimos meses, países
como Francia, Reino Unido, Rusia o Hungría han
introducido legislaciones que apoyan la vigilancia
masiva en todo el mundo. Estas leyes permiten la
interceptación “no individualizada” de todas las co-
municaciones electrónicas, amplían el periodo de
tiempo para retener la información almacenada y
otorgan un mayor poder al Ejecutivo, al eliminar la
necesidad de una autorización judicial previa.
Queestaslegislacioneshayansidoaprobadaspre-
ocupa, y mucho. Sobre todo, cuando hace tan sólo
3 años salieron a la luz
documentos que pro-
baban la existencia de
programas de vigilancia
sobre las comunicacio-
nes privadas de millones
de personas en todo el
mundo. Los informes fil-
trados por el exanalista
delaAgenciaCentraldeInteligenciaydelaAgencia
de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Edward
Snowden, revelaron que decenas de agencias de va-
rios países colaboraban entre ellas para expandir y
consolidar una vigilancia globalizada.
Con este objetivo, las agencias emplearon mé-
todos muy diversos: desde la introducción de sof-
tware espías en aplicaciones móviles, pasando por
la interceptación de llamadas, correos electrónicos
y transacciones financieras, hasta la colaboración
con compañías tecnológicas tan populares como
Google, Facebook o Microsoft, entre otras, quienes
de forma voluntaria o a cambio de millones de dó-
lares, entregaron datos de sus clientes, además del
acceso a sus servidores. Todo esto les permitió crear
perfiles de prácticamente cualquier persona, pues
gracias a estos datos se pudo deducir su modo de
vida, país de origen, edad, sexo o ingresos.
A pesar del gran escándalo que causaron estos
informes, y las promesas de diversos países de re-
visar las agencias de inteligencia, no se hizo nada.
Es más, ahora la vigilancia masiva está siendo ins-
titucionalizada con la complicidad de gobiernos y
tribunales, a través de leyes que son incompatibles
con el respeto a la privacidad y que carecen de las
más mínimas garantías legales.
Hablamos de una cuestión de derechos huma-
nos que puede tener un impacto devastador en
nuestra sociedad. Pri-
mero porque estas nue-
vas leyes atacan directa-
mente nuestro derecho
a la intimidad, recogido
tanto en la Declaración
Universal de los Dere-
chos Humanos como
en casi todas las cons-
tituciones y tratados internacionales. Y segundo,
porque limitan el ejercicio de otras libertades, como
la libre expresión. Nada en estas leyes prohíbe a los
Estados compartir los datos privados con gobiernos
que no respetan este derecho, lo que podría hacer
mucho más fácil la persecución de activistas, perio-
distas o disidentes en todo el mundo.
El statu quo es inaceptable. Es necesario un deba-
te, tanto parlamentario como público, que sea claro
y exhaustivo y que pare los pies a este “gran herma-
no” que nos vigila a todos. Sólo así recuperaremos,
como dice Edward Snowden, “no solamente una
cuota de legalidad para los gobiernos, sino una cuo-
ta de libertad para nuestras vidas digitales”.
SARA MOSLEH MORENO/CENTRO DE COLABORACIONES SOLIDARIAS
LOS ESTADOS
Y LA VIGILANCIA MASIVA ILEGAL
Laslegislacionesqueapoyanlavigilan-
cia masiva atacan directamente nuestro
derecho a la intimidad y limitan el ejer-
cicio de nuestra libertad de expresión
Laslegislacionesqueapoyanlavigilan-
cicio de nuestra libertad de expresión

ARTÍCULOOPINIÓN
L
os Papeles de Panamá, la lista Falciani, Red
por la Justicia Fiscal Global, Oxfam y otras
entidades cívicas y sociales han destapado
en los últimos tiempos, y documentado amplia-
mente, la enormidad y gravedad de la evasión de
impuestos, así como del blanqueo de dinero ilícito,
corrupto y criminal. Una evasión de impuestos
que actúa como una industria, posible porque hay
paraísos fiscales o territorios y jurisdicciones offsho-
re. No es cuestión de nombres.
Lugares en los que el secreto bancario, el ano-
nimato y la opacidad de los movimientos finan-
cieros y de capital son dogmas indiscutibles de
obligado cumplimiento
para quienes crean em-
presas pantalla, mue-
ven capitales y ejecutan
transacciones financie-
ras. Características más
que suficientes para
identificar esos paraísos
bajo cualquier nombre.
Secreto bancario y oscuridad financiera permi-
ten a grandes fortunas, grandes empresas, corpo-
raciones multinacionales y grandes fundaciones
ocultar y camuflar capitales y beneficios para eva-
dir impuestos al por mayor. Impunemente. Eva-
sión, elusión fiscales más estructuras y entidades
que las promueven y hacen posible llevan camino
de ser grandes enemigos de la humanidad.
La evasión de impuestos es un grave delito
cuyas consecuencias pagan día tras día cientos,
incluso miles, de millones de personas. No olvide-
mos que actualmente más de 1 mil 300 millones
de personas en el mundo sobreviven con menos
de 1 dólar diario y 2 mil 800 millones lo hacen con
menos de 2 dólares. Más de la mitad de toda la
población sobrevive en innegable pobreza. Y esa
pobreza tiene que ver con la debilidad financiera
de los Estados por evasión fiscal.
Según la Red por la Justicia Global, en 2015
los tres principales paraísos fiscales fueron Sui-
za, Hong Kong y Estados Unidos. Seguidos de
cerca por Reino Unido (con su oscura City finan-
ciera más sus territorios y dependencias offshore),
Luxemburgo, Holanda, Bélgica, Malta, Chipre,
Singapur, Liberia y Panamá. Escandaloso. Resul-
ta que algunos de los Estados más desarrollados
y otros que pasan por
muy democráticos pro-
mueven y facilitan el
crimen de evadir im-
puestos. Lo que mues-
tra los considerables
impedimentos que hay
para acabar con los pa-
raísos fiscales, aunque esa dificultad no sea razón
para no actuar contra ellos.
Estos días dos propuestas de niveles muy dife-
rentes se proponen una actuación efectiva contra
los paraísos fiscales y la evasión de impuestos que
facilitan. La iniciativa de Oxfam Intermón de con-
vencer y movilizar a gobiernos municipales para
que cancelen o eviten las relaciones económicas
y contractuales con empresas, bancos u otras en-
tidades financieras que tengan algún vínculo con
paraísos fiscales, favoreciendo a los que pagan los
impuestos que se deben. La campaña Zonas Li-
bres de Paraísos Fiscales propone como medida
disuasoria que los ayuntamientos ni siquiera con-
XAVIER CAÑO TAMAYO, ESCRITORY PERIODISTA MIEMBRO DE ATTAC
DE LOS AYUNTAMIENTOS A LA ONU
TODOS CONTRA LOS
PARAÍSOS FISCALES
El secreto bancario permite a grandes
fortunas, empresas, corporaciones mul-
tinacionales y fundaciones ocultar capi-
tales y evadir impuestos al por mayor
El secreto bancario permite a grandes
tales y evadir impuestos al por mayor

ARTÍCULO OPINIÓN
DAVIDMANRIQUE
sideren las ofertas de obras y servicios municipales
de empresas con sedes o filiales en paraísos fiscales.
Y en ámbito más internacional, el de Nacio-
nes Unidas, Alfred de Zayas, jurista experto en
derechos humanos, ha presentado un informe a
la Asamblea General de la ONU sobre los pa-
raísos fiscales y sus consecuencias para la huma-
nidad. De Zayas ha pedido a Antonio Guterres,
nuevo secretario general de la ONU desde el
próximo 1 de enero, que Naciones Unidas lidere
la acción internacional para proscribir los paraí-
sos fiscales que facilitan la evasión fiscal, la co-
rrupción y el lavado de dinero. Y acabar con abusos
y crímenes de especuladores, fondos de riesgo y
multinacionales que evaden impuestos y saquean
gobiernos.
De Zayas ha pedido a la Asamblea General de
la ONU que convoque y organice una convención
que adopte medidas que proscriban los paraísos
fiscales en todo el mundo. El informe de De Zayas
denuncia que en los paraísos fiscales se ocultan 32
billones de dólares que no pagan impuestos. In-
aceptable realidad que los paraísos hacen posible
y es causa de que los gobiernos pierdan 3 billones
de dólares al año por evasión de impuestos.
El informe contra los paraísos fiscales y la eva-
sión de impuestos propone crear bajo los auspicios
de la ONU un medio jurídico internacional vin-
culante que determine la responsabilidad fiscal de
las empresas y corporaciones y asegure que pagan
los impuestos que les corresponden donde obtie-
nen beneficios. Con prohibición expresa y corres-
pondiente sanción de transferir esos beneficios a
otros países más benévolos fiscalmente para pagar
muchos menos impuestos.
Perece tarea muy difícil, pero como dijo Nel-
son Mandela, algunos propósitos parecen imposi-
bles hasta que se consiguen.

INVESTIGACIÓN PORTADA
PGR, SIN INVESTIGAR
A 15 GOBERNADORES
QUE SIMULARON
REINTEGROS
A LA TESOFE

INVESTIGACIÓNPORTADA
La PGR omite actuar
contra 15 gobernadores
que habrían defraudado
dos veces el erario. Pese
a evidencias, mantiene
en la congeladora 82
denuncias penales por
simulación de reintegros
a la Tesorería de la
Federación, superiores a
8 mil millones de pesos
L
a Procuraduría General de la República
(PGR) ha omitido actuar en contra de 15
mandatarios estatales –nueve de ellos aún
en funciones– cuyos gobiernos habrían cometido
doble defraudación contra el erario federal,inclui-
do el del exgobernador con licencia y prófugo de
la justicia Javier Duarte de Ochoa.
Aunque en la dependencia obran 82 denuncias
penales por simulación de reintegros a la Tesorería
de la Federación (Tesofe),la institución que ahora
encabeza Raúl Cervantes mantiene en la impuni-
dad a los responsables.
En las 82 acusaciones penales se detalla un
mismo modus operandi: luego de malversar,desviar
o subejercer recursos federales, las administracio-
nes estatales reintegraron –sólo por horas o días–
el dinero a la Tesofe; posteriormente, lo retiraron
y gastaron en objetivos ajenos a su etiquetación
presupuestaria. En algunos casos, ni siquiera se
conoce el destino final.
Dicha simulación representa un nuevo desvío
y, por tanto, un daño al erario federal, consideran
NANCY FLORES
123RF

las acusaciones penales en manos de la PGR. El
perjuicio contra la hacienda pública por este mo-
tivo asciende a 8 mil 25 millones 600 mil pesos.
Las denuncias de hechos fueron interpuestas
por la Auditoría Superior de la Federación (ASF)
en 2013 (tres), 2014 (52), 2015 (21) y 2016 (seis),
y cuentan con respaldo documental. No obstante
las evidencias, ninguna ha sido consignada ante un
juez; ni siquiera las que involucran a la administra-
ción de Duarte de Ochoa.
Datos de la propia Auditoría Superior refieren
que, oficialmente, 66 se encuentran “en trámite”,
una ya fue mandada a la reserva, mientras que las
15 restantes se dirimen en tribunales federales de
amparo.
Para el abogado Óscar Arredondo, investigador
de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, es
imprescindible que las recomendaciones y denun-
cias de la Auditoría Superior de la Federación se
tomen en cuenta. “Primero, para que detonen in-
vestigaciones, se sancione como debe de ser y haya
justicia;ysegundo,paraquelasrecuperacionessobre
los recursos públicos que se desviaron se regresen al
Estado, a la Tesorería de la Federación para que se
vuelvan a destinar al [gasto público] del país o, en
su defecto,se utilicen para combatir la corrupción”.
En entrevista con Contralínea, el también espe-
cialista en presupuesto y políticas públicas agrega
que los resultados de la fiscalización no deben servir
sólo para “que sepamos que alguien se robó 3 mil
millones de pesos y que está fugado.Esto es verda-
deramente indignante. Es una cuestión vergonzosa
y dolorosa”.
La cuestión del gasto público es muy delicada,
opina el doctor Óscar Enrique Díaz Santos.“A ve-
ces, quienes están arriba [en el poder] ni siquiera
saben cómo se debe ejercer el presupuesto y quieren
gastarlo como desean.Hay mucha gente que accede
a hacer los movimientos pero se los llevan entre los
pies,porque esas personas por no perder su empleo
hacen lo que sus superiores les dicen. Entonces se
debe proteger a los servidores que operan el gasto
público: ésa sería una manera de evitar que los altos
funcionarios, llámense gobernadores, secretarios de
Estado o el propio presidente den órdenes de gastar
el presupuesto en áreas distintas con la amenaza de
que si [sus subordinados] no lo hacen,los corren”.
Los gobiernos denunciados
De la lista de acusaciones penales elaborada por
el máximo órgano de fiscalización del país, se des-
prende que los titulares de las administraciones in-
volucradas en estos supuestos ilícitos serían:
-Javier Duarte de Ochoa, exmilitante del Parti-
do Revolucionario Institucional y exgobernador de
Veracruz,con 18 denuncias por simulación de rein-
tegros,interpuestas en noviembre de 2014 y abril de
2016.El monto total de la presunta estafa asciende
a 4 mil 770.2 millones de pesos,según la ASF.
En su más reciente informe de resultados, la Auditoría Superior da cuenta de los más de 8 mil
millones de pesos que 14 entidades habrían simulado reintegrar a laTesofe
98
Auditoría Superior de la Federación | 2016
Tabla 9. Observaciones con impacto económico pendientes de solventar 2011- 2013,
Monto observado 2014, importe de procedimientos resarcitorios y monto de
denuncias penales relacionadas con simulación de reintegros
(Millones de pesos)
ENTIDAD
Observaciones con
impacto económico
pendientes de solventar
2011 - 2013
Monto
Observado 2014
Importe de
Procedimientos
Resarcitorios
Monto de Denuncias
Penales relacionadas con
simulación de reintegros
TOTAL
Veracruz 13,456.4 14,047.1 3,148.0 4,770.2 35,421.7
Michoacán 13,656.0 8,089.8 5,463.4 1,268.3 28,477.5
Jalisco 9,580.0 6,772.6 5,585.4 21,938.0
Estado de México 6,335.1 8,563.2 2,482.7 17,381.0
Guerrero 4,846.1 3,911.6 2,373.9 967.7 12,099.3
Chiapas 5,306.2 4,319.7 2,200.6 253.1 12,079.6
Oaxaca 3,841.6 3,354.0 1,375.7 83.7 8,655.0
Guanajuato 4,101.1 2,872.7 1,516.6 1.5 8,491.9
Tabasco 3,696.0 1,565.0 1,650.3 136.1 7,047.4
Sonora 2,648.7 1,794.9 1,844.5 6,288.1
Sinaloa 3,615.2 819.0 1,517.2 135.6 6,087.0
Baja California 2,921.4 1,390.8 1,025.2 5.3 5,342.7
Distrito Federal 2,399.5 1,248.8 1,228.0 4,876.3
Baja California Sur 1,949.4 1,420.7 1,213.1 88.3 4,671.5
Durango 2,994.4 431.5 956.1 4,382.0
Zacatecas 2,375.3 1,428.6 455.0 18.4 4,277.3
Morelos 1,608.7 1,158.0 1,342.0 167.8 4,276.5
Nuevo León 2,622.8 1,294.0 314.4 4,231.2
Hidalgo 2,880.8 803.0 464.3 4,148.1
Quintana Roo 2,236.1 1,013.0 29.9 3,279.0
Coahuila 697.0 2,034.9 164.9 2,896.8
Chihuahua 947.7 1,116.0 135.8 2,199.5
Nayarit 1,165.2 417.0 287.2 1,869.4
San Luis Potosí 515.4 859.4 286.1 1,660.9
Tamaulipas 331.7 1,117.5 71.3 1,520.5
Puebla 534.3 809.4 98.5 1,442.2
Tlaxcala 444.8 530.3 239.4 82.7 1,297.2
Querétaro 624.1 518.4 18.3 1,160.8
Aguascalientes 355.5 531.8 189.1 1,076.4
Colima 547.6 396.1 16.5 46.9 1,007.1
Campeche 299.7 480.8 100.9 881.4
Yucatán 240.4 411.8 67.0 719.2
TOTAL 99,774.21/
75,521.42/
37,861.33/
8,025.6 221,182.5
1/ El importe de 2011-2013 se refiere exclusivamente a recursos fiscalizados por la Auditoría Especial del Gasto Federalizado.
Incluye 826.8 mdp de acciones derivadas de auditorías practicadas a las universidades estatales y 3,713.2 mdp de gobiernos
municipales.
2/ No incluye 1,859 mdp de importe observado correspondiente a auditorías realizadas al Gobierno Federal.
3/ Se incluyen los procedimientos para el fincamiento de responsabilidades resarcitorias, en desahogo, resueltos e impugnados,
correspondientes a las Cuentas Públicas de 2003 a 2012.

INVESTIGACIÓNPORTADA
-El priísta Fausto Vallejo y su sucesor Salvador
Jara, exmandatarios de Michoacán, con 11 denun-
cias presentadas entre agosto y octubre de 2014.La
simulación en sus gobiernos habría ascendido a 1
mil 268.3 millones de pesos.
-Ángel Aguirre, del Partido de la Revolución
Democrática (PRD) y exgobernador de Guerrero.
Las ocho denuncias interpuestas en contra de su
gestión, entre agosto y octubre de 2014, son por
simular devolver 967.7 millones de pesos a la Te-
sofe.
-Manuel Velasco, del Partido Verde Ecologista
de México y actual mandatario de Chiapas.En este
caso, su administración habría simulado reintegros
por 253.1 millones de pesos, lo que le valió cuatro
denuncias penales presentadas ante la PGR entre
agosto y octubre de 2014.
-Graco Ramírez, del PRD y actual gobernador
de Morelos.Según la Auditoría Superior,en su ges-
tión se ha simulado el reintegro de 167.8 millones
de pesos, motivo por el cual existen ocho acusacio-
nes penales,presentadas en octubre y noviembre de
2015 y enero de 2016.
-El perredista y mandatario de Tabasco, Arturo
Núñez, cuyo gobierno habría simulado reintegrar
136.1 millones de pesos, enfrenta tres acusaciones
penales interpuestas desde agosto de 2013.
-El priísta Mario LópezValdez,actual goberna-
dor de Sinaloa. En este caso, la ASF interpuso dos
demandas,en octubre de 2015,por la simulación de
reintegros por 135.6 millones.
-Carlos Mendoza,militante del Partido Acción
Nacional (PAN) y mandatario de Baja California
Sur. Su gobierno fue denunciado en ocho ocasio-
nes –entre octubre y diciembre de 2015– por un
presunto quebranto de 88.3 millones que debían
permanecer en la Tesofe pero que fueron sustraídos
y gastados ilegalmente.
KARLOREYES/CUARTOSCURO
El gobierno de Javier Duarte de Ochoa con 18 denuncias por simulación de reintegros

-El aún gobernador de Oaxaca Gabino Cué,
cuya gestión impulsada por el PRD y el PAN fue
acusada en cinco ocasiones –entre agosto y octubre
de 2014– de simular reintegros por 83.7 millones
de pesos.
-Mariano González, del PRI y aún titular
del gobierno de Tlaxcala enfrenta dos denuncias
penales por la supuesta simulación de reintegros
por 82.7 millones. Las acu-
saciones fueron presenta-
das en agosto y octubre de
2014.
-El priísta y exgober-
nador de Colima, Maria-
no Anguiano, cuya gestión
habría simulado reintegrar
46.9 millones, enfrenta sie-
te denuncias penales desde
fines de 2014.
-Miguel Alonso Reyes,
también del PRI y exgo-
nernador de Zacatecas. De acuerdo con la ASF,
su administración habría dañado al erario federal
al sustraer ilegalmente de la Tesofe reintegros por
18.4 millones de pesos.Por ello,en octubre de 2015
interpuso tres denuncias de hechos.
-El panista Francisco Vega, actual mandatario
de Baja California. A su gestión se le señala por si-
mular reintegros por 5.3 millones de pesos. Desde
octubre de 2015 fue denunciado por este presunto
ilícito.
-Y Miguel Márquez, también militante del
PAN y actual gobernador de Guanajuato.A su ad-
ministración se le señala de sustraer 1.5 millones de
pesos de las arcas de la Tesofe en un par de denun-
cias presentadas entre octubre de 2015 y febrero de
2016.
El doctor en Economía por la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM) y es-
pecialista en gasto público y presupuesto, Óscar
Enrique Díaz, explica a Contralínea “que todas
las entidades federativas tienen problemas en la
cuestión del presupuesto de gasto público. Pri-
mordialmente porque, en ocasiones, el presu-
puesto se hace en forma muy mecánica y a la
hora que lo quieren mover pues ya no lo pueden
hacer: son partidas intransferibles o restringidas.
Pero les vale. Ellos piensan que el presupuesto
es un dinero que lo pueden gastar en cualquier
parte”.
De acuerdo con la ASF, en el periodo de 2011
a 2014, las 32 entidades federativas incurrieron en
anomalías por 175 mil 295.6 millones de pesos en
total, monto que sólo incluye los recursos fiscali-
zados por la “Auditoría especial del gasto federa-
lizado”, pero que no engloba las cifras observadas
en auditorías al gobierno
federal.
El abogado Óscar
Arredondo reflexiona que
“los marcos jurídicos de
todos los estados son dé-
biles, son muy flexibles
y permiten que se pueda
jugar de esta forma con
los recursos públicos y que
haya una captura del esta-
do. Los estados en general
son vulnerables.Y con ello
no digo que esto no pasa en la federación, simple-
mente parece que en los estados el grupo político
que gobierna tiene un control absoluto de todas las
instituciones y de las instancias sancionatorias y que
imparten justicia, a grado tal que el nivel de impu-
nidad les da la certeza de que no va pasar nada y los
lleva a actuar con descaro y cinismo”.
Lecciones del caso Javier Duarte
Las alarmas de la Auditoría Superior han so-
nado desde hace tiempo. El caso más emblemático
es el de la gestión de Javier Duarte, en Veracruz:
por años, la ASF señaló presumibles desfalcos a la
hacienda pública, incluidas las simulaciones de re-
integros.
En total, las irregularidades detectadas en los
ejercicios de 2011 a 2014 ascendieron 27 mil 503.5
millones de pesos, correspondientes sólo al gasto
federalizado: 13 mil 456.4 millones del periodo de
2011 a 2013 y 14 mil 47.1 millones de 2014.
Respecto de este caso, el abogado Óscar Arre-
dondo señala que “lo más preocupante es que se
tenían indicios claros por una instancia con fuerza
legal, constitucional, que es la Auditoría Superior,
que detecta las irregularidades y que no pasa nada:
sus recomendaciones no impactan ya no digamos
En el periodo de 2011
a 2014, las 32 entidades
federativas incurrieron
en irregularidades en ele
ejercicio del presupuesto
por 175 mil 295.6 millones
de pesos: ASFde pesos: ASF

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