El documento argumenta a favor de la pena de muerte, afirmando que eliminar al individuo evitará futuros problemas, protegerá la vida de los ciudadanos y será más barato que mantenerlo en prisión. Sin embargo, también reconoce los riesgos de error en un sistema jurídico corrupto y que la pena de muerte no es necesaria para proteger la vida de los demás, ya que en prisión se puede reformar al sujeto.