El documento declara el estado de emergencia económica, social y ecológica en Colombia debido a la grave calamidad pública ocasionada por el fenómeno de La Niña y sus efectos devastadores. Se reportan inundaciones, deslizamientos y otras crisis a nivel nacional, que han afectado a millones de personas, causando pérdidas de vidas y daños en infraestructura. El gobierno nacional tiene la autoridad para dictar decretos que atiendan la crisis y protejan los derechos fundamentales de la población afectada.