Este decreto supremo establece: 1) una escala salarial para las máximas autoridades del órgano ejecutivo, incluyendo al presidente y vicepresidente; 2) un incremento salarial de hasta el 8% para los servidores públicos de varios órganos del estado; y 3) que los recursos para financiar los incrementos salariales provendrán del tesoro general de la nación u otras fuentes internas de las entidades.