Este documento resume una decisión judicial de un tribunal penal de primera instancia en Barquisimeto, Venezuela. El tribunal dictaminó que un imputado acusado de actividades ilegales en áreas naturales protegidas debe asistir a charlas ambientales organizadas por el Ministerio del Ambiente, realizar una donación de equipo computacional a la Guardia Nacional Bolivariana, y estar bajo supervisión de su delegado de prueba y el consejo comunal local. La jueza determinó que la decisión estaba en línea con los artículos relevantes del código penal venezolano