Los derechos y libertades cívico-políticos permiten la participación de los ciudadanos en la gestión pública a través del derecho a reunión, asociación, manifestación, sindicación, huelga y sufragio universal, así como postularse para cargos electivos. El reconocimiento de estos derechos caracteriza a un régimen de liberalismo democrático, cuya generalización data de finales del siglo XIX.