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La autorización judicial es necesaria para que los representantes legales de personas incapaces, como menores de edad o personas con discapacidad, puedan disponer de los bienes o derechos de estas personas. Los jueces civiles y de paz letrados son competentes para tramitar las solicitudes de autorización cuando un representante legal requiera celebrar algún acto sobre los bienes de la persona incapaz. El juez competente será el del domicilio del representante legal o de la persona incapaz.


