Los servicios públicos llegaron a Colombia desde Europa y Estados Unidos en la década de 1990. Originalmente eran monopolios estatales debido a los altos costos de la infraestructura requerida, pero la Constitución de 1991 buscó mayor eficiencia y calidad a través de la participación privada. La Ley 142 de 1994 reglamentó la prestación de servicios públicos domiciliarios en el país de manera más democrática.