El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) niega haber acordado no participar en las protestas agrarias actuales, como afirmó el gobernador del Cauca. El CRIC decidió no organizar directamente las protestas debido a que acababa de terminar su congreso, pero apoya la participación de sus comunidades. El CRIC considera que la movilización es un derecho constitucional para defender los derechos de los pueblos indígenas ante el modelo de desarrollo actual. Denuncia el uso excesivo de la

1. El CRIC no ha pactado ni pactara jamás el no ejercicio del
derecho a la movilización de los pueblos
23 ago 2013
Ante expresiones que no corresponden a la verdad, hechas por el Sr.
Gobernador del Cauca en la mañana de hoy, ante La W Radio, la
consejería mayor del CRIC se permite aclarar ante la opinión pública
y ante los sectores sociales que participan en la movilización y paro
agrario:
1. No es cierto, como lo ha afirmado el Gobernador del Cauca, que en
la reunión realizada con funcionarios de alto nivel del Gobierno
nacional en la semana pasada en Popayán, el CRIC acordó no
participar en esta jornada de protesta.
2. La reunión a la que alude el Gobernador del Cauca corresponde a
una reunión de la comisión del decreto 982 de 1.999, la cual no tenía
previsto dentro de sus temas tratar lo referente a la movilización
social agraria que inició esta semana. En todo caso, siendo de
conocimiento público que esta movilización se iba a dar, aclaramos
durante la misma reunión que lo que allí acordáramos no tendría
nada que ver con nuestra participación o no participación en la
misma.
3. El CRIC previamente había decidido no participar directamente en
la organización de esta movilización agraria, es decir desde sus
autoridades, en la medida en que acabamos de salir del XIV Congreso
Regional, estamos en empalme de nueva consejería regional y de
programas, y por tanto no tenemos las condiciones logísticas ni
organizativas para poder responder adecuadamente a las exigencias
de la misma y a los compromisos que pudiéramos acordar con otros
sectores. Sin embargo, desde el inicio de la movilización y paro
agrario saludamos la participación que en ella pudieran hacer
comuneros de nuestras comunidades en su calidad de productores
agrarios de café, panela, papa, lácteos, granos, y nos declaramos
alertas para el acompañamiento solidario a los campesinos, indígenas
y afrocolombianos movilizados.

2. 4. El XIV Congreso nos ha dado el mandato de movilizarnos. La
movilización es un mandato ante las necesidades de subsistencia y
vida digna de nuestros pueblos y ante el arrasamiento que quiere
hacer de los mismos el modelo de desarrollo que hoy se impone en el
país. Es un mandato que responde a la prepotencia e imposición de
las castas políticas y sociales que dominan el país, que se han negado
a hacer reforma agraria y a aplicar el mandato de constitucional de
una Nación multiétnica y pluricultural.
5. La movilización es un derecho constitucional y es la única opción
que nos queda a los sectores populares ante el fracaso de los
mecanismos de participación popular y de la democracia participativa.
Es un derecho que no se negocia y nunca colocaremos sobre la mesa
la posibilidad de ejercerlo o no ejercerlo.
6. En el día de ayer hemos expresado públicamente nuestro rechazo
a la violencia usada por la fuerza pública contra los participantes en
las movilizaciones del país y particularmente las del Cauca, hemos
llamado a los Gobierno nacional y departamental a instalar de
manera inmediata mesas de interlocución con los movilizados y dar
paso serio al diálogo social; igualmente hemos convocado a las
autoridades indígenas y comunidades para que estemos atentos a
que sí no se garantiza de inmediato el derecho a la movilización y la
protesta social y el respeto a la dignidad e integridad de quienes en
ella participan, tomemos solidariamente la decisión de participar
directamente en conjunto con los que ya lo vienen haciendo. Posición
que hoy ratificamos plenamente.
Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC.
Agosto 22 de 2013
Responsabilizamos al estado y al gobierno de Juan Manuel
Santos por el uso desmedido de la fuerza a manifestantes del
Paro Agrario.
24 ago 2013
by editor
CRIHU: Elevamos la siguiente denuncia pública

3. Responsabilizamos: Al Estado colombiano en cabeza del señor JUAN
MANUEL SANTOS CALDERON, a la Policía Nacional, por las
violaciones a los Derechos Humanos cometidos por integrantes de las
fuerzas pública del Estado colombiano y las posibles vulneraciones
que a los manifestantes les puedan ocurrir en el futuro; con ocasión
de los usos desmedidos de la fuerza.
Ponemos en conocimiento de las instancias correspondientes y la
opinión pública en general los hechos constitutivos de violaciones a
los derechos humanos, ocurridos en el marco de la Jornada Nacional
de Protesta PARO AGRARIO y POPULAR:
1. Desde el día 15 de agosto de 2013, la Policía Nacional del
Departamento del Huila, ha impedido la salida de los vehículos de
transporte público que se dirigían desde el casco urbano de la ciudad
de Neiva hacia las zonas rurales del Departamento del Huila, las
cuales se dispondrían a trasladar a los campesinos y campesinas que
participarían de la movilización; con el ánimo de evitar las
concentraciones en el marco de la jornada de paro nacional
programada para el día 19 de Agosto.
2. El día 17 de Agosto del 2013, en momentos en que DIEGO TELLO
integrante del Movimiento Marcha Patriótica Huila, una de las
organizaciones convocantes a la jornada de Paro Nacional, se dirigía
hacia el terminal de transporte de la ciudad de Neiva con el ánimo de
abordar un bus que lo transportara hacia la zona rural del
Departamento del Huila, una motocicleta con placas CHE 05 color
verde se acercó al taxi donde se encontraba el líder social, el cual
estaba detenido en el semáforo del ICBF – Huila (calle 21 con avenida
circunvalar), el conductor de la motocicleta procedió a sacar un arma
apuntando hacia el activista y profiriendo amenazas contra su vida.
3. El Coronel Juan Francisco Peláez Comandante de la Policía Nacional
del Departamento del Huila, desde el anuncio de las movilizaciones
ha señalado irresponsablemente de estar “infiltrada” la movilización
por presuntos miembros de la guerrilla, anunciando la posible
realización de actos delincuenciales, poniendo en grave riesgo la vida
de los dirigentes de las organizaciones convocantes. Como lo expuso
en las declaraciones dadas para el periódico Diario del Huila, el día 17
de Agosto.
4. El día 19 de Agosto, campesinos y campesinas del Huila y Caquetá,
concentradas en el municipio de Algeciras que se disponían a
desplazarse a la ciudad Neiva para participar de la jornada nacional
de protesta, miembros de la policía nacional impidieron su
desplazamiento, obstaculizando el desarrollo de las marchas pacíficas
en apoyo al paro nacional.

4. 5. Desde el día 19 de Agosto, desde las 12:30pm campesinos y
campesinas provenientes del norte del Huila que se disponían a
desplazarse a la ciudad Neiva para participar de la jornada nacional
de protesta, miembros de la Policía Nacional han impedido el ejercicio
a la libre locomoción, al mando del mayor Jorge Ibarra de la Policía
Nacional quien dirige el puesto de control establecido entre la vía que
conduce de la cabecera municipal de Neiva hasta el corregimiento de
Vegalarga en el punto conocido como la quesera kilómetro 7, a cerca
de 400 ciudadanos habitantes todos de la zona rural del municipio de
Neiva, argumentando que recibió órdenes del señor Coronel Juan
Francisco Peláez, y del Brigadier General Omar Rubiano Castro,
donde le habían indicado que no podría pasar absolutamente nadie en
dicho punto, sin expresar ningún fundamento legal para dicha
decisión, ni acto administrativo emanado de autoridad civil, que
ordene a la policía nacional transgredir este derecho fundamental,
reprimiendo a los marchantes desarrollar las jornadas pacíficas en
apoyo al paro nacional.
6. El día 20 de agosto de 2013, siendo las 12:40 P.M, miembros de
Policía Nacional, quienes se trasladaban en un helicóptero gris oscuro
con sus respectivas insignias, en un cerro distante 500 metros
lineales del punto conocido como la “pollera”, ubicado a 3 kms de
distancia del cruce hacia al municipio de Algeciras que conduce al
casco urbano de dicho municipio, donde se encuentra alrededor de
3500 campesinos y campesinas provenientes del municipio de San
Vicente del Caguán- Caquetá y Algeciras-Huila, arrojaron una bomba
incendiaria marca VIOLET SLOKE 6210-V, provocando un incendio
forestal exponiendo la integridad física de los marchantes.
7. El día 20 de agosto siendo las 9:00 pm en el municipio de la Plata,
vía que conduce al terminal de Transporte, fueros inmovilizados
varios vehículos tipo escalera donde viajaban cerca de 300 personas
campesinos e Indígenas de las comunidades NASA del resguardo
Potrerillos Miembros del Consejo Regional Indígena del Huila
(CRIHU), quienes se dirigían a participar de la jornada nacional de
protesta. Miembros de la Policía nacional quienes realizaron el
procedimiento de inmovilización no se identificaron y retuvieron los
documentos de los vehículos de manera irregular.
Teniendo en cuenta lo expuesto con anterioridad, convocamos a las
instituciones competentes, gobierno nacional garantizar el legítimo
derecho a la protesta, protegiendo la integridad de los participantes a
la Jornada Nacional; tal como lo expone la Corte Constitucional en
Sentencia C – 742/12 “La protesta social tiene como función
democrática llamar la atención de las autoridades y de la opinión
publica sobre una problemática específica y sobre las necesidades
que ciertos sectores…” Es por ello que se establece como un derecho

5. de carácter fundamental Art 37 Constitución Política de Colombia
“toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y
pacíficamente…” que ni siquiera un estado de excepción puede
restringir su ejercicio
SOLICITAMOS
1. A las Instituciones del Estado colombiano y a los organismos
internacionales encargados de velar por los Derechos Humanos
intervenir con carácter urgente y exigir soluciones al Estado
colombiano.
2. A la comunidad Nacional e Internacional y a las organizaciones
defensoras de Derechos Humanos el acompañamiento y atención a
las situaciones de riesgo en las que se encuentran los líderes sociales,
políticos, organizaciones populares y las comunidades que se
movilizan en las jornadas nacionales de protesta.
3. Exigimos que las señoras y señores Personeros de los municipios
donde se están dando las movilizaciones y protestas actúen en
consecuencia con su deber principal de defender los derechos de los
ciudadanos.
4. A la comunidad Nacional e Internacional y a las organizaciones
defensoras de Derechos Humanos se pronuncien frente a los hechos a
que hace referencia esta denuncia.
RESPONSABILIZAMOS:
Al Estado Colombiano en cabeza del señor JUAN MANUEL SANTOS
CALDERON, a la Policía Nacional, por las violaciones a los Derechos
Humanos cometidos por integrantes de las fuerzas Publica del Estado
colombiano y las posibles vulneraciones que a los manifestantes les
puedan ocurrir en el futuro; con ocasión de los usos desmedidos de la
fuerza.
ORGANIZACIONES DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS
LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE ACOMPAÑAMIENTO AL
PARO NACIONAL AGRARIO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA
Observatorio Surcolombiano de Derechos Humanos y Violencia
OBSURDH, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos
Humanos CPDH, la Fundación Mundos Posibles, Corporación por la
Defensa de los Derechos Humanos Caguán Vive, la Corporación de
Abogados y Profesionales Surcolombianos CAPS, la Corporación José
Antonio Galán CORPOJAC, Red Proyecto Sur, , Comisión de Derechos
Humanos Marcha Patriótica, Comisión de Derechos Humanos de la
Asociación de Trabajadores Campesinos ATCH, COM – UNIDAD,

6. Movimiento de víctimas de crímenes de estado MOVICE-HUILA,
Organizaciones civiles, comprometidas con la plena vigencia de los
Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.
Vientos de Comunicación – CRIHU
Consejo Regional Indígena del Huila – CRIHU
http://www.crihu.org/2013/08/elevamos-la-siguiente-denuncia-
publica.html