El Comité de Derechos Humanos del Sector Montañoso de Samaniego, Santacruz de Guachaves y La Llanada, departamento de Nariño, Colombia, denunciamos ante la comunidad nacional e internacional, el asesinato de personas civiles en hechos que, se presume, son responsabilidad de efectivos del Ejército Nacional, constitucionalmente encargados de garantizar el derecho fundamental a la vida y el goce efectivo de derechos individuales y colectivos de todas las comunidades.

1. COMUNICADO A LA OPINION PUBLICA
Ejecuciones extrajudiciales en el Corregimiento de El Vergel,
municipio de La Llanada, Nariño
El Comité de Derechos Humanos del Sector Montañoso de
Samaniego, Santacruz de Guachaves y La Llanada, departamento de
Nariño, Colombia, denunciamos ante la comunidad nacional e
internacional, el asesinato de personas civiles en hechos que, se
presume, son responsabilidad de efectivos del Ejército Nacional,
constitucionalmente encargados de garantizar el derecho
fundamental a la vida y el goce efectivo de derechos individuales y
colectivos de todas las comunidades.
HECHOS:
1. Los hechos ocurrieron en el municipio de La Llanada, corregimiento
de El Vergel, el pasado 12 de Septiembre de 2013, donde fueron
asesinados dos campesinos habitantes del sector: SANDRA
ANDRADE, menor de edad y ANGEL RUALES, mayor de edad, en
hechos perpetrados, presuntamente, por integrantes activos del
Ejército Nacional de Colombia.
2. El señor ANGEL RUALES, se encontraba trabajando cuando
comenzó un enfrentamiento entre el Ejército Nacional y la guerrilla de

2. las FARC-EP. El señor Ángel, para protegerse se refugió en una casa
cercana al lugar donde estaba trabajando. En un momento en el que
al parecer cesa el tiroteo, cuando decide asomarse para percatarse si
ya había terminado el enfrentamiento, le hacen disparos y de manera
inmediata le quitan la vida.
3. Ante estos hechos los familiares de la víctima y personas de la
comunidad deciden ir por el cuerpo del señor ANGEL RUALES. Cuando
lo trasladan al caserío por un campo abierto, el Ejército nuevamente
abre fuego contra las personas civiles que estaban realizando la
acción humanitaria y es asesinada, con impactos de bala, la
adolecente SANDRA ANDRADE, según versiones de la comunidad.
4. En el marco del conflicto armado que padece Nariño, nos preocupa
profundamente la militarización de nuestro territorio con la presencia
de diversos grupos armados legales e ilegales, que de igual manera
provocan hechos de violencia, estigmatización, amenaza, muerte y
muchas otras graves afectaciones a nuestras comunidades.
POR LO TANTO, SOLICITAMOS:
1. Que las autoridades competentes, Fiscalía General y la
Procuraduría General de la nación adelanten las investigaciones
respectivas para capturar, procesar y condenar a los responsables de
estos asesinatos.
Acudimos al principio Preferente para que estas investigaciones sean
asumidas por las autoridades civiles y no la Justicia Penal Militar,
teniendo en cuenta que las víctimas, según testimonio de sus
familiares y comunidad, fueron presuntamente asesinadas por el
Ejército Nacional, quien, sin medir las consecuencias, dispararon
contra campesinos indefensos, violando el Derecho Internacional
Humanitario, específicamente el principio de distinción y el derecho
fundamental a la vida.
2. Que el Estado colombiano, sus autoridades competentes revisen e
investiguen todas las violaciones a los Derechos Humanos e
infracciones al Derecho Internacional Humanitario que han ocurrido
en nuestro territorio, en el marco del conflicto político y armado.
3. Que la Procuraduría Regional y la Defensoría del Pueblo de Nariño
realicen las acciones pertinentes e inmediatas de prevención y alertas

3. tempranas, para que este tipo de hechos violentos no se vuelvan a
repetir en nuestro territorio.
MANIFESTAMOS:
1. Que condenamos cualquier acción que atente contra la población
civil por parte de cualquier grupo armado, legal e ilegal y les hacemos
un llamado a la paz y al respeto por la vida y la dignidad de todas las
comunidades que están en medio del conflicto armado, en nuestro
territorio.
2. Que nuestra condición de defensores y defensoras de Derechos
Humanos nos obliga a rechazar y denunciar todo tipo de violación de
derechos individuales y colectivos, que ponga en riesgo a las
comunidades, recurriendo al principio de imparcialidad, de acuerdo a
la Constitución Política de Colombiana, procurando la justicia, por la
memoria de las víctimas y sus familiares.
3. Que hacemos un llamado a las organizaciones sociales y
defensoras de Derechos Humanos a nivel Nacional e Internacional
para que nos acompañen a través del seguimiento y veeduría de las
investigaciones solicitadas; de las acciones de las instituciones del
Estado Colombiano y de sus Fuerzas Armadas.
Samaniego, Nariño, Colombia, 3 de Octubre de 2013.
Comité de Derechos Humanos del Sector Montañoso de Samaniego,
Santacruz de Guachaves y La Llanada