El documento regula la distribución del 12% de las utilidades petroleras entre trabajadores y proyectos sociales de salud y educación. El 3% va a los trabajadores, y el 9% restante es destinado por el Estado a dichos proyectos en las áreas de extracción, los cuales deben estar alineados con el Plan Nacional de Desarrollo y ser aprobados por los ministerios correspondientes.