El documento habla sobre la necesidad de reestructurar la administración pública en Venezuela. Recomienda analizar el nivel académico y de estudios de los empleados públicos para mejorar su eficiencia y colaboración con el país. También sugiere incentivar su desarrollo profesional e ideológico sobre la situación actual. Pide a los diputados realizar un estudio a fondo sobre este tema y encontrar soluciones para asegurar que los funcionarios sean calificados, honestos y responsables ante su pueblo.