Este documento propone modificaciones a la Ley Orgánica de Educación de 2006 en España. Introduce cambios en las competencias del director del centro educativo, otorgándole mayor autonomía y capacidad de gestión, así como competencias adicionales como aprobar proyectos, normas y obtener recursos complementarios. Algunos ven esto como una conversión del director en un gestor empresarial y del centro en una empresa. También modifica los procesos de selección del director reduciendo la participación de la comunidad educativa.