El documento habla sobre el uso ético de las redes sociales por parte de las administraciones públicas. Destaca la importancia de proteger datos personales, derechos de autor, honor e intimidad de los ciudadanos, así como el respeto a las marcas y propiedad intelectual. También menciona que las AAPP deben garantizar la privacidad y confidencialidad de la información que comparten en las redes.