Un estudio revela conflictos sociales y ambientales generados por la industria hidroeléctrica en Guatemala, incluyendo la violación del derecho a consulta previa de comunidades indígenas y daños a sus medios de subsistencia. El estudio analiza dos proyectos hidroeléctricos que han causado divisiones profundas y criminalización de líderes comunitarios. Las organizaciones que respaldan el estudio piden un marco legal más estricto para empresas y garantías de derechos humanos y recursos naturales.

1. Una investigación expone el conflicto social y ambiental de la
industria hidroeléctrica en Guatemala
OMAL-Paz con Dignidad, Amigos de la Tierra, Mujeres de Guatemala,
Comisión de Derechos Humanos Hispano Guatemalteca, Diakonia y
Protection International
Viernes 7 de octubre de 2016
Puedes ver el informe en:
http://omal.info/IMG/pdf/informe_hidroelectricas_guatemala.pdf
Una investigación muestra el conflicto ambiental y social, así como la
vulneración múltiple y sistemática de derechos humanos, generados
por la industria hidroeléctrica en Guatemala. Llevada a cabo por los
investigadores Antonio Rodríguez Carmona y Elena de Luis Romero,
se lanzó ayer públicamente en Guatemala. Este documento cuenta
con el apoyo de organizaciones de la sociedad civil, como el
Observatorio de Multinacionales en América Latina-Paz con Dignidad,
Amigos de la Tierra, Mujeres de Guatemala, Comisión de Derechos
Humanos Hispano Guatemalteca, Diakonia y Protection International.
El estudio “Hidroeléctricas insaciables en Guatemala” analiza en
profundidad la coyuntura política y económica que ha inducido la
apertura del país a la inversión extranjera sin garantías para los
derechos humanos y la preservación del medio ambiente. Así, se
exponen todas las aristas de dos casos paradigmáticos de los
proyectos hidroeléctricos en las cuencas de ríos de alto valor
ambiental y que proporcionan sustento a un gran número de
comunidades indígenas y locales: los casos de Ecoener-Hidralia y
Renace.

2. Los investigadores, apoyados en el terreno por organizaciones
locales, han recogido los hechos acontecidos, reflejando el
asentamiento de las empresas españolas Ecoener-Hidralia y Grupo
Cobra-ACS para la construcción de presas hidroeléctricas en territorio
indígena. La llegada de estas empresas ha supuesto la violación del
derecho a una consulta previa e informada, tal y como recoge la
legislación internacional, pero también han vulnerado los derechos
colectivos de los Pueblos Indígenas, derechos Civiles y Políticos, y
derechos como el acceso al agua y saneamiento. Estas vulneraciones
se producen a la vez que se criminaliza y se persigue a los líderes y
defensores de derechos humanos, y se establecen estrategias para
desarticular a la sociedad civil.
“Estos casos evidencian las violaciones de derechos humanos
vinculadas a la actividad de empresas transnacionales que cuentan
con la connivencia del antiguo Gobierno de Guatemala de Otto Pérez
Molina, ejerciendo violencia y desprotegiendo a la población
indígena”, sostienen los autores. Afirman también que “estos casos
han provocado una fractura social muy profunda, no solo entre las
comunidades urbanas y rurales, sino dentro de las propias familias
que se han opuesto a los proyectos en los ríos Cahabón y Canbalam”.
Y en relación a la criminalización explican que “las detenciones y
procesos judiciales contra líderes de la defensa del territorio y
algunos episodios de asesinatos, lejos de ser experiencias aisladas,
son patrones que se repiten en muchos proyectos relacionados con la
extracción de recursos naturales. Es necesario introducir en el debate
internacional la responsabilidad real de las empresas en la garantía y
respeto de los derechos humanos. Los programas de responsabilidad
social de las empresas pueden llegar a encubrir violaciones de
derechos humanos”.
Las organizaciones que respaldan el estudio recuerdan la necesidad
de reforzar de forma urgente el marco legal para ejercer un control
efectivo sobre las empresas nacionales y transnacionales y garantizar
el cumplimiento de las garantías de los derechos humanos, el acceso
a la tierra y a los recursos naturales. En ese sentido, reclaman
actuaciones por parte de los organismos internacionales y de la
cooperación para reforzar las garantías en el país.