3. El proyecto de ley convierte en un crimen al streaming no
autorizado de contenidos protegidos por copyright (derecho de
copia), y prevé una pena máxima de cinco años de prisión por cada
diez piezas musicales o películas descargadas dentro de los seis
meses desde su estreno. El proyecto además brinda inmunidad a
todos aquellos proveedores de Internet que voluntariamente lleven
a cabo acciones contra tales sitios haciendo además responsable al
sitio web infractor de cualquier daño producido al titular de los
derechos, incluso sin tener que demostrarlo.5
Quienes proponen la ley afirman que protege el mercado de la
propiedad intelectual y su correspondiente industria, trabajos e
ingresos, y que es necesaria para reforzar la aplicación de las leyes
de derechos de autor, en particular contra los sitios web
extranjeros.6 Citan ejemplos como el del acuerdo judicial de 500
millones de dólares al que llegó Google con el Departamento de
Justicia por su papel en una campaña publicitaria dirigida a los
ciudadanos estadounidenses que alentaba a los consumidores a
comprar drogas de prescripción ilegal en farmacias online de
Canadá. Los opositores argumentan que la ley infringe los derechos
de la Primera Enmienda, que es censura en Internet,7 que lisiará a
Internet,8 y será una amenaza para la denuncia de irregularidades y
otras muestras de libertad de expresión.9
4. El Comité Judicial de la Cámara mantuvo audiencias sobre la ley
SOPA el 16 de noviembre y el 25 de diciembre de 2011. El comité
tiene programado continuar con el debate cuando el Congreso
retorne de su receso invernal.10
El 20 de enero de 2012 el representante Lamar Smith pospuso los
planes de elaboración del proyecto, diciendo "El comité mantiene el
compromiso de encontrar una solución al problema de piratería
online que proteja la propiedad intelectual e innovación
estadounidense ... El Comité Judicial de la Cámara pospondrá a
consideración la legislación hasta conseguir un mayor acuerdo en la
solución".11
5. El proyecto de ley permite al Departamento de Justicia de los Estados
Unidos conseguir órdenes judiciales contra sitios web acusados de infringir
los derechos de autor -o de permitir o facilitar la infracción de los derechos
de autoría-; aún encontrándose estos sitios alojados en servidores fuera de
la jurisdicción de los Estados Unidos.5 Luego de entregar la orden judicial
el Fiscal general de los Estados Unidos puede requerir a aquellos
proveedores de Internet que ofrezcan sus servicios en el territorio de
Estados Unidos, a sus redes de publicidad asociadas, y a los facilitadores de
pago online; que suspendan sus negocios con los sitios que fuesen
encontrados en infracción criminal de las leyes federales de propiedad
intelectual. El fiscal general puede, además, instar a los motores de
búsqueda en Internet tales como Google o Yahoo! a que eliminen los
enlaces que vinculan con tales sitios.12
El proyecto de ley establece además un proceso de dos etapas para aquellos
propietarios de derechos intelectuales que requieren una compensación, si
han resultados perjudicados por el sitio infractor. El propietario de los
derechos debería primero notificar por escrito, a las empresas facilitadoras
de pago y a las redes de publicidad online, cuál es la identidad del sitio
infractor. Estos últimos a su vez deberían enviar una notificación al sitio
infractor y suspender los servicios prestados; esto a menos que el sitio
infractor entregue a su vez una contranotificación explicando los motivos
por los cuales considera que no se encuentra en infracción.
6. En esta situación el titular de los derechos puede demandar una
medida cautelar de alcance limitado contra el operador del sitio, ya
sea porque el operador del sitio entregó la contranotificación o
porque los servicios de pago o anuncios online no fueron capaces de
suspender los servicios prestados en ausencia de tal
contranotificación.12
El proyecto de ley permite al Departamento de Justicia de los
Estados Unidos conseguir órdenes judiciales contra sitios web
acusados de infringir los derechos de autor -o de permitir o facilitar
la infracción de los derechos de autoría-; aún encontrándose estos
sitios alojados en servidores fuera de la jurisdicción de los Estados
Unidos.5 Luego de entregar la orden judicial el Fiscal general de los
Estados Unidos puede requerir a aquellos proveedores de Internet
que ofrezcan sus servicios en el territorio de Estados Unidos, a sus
redes de publicidad asociadas, y a los facilitadores de pago online;
que suspendan sus negocios con los sitios que fuesen encontrados
en infracción criminal de las leyes federales de propiedad
intelectual. El fiscal general puede, además, instar a los motores de
búsqueda en Internet tales como Google o Yahoo! a que eliminen los
enlaces que vinculan con tales sitios.12
7. El proyecto de ley establece además un proceso de dos etapas para
aquellos propietarios de derechos intelectuales que requieren una
compensación, si han resultados perjudicados por el sitio infractor. El
propietario de los derechos debería primero notificar por escrito, a las
empresas facilitadoras de pago y a las redes de publicidad online, cuál
es la identidad del sitio infractor. Estos últimos a su vez deberían enviar
una notificación al sitio infractor y suspender los servicios prestados;
esto a menos que el sitio infractor entregue a su vez una
contranotificación explicando los motivos por los cuales considera que
no se encuentra en infracción.
En esta situación el titular de los derechos puede demandar una
medida cautelar de alcance limitado contra el operador del sitio, ya sea
porque el operador del sitio entregó la contranotificación o porque los
servicios de pago o anuncios online no fueron capaces de suspender los
servicios prestados en ausencia de tal contranotificación.12
8. El proyecto de ley otorga inmunidad a las redes de publicidad y
facilitadores de pago que se atengan a su cumplimiento, o que tomen
medidas voluntarias para cortar vínculos con tales sitios. Cualquier
titular de derechos de propiedad intelectual, que, sin fundamento y
a sabiendas acusara a un sitio web por infracción, sería responsable
de los daños ocasionados.5 La segunda parte del proyecto aumenta
las penas previstas para sitios dedicados al streaming de video, y
para la venta de medicamentos, materiales militares y bienes de
consumo falsificados. Como así también para otras ofensas a las
leyes de propiedad intelectual.12
De acuerdo a uno de los co patrocinadores del proyecto de ley, el
representante Bob Goodlatte, miembro del Comité Judicial de la
Cámara de Representantes y del Subcomité de Propiedad
Intelectual, Competencia, y la Internet; SOPA representa una
versión reescrita del Acta PROTECT IP en la cual se abordan las
preocupaciones de la industria tecnológica. Goodlatee dijo ante el
periódico The Hill que la nueva versión requiere de la aprobación de
la corte para tomar acciones contra los motores de búsqueda.13
mientras que la versión en el senado PROTECT IP, no lo requiere