El documento analiza la política penitenciaria en España respecto a los presos de ETA. Explica que los gobiernos democráticos han usado la situación de los presos como una herramienta para debilitar a ETA a través de la dispersión de los presos para evitar su comunicación. Sin embargo, la política no ha sido consistente, variando entre gobiernos de acuerdo a sus partidos políticos. La dispersión iniciada en 1989 buscaba destruir los vínculos entre presos y favorecer su reinserción, aunque también generó