1. Fundación Rigoberta Menchú Tum
Condena y repudia la Masacre ocurrida en el Municipio de
San Juan Sacatepéquez, Guatemala
La Fundación Rigoberta Menchú Tum, condena y repudia la masacre ocurrida en la
Aldea Los Pajoques y Loma Blanca, municipio de San Juan Sacatepéquez,
departamento de Guatemala; con la cual se promueve el terror en la comunidad y en
la población en general como advertencia contra aquellos que luchan por el derecho
a la tierra y a sus territorios.
Esta masacre y otros hechos violentos ocurridos recientemente contra los pueblos
indígenas en diferentes partes del país, son indicios de que por la vía violenta se
busca imponer el silencio y la implementación de medidas gubernamentales como el
Estado de Prevención, que lo único que busca es amedrentar aún más a la
población, dejando en el olvido las legítimas demandas y la búsqueda de soluciones
por medio del diálogo, que por más de siete años las comunidades de San Juan
Sacatepéquez han buscado tanto con el gobierno anterior como con el actual.
Expresamos nuestra solidaridad a los familiares de las víctimas y las comunidades
que viven con el asedio de la represión de manera sistemática.
La Fundación Rigoberta Menchú Tum exige:
Al Estado y al Gobierno el respeto de la vida de todas las personas de las
comunidades durante el periodo de tiempo del Estado de Prevención, así como
asumir su responsabilidad en buscar la resolución a la conflictividad por la vía del
diálogo franco y transparente.
Al Ministerio Público, una investigación imparcial y científica para realizar la
persecución penal que conduzca a la captura y enjuiciamiento a los criminales de
este horrendo crimen.
Solicitamos al Procurador de los Derechos Humanos realizar una investigación en el
marco de su mandato constitucional que contribuya en el esclarecimiento de esta
masacre, así como, el acompañamiento a las comunidades durante el tiempo que
dure el Estado de Prevención, con la finalidad de evitar abusos y violaciones a los
derechos humanos de parte de las fuerzas de seguridad del Estado y sancionar a las
instituciones que por negligencia no hayan actuado con prontitud cuando las
autoridades comunitarias lo requirieron.
Guatemala, 23 de septiembre de 2014.