Con el Título de “Las agresiones a la biodiversidad también es violencia contra la mujer”, se ha realizado en la ciudad de Santiago de Chile el 28 de noviembre el V Tribunal Ético organizado por ANAMURI (Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas). En este su ya quinto año de denuncias y después de la mística inicial que daba comienzo al evento, la Directora de Asalariadas de Anamuri, Alicia Muñoz, introdujo la situación de violencia doméstica, económica y política que viven las mujeres en Chile y como la misma es un reflejo de la violencia sobre los cuerpos, el trabajo y el territorio, por parte del patriarcado y el capitalismo.

1. Las agresiones a la biodiversidad también es
violencia contra la mujer
Con el Título de “Las agresiones a la biodiversidad también es
violencia contra la mujer”, se ha realizado en la ciudad de Santiago
de Chile el 28 de noviembre el V Tribunal Ético organizado por
ANAMURI (Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas).
En este su ya quinto año de denuncias y después de la mística inicial
que daba comienzo al evento, la Directora de Asalariadas de
Anamuri, Alicia Muñoz, introdujo la situación de violencia doméstica,
económica y política que viven las mujeres en Chile y como la misma
es un reflejo de la violencia sobre los cuerpos, el trabajo y el
territorio, por parte del patriarcado y el capitalismo.
Pudimos conocer de primera mano los testimonios y casos desde el
Norte hasta el Sur del país que nos relataban diferentes integrantes
de organizaciones campesinas locales sobre el abuso e impunidad de
las grandes transnacionales del agronegocio, que, con la complicidad
del gobierno, intervienen en sus vidas y territorios. Desde la Red de
Mujeres Rurales y Afrodescendientes de Arica se denunciaban la tala
indiscriminada de olivos – fuente de alimento y sustento –, la
contaminación de las napas subterráneas por los pesticidas utilizados,

2. así como el agotamiento de los recursos hídricos; todo eso llevando al
incremento de casos de cáncer por
parte de las industrias
productoras de semillas (Pioner y Syngenta). Desde la región del
Maule, se denunciaban las fumigaciones constantes por avionetas de
casas y huertos familiares, contaminando el agua y envenenando a
las personas. También se denunció el trabajo asalariado explotador
de menores de edad por parte de estas transnacionales. Las Unión
Comunal de Mujeres de Ancud de la Isla de Chiloé, denunciaba el
impacto diferencial en las mujeres de la monopolizada industria
salmonera, la pesca extractiva y la recolección del musgo pom-pom
en la isla: explotación laboral, bajos salarios, condiciones inhumanas,
acoso, pérdida de empleo, contaminación extensiva de las costas por
los antibióticos y antiparasitarios, aumento de la carga de trabajo
“doméstico” en las mujeres (al salir los hombres a realizar el trabajo
asalariado), escasez de pescado y encarecimiento de los precios,
enfermedades pulmonares, desertización del suelo….
Desde la Araucanía, se denunciaba como las industrias forestales
(invadiendo con plantaciones de pino y eucaliptos para la industria
del papel y de la madera) estaban expulsando a los mapuches de sus
tierras ancestrales, acabando con los recursos hídricos, contaminando
las aguas, fumigando, acabando con las plantas tradicionales. El
hecho y acto de decidir continuar en su tierra ya era parte de la
resistencia que el gobierno criminalizaba y punía como terrorismo,
aplicando una legislación de herencia pinochetista. Desde la Red de
Acción en Plagicidas y sus Alternativas para América Latina (RAP-AL),
se expuso la piratería por parte de Monsanto y otras compañías sobre
las semillas autóctonas y la presión para la aprobación en el país de
la Ley de Obtentores Vegetales. Esa ley, que se encuentra en plena
discusión, pretende prohibir la guarda y el intercambio de semillas,
y va a suponer el monopolio y concentración del negocio, llevando al
alza los precios de las semillas y de los alimentos y a un incremento
de la inmigración rural lo que inevitablemente traerá un mayor
empobrecimiento.
A raíz de todos esos testimonios, el Tribunal Ético formado por Camila
Montesinos (integrante de GRAIN y asesora de la Coordinadora
Latinoamericana de Organizaciones del Campo - Vía Campesina), Mª
Elena Rozas (Directora de RAP-AL) y el Padre Alfonso Baeza (Ex Vicario de la pastoral obrera), concluyó que:
1º) Fueron vulnerados los derechos a la salud, a la alimentación, a
emprender una vida económica con libertad, a un medio ambiente

3. limpio, a la libertad de decidir vivir en paz y decidir qué vida tener, a
vivir en un territorio y permanecer en él, a la igualdad ante la ley, a
la información, a intercambiar, cuidar y reproducir sus propias
semillas. Estos derechos han sido conculcados de forma individual y
colectivamente y suponen igualmente agresiones diferenciadas a las
mujeres.
2º) Señalar como responsables de esta vulneración a: El Estado
Chileno y todos sus poderes por no evitar, subsidiar y promover a
estas empresas para que ocurran estos quebrantamientos. A las
empresas Monsanto, Syngenta, Dupont, Pioner, Dow, Unimarc,
Anasac, y un largo etc. por causar esas violaciones. Al sistema
económico capitalista que fomenta la desinformación y la pasividad
en las poblaciones afectadas.
3º) Hace un llamado a trabajar por la prohibición de las fumigaciones,
los transgénicos y los pesticidas, evitar la expansión del monocultivo,
evitar la tala de olivos, la derogación de la Ley de Pesca, la
paralización de la Ley Monsanto y la implementación efectiva del
Convenio 169 de la OIT.
Con el emplazamiento a la Jornada de lanzamiento de la Campaña
contra los Agrotóxicos que matan en Chile, se dio por concluida la
sesión de este V Tribunal Ético.
Alicia Alonso
Santiago de Chile, 29 de noviembre de 2013