La ley de delitos informáticos tiene como objetivo proteger los sistemas que utilizan tecnología de la información y prevenir o sancionar delitos cometidos contra o mediante el uso de dichas tecnologías. El artículo 6 establece que aquellos que accedan, intercepten o usen un sistema de información sin la debida autorización o excediendo la autorización obtenida serán penados con prisión de uno a cinco años y una multa de diez a cincuenta unidades tributarias.