La ley 1620 de 2013 establece un sistema nacional de convivencia escolar para proteger a los estudiantes del acoso y la violencia, y castigar a los agresores. Los colegios deben modificar sus manuales de convivencia y crear comités para tratar casos de bullying. Si un caso no se puede resolver internamente, será remitido a entidades como el ICBF o la policía. Los actores del sistema que no cumplan con sus responsabilidades serán sancionados de acuerdo con los códigos penales y disciplinarios.