1. Universidad Autónoma de Madrid
Facultad de Ciencias Políticas
Análisis de Políticas Públicas
_______________________________________
Metas de las Políticas Públicas
Equidad vs Eficiencia, análisis de caso: Proyecto “Vía Verde” en Puerto Rico
______________________________________________________________________
Francisco Ruiz Sánchez 29 de abril de 2012
pacors_@hotmail.com Prof. Dra. Carmen Navarro
1

2. Índice
Introducción. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Contexto del conflicto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-5
Objetivo: Equidad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-8
Objetivo: Eficiencia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-10
Objetivos en conflicto: Equidad vs Eficiencia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10-11
Conclusiones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-12
Bibliografía y Referencias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-15
2

3. Introducción
La dependencia energética y el coste del abastecimiento energético nacional suponen
hoy uno de los grandes rompecabezas para los países industrializados del mundo. El
hecho de que este sea un asunto de fundamental importancia para los ejecutivos ha
supuesto en muchas ocasiones la toma de polémicas decisiones en pro de objetivos tales
como eficiencia económica o progreso industrial. Esta pretendida eficiencia económica,
que por lo general viene siendo uno de los objetivos más importantes para estos
gobiernos, ha hecho de la inversión en infraestructuras para la eficiencia energética un
tema que cada día vemos cobrar más protagonismo en las políticas públicas de muchos
países. Este es el caso del proyecto “Vía Verde” del Gobierno de Puerto Rico.
El Gobierno de Puerto Rico anunció en agosto de 2010 el inicio de los trámites para la
construcción de un gasoducto de 146 km de longitud que transitaría desde el sur del
país, en la localidad de Peñuelas, hasta el norte, pasando por Arecibo en dirección a la
capital, San Juan. El propósito era transportar combustible líquido no renovable a las
plantas de generación eléctrica de Cambalache (Arecibo), Palo Seco (Cataño) y San
Juan. De acuerdo con las fuentes gubernamentales, el objetivo era conseguir un
abaratamiento de los costes de producción, sustituyendo una materia prima con un
precio al alza, el petróleo, por otro con precios más estables, el gas natural; y de este
modo promover “un ahorro en el bolsillo del consumidor y al ambiente”. En una
discutida maniobra política, el Gobierno de Puerto Rico declaró un estado de
emergencia energética para forzar la aprobación de este proyecto, que desde entonces
pasaría a denominarse “Proyecto Vía Verde”.1
De este modo, nos encontramos con una política envuelta en una importante
complejidad, donde se ponen en juego factores económicos y de justicia. Equidad y
eficiencia, son dos de los objetivos básicos de las políticas públicas que trataremos de
analizar de aquí en adelante, teniendo en cuenta la visión que expone Deborah Stone en
su Policy Paradox al respecto de estos objetivos.2
Contexto del conflicto
Debemos en este punto llevar a cabo una descripción de la situación que ha llevado a
este conflicto, a fin de situar al lector. Comencemos por echar un vistazo al proyecto en
sí.
3

4. Partimos de la realidad de que en Puerto Rico, el 69% del combustible para generar
energía viene del petróleo, mientras que el 31% restante se reparte entre carbón y gas
natural (ambos con un 15%), siendo así que solamente un 1% de la energía procede del
uso de medios renovables.3 Ante esta situación puede entenderse la intención de
sustituir progresivamente un combustible caro, como el petróleo, por otros de mayor
accesibilidad económica y más eficientes. Podemos deducir por tanto que el objetivo
que llevó al Gobierno a impulsar este proyecto sería el de la eficiencia económica, de
cuya mejora pretendían fomentar el ahorro de empresas y particulares en las facturas.
En esta línea, veamos un poco más en profundidad el alcance físico del plan.
El área de impacto directo sobre zonas de alto valor ecológico se estima de
aproximadamente 590 hectáreas o 1500 cuerdas de terreno. A parte de parques en zonas
residenciales entre las zonas protegidas que se espera sean destruidas para la
construcción del gasoducto se hallan áreas de bosques como el Bosque La Olimpia,
Bosque del Pueblo de Adjuntas o incluso balnearios naturales como el de Punta Salinas,
donde se encuentran fuentes de agua mineral que abastecen a la población de Puerto
Rico. Por otro lado, se calcula que la ruta del gasoducto tiene un Radio de Impacto
Ambiental de más de 100 metros de ancho a lo largo de su recorrido, según los planos
de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). Esto implica que para llevar a cabo el
proyecto sea necesario la destrucción de considerables extensiones de vegetación para
introducir la maquinaria y el material de construcción, modificando hábitats y
condiciones de microclima y humedad que resultan vitales para la supervivencia del
ecosistema de los bosques.4
En la zona de construcción se encuentran así mismo manantiales, vertientes y áreas de
flujo que conectan la dinámica hídrica de muchos de los ríos que abastecen a pequeñas
localidades en Puerto Rico. Especialmente relevante es el trayecto que pasa por la zona
del Karso, considerada de Conservación Especial por su gran biodiversidad y su
conexión con el Gran Acuífero del Norte, que suple el 25% de la demanda total de agua
potable del país. El proyecto también pasa por zonas donde habitan especies de aves que
requieren de continuidad del paisaje boscoso para su desplazamiento, como el San
Pedrito o el Guaraguao de Bosque.5
Al aspecto ambiental, también se añade aquí el interés económico de los agricultores y
la seguridad de los ciudadanos. Alrededor de unas 290 hectáreas de terrenos cultivados
4

5. de café y heno serían afectadas por la construcción de estos terrenos, por lo que podría
suponer un impacto negativo en la economía de los pequeños agricultores y municipios
cercanos en forma de expropiaciones y devaluación de terrenos próximos. Por otro lado
tenemos la seguridad con la que contarían los ciudadanos ante la consecución del
proyecto. Según los planos de la AEE, aunque la ruta del sur al centro norte atraviesa
suelos con actividad sísmica habitual, además de transcurrir por un desnivel de hasta
1000 metros sobre el nivel del mar, no debería poner en riesgo la seguridad. La ruta del
gasoducto pasa por 51 comunidades, atravesando terrenos cercanos a universidades,
iglesias y gasolineras con un riesgo potencial para al menos 22854 familias, según la
intersección de la ruta con el censo del año 2000. En tramos como la comunidad de
Levittown, al norte del país, se estima que el tubo del gasoducto pase a pocos metros de
donde residen unas 30071 personas, quedando expuesta la tubería en tramos de la
autopista PR10, donde el promedio anual de tránsito son unos 13104 vehículos diarios.6
La importancia estratégica del proyecto “Vía Verde” para Puerto Rico consiste en esta
sustitución a la que antes hacíamos referencia del petróleo por el gas natural, llegando a
alcanzar la producción de energía por un 64% de gas en vez del 15% actual. Aparte del
ahorro económico, el Gobierno defiende que con la sustitución del petróleo por gas
natural se reducirán entre un 64% y un 79% las emisiones de gases contaminantes.7 No
obstante, entre los argumentos en contra y a favor del proyecto, parece ser que los dos
de más peso son seguridad de la instalación contra eficiencia económica. A parte de los
datos expuestos, cabe mencionar que por parte del Gobierno de Puerto Rico se realizó
un estudio medioambiental en el que no se apreciaron daños al medio ambiente y se
aseguró además la seguridad de los ciudadanos.8
Objetivo: Equidad
Tenemos aquí uno de los principales objetivos de las políticas públicas. D. Stone nos
explica en Policy Paradox lo que entiende por equidad. Equidad tendría que ver con
“asuntos en los que entra en juego el conflicto distributivo, donde la igualdad es la
meta” Destaquemos en este punto la cuestión de ¿Qué se distribuye? y ¿Cómo se
distribuye en esos términos de igualdad?
Nos encontramos con dos visiones completamente distintas en lo que se refiere a la
postura del gobierno y la población. El Gobierno de Puerto Rico promociona que lo que
5

6. distribuye es al fin y al cabo riqueza, argumentando para ello la creación de empleos, la
promoción de la industria y el menor coste para las familias en la factura de la luz. El
significado de equidad adquiere aquí varias interpretaciones. Según D. Ruiz y C.E.
Cadenas; si bien es cierto que una propuesta de política puede beneficiar a unos y
perjudicar a otros, se debe tener en mente a la mayoría, que es quien decide en una
democracia, sin menospreciar claro está a las minorías.9 Siguiendo esta interpretación,
estaría justificada la decisión del gobierno cuando hace uso de su legitimación electoral
y argumenta el beneficio de toda la sociedad puertorriqueña, aún en detrimento de unos
pocos afectados. Sin embargo, las externalidades negativas pueden ser tomadas con una
visión limitada, como sería ésta la interpretación de los grupos afectados. Por parte de
estos últimos, la interpretación se traslada a situaciones donde el proyecto realmente
puede afectar de una forma muy importante al conjunto de la población.
Para los que están en contra del proyecto, el concepto de equidad no sería válido
cuando en un contexto de igualdad se expropian forzosamente terrenos de pequeños
agricultores y residencias de particulares, o cuando una posible explosión del gasoducto
pueda afectar de forma más grave a las familias puertorriqueñas que a las empresas que
se benefician del servicio. No aceptarían esta supuesta igualdad cuando las generaciones
futuras se vieran condicionadas a un peligro que no pudieron evitar por un ahorro
relativo, o cuando no pudieran disfrutar del patrimonio natural de su país (Casa Pueblo
Adjuntas). Aquí entra en juego el concepto de justicia sobre si el proceso distributivo de
los posibles resultados positivos y negativos de esta política son repartidos
equitativamente.
Sobre la promesa de repartir riqueza, los agricultores y las familias expropiadas
quedarían fuera. Ante un escape de gas, o una explosión de una sección del gasoducto,
la salud de los ciudadanos afectados y el patrimonio natural puertorriqueño quedarían
dañados irreversiblemente. Del mismo modo que si se tiene en cuenta el precio variable
del gas natural podemos reducir un ahorro estimado del 30% al 18%, como veremos
más adelante.10 Así también la prometida reducción en contaminación es puesta en tela
de juicio cuando un fallo en la seguridad puede destruir cientos de hectáreas de bosque
protegido. Como vemos, el significado de equidad puede tener diversos significados
dependiendo del punto de vista.11
6

7. En esta línea, Stone nos introduce en el concepto de proceso justo a través del cual se
lleva a cabo la política. ¿Podemos hablar de proceso justo cuando el 70% de la
población se opone al proyecto? (Sondeo periódico El Nuevo Día, marzo 2011) ¿Es un
proceso justo cuando se suceden varias manifestaciones en contra?12 ¿Es un proceso
justo cuando se recurren a expropiaciones forzosas o se gobierna directamente por
decreto?13 Estas preguntas serían respondidas por el Gobierno de Puerto Rico con el
mismo argumento; bienestar de la mayoría y progreso económico. No obstante, con un
70% de la población en contra, sería una justificación difícil. El proceso fue en gran
medida anárquico y desordenado por parte del Gobierno, (En Vista de las
expropiaciones forzosas; ver ref. nº13) sin atender por lo que sabemos, a demandas
populares, propuestas de colectivos ni a alternativas presentadas al gasoducto. Los
municipios por los que pasará el mismo tampoco fueron consultados para la elaboración
del proyecto, así como se vulneró la Ley 1999 de Protección de la Zona del Karso y se
retiró la denominación de Reserva Natural a zonas de bosque, como denuncia la
asociación Casa Pueblo de Adjuntas. Todo esto necesariamente ha influido en este
rechazo popular y en la sensación de inseguridad e impotencia de los afectados en el
desarrollo del proyecto. Como señala Stone, se pueden aceptar los resultados de una
decisión si se sabe que el proceso es justo, pero ante estos hechos, no observamos
relación entre las demandas de la población y las acciones del gobierno.
Otro tema es la compensación a los grupos afectados por la situación de desventaja.14
Los grupos afectados serían los pequeños agricultores, los ciudadanos con residencia
cercana al gasoducto y los propios municipios. Una opción viable desde el punto de
vista gubernamental sería la compensación económica, ya sea en forma de compra de
terrenos agrícolas a precio justo, ventajas tributarias para los residentes o ampliación de
fondos estatales para los municipios. Sin embargo, la realidad es otra. Se han dado
polémicos casos donde se pretenden expropiar fincas de terreno habitadas por familias
sin recursos por parte de la empresa New Star, contratada por el gobierno.15 Estos
procesos de expropiación de terrenos y haciendas de familias puertorriqueñas se han
realizado sin celebrar vistas públicas ni proceso legal alguno, recurriendo incluso a la
coacción de los afectados por parte de esta empresa privada.
Todo un choque de intereses que vemos aquí con los actos llevados a cabo por los
diversos actores que juegan un papel en este conflicto. Hemos visto cómo los conceptos
7

8. de equidad y justicia que tienen gobierno y empresas difieren de los grupos públicos de
afectados; sin haber mediado nunca proceso de entendimiento o negociación bilateral.
Continuemos ahora poniendo en contexto este problema desde el punto de vista de la
eficiencia.
Objetivo: Eficiencia
En palabras de Stone, eficiencia significa “obtener el máximo rendimiento de un bien
dado” Continúa Stone, la eficiencia es una parte inherente de la política en tanto que se
busca obtener de forma óptima lo que se desea. En este caso se busca minimizar el coste
económico del consumo de combustible para generar energía, pero como argumentan
ecologistas, agricultores y familias, el coste social no puede dejarse a un lado. Existen
para este objetivo dos visiones como en el caso anterior. Comencemos por la del
gobierno.
La construcción del gasoducto ciertamente supondría un empuje a la economía. En
términos concretos se crearían 4000 empleos y se realizaría una inversión de unos 350
millones de dólares, según datos de la AEE. En esta línea, la eficiencia energética al
sustituir el petróleo por el gas natural como combustible de las centrales supondría un
ahorro estimado del 30% en la factura del consumidor. Al contaminar menos, se pagan
menos tasas, además de que por lo general el precio del gas natural suele ser estable y
más barato que el del petróleo. Sería una oportunidad de atraer inversión de empresas
extranjeras en el país, contribuyendo con ello al éxito empresarial de Puerto Rico.16
Para el gobierno están justificados los costes de esta política. Según este, con el actual
sistema de dependencia del petróleo el sistema energético estaría condenado a su
colapso. Nada comparado a un riesgo del 2% anual de accidente17 o unas “aisladas
expropiaciones de terreno” según la AEE. Sin embargo, en la otra cara de la moneda
tenemos argumentos que desmontan esta supuesta eficiencia económica. Por una parte,
no se trata de una transición energética como defiende el gobierno, se trata más bien de
una sustitución de un combustible no renovable por otro, aunque contamine un poco
menos. En definitiva, se sustituye un modelo de dependencia de combustibles fósiles
por otro.18
En esta lógica encontramos el supuesto ahorro en las facturas publicitado por el
gobierno. La AEE asegura que con el proyecto se reduciría el coste de kilovatios hora
8

9. de 21 centavos de dólar a15 centavos por kilovatio hora para el 2012 y a 12 en el 2015.
Un 30% de rebaja. Sin embargo, la reducción del coste de generación energética se
encuentra supeditada a la eficiencia de producción y a los precios del combustible.
Según estimaciones de la asociación Casa Pueblo de Adjuntas, aún con una
modificación técnica la eficiencia de generación de las plantas eléctricas sería menor ya
que éstas fueron inicialmente diseñadas para quemar carbón y diesel. Por otro lado, las
estimaciones de reducción de precio han sido tomadas respecto al precio del gas natural
a un mes vista. Tomando como referencia el año 2008, la reducción del coste por
combustible hubiera sido de un 18% en vez de un 30%. Finalmente, esta supuesta rebaja
en la factura sería sobre el apartado referido al precio del combustible, no al total de la
factura.19 En otras palabras, una inversión semejante con unos riesgos y unos costes
asociados tan grandes puede no ser del todo eficiente a la vista de los resultados
proyectados según estas estimaciones.
Hablando de eficiencia económica conviene hacer una reflexión acerca de la inversión
en dinero público en el gasoducto. La eficiencia es el resultado que se pretende, pero el
proceso con el que se quiere conseguir vuelve a ser importante. El Gobierno de Puerto
Rico planea que el gasto total será de 350 millones de dólares, pero según el
presupuesto facilitado por la AEE no se tienen en cuenta los costes de mantenimiento a
medio plazo ni el coste de reconversión de las plantas de petróleo a gas. Echando un
vistazo a otros proyectos anteriores de los gobiernos, vemos que por ejemplo el Tren
Urbano en la ciudad de San Juan tenía previsto un coste de 2150 millones de dólares y
se acabaron gastando unos 150 millones más de lo previsto. Así tenemos casos similares
como es el del Coliseo de Puerto Rico en San Juan, cuyo presupuesto inicial era de 242
millones de dólares y terminó costando 292 millones.20
Alternativas como las de llevar el gas en medios ambientalmente aceptables y más
seguros (como el transporte por mar) o intentar conseguir flexibilidad en las leyes de
cabotaje con Estados Unidos, no han querido ser tomadas en cuenta por el gobierno.
Quizás negociando con otros países aparte de Estados Unidos podrían conseguirse
precios más competitivos para el combustible. Por otro lado, la alternativa a transición
de energía verde presentada por la Casa Pueblo de Adjuntas tampoco ha sido escuchada.
Según los cálculos de esta asociación, solamente llegando al 15% de renovables en
2015 (1% en 2011) se conseguiría un ahorro de 360 millones de dólares al año en
9

10. combustible, que se quedarían en Puerto Rico. Recordemos que la inversión prevista
para la construcción de la Vía Verde era de 350 millones de dólares. Junto a esta
propuesta, con tan solo reducir el consumo de combustible en un 10% se conseguiría un
ahorro de 240 millones de dólares. La instalación de sistemas de aire acondicionado
eficientes en edificios públicos junto con la inversión en renovables podría suplir
ampliamente la inversión en el gasoducto, pero no obstante el gobierno sigue
considerando su opción como la mejor, sin dar pie a propuestas como estas.
Objetivos en conflicto: Equidad vs Eficiencia
Hemos visto en los anteriores capítulos cómo los conceptos de equidad y eficiencia
varían de un punto de vista a otro. Desde la posición del gobierno, parece ser que la
eficiencia es vista como el principal objetivo a conseguir con el proyecto Vía Verde,
mientras que la equidad es vista como un producto positivo de ésta.
Cuando se decide llevar adelante este proyecto el factor económico es el que sin duda
parece ser protagonista. Este modo de pensar es común entre los gobiernos que apuestan
a favor del “pequeño gobierno” o de los que quieren reservar recursos para otros
programas beneficiando así a la sociedad en su conjunto.21 La forma de actuar por parte
del Gobierno de Puerto Rico sin embargo parece ser distante de una orientada hacia la
maximización de la eficacia, al haber dejado aparte alternativas orientadas a un
aprovechamiento de recursos igual o más eficaz, como hemos explicado en el capítulo
anterior.
El trade off entre equidad y eficacia tiene un resultado claro cuando se evitan buscar
alternativas orientadas hacia una mayor equidad y justicia para los ciudadanos. Cuando
se decide proyectar el recorrido más corto entre las plantas de generación no se plantea
la opción de variar la construcción por zonas que afecten menos a familias o bosques
protegidos, pues esto supondría un gasto adicional en la construcción del gasoducto.
Esta alternativa hubiera podido suponer alcanzar un mayor nivel de consenso entre los
afectados, aún con una pérdida de eficiencia. La complejidad del problema puede haber
evitado que el Gobierno de Puerto Rico haya intentado buscar alternativas menos
eficientes a corto plazo, como la de impulsar energías renovables o cambiar el medio de
transporte de combustible.
10

11. Hubiera sido lógico prestar atención por parte del Gobierno de Puerto Rico al proceso
en sí para hacerlo más justo, barajando otras opciones o interactuando con los
municipios y actores afectados prestando atención a informes independientes o de
agencias especializadas. Sin embargo al no hacerlo se está llevando a una des-
democratización del proceso hacia una forma de gobierno ajena a la voluntad de los
ciudadanos. La presión popular, con un 70% de rechazo, no parece hacerse notar en la
determinación del gobernador, así como no parece ser un problema el coste político que
puede acarrear seguir adelante con el proyecto de espaldas a los ciudadanos.
Conclusiones
En estas páginas hemos tratado de hacer un análisis lo más detallado posible sobre el
conflicto entre equidad y eficiencia que ha supuesto la adopción de esta política pública
por el Gobierno de Puerto Rico. La dificultad en el policy making a la que se enfrentan
las instituciones de gobierno está rodeada de diversos factores que condicionan su éxito
o su fracaso al nivel de la sociedad.
Aparte de hacer notar su rechazo popular hemos analizado informes de asociaciones
ecologistas como Casa Pueblo de Adjuntas, donde además de observar sus fallos se ha
pretendido dar alternativas más justas e incluso eficientes. Otros muchos datos nos
llevan a pensar en que realmente el proyecto Vía Verde no es ni tan equitativo ni tan
eficaz como presume el gobierno, teniendo como resultado una percepción de que el
proyecto en sí es inequitativo e ineficiente y puede llegar incluso a comprometer la
seguridad de los ciudadanos.22 Por otro lado, dentro del proceso nos acechan serias
dudas sobre su contenido ético; también el hecho de que la empresa contratada para
llevar a cabo las expropiaciones (New Star) sea la del ex comisionado electoral del
Partido Nuevo Progresista en San Juan. El impulsor del proyecto, el Gobernados Luis
Fortuño Burset pertenece a este partido político.23
Ninguna explicación nos queda, dentro de la teoría sobre políticas públicas, sobre el
continuo desprecio por parte del gobierno hacia estos informes y advertencias de
asociaciones ecologistas nacionales e internacionales.24 La falta de objetividad con la
que el Gobierno de Puerto Rico trata este tema nos lleva a la conclusión de que una vez
más en la política puertorriqueña se está solapando el concepto de policy al de politics,
11

12. dejando a un lado las necesidades reales y la voluntad del pueblo de Puerto Rico a
merced de intereses no públicos.
...
12

13. Bibliografía:
Obras y Documentos de Referencia:
I. Casa Pueblo de Adjuntas (17 agosto 2010) Evaluación del Gasoducto del Norte
Propuesto por la Autoridad de Energía de Puerto Rico (AEE): Respuesta
Comunitaria a la Crisis Energética. En: http://www.cdk-
pr.org/sites/default/files/pdfs/Casa%20Pueblo%20de%20Adjuntas%20GASOD
UCTO.pdf
II. Stone, D. (2001) Policy Paradox, the Art of Political Decision Making. W.
Norton & Company
III. Birkland, T.A. (2001) An Introduction to the Policy Process, Theories,
Concepts, and Models of Public Policy Making. M.E. Sharpe, New York
.......................................................................
Fuentes Online y Referencias:
1: Casa Pueblo de Adjuntas (17 agosto 2010) Evaluación del Gasoducto del Norte
Propuesto por la Autoridad de Energía de Puerto Rico (AEE): Respuesta Comunitaria
a la Crisis Energética. En:
http://www.cdkpr.org/sites/default/files/pdfs/Casa%20Pueblo%20de%20Adjuntas%20G
ASODUCTO.pdf
2: Stone, D. (2001) Policy Paradox, the Art of Political Decision Making. W. Norton &
Company
3: Agencia Estatal de Energía de Puerto Rico, Presentación de Proyecto. En:
http://www.aeepr.com/DOCS/Via%20Verde/Via%20VerdeProgreso%20para%20PR%2
0PublicacionInternet%20.pdf
4: Casa Pueblo de Adjuntas; op.cit.
5: Ibíd.
13

14. 6: Ibíd.
7: Agencia Estatal de Energía de Puerto Rico, Presentación de Proyecto; op.cit.
8: Agencia de Energía Eléctrica, Estudio Medioambiental. En
http://www.aeepr.com/viaverde_DIAP2.asp
9: Ruiz, D. & Cadenas, C.E. ¿Qué es una Política Pública? Universidad Latina de
América; Revista Jurídica. En:
http://www.unla.edu.mx/iusunla18/reflexion/QUE%20ES%20UNA%20POLITICA%20
PUBLICA%20web.htm
10: Casa Pueblo de Adjuntas; op.cit.
11: Stone. D; op.cit.
12: Sondeo en el Periódico El Nuevo Día a marzo de 2011:
http://www.elnuevodia.com/sondeo%C2%BFcreesquesedebeapoyarlaluchacontraelgaso
ductoenpuertorico?-1292-1.html
13: Alfonso, O. (28 abril 2012). Ilegales los emplazamientos de vía verde. La Perla del
Sur. En:
http://www.periodicolaperla.com/index.php?option=com_content&view=article&id=32
69:nuevo-traspie-para-via-verde&catid=81:locales&Itemid=198
14: Stone. D; op.cit.
15: Alfonso, O; op.cit.
16: Agencia Estatal de Energía de Puerto Rico, Presentación de Proyecto; op.cit.
17: EFE. (10 agosto 2011). Un informe sobre el gasoducto en Puerto Rico confirma los
riesgos, según un ambientalista. San Diego Red. En:
14

15. http://www.sandiegored.com/noticias/16880/Un-informe-sobre-el-gasoducto-en-Puerto-
Rico-confirma-los-riesgos-segun-un-ambientalista/
18: Casa Pueblo de Adjuntas; op.cit.
19: Ibíd.
20: Equipo de Prensa Business News Américas. (17 diciembre 2002). Tren urbano
estima US$ 150mn de costo extraordinario. Business News Americas. En:
http://www.bnamericas.com/news/infraestructura/Tren_urbano_estima_US*150mn_de_
costo_extraordinario
21: Birkland, T.A. (2001) An Introduction to the Policy Process, Theories, Concepts,
and Models of Public Policy Making. M.E. Sharpe, New York
22: Ver:
 Ecologistas denuncian riesgos de gasoducto en P.Rico:
http://www.pontealdia.com/america-latina/ecologistas-denuncian-riesgos-de-
gasoducto-en-p.-rico.html
 ¿Cuán seguro será el gasoducto de Puerto Rico?:
http://www.primerahora.com/%C2%BFcuanseguroseraelgasoductodepuertorico
?-420243.html
 ¿La crónica anunciada del gasoducto?:
http://www.periodicolaperla.com/index.php?option=com_content&view=article
&id=3813:icronica-anunciada-derrumbes-predicen-el-futuro-del-
gasoducto&catid=81:locales&Itemid=198
23: Alfonso, O; op.cit.
24: EXPLOSION DEL GASODUCTO EN LA SELVA DE YUNGAS: Greenpeace
exigió que el gasoducto no vuelva a operar hasta que no se cambie la traza. En:
http://www.greenpeace.org/argentina/es/noticias/explosion-del-gasoducto-en-la/
15