El documento critica los decretos de urgencia que eliminan los estudios de impacto ambiental para proyectos de inversión, señalando que el Ministerio del Ambiente los respalda a pesar de que son ilógicos, anticonstitucionales y podrían generar conflictos sociales. Argumenta que los decretos priorizan las inversiones sobre los derechos ambientales y de las comunidades, y ponen "la carreta delante de los caballos" al ir en contra del Estado de derecho.