Las autoridades tradicionales siguen firmes. Anunciaron que subirán el tono de sus protestas y, pese a la desconfianza, llevarán a cabo acciones legales contra el poder ejecutivo, por el incumplimiento de la sentencia de la Suprema Corte favorable a sus demandas.

1. México: El gobierno desobedece su propia ley en el caso del acueducto
Enviado por ewituri el Lun, 08/05/2013
(Por Giovanni Velázquez)
Desinformémonos, 5 de agosto de.- Las autoridades tradicionales
siguen firmes. Anunciaron que subirán el tono de sus protestas y,
pese a la desconfianza, llevarán a cabo acciones legales contra el
poder ejecutivo, por el incumplimiento de la sentencia de la Suprema
Corte favorable a sus demandas.
Ante la falta de compromiso con la legalidad y las omisiones para
ejecutar las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN) por parte de instituciones federales, la tribu yaqui denunciará
a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
(SEMARNAT), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
(PROFEPA), la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y al gobierno
federal.
En la reuniones que se realizan diariamente en el bloqueo carretero
que desde hace 11 semanas tiene lugar en Vicam, los yaquis acusan
que encontraron evidencia de un “aparente contubernio.
Su actitud omisa al no ejecutar la sentencia cabalmente, nos genera
bastantes sospechas porque definitivamente vemos un trabajo
ambiguo y amañado que no permite generar confianza en las
instituciones que nos hemos dado los mexicanos”, señaló un
habitante del lugar. Los pobladores afirman que los argumentos que
utiliza SEMARNAT son como si la secretaría promoviera tanto la
construcción como la operación del acueducto.
A mediados de julio, una comisión de yaquis y sus representantes
legales sostuvieron una reunión con funcionarios de las dependencias
federales involucradas, que giró en torno a la pregunta “¿A qué le
teme SEMARNAT?”

2. La respuesta, consideran los indígenas, nunca llegó, pues la
secretaría esgrimió argumentos legales para responsabilizar a la SCJN
de aclarar las resoluciones, y solicitó “tiempo” para resolver los
asuntos correspondientes a la controversia constitucional interpuesta
por el municipio de Hermosillo y al amparo otorgado a la Tribu.
Los abogados de la tribu yaqui cuestionan la incapacidad para
atender un asunto tan relevante como el del agua, no sólo en cuanto
a los derechos humanos violentados a un pueblo indígena, sino
también en cuanto a los asuntos legales, al dar mayor importancia a
una suspensión que a una orden ejecutoria de la SCJN.
“Es muy grave que la autoridad en lugar de buscar una salida para
resolver el problema, busque alargar los procesos y las consultas y
seguir con las violaciones. La tensión se incrementará al grado de no
poder sentarnos a dialogar”, apuntó uno de los letrados.
La comisión yaqui señaló a los representantes gubernamentales la
importancia de dar un mensaje de la voluntad de trabajar para
resolver la situación, y no la complicidad para permitir el robo como
en la administración pasada. “Deben darle una buena leída a la
historia de la tribu yaqui y una buena interpretación a la ley; no nos
queda claro el actuar de las instituciones en este sentido”, apuntó un
representante.
“En Sonora existe una manifestación social, y con sus jugadas
legaloides están trasladando los bloqueos hasta agosto”, definió un
comisionado. “Nosotros dimos un voto de confianza a las instituciones
porque la relación que tenemos con los yoris está basada en un
tratado de paz firmado en 1927”, agrega.
Las señales que envía el gobierno, consideran los yaquis, hacen que
se pierda confianza en lo judicial y que “se pongan en riesgo nuestros
derechos como mexicanos y los derechos internacionales adquiridos
por la historia de sangre derramada en defensa de nuestro territorio”,
finalizó la comisión.
La defensa del agua que hace la tribu yaqui alcanza proporciones
nacionales y se posicionó en las agendas legales como un
antecedente en el respeto a los derechos indígenas en cuanto a la
consulta previa, libre e informada ante megaproyectos que atentan
contra sus bienes y modos de vida.
También se nota una maquinaria que no es exclusiva de un grupo de
poder ni de una región; el entramado se desborda por dependencias
estatales y federales, empresas y corporaciones, así como operadores

3. políticos que promueven el conflicto y la división mediante violencia y
represión al interior de los pueblos yaquis.
“Declararon una guerra contra los pueblos indígenas”, afirma una
mujer del pueblo de Tórim, uno de los pueblos yaquis cuya gente o
tropa está a favor de evitar el robo de agua, mientras sus autoridades
no manifiestan una postura clara al estar de por medio proyectos y
beneficios gubernamentales.
Como en el pasado, el gobierno actual de Sonora intenta exterminar
a yaquis y guarijíos (pueblo indígena de la Sierra) para expandir el
desarrollo y progreso, las caras más salvajes del capitalismo. Ésta ya
no es la única figura, pues en la medida en que se quedan sin
argumentos para avalar el despojo, salen a la luz proyectos
millonarios donde grupos empresariales depositan grandes
inversiones.
El ejemplo más reciente son las “Riberas del Pitic”, proyecto
inmobiliario cuya suntuosidad equivale a las dimensiones de terrenos
y volúmenes de agua de los que se pretenden apropiar. No tan lejos
de esto, la estrategia mediática cumple una función al elevar su tono
contra el bloqueo con publicaciones sobre las afectaciones a viajeros
y transportistas y las posibles pérdidas económicas que nadie
contabiliza pero tampoco descarta.
Grandes negocios dependen del agua y para ello, medios regionales
acosan diariamente con titulares en periódicos, radio, televisión e
internet. Los medios donde es más evidente la situación es en El
Diario del Yaqui y El Imparcial, que repiten argumentos de
funcionarios y políticos como el rector de la Universidad de Sonora
(Unison) o la diputada Federal Leslie Pantoja Hernández.
Estas voces, entre líneas, demandan la represión del Estado
mexicano, que el Gobierno de Sonora avalaría ansiosamente de la
mano del secretario de Gobierno, Roberto Romero López, y el
procurador de justicia, Carlos Navarro Sugich. En la sierra y en el
valle las cosas pintan iguales. Entre las montañas, el pueblo guarijío
se defiende contra la Presa Pilares, obra del proyecto Sonora SI.
Esta obra los desplazará mediante una consulta amañada, que por
todos los medios intenta dividir y fragmentar a las autoridades
indígenas. Las autoridades ya llegaron al grado de evitar cualquier
asesoría mediante amenazas de muerte a integrantes de la Red
Kabueruma (lo que es honesto, en guarijío), compuesta por
investigadores y académicos.
Armando Haro, integrante de esta red, comenta que: “los promotores
del proyecto volvieron a la carga, a conseguir las firmas de los cinco

4. gobernadores tradicionales en un convenio donde los guarijíos ceden
el uso de sus terrenos para la presa, sin garantías de que las
promesas que incluye este convenio sean algún día cumplidas”.
En el valle, la tribu yaqui no está exenta de dicha estrategia, que
inició mucho antes de las manifestaciones en la carretera, a través de
personajes designados por el gobernador de Sonora como
“autoridades consagradas”. Su estrategia es declarar en los medios
fieles al gobierno, su deslinde como “gobernadores yaquis” del
movimiento en defensa del agua.
La tropa yoeme los conoce como torokoyoris (traidores al pueblo),
pues usurpan nombramientos tradicionales sin contar con la
estructura civil y eclesiástica necesaria para reconocerse como tal.
“Ellos reclaman que son consagrados, pero consagrados de qué. Los
que se dicen así están fuera y el gobernador del estado los financia.
Para él son los buenos, pero por nuestros usos y costumbres, sin
recinto no son autoridades”, explica el señor Flores, habitante de
Vícam.
Ahora que la balanza legal está a favor de la tribu yaqui, los
reconocidos por los yaquis como torokoyoris -Francisco Delgado
Romo y Jesús Moroyoqui- construyen un campamento que, a decir de
los yaquis en plantón, apunta a dos objetivos: presionar al gobierno
federal para desalojar el movimiento que inicia su tercer mes o
enfrentarse directamente con ellos, ya que el grupo porta armas y se
siente protegido y financiado por el gobierno de Guillermo Padrés
Elías.
Por otro lado, figuras que se ostentan como cuerpo técnico de
algunas autoridades tradicionales buscan la intervención de
extranjeros para desprestigiar el trabajo realizado en los tribunales.
Uno de ellos es James Hopkins, estadunidense que propone enviar
comunicados a la SCJN y a la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) desde Arizona para señalar quién es autoridad y quién no lo
es, lo cual violenta la autonomía de la tribu.
Las autoridades tradicionales siguen firmes. Anunciaron que subirán
el tono de sus protestas y, pese a la desconfianza, llevarán a cabo
“acciones legales contra la omisión y tácticas dilatorias que orquestan
tanto el Juzgado Décimo de Distrito de Hermosillo, como SEMARNAT
y PROFEPA. Los vamos a demandar jurídicamente”, anunciaron.
Mientras tanto en la Ciudad de México se escucha de nueva cuenta el
“no están solos” mediante la campaña nacional e internacional
promovida por la Red vs la Represión y por la Solidaridad, titulada
Namakasia, palabra en el idioma yaqui que representa la digna lucha
de ahora y la de sus mayores.

5. Publicado el 5 de agosto de 2013.
http://desinformemonos.org/2013/08/el-gobierno-desobedece-su-
propia-ley-en-el-caso-del-acueducto-yaquis/•