El documento describe los principios de jerarquía normativa y competencia en el derecho ecuatoriano. La Constitución es la norma suprema, y las leyes y actos del poder público deben estar en conformidad con ella. También define a los servidores públicos como aquellos que trabajan para el sector público, y explica la organización de los Gobiernos Autónomos Descentralizados como instituciones que gozan de autonomía política, administrativa y financiera.