El documento describe el problema de que el gobierno provincial de Mendoza no está recuperando los costos de atención médica de víctimas de accidentes de tránsito de las compañías de seguros, lo que constituye un subsidio encubierto al mercado asegurador. Se estima que solo en 2013, la provincia podría haber recuperado varios millones de pesos si hubiera gestionado el cobro a las aseguradoras por la atención brindada a las 197 personas fallecidas y las 15.000 heridas como resultado de accidentes de

1. Mendoza, 18 de noviembre de 2013.-
Al Señor Fiscal de Estado
FISCALIA DE ESTADO
PROVINCIA DE MENDOZA
De mi mayor consideración:
En mi carácter de Coordinador General de
Voluntarios en Red Mendoza, Organización Social simple, tengo el agrado de
dirigirme a Usted y por su intermedio a quien corresponda, a los efectos de
informales sobre la siguiente situación, la cual entendemos podría estar
afectando los intereses públicos.
Introducción:
Desde nuestra Red uno de nuestros principales programas es el de “Padres y
Familias Preventoras” cuyo objetivo es generar concientización para la
prevención de accidentes viales en nuestra provincia. Para tal fin llevamos
estadísticas de fallecidos y heridos.
Desde ese lugar hemos observado que por “omisión” el gobierno provincial a
través del Ministerio de Salud y/o Hospitales Públicos, según corresponda, no
se estaría realizando el recupero ante las compañías de seguros, de los gastos
originados en la atención pública de las víctimas de accidentes viales en
Mendoza.
Planteamiento del problema:
Desde el punto de vista sanitario, el Hospital público es por excelencia el lugar
donde se dan por lo menos, los primeros auxilios a las víctimas de accidentes
de tránsito. Los accidentados suelen llegar al Hospital por los sistemas públicos
o contratados de ambulancias y solo se trasladan al sector privado o de la
seguridad social aquellos que tienen alguna cobertura.
Sin embargo, muchos accidentados por carecer de cobertura o no desear ser
trasladados, permanecen en los hospitales públicos hasta su recuperación
total.
La accidentología en nuestra provincia, por su magnitud y complejidad, tiene
costos humanos, sociales y económicos difícilmente cuantificables.

2. Frente a un problema integral de tan difícil solución y especialmente cuando
fracasa la prevención, la sala de emergencias y el Hospital público se
convierten en la única solución para un problema que debió ser evitado o por lo
menos disminuido.
Por obvio que resulte, este fracaso de la prevención, termina poniendo el eje en
la asistencia y rehabilitación de las víctimas, demandando mayor cantidad de
recursos humanos, tecnológicos y económicos para su asistencia oportuna.
El problema es entonces, cual es la legitimidad y posibilidades concretas del
Hospital público para facturar y cobrar a los terceros responsables, las
prestaciones realizadas por la atención de víctimas de accidentes de tránsito,
evitando de esta manera un subsidio encubierto del estado al mercado
asegurador.
Y definiremos como subsidio encubierto del estado a favor de terceros
pagadores, a todas las prestaciones que por las normas vigentes, el Hospital
público esta facultado y obligado a cobrar (sin alterar la gratuidad en el punto
de consumo), y por vacíos normativos o debilidades de gestión no alcanza a
cumplir con dicho objetivo, en detrimento de los fondos públicos y de los
recursos siempre limitados para la atención de las personas que carecen de
otra cobertura, aceptando por omisión el enriquecimiento sin causa de las
organizaciones o empresas obligadas a hacerlo.
Esta controversia sin solución normativa apropiada y específica termina
significando que el Estado, a través del presupuesto público del sector salud,
subsidia a quienes están obligados a cubrir los gastos de la atención médica. Y
esta obligación surge de la esencia misma del seguro de responsabilidad civil,
que en una relación de mercado, pactaron asegurados y aseguradoras, para
cubrir justamente el daño que el asegurado pudiera ocasionarle a un tercero.
Por cada subsidio encubierto (por omisión) otorgado al mercado asegurador, el
Estado resta recursos para la atención de todo aquel que no tiene otra
cobertura más que la cobertura pública.
Hoy más que nunca frente a la crisis que afronta la provincia, resulta necesario
redoblar los esfuerzos para seguir trabajando en pos de una salud pública de
inclusión, que garantice la accesibilidad de toda la población al sistema,
profundizando el debate por la equidad, y sin apelar a las soluciones
pragmáticas y peligrosas que aparecen ante las crisis cuando se acaban los
recursos.
El arancelamiento encubierto, las presiones de las cooperadoras, la compra de
insumos hospitalarios a cargo del paciente, o la suspensión de la atención
programada, entre tantas otras salidas “rápidas” ante las crisis, una vez más
evidencian ajustar contra el ciudadano, contra el destinatario mismo de los
servicios ofrecidos, o exigir al paciente un nuevo pago de lo que la sociedad ya
ha pagado.

3. Las cifras son alarmantes: En lo que va de los primeros 10 meses de este
año han fallecido 197 personas y se estima que otras 15.000 han sufrido
heridas de distinta consideración. Estos datos son aportados por el Servicio
Coordinado de Emergencia, quienes son los responsables de asistir en el lugar
del hecho y trasladar a las víctimas.
Los hospitales públicos, en su gran mayoría, realizan la atención primaria y
tratamientos de los heridos, desde leves a alta complejidad. Se estima que un 5
% de los heridos son de gravedad y requieren tratamientos especiales,
operaciones, implantes y rehabilitación que en algunos casos demoran más de
un año.
Considerar además que la cantidad de discapacidades que surgen producto de
los accidentes de transito, dejan un saldo negativo desde el punto de vista de
los ingresos, no solo del grupo familiar sino de toda una provincia, no solo se
baja la generación de recursos directamente, sino que a través de la asistencia
al accidentado y las discapacidades por ellos generados, se erogan altas
sumas de dinero que podrían ser usadas en cuestiones como salud,
prevención, educación, etc.
En su generalidad las compañías de seguros llegan a arreglos extra-judiciales
con las víctimas, donde el estado, a través de los hospitales públicos, queda
ausente, no por que las aseguradoras no tengan la obligación de hacerse
cargo, sino porque el estado por falta de gestión “omite el recupero de las
mismas”.
Estimaciones en números: Se estima que solo en el periodo 2013 el Estado
Provincial y/o hospitales podrían llegar a recuperar una cifra varias veces
millonaria.-
Sin otro particular, me despido de Usted, quedando desde
ya a su entera disposición. Saludo Atentamente.
Hugo Fiorens
Coordinador General
Voluntarios en Red Mendoza