Un nuevo sacudón en el conflicto israelí-palestino Las primeras demandas que interpondrá Palestina en la Corte Penal Internacional contra Israel serán relativas a la última operación militar en Gaza, la construcción de asentamientos ilegales y la ocupación.

1. Palestina, miembro oficial de la Corte Penal Internacional
El panorama de la Franja de Gaza bajo la operación militar israelí
Margen Protector el año pasado. / AFP
EL ESPECTADOR 1 ABR 2015 –
Un nuevo sacudón en el conflicto israelí-palestino
Las primeras demandas que interpondrá Palestina en la Corte Penal
Internacional contra Israel serán relativas a la última operación
militar en Gaza, la construcción de asentamientos ilegales y la
ocupación.
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Hoy Palestina se convierte oficialmente en miembro de la Corte Penal
Internacional (CPI), a pesar de la presión y las amenazas de EE.UU. e
Israel para evitarlo. Es uno de los pasos más importantes de los
palestinos en su estrategia internacional, con la cual han conseguido
el reconocimiento como Estado observador de la ONU, la adhesión a
otras agencias de esta organización y a casi 20 tratados incluidos los
Convenios de Ginebra. Una estrategia que, como han declarado
representantes de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), se empezó a
tejer a partir de los constantes fracasos en la búsqueda de paz y
justicia mediante negociaciones bilaterales con Israel.
La entrada a la CPI no garantiza que se alcance esa paz. Israel ya dio
una degustación de sus reacciones cuando, en contra de sus
obligaciones internacionales y como represalia por el acercamiento a
la Corte, congeló los impuestos que recauda para la ANP, que son
una fuente crucial de ingresos para el gobierno palestino y
representan la mitad de su presupuesto. El gobierno de Benjamín
Netanyahu también ha advertido que, en vez de acogerse a un

2. eventual pronunciamiento del tribunal, haría lo posible por
desmantelarlo. ¿Cómo explicar este comportamiento frente a un
organismo creado para hacer justicia por casos de genocidio,
crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y agresión?
Teniendo en cuenta esa naturaleza de la CPI, debería ser aplaudido
un estado que decide acogerse a su competencia. Balkees Jarrah,
consultor del programa de Justicia Internacional de Human Rights
Watch (HRW), dice que la llegada de Palestina a este tribunal es
importante porque garantiza a las víctimas de graves crímenes el
acceso a la justicia internacional y envía un mensaje de que esos
crímenes no se pueden cometer impunemente. Además, dice, el
acceso a la CPI es un paso positivo hacia la justicia y el imperio de la
ley en el conflicto israelí-palestino, dándole mandato a este tribunal
para “disuadir de crímenes de guerra que hoy impulsan la animosidad
entre las partes y socavan la confianza necesaria para la paz”.
En este sentido, resulta escandaloso que la adhesión de Palestina sea
rechazada por Israel y EE.UU., dos estados que no han firmado el
Estatuto de Roma —el instrumento constitutivo de la CPI—. Y aún
más escandalosa la decisión anticipada de no obedecer a las
decisiones que tome el tribunal: Netanyahu ya advirtió que impedirá
que soldados y comandantes del Ejército de su país sean llevados
ante la Corte y dijo que, más bien, “quienes deben ser juzgados son
los dirigentes de la Autoridad Palestina que se han aliado con los
criminales de guerra de Hamás”.
Es posible que eso suceda. Jarrah dice que la membresía de Palestina
en la CPI significa que los “individuos implicados en crímenes de
guerra cometidos en o desde el territorio palestino pueden tener que
rendir cuentas. Como la fiscal de la Corte determina si es necesario
dar el paso hacia una investigación formal, esperamos que ella
escrute de manera imparcial los posibles crímenes sin importar quién
sea el presunto responsable”.
Los palestinos que tengan responsabilidad por los ataques
indiscriminados por parte de milicianos de Hamas contra la población
civil israelí también pueden ser investigados. De hecho,
organizaciones como Amnistía Internacional han señalado que grupos
armados palestinos habrían cometido crímenes de guerra por el
lanzamiento indiscriminado de cohetes contra la población civil israelí
y porque habrían almacenado municiones en edificios civiles, como
escuelas gestionadas por la ONU, y lanzado ataques desde zonas
cercanas a refugios de civiles desplazados por el conflicto. Antes del
ingreso formal de palestina a la CPI, la ONG israelí Shurat Hadin
presentó denuncias ante la Corte contra tres líderes palestinos a los
que acusa de terrorismo.

3. Pero los posibles crímenes cometidos desde el lado palestino no
excluyen a Israel de sus responsabilidades. La pregunta que muchos
se hacen es si Israel puede ser juzgado por la CPI, aún cuando no
haya ratificado el Estatuto de Roma. Nicolás Carrillo Santarelli,
experto en derecho internacional de la Universidad Autónoma de
Madrid, responde que sí es posible. “La CPI puede examinar la
situación en cuestión y de hecho la fiscal ya ha adelantado un
examen preliminar al respecto. Al estudiar una situación, se entiende
que pueden investigarse y juzgarse crímenes atribuibles tanto a
israelíes como a palestinos en el conflicto. La falta de consentimiento
de Israel es irrelevante, según el artículo 12 del Estatuto de Roma”.
En resumen, con el ingreso de Palestina a la CPI, los crímenes
cometidos por sus nacionales o en su territorio —aún por parte de
nacionales de estados no firmantes del estatuto, como Israel—,
pueden ser investigados. La fiscal Fatou Bensuda decidió desde el 16
de enero que iniciaría un examen preliminar del caso y tiene en sus
manos un informe enviado por la ANP sobre supuestos crímenes
cometidos en territorios palestinos desde el 13 de junio de 2014.
Bensuda ya ha anticipado que ninguna de las partes será inmune a su
escrutinio.
Gaza, asentamientos y ocupación
La primera demanda que interpondrá Palestina tiene que ver con lo
ocurrido el año pasado bajo la operación militar israelí Margen
Protector en la Franja de Gaza, realizada entre el 9 de julio y el 26 de
agosto. Alexánder Montero, director del Centro Colombiano de
Estudios Árabes y asesor político de la Misión Diplomática de
Palestina en Colombia, dice que esta acción judicial “se fundamenta
en los 2.200 civiles muertos, entre estos 600 niños; los ataques
perpetrados por Israel contra refugios de la ONU, bienes civiles,
religiosos y hospitalarios”. Y recuerda que “el mundo fue testigo de
los niños que jugaban en la playa y fueron bombardeados por la
marina israelí, de los palestinos que huían de sus casas
bombardeadas y fueron rematados por la aviación israelí en el cruce
de Rafah, del barrio palestino que desapareció en menos de tres
minutos”.
La demanda no se limita a esa operación militar en Gaza, sino que
buscará, según Montero, enfatizar en que “Israel convirtió a Gaza en
el campo de concentración más grande del mundo, en el cual sufren
colectivamente hombres, ancianos, mujeres y niños tanto
musulmanes como cristianos. El soporte de la demanda son las
Convenciones de Ginebra y el mismo Estatuto de Roma. No busca
que Israel haga concesiones, solo que deje de pasar por encima del
derecho internacional y detenga su plan de genocidio del pueblo
palestino”.

4. Este no será el único reclamo de los palestinos ante el tribunal.
Montero dice que otro tendrá que ver directamente con la ocupación
israelí en Palestina. “Se puede interpretar erróneamente que se trata
de un conflicto interno. Esto es falso. El conflicto es internacional,
donde una instancia internacional ocupa militarmente el territorio de
otra. En ese sentido, es ilegal que Israel lleve población propia y la
siembre en Palestina con el fin de romper su continuidad territorial.
Por otro lado, los colonos son fundamentalistas religiosos que
cometen actos de terrorismo contra los palestinos con la protección
del ejército israelí, garantizándoles impunidad. Los colonos, al igual
que las detenciones masivas de palestinos, el robo de tierras y
recursos naturales, se constituyen con claridad como crímenes de
guerra”.
Ninguno de estos reclamos encarna una gran novedad. De hecho, la
ONU considera que Palestina —tanto Gaza como Cisjordania— está
bajo ocupación y mediante múltiples resoluciones ha condenado las
acciones del poder ocupante en esos territorios. La Corte
Internacional de Justicia (CIJ), principal órgano judicial de Naciones
Unidas, emitió una opinión consultiva en 2004, según la cual la
construcción del muro y su régimen de asentamientos,
infraestructura y caminos exclusivos para israelíes constituyen una
grave violación a la ley internacional y a las obligaciones de Israel
como poder ocupante.
Más recientemente, la ONU rechazó la operación militar del verano
pasado en Gaza. La Alta Comisionada para los DD.HH., Navy Pillay,
dio a entender que Israel estaba cometiendo crímenes de guerra al
violar los principios de distinción y proporcionalidad que regulan un
conflicto armado. Varias organizaciones de derechos humanos,
incluso israelíes, han documentado y recolectado suficiente evidencia
de las graves afectaciones a la población e infraestructura civil
durante las hostilidades en Gaza.
Efectos en el conflicto
¿Es posible que se llegue a una solución del conflicto israelí-palestino
a través de la justicia internacional y las organizaciones
internacionales, en vez de la negociación bilateral? Hasta ahora la
estrategia internacional de Palestina se ha traducido en un
empeoramiento de la situación en el terreno: una operación militar
israelí a gran escala en Gaza y la expansión de los asentamientos
ilegales israelíes en territorios palestinos. Hechos que le han
generado a Israel el rechazo por parte de la Unión Europea y EE.UU.

5. A pesar de esto, a último minuto del cierre de su campaña electoral,
Netanyahu prometió construir más asentamientos, impedir la división
de Jerusalén y hacer inviable un estado palestino. Y así fue reelegido,
pero no tardó en dar muestras de su oportunismo electoral al
desbloquear la transferencia de impuestos a la ANP por “razones
humanitarias” y mostrarse más flexible en cuanto a una solución de
dos estados.
En todo caso, la historia parece decir que la membresía en la CPI no
cambiará mucho las cosas y, en cambio, augura una degradación de
las relaciones palestino-israelíes. Analistas como Mark Kersten llaman
la atención sobre los costos que implicaría para los palestinos
intercambiar la justicia internacional por una paz negociada. No sería
extraño, por ejemplo, que en otro cambio de parecer Bibi Netanyahu
decida volver a congelar los fondos para la ANP, o tomar medidas
más duras como represalia ante una demanda.
No obstante, la autoridad del tribunal internacional podría alcanzar
para, si no juzgar y garantizar que se cumpla su fallo, por lo menos
aumentar la creciente presión política sobre Israel. Habría que ver el
escándalo que Netanyahu o cualquier gobernante de turno enfrente
cuando la CPI quiera visitar Gaza y las autoridades israelíes intenten
impedirlo, como lo han hecho con múltiples organizaciones. O cuando
haga caso omiso de una eventual sentencia. El manto de la
impunidad puede empezar a hacerse cada vez más visible.
Santarelli opina que la estrategia internacional de Palestina puede
forzar a una solución bilateral -y este puede ser también el objetivo
central de dicha estrategia-. “En cuanto a las organizaciones
internacionales, a pesar de que tradicionalmente EE.UU. ha usado el
veto, las tensas relaciones actuales y el descontento con el
oportunismo y las declaraciones electorales de Netanyahu han llevado
a EE.UU. a plantear que una resolución del Consejo de Seguridad
obligue a negociar para resolver el conflicto. Además, al parecer
Francia tiene interés en realizar su propia propuesta si EE.UU. no lo
hace a tiempo. Todos están cansados con la falta de voluntad del
gobierno israelí actual y sus hechos de prolongación de la ocupación y
más que probable deseo de alterar el territorio en cuestión”.