El documento propone una amplia reforma del Estado mexicano para establecer una democracia más participativa y un gobierno más transparente y menos corrupto. Plantea reformas a la constitución para limitar el poder presidencialista, fortalecer al congreso, hacer al poder judicial más independiente y crear mecanismos de participación ciudadana como iniciativas populares y plebiscitos. También propone combatir la corrupción mediante la austeridad en el gasto público, transparencia en las licitaciones y adjudicaciones de obras, y sanciones

1. PLATAFORMA ELECTORAL

2. Índice
I. REFORMA DEL ESTADO, GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA Y
NUEVA CONSTITUCIONALIDAD
Austeridad y Combate a la Corrupción
Régimen Político
Reforma Electoral
Reforma al Poder Legislativo
Reforma de los Medios de Comunicación
Participación Ciudadana
Nuevo Federalismo y Municipio Libre
Nueva Constitucionalidad
II. JUSTICIA Y SEGURIDAD
III. EQUIDAD Y DERECHOS HUMANOS
Derechos Humanos
Derechos y Cultura de los Pueblos Indios
Derechos de la Niñez
Derechos de las Personas con Discapacidad
Derechos de las y los Jóvenes
Diversidad Sexual
Equidad con Perspectiva de Género
IV. UNA NUEVA POLÍTICA SOCIAL
Una Política de Salud Universal para Todas y Todos
Derecho a la Soberanía y Seguridad
Alimentaria
Seguridad Social Universal
Política de Vivienda
Lucha Frontal Contra la Pobreza
Pensión Alimentaria Universal para Adultos Mayores
Programa de Apoyo Económico a Personas con Discapacidad
Política de Protección Civil con Todos y para Todos
Evaluación Independiente del Desarrollo Social
V. EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA, SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO Y
CULTURA
Educación
Ciencia y Tecnología
Cultura
VI. POLÍTICA ECONÓMICA PARA UN DESARROLLO SUSTENTABLE Y
EQUITATIVO

3. Desarrollo Agropecuario, Pesquero, Forestal y Alimentario
Política Energética
Política Hacendaria
Financiamiento del Desarrollo
Empleo y Política Laboral
Corrupción y Desarrollo
VII. MEDIO AMBIENTE SANO
VIII. GLOBALIDAD, BLOQUES REGIONALES Y NUEVO
PROYECTO DE NACIÓN
Una Globalidad Alternativa
Mesoamérica y la Comunidad Latinoamericana de Naciones
Relaciones Equilibradas con Norteamérica
Diversificación de las Relaciones Internacionales
Política Exterior de Estado
Responsabilidad con los Mexicanos en el Exterior
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4. I.- REFORMA DEL ESTADO, GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA Y NUEVA
CONSTITUCIONALIDAD
Nos proponemos transformar a México. Estamos convencidos que no basta
con mejorar las condiciones de vida y de trabajo de nuestro pueblo; es
indispensable crear una nueva corriente de pensamiento para fortalecer valores
culturales y éticos. La crisis actual no sólo se gestó por la falta de empleos y de
oportunidades sino también porque se ha convertido a la codicia en virtud, se
ha elevado a rango supremo el dinero y se ha inducido la creencia de que se
puede triunfar a toda costa sin escrúpulos de ninguna índole. Por eso, a partir
de la reserva cultural que todavía existe en las familias y en las comunidades
del México profundo, y apoyados en la inmensa bondad que hay en nuestro
pueblo, vamos a emprender la tarea de exaltar y promover valores en lo
individual y lo colectivo.
Las estructuras políticas del viejo régimen se mantienen a pesar de que son
inoperantes para enfrentar los grandes problemas nacionales. Su
obsolescencia sólo reproduce y amplía los altos índices de criminalidad e
inseguridad pública, corrupción, impunidad, desigualdad, exclusión social,
pobreza, violencia y el deterioro del tejido social.
Por ello, es preciso construir instituciones que efectivamente respondan a la
nueva realidad de la sociedad mexicana; se requiere de la construcción de un
Estado auténticamente democrático, que equilibre la disparidad que hoy
presentan algunas instituciones con respecto al ordenamiento constitucional,
que asegure el sufragio efectivo, la división de poderes, el federalismo, el
municipio libre, las garantías individuales y sociales, los derechos humanos, el
poder ciudadano y los derechos de la nación sobre sus recursos naturales.
Nuestro marco jurídico no está respondiendo a las necesidades de la
sociedad de nuestro tiempo. El Estado de Derecho prácticamente es letra
muerta, la ausencia de marcos legales, su no aplicación cuando existen o su
aplicación discrecional, así como la incapacidad del Estado para procurar y
aplicar la ley, provocan que la ciudadanía viva en un clima angustiante de
inseguridad pública: la delincuencia y la violencia infestan el territorio nacional,
en muchas regiones del país el crimen organizado de hecho tiene el control,
mientras la impunidad sigue constituyendo un doloroso agravio a la sociedad.
La estrategia de ―guerra contra el crimen organizado y el narcotráfico‖ que ha
seguido el gobierno federal desde el inicio de la actual administración ha sido un
fracaso absoluto, y ha contribuido a incrementar desmedidamente el número de
muertos relacionados con el crimen organizado y el narcotráfico, pero también ha
propiciado la violación a los derechos humanos por parte de las autoridades y las
fuerzas encargadas del orden, así como la proliferación de personas desaparecidas
y de civiles inocentes asesinados en este contexto de guerra fratricida.
Esta estrategia fallida se ha sostenido a pesar del alto costo en vidas humanas e
4

5. ignorando los reclamos de la sociedad de que sea modificada radicalmente,
además de que ha propiciado la creciente injerencia de intereses extranjeros y de
pérdida de soberanía nacional, reafirmando la hipótesis de que en México tenemos
un Estado fallido.
La corrupción sigue siendo un pesado lastre para el país en prácticamente
todos los niveles de gobierno. En las diversas áreas de las instituciones
públicas federales, estatales y municipales son constantes las denuncias de
cohecho y soborno; entre ellas se destacan las licitaciones de obras
públicas, las adquisiciones, el desempeño de los agentes del Ministerio
Público, las policías, las aduanas, los "gastos" electorales (compra del voto y
clientelismo electoral en todas sus manifestaciones), la impartición de justicia
en sus distintas variantes y muchos más. A lo anterior debe agregarse la utilización
discrecional de la justicia con fines políticos y electorales.
La falta de transparencia y la ausencia de un modelo de administración pública
que castigue el conflicto de intereses y el tráfico de influencias, que erradique
el clientelismo y el corporativismo, que efectivamente implante la medición del
desempeño y exija la rendición de cuentas, contribuye a perpetuar el problema
de la corrupción. Esto genera una sangría permanente de recursos y contribuye
a las dificultades que enfrenta el crecimiento económico, cuestiona al Estado
de Derecho y es un factor determinante en el incremento de la criminalidad e
inseguridad pública.
El régimen político enfrenta un desfase entre una estructura caduca y
rebasada y una ciudadanía que en forma creciente quiere ejercer sus
derechos, que se organiza y desea participar de múltiples maneras. Si antes
la decisión de una persona echaba a andar todo el engranaje, ahora que los
contrapesos formales pasaron a ser reales, que los medios de comunicación
han ganado independencia y poder, que los gobernadores ejercen plenamente
sus facultades, que la sociedad civil y sus organizaciones se han multiplicado
y los intereses son plurales, es preciso construir los espacios y las dinámicas
institucionales para procesar las diferencias y convertirlas en acuerdos en un
marco de pluripartidismo y poder compartido.
La alternancia en el Poder Ejecutivo no se tradujo en el desmantelamiento de
la estructura clientelar y corporativa del régimen anterior. El cambio de las
instituciones y de su andamiaje, mediante la construcción de un nuevo
equilibrio entre poderes, es indispensable para dotar de mejores bases a la
emergente democracia mexicana. Ese complejo juego de balanzas tiene que
partir de la convicción de que el Estado de Derecho es, en cualquier
circunstancia, irrenunciable y que debe regular no sólo las relaciones entre
poderes sino también a los que rebasan el ámbito del Estado. De lo que se
trata es de impedir la concentración desmedida del poder, generar mayores
márgenes de participación ciudadana y establecer una relación más
horizontal y democrática entre los poderes, favoreciendo el procesamiento
de acuerdos, mediante la corresponsabilidad institucional y haciendo prevalecer
la "visión de Estado".
Eso significa, entre otras cosas, terminar con el régimen presidencialista que
hemos padecido, acotando las facultades que hoy tiene el Presidente de la
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6. República; darle nuevas atribuciones al Congreso en la conformación y
supervisión del gobierno; contar con un Poder Judicial cercano a la sociedad,
austero, confiable, en el que predomine el sentido de justicia y no permee la
corrupción; realizar reformas electorales para garantizar la equidad y erradicar
el dispendio; legislar sobre los medios masivos de comunicación para que se
desenvuelvan en un sistema que efectivamente los regule, que garantice el
fortalecimiento del régimen democrático y la libertad de expresión y que acote
el gran poder que tienen; propiciar mayor participación ciudadana; crear
mecanismos para que se ejerza de manera directa la soberanía popular en la
toma de decisiones importantes sobre temas sobresalientes de interés público;
como la iniciativa popular, el plebiscito y el referéndum; garantizar la
transparencia como forma cotidiana de control social sobre la cosa pública; y
generar un vigoroso federalismo sustentado en el fortalecimiento del municipio
libre y en el auténtico equilibrio de poderes.
Profundizar la democracia es acercar a los ciudadanos a las decisiones que
les incumben directamente, por lo que resulta indispensable legislar sobre
nuevas formas de participación ciudadana y colectivización de las
decisiones. La democracia participativa es un complemento necesario y
valioso de la democracia representativa. En ese sentido, ya no cabe la
opacidad en el ejercicio del poder público y los gobernantes, los legisladores y
los jueces deben desenvolverse en una caja de cristal.
El renovado federalismo no debe traducirse en el poder ilimitado de los
gobernadores sino que, por el contrario, la distribución del poder debe ser
análoga con lo que sucede a nivel federal y, muy importante, se deben
fortalecer las atribuciones de los municipios, rescatando así el auténtico
espíritu del Constituyente de 1917, entendiendo además que la
democratización implica descentralizar el poder.
Para consolidar nuestra democracia es indispensable que el nuevo régimen
político se construya con base en el claro compromiso social con los sectores
más desfavorecidos. No hay democracia posible en la desigualdad y la
injusticia. Por ello, se debe garantizar la exigibilidad de los derechos civiles,
políticos, sociales, económicos y culturales. En eso radica también la
construcción de ciudadanía, en donde los actores sociales se convierten en
protagonistas del quehacer público y los miembros de la sociedad conocen y
hacen valer a plenitud sus derechos y luchan por ensancharlos.
Aspiramos a construir un verdadero Estado social de derecho. Consideramos
que todo proceso de cambio para consolidarse requiere de la definición de
nuevas relaciones y equilibrios entre los individuos, la sociedad y el Estado.
Para ello, es necesario construir una nueva constitucionalidad en la que se
fortalezcan las líneas históricas que nos dan cohesión y continuidad como
nación soberana y se establezcan nuevas bases para una legislación ordenada
y moderna que satisfaga las necesidades de la realidad económica, social,
política y cultural de nuestro tiempo.
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7. PROPUESTAS
Austeridad y Combate a la Corrupción
1. Establecer el principio de austeridad republicana como criterio rector del
servicio público, reduciendo el costo del gobierno mediante la disminución de
los sueldos de los altos funcionarios y la eliminación del gasto improductivo.
2. Le costará menos al pueblo mantener al gobierno. Se acabarán los privilegios
de la alta burocracia, se reducirán los sueldos a la mitad de directores generales
hacia arriba. Se cancelarán bonos, viáticos, pensiones de ex presidentes,
servicios médicos privados, cajas de ahorro especiales, el uso de aviones,
helicópteros y otras canonjías.
3. Dar plena transparencia al manejo y aplicación de los recursos públicos.
Erradicar el carácter "electorero" y clientelar de las políticas sociales y de
combate a la pobreza.
4. Revisar la legislación penal para que efectivamente se castiguen el tráfico
de influencias y el conflicto de intereses en todas las esferas del poder público,
a fin de erradicar la complicidad e impunidad entre política y negocios.
5. Establecer la participación de la sociedad en la vigilancia de los actos de
gobierno mediante el establecimiento de contralorías ciudadanas.
6. Revisar la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para
redefinir los criterios relativos a la información reservada y la confidencial. Es
necesario homogeneizar los principios que rigen el derecho a la trasparencia
en las entidades del país con el orden federal. Asimismo, es necesario
incorporar el carácter vinculante de las resoluciones de los organismos federales y
estatales en las respectivas leyes en la materia.
7. Garantizar la licitación abierta de la obra y adquisiciones públicas.
8. Actualizar los tipos punibles y las sanciones que consignan la ley y el Código
Penal en materia de ilícitos cometidos en el ejercicio de la función pública.
Régimen Político
9. Derrotar a la oligarquía en el terreno político y por la vía pacífica para
establecer en México una verdadera democracia, un gobierno del pueblo y para
el pueblo.
10. Se llevarán a cabo las reformas legales necesarias para que el Presidente
de la República se someta al principio de la revocación del mandato. Al
cumplirse tres años, se hará una consulta para que la gente decida si continúa
o no en su cargo. El pueblo es soberano: así como otorga un mandato, puede
retirarlo. El pueblo pone y el pueblo quita.
11. Abrir un espacio de confluencia entre fuerzas económicas, políticas y
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8. sociales para definir y construir las bases institucionales del nuevo régimen
político, y proceder a las reformas necesarias para establecerlo. Sea que se
opte por el gobierno de gabinete, el semipresidencialismo o el
parlamentarismo; en cualquier caso, el objetivo es establecer mecanismos que
propicien la conformación de coaliciones de gobierno y mayorías legislativas
estables que contribuyan a la gobernabilidad democrática.
12. Respetaremos la libertad de expresión y de credo religioso. El gobierno se
conducirá bajo criterios de diálogo, cumplimiento de los compromisos,
tolerancia, pluralidad, diversidad y transparencia.
13. Establecer un Estado Social y Democrático de Derecho que garantice la
ampliación y el ejercicio pleno de los derechos humanos, los compromisos
económicos y sociales del Estado que beneficien a las capas menos
favorecidas para que dejen de serlo, así como un sistema electoral que
favorezca la equidad y la participación ciudadana.
14. Promover una Ley de Partidos Políticos que los consolide como órganos
de interés público, responsables frente a la sociedad y que establezca sus
límites y obligaciones en el ejercicio de la representación popular. Ello
permitirá, además, acotar la injerencia de los Consejos y Tribunales
Electorales en la vida interna de los partidos políticos.
15. Incorporar en la Reforma del Estado los conceptos de equidad y de
justicia social, ofreciendo igualdad de oportunidades para mujeres y hombres,
promoviendo políticas públicas integrales con perspectiva de género que
obliguen al Estado al cumplimiento de los acuerdos internacionales en la
materia suscritos por nuestro país.
16. Concluir la reforma política del Distrito Federal, garantizando a la entidad y
a sus ciudadanos los mismos derechos que los del resto del país sin demérito
de su calidad como capital de la República y sede de los poderes federales.
17. Reconocer la autonomía de los pueblos indios en concordancia con los
órdenes federal, estatal y municipal.
Reforma Electoral
18. Garantizar la estricta aplicación de la ley en materia de delitos electorales
relativos a las precampañas, campañas y gasto de precandidatos y candidatos.
19. Distribución equitativa de las prerrogativas que reciben los partidos
políticos.
20. Reducir el tope de financiamiento legal con recursos de origen privado y
reglamentarlos para que éstos sólo puedan aportarse por los miembros,
afiliados o simpatizantes de un partido político.
21. Eliminar el secreto bancario en relación con el manejo financiero de los
partidos políticos.
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9. 22. Sancionar durante el proceso electoral a los partidos, precandidatos y
candidato que violen los topes de gastos de precampaña y campaña.
23. Garantizar la aplicación estricta de la ley en cuanto a la prohibición de
publicitar las acciones y programas gubernamentales de los tres órdenes de
gobierno en tiempos electorales.
22. Reformular la asignación de diputados de representación proporcional,
para eliminar la sobre-representación y la sub-representación.
23. Permitir el registro de candidaturas comunes; reducir requisitos para la
formulación de alianzas y coaliciones; y, normar el registro de candidaturas
independientes.
24. Promover las reformas necesarias para armonizar los calendarios
electorales del país, con el objeto de facilitar la participación electoral y reducir
sustancialmente el dispendio de recursos públicos en elecciones.
25. Federalizar los procedimientos y las autoridades electorales locales, bajo
responsabilidad de un solo órgano que genere credibilidad, confianza en los
procesos electorales a todos niveles y reduzca los gastos excesivos que se
derivan de la duplicidad existente.
26. Impedir que los consejeros electorales ciudadanos federales y estatales,
durante los dos años inmediatamente posteriores al término de su encargo,
ocupen puestos de elección popular y cargos públicos.
27. Restablecer el derecho a voto de los partidos políticos en el Consejo General
del Instituto Federal Electoral.
28. Promover la consolidación y el fortalecimiento de la autonomía de los
órganos electorales respecto del Poder Ejecutivo, en todos sus ámbitos:
federal, estatal y municipal.
29. Establecer la afiliación partidista individual a fin de terminar con las
prácticas de afiliación partidista gremial de trabajadores y campesinos
31. Revisar el sistema de asignación de los tiempos de radio y televisión para
buscar una fórmula de asigne con mayor equidad, éstos entre los partidos.
Reforma al Poder Legislativo
32. Reformar la Ley Orgánica del Congreso de la Unión para que permita y
favorezca las coaliciones legislativas; aumente las facultades de las
comisiones en materia de investigación, control y dictamen; establezca
mecanismos para que las iniciativas no se congelen en las comisiones;
estreche la vinculación de éstas con las distintas ramas del gobierno,
dándoles facultades de planeación y evaluación del desempeño
gubernamental, vinculatorias en la asignación del presupuesto; promueva la
profesionalización de un servicio civil de carrera de los asesores
parlamentarios para garantizar un Poder Legislativo eficiente y capaz de dar
continuidad a los trabajos de la anterior legislatura.
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10. 33. Fortalecer a la Cámara de Senadores en la definición y en la evaluación de
la política exterior, particularmente en lo que concierne al pleno respeto de la
soberanía nacional.
34. Darle al Congreso de la Unión facultades para promulgar leyes en caso de
que, una vez agotado el proceso legislativo, el Ejecutivo no lo haga.
35. Promover una nueva Ley de Presupuesto que garantice la participación de
la Cámara de Diputados en la elaboración, vigilancia y modificación del
presupuesto. Es indispensable el establecimiento de reglas claras en el
ejercicio del gasto público, y la creación de un Tribunal de Cuentas autónomo
con facultades suficientes para hacer eficiente y riguroso el sistema de revisión
de cuentas, y establecer las sanciones correspondientes en caso de incumplimiento.
37. Fortalecer la representación de mujeres y hombres, sancionando la
simulación de las cuotas de género-
Reforma de los Medios de Comunicación
38. Se democratizarán los medios de comunicación. Habrá competencia y se hará
efectivo el derecho a la información. Es inaceptable que la televisión y la radio se
concentren en unas cuantas manos y que, en vez de informar con amplitud, veracidad y
profesionalismo, se utilicen como instrumentos para manipular y controlar al pueblo,
proteger privilegios y hacer negocios al amparo del poder público. Queremos que no sólo
haya dos televisoras que acaparen toda la audiencia sino 10, 20, las que sean
técnicamente posibles. No debe haber, bajo ninguna consideración, monopolios.
Asimismo, se promoverán las radiodifusoras y televisoras locales y regionales que
permitan el acceso y el manejo de estos medios a pueblos indígenas, comunidades
campesinas, jóvenes, escuelas, universidades y centros de formación educativa y cultural.
Vamos a garantizar el acceso universal al Internet como parte del derecho constitucional a
la información.
39. No será letra muerta el artículo 28 constitucional que prohíbe la existencia de
monopolios. Por prácticas monopólicas los mexicanos pagamos más por bienes y
servicios que en otros países del mundo. Abrir la competencia en la telefonía, Internet, la
televisión, el cemento, los bancos, la tortilla, el pan, los refrescos y otros artículos, permitiría
ahorros a los consumidores hasta por 15% de sus ingresos.
40. Reformar la Constitución y la Ley Federal de Radio y Televisión para
democratizar el ámbito de los medios y establecer un marco jurídico que
defina las funciones y los objetivos, impida las presiones gubernamentales,
democratice, transparente y termine con la discrecionalidad en el
otorgamiento de concesiones, y limite los excesos que con el enorme poder de
la comunicación masiva en ocasiones se cometen, garantizando, entre otras
cosas, el derecho de réplica. Y que se garantice la creación y desarrollo de los
medios de comunicación masivos comunitarios.
41. Terminar con la indefensión jurídica y presupuestal que existe para las
estaciones dependientes del gobierno federal, de las universidades o de los
gobiernos estatales; y garantizar el acceso y funcionamiento plural y democrático
de estos medios.
42. Crear un consejo autónomo y ciudadano que dictamine sobre las
concesiones y expida recomendaciones a los medios de comunicación para
que se cumplan las funciones de servicio público, defiendan la independencia
editorial y coadyuven al respeto de los derechos de la audiencia.
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11. 43. Fomentar la calidad televisiva garantizando diversidad, pluralidad y
apertura, así como establecer medidas que garanticen plenamente el derecho
a la información.
44. Crear un fondo para el desarrollo de los medios públicos en apoyo a
proyectos de radio, cine y televisión nacional, que fomente la creación de
televisión y radios públicas e indígenas.
45. Garantizar el respeto al pluralismo político, social, cultural y lingüístico y la
promoción de una cultura pública que rechace toda forma de discriminación
y fomente la tolerancia y la equidad social.
46. Establecer una nueva regulación de los tiempos oficiales en radio y TV.
47. Propiciar la participación de los medios de comunicación en cuanto a la
promoción de valores en materia de equidad con perspectiva de género,
ambientales, culturales y de protección civil, entre otros, con el objeto de que
sean éstos una herramienta benéfica a la sociedad y al ciudadano.
Participación Ciudadana
48. Construir una nueva relación gobierno-sociedad mediante la incorporación al
marco jurídico de figuras de democracia participativa como: consulta
ciudadana; rendición de cuentas; auditoría social; iniciativa popular; afirmativa
ficta; revocación de mandato; referéndum; plebiscito; la iniciativa de
inconstitucionalidad ciudadana, audiencia pública, cabildo a sesión abierta,
presupuestos públicos participativos; derecho a voz ciudadana; y acción popular.
49. Establecer políticas de comunicación que ayuden a superar la mentalidad
de subordinación y obediencia acrítica a la autoridad para dar paso a nuevas
identidades que correspondan a una sociedad democrática y participativa, a
un cambio social que promueva de manera prioritaria la construcción de
ciudadanía y comunidad. Se trata de estimular la consulta ciudadana de
carácter excepcional sobre actos de gobierno o leyes concretas que afectan el
interés general de la comunidad.
50. Garantizar la participación ciudadana y comunitaria en los procesos de
planeación, ejecución y evaluación de políticas públicas, a fin de generar una
cultura ciudadana de combate a la corrupción de los servidores públicos y una
permanente demanda de eficacia en el desempeño de gobierno mediante la
transparencia y la rendición de cuentas.
51. Incorporar al marco constitucional y legal el respeto de los derechos difusos y
colectivos, y establecer los mecanismos para su ejercicio efectivo.
Nuevo Federalismo y Municipio Libre
52. Impulsaremos un nuevo federalismo para definir con claridad las reglas de
convivencia y cooperación entre los gobiernos federal, estatales y del Distrito
Federal. La capital de la República contará con plenos derechos.
53. Establecer criterios claros en la entrega de los recursos públicos
asignados para terminar con la administración discrecional de los mismos, de
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12. tal manera que haya certeza de cuánto y cuándo se harán las transferencias
presupuestales, y se erradique la practica de los sub-ejercicios.
54. Reestructurar la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos para
emplear mejor los recursos financieros públicos y lograr que en las
participaciones federales haya un nuevo equilibrio basado en los criterios de
equidad y compensación a favor de los estados y municipios más pobres del
país.
55. Reformar el artículo 41 constitucional para incluir el reconocimiento al
municipio como depositario del ejercicio de la soberanía popular. En este sentido,
tal reforma debe incorporar las figuras y mecanismos de participación ciudadana y
comunitaria de la democracia participativa.
56. Reformar las leyes orgánicas municipales en las diversas entidades
federativas para cumplir con el espíritu del artículo 115 constitucional y que el
ayuntamiento sea efectivamente representativo, pueda ejercer a plenitud sus
atribuciones y su capacidad como orden de gobierno, autónomo y actor de su
propio desarrollo. En ese sentido, se debe modernizar la administración
pública en los municipios, garantizando el control democrático del gobierno y la
rendición de cuentas.
57. Reformar, en concordancia con el punto anterior, la Ley de Coordinación
Fiscal para aumentar los recursos económicos y las facultades de la
administración y finanzas del municipio, así como el fortalecimiento y la
diversificación de las fuentes de ingresos municipales.
58. Reformar el 115 constitucional para reconocer la diversidad y la
heterogeneidad municipal, reconociendo las asimetrías y particularidades
sociales, económicas, demográficas y culturales.
59. Establecer bases constitucionales que efectivamente promuevan la
asociación entre municipios y la gestión pública mancomunada, para que
puedan formar sus propias instancias de desarrollo regional y, en las zonas
metropolitanas, facilitar el establecimiento de instituciones para su mejor
gobierno y administración, así como para su desarrollo económico, social y cultural.
60. Reformar la integración, funcionamiento y facultades de los
ayuntamientos, establecidas en el artículo 115 constitucional, para dar cabida
también a la demanda de autonomía y gobierno propio de los pueblos y
comunidades indios.
61. Instrumentar en los nuevos esquemas de gasto público la planeación
regional y el uso racional y sustentable de nuestros recursos. En especial hay
que fortalecer a los municipios para que puedan construir la infraestructura
que les permita prestar los servicios públicos de agua potable, recolección de
desechos sólidos, alumbrado e infraestructura comunitaria, y junto con la
modernización del impuesto predial puedan aumentar sus ingresos por la
prestación de estos servicios.
Nueva Constitucionalidad
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13. 62. Realizar una consulta amplia y formal para que la sociedad determine si
quiere o no una revisión integral de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y cuál es la mejor vía para realizarla: sea esta la
aprobación de un proyecto por el procedimiento ordinario de reformas
constitucionales; o sea mediante la convocatoria a un Congreso
Constituyente. En todo caso, la aprobación de una nueva Constitución
requerirá del refrendo de la mayoría de las y los ciudadanos mexicanos.
63. Tanto el marco constitucional vigente como la nueva constitucionalidad aquí
propuesta, debe cumplir a cabalidad los tratados y convenios internacionales
suscritos y ratificados por el Estado Mexicano.
II. JUSTICIA Y SEGURIDAD PUBLICA
La seguridad ciudadana se constituirá en un marco central para el desarrollo
de los derechos humanos. Cualquier política de seguridad tendrá como
legitimidad fundamental la protección de los derechos de las personas La
seguridad ciudadana no se limita exclusivamente a la lucha contra la
delincuencia, sino que busca crear un ambiente propicio para la convivencia
pacífica. Este ambiente implica la satisfacción objetiva de condiciones de vida
adecuadas y la existencia de mecanismos instituidos que permitan el manejo
pacífico de los conflictos individuales y sociales. La seguridad ciudadana
sobrepasa la esfera de la función policial para demandar la participación
coordinada de otros organismos e instituciones, tanto del Estado como de la
sociedad civil. Esta política de seguridad pone mayor énfasis en el desarrollo
de las labores de prevención y control de los factores que generan violencia e
inseguridad, que en tareas meramente represivas o reactivas ante hechos
consumados.
La crisis de seguridad no es sino la expresión más dolorosa de la crisis política
y económica que se ha venido viviendo en nuestro país a partir del quiebre de
un sistema que se sostenía sobre la base de la hegemonía política del partido
único y ahora de la derecha que ha protegido criminales, funcionarios y
políticos corruptos y delincuentes de cuello blanco, y de la imposición de un
modelo de desarrollo económico depredador que ha llevado a millones de
mexicanos a la exclusión social.
La violencia, junto con el desempleo, es el más grave de los problemas nacionales.
Tenemos claro que sin garantizar la seguridad resulta ociosa cualquier nueva
propuesta de Nación. Aquí, con toda claridad, sostenemos que nosotros sí vamos a
resolver la crisis de inseguridad y de violencia. Lo haremos, no con criterios
policíacos, que sólo ha complicado más el problema, sino bajo el principio de que la
paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. La solución de fondo, la más eficaz, la
más humana y probablemente la menos cara, pasa por combatir el desempleo, la
pobreza, la desintegración familiar, la pérdida de valores y la ausencia de
alternativas. Está demostrado que no basta con medidas coercitivas, con la
militarización, con cárceles, con leyes más severas o con mano dura. La violencia
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14. no se resuelve con más violencia, sino mejorando las condiciones de vida y de
trabajo de la población y atendiendo a los jóvenes. Lo primero será crear una
atmósfera de progreso y justicia. Nadie verá cancelado su futuro y siempre se
mantendrán opciones para salir adelante y vivir con dignidad. Por ejemplo, hay
decenas de miles de jóvenes que, obligados por las circunstancias, están a punto de
tomar el camino de las conductas antisociales. A ellos, antes de que caigan en las
redes de la delincuencia organizada, se les debe rescatar y el gobierno debe
ofrecerles oportunidades de estudio y de trabajo bien remunerado. Esta nueva
estrategia será complementada con las siguientes medidas: no se perseguirá a una
banda para proteger a otra, se aplicará la ley por parejo; no se permitirá la venta de
plazas en estados y municipios. Los encargados de la seguridad pública serán
hombres y mujeres rectos, de inobjetable honestidad. Todas las dependencias
trabajarán coordinadamente. Se va a desterrar la corrupción de los cuerpos
policíacos; habrá capacitación permanente para profesionalizar a la policía y se
aumentarán sueldos y prestaciones a los agentes de todas las corporaciones; se
protegerán los derechos humanos; habrá una sola oficina de inteligencia; se le
seguirá la pista al blanqueo de dinero y se solicitará con firmeza, al gobierno
estadounidense que prohíba las ventas de armas destinadas a nuestro país.
Debe crearse una nueva legalidad con apego absoluto a la Constitución. Los
ordenamientos y derechos consagrados en la Constitución, se acatan pero no se
cumplen. La Constitución se respeta en la forma, pero se viola sistemáticamente en
el fondo. Por eso es necesario que el Poder Judicial garantice el cumplimento de las
leyes y la impartición de la justicia, porque en la actualidad sólo sirve para legalizar
abusos y despojos que cometen los poderosos. Nunca habrá democracia si no hay
justicia para todos.
Debido a lo anterior, es urgente desplegar una política de prevención integral
de las conductas delictivas, de amplio espectro, apoyada en acciones para
ofrecer alternativas de educación, salud y empleo; A mejorar las condiciones
de iluminación y vigilancia de los entornos urbanos, de las vialidades, las
unidades habitacionales, así como a desarrollar actividades culturales,
deportivas y de tiempo libre, que favorezcan el restablecimiento de los
mecanismos de integración social.
El Estado debe proveer sin discriminación, seguridad mediante el impulso al
desarrollo social, a la formación de valores cívicos y de ciudadanía, al
pluralismo político, a la libertad económica, a la superación de la pobreza, a la
protección de los recursos naturales y productivos del país, así como de su
patrimonio cultural.
Como respuesta a la exigencia ciudadana, se proponen una serie de acciones
para una alcanzar seguridad ciudadana eficaz:
64. Adoptar una estrategia de seguridad ciudadana basada en la primacía de
los derechos humanos y las garantías constitucionales, priorizando la
prevención sobre el control. Las políticas de seguridad y justicia deben ser
contextualizadas en las coordenadas de la seguridad humana, alineándolas al
fin último de contribuir a garantizar las condiciones para el pleno desarrollo
humano, basado a su vez en el pleno ejercicio de los derechos y las libertades,
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15. y el responsable cumplimiento de las obligaciones. Superar el falso dilema
entre seguridad eficiente ó respeto a los derechos humanos. En un Estado
democrático y social de derecho es perfectamente posible instrumentar
políticas de seguridad que respeten los derechos humanos.
65. El desarrollo de una política contra el crimen debe enfocarse a la
prevención del delito, al abatimiento de la impunidad, a reducir el número de
muertes y de lesionados, a la preservación de la libertad y la integridad de las
personas y a la defensa de sus derechos patrimoniales. Éstos deben ser el
objetivo de una estrategia nacional.
66. Vincular la política social y el empleo en zonas críticas para canalizar
recursos a educación, salud, desarrollo comunitario, empleo, prevención y
erradicación de la violencia de género y trabajo social con jóvenes en situación
de riesgo, acorde a una política integral y progresista de la prevención que
tenga como ejes la seguridad humana, la convivencia y la cohesión social.
67. Impulsar iniciativas legislativo y políticas públicas basadas en la
instrumentación de los principios y directrices establecidos en los tratados y
convenciones en la materia particularmente la Convención Internacional de
Palermo contra la Delincuencia Organizada Transnacional (2000), a saber,
atacar: a) la estructura cupular de las bandas delincuenciales y b) la estructura
del sicariato; así como desmantelar: c) la estructura financiera que les permite
lavar dinero en la economía formal y d) la estructura política que les protege.
68. Llevar a su máxima intensidad la persecución del delito de lavado de
dinero en sinergia con los cuerpos de inteligencia civil. La lucha contra el
lavado de dinero debe ser considerada la tarea fundamental y fortalecerse con
infraestructura y capacidad humana.
69. Rechazar toda política de seguridad discriminatoria que criminalice la
pobreza y las situaciones específicas de las personas, como la juventud, los
estilos de vida alternativos y la identidad sexogenérica.
70. Llevar a cabo una evaluación sobre cuál debe ser la política antidrogas
con expertos e instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales,
y con los representantes políticos y legislativos de gobiernos de AL sobre las
alternativas para combatir al narcotráfico, incluyendo la valorización de la
despenalización de la utilización del tetrahidrocanabinol.
71. Impulsar medidas legislativas y de políticas públicas para la prevención y
tratamiento de las adicciones en la población en general, en particular para
proteger a las niñas, los niños y las y los adolescentes.
72. Reformar el sistema de procuración y administración de justicia para
propiciar que esta sea pronta y expedita, disminuyendo los altos índices de
complicidad, tráfico de influencias, corrupción, impunidad y rezago.
73. Garantizar la plena autonomía del Ministerio Público sustrayendo sus
15

16. funciones de la esfera de competencia del poder ejecutivo, imposibilitando así
la acción penal por consigna.
74. Eliminar el monopolio de la acción penal a cargo del Ministerio Público,
haciendo valer directamente ante el juez competente los derechos de la
víctima, eliminando la discrecionalidad del Ministerio Público, la corrupción en el
procedimiento administrativo y la pérdida de tiempo.
75. Unificar las legislaciones locales para que delitos de la misma índole
merezcan la misma sanción, sobre todo en lo concerniente a los delitos
relacionados con el crimen organizado y el narcotráfico.
76. Construir una cultura ciudadana de rechazo social a la ilegalidad y el delito;
nuestro objetivo es la construcción de comunidades seguras en todo el país,
estableciendo prioridades presupuestarias en políticas sociales;
77. Ejercicio eficaz y responsable del presupuesto en materia de seguridad,
priorizando áreas relativas a la prevención social del delito y la participación
ciudadana, de capacitación y equipamiento de los cuerpos de seguridad
pública, y la formación de nuevas generaciones de policías;
78. Respetar y perfeccionar el marco legal de asistencia y coordinación policial
mutua entre Federación, las entidades federativas y los municipios, en el
respeto irrestricto a la soberanía de los Estados, estableciendo los
mecanismos para impulsar operativos conjuntos para combatir la delincuencia
y para compartir información de inteligencia.
79. Impulsar la reforma de las instituciones policiales, su depuración y
profesionalización. La Policía será entendida como un servicio público de
naturaleza civil, orientado a la comunidad antes que al Estado. Los miembros
de la Policía estarán preparados para hacer uso de la fuerza, de manera tal
que ésta no se constituya en un medio para afectar la dignidad de las
personas. También evitarán actos discriminatorios con motivo de la aplicación
de la ley, los cuales se producen cuando ésta se imparte de manera
diferenciada por razones de apariencia, condición social o cultural de las
personas, o cualquier otra diferencia.
80. Ejecutar un programa nacional de fortalecimiento institucional que haga
operativos los mecanismos de rendición de cuentas, que articule
adecuadamente los controles internos y externos, y que instituya las
estructuras innovadoras de auditoría ciudadana.
81. Someter a todas las autoridades judiciales a la transparencia y a la
rendición de cuentas. Para ello, es indispensable revisar la integración y
funcionamiento del Consejo de la Judicatura, dada su ineficiencia en materia
de corrupción, responsabilidades, evaluación y administración imparcial de
nombramientos y promociones.
82. Transformar a los órganos fiscalizadores, como la Auditoría Superior de la
16

17. Federación, en verdaderos órganos constitucionales autónomos, plenamente
responsables de sus actos, que no dependan de ninguno de los tres poderes
públicos, con la finalidad de fortalecer la lucha contra la corrupción, la
impunidad y mejorar la rendición de cuentas.
83. Establecer un registro nacional de víctimas del delito y garantizar la
reparación del daño, y de la incorrecta acción de la justicia a los procesados
indebidamente.
84. Cuidaremos el prestigio de las fuerzas armadas, garantes de la integridad
del territorio y la defensa de la soberanía. Gradualmente se retirará el Ejército
y la Marina del combate al narcotráfico y no se les utilizará para resolver
conflictos de orden social o para suplir la incapacidad del gobierno civil, mucho
menos para reprimir al pueblo.
85. Desmilitarizar a la policía. La policía es una institución civil y debe
refundarse poniendo como principal valor su esencia civilista y su capacidad
para la resolución de conflictos de la ciudadanía, por tanto, debe desvincularse
de la institución militar y acercarse a la sociedad civil.
86. Vigilar que los cuerpos de seguridad y procuración de justicia no recurran a
la tortura, las desapariciones forzadas y las ejecuciones, en especial por
motivos políticos, como ocurre actualmente en amplias zonas del territorio
nacional.
87. Reformar las leyes penales para adecuar la penalización y castigo de la
desaparición forzada de personas y hacer efectivo el mecanismo para la
penalización de dicho delito.
88. Reformar integralmente y garantizar la correcta aplicación, con pleno
respeto de los derechos humanos, de los ordenamientos legales que regulan
la actividad del gobierno en la seguridad pública, con el objetivo de garantizar la
coordinación y profesionalización de las policías preventivas, investigadores
judiciales y ministerios públicos; así como los respectivos ordenamientos que
garanticen la agilidad y transparencia en la aplicación de la justicia penal.
89. Impulsar reformas a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada
para evitar que sus disposiciones se apliquen en contra de luchadoras y
luchadores sociales.
90. En el tema de la guerra sucia y delitos del pasado seguiremos
combatiendo la impunidad y buscaremos el castigo a los responsables
conforme a la ley.
91. Terminar con la protección policíaca y financiera que sostiene al crimen
organizado, así como procesar a los funcionarios públicos involucrados en
actos de corrupción.
92. Crear el Instituto Ciudadano para la Prevención Social del Delito,
17

18. generando propuestas y evaluando el desempeño en la materia; Fomentar la
participación ciudadana en los observatorios y monitores civiles; y
93. Garantizar la seguridad de las y los defensores de derechos humanos.
94. Llevar a los hechos la readaptación y la reinserción sociales. Contemplar la
prisión preventiva sólo para los delitos graves y revisar a fondo las
disposiciones y prácticas en materia de medidas cautelares en el
procedimiento penal – entre ellas, pero no exclusivamente, el llamado ―arraigo‖
– a la luz de las garantías que otorga, en lo general, el sistema legal mexicano,
así como a lo dispuesto por el régimen internacional en materia de derechos
humanos. Dejar de ver a la prisión como la medida más adecuada para la
solución del conflicto social generado por los delitos violentos,
dimensionándola como un último recurso únicamente para los delitos violentos
y sólo con fines de protección social, readaptación y reinserción.
95. Promover una reforma constitucional para elegir democráticamente a los
ministros de la Corte, conjugando los mecanismos de la democracia
representativa y la democracia directa, para lograr que la Suprema Corte de
Justicia recupere su independencia, se ponga realmente al servicio del pueblo
y de la Nación y se cumpla el criterio de que nada debe ser al margen de la ley
y nadie debe estar por encima de la ley.
96. Hacer realidad los juicios simplificados, transparentes y orales, a fin de
dictar las sentencias en un plazo no mayor de seis meses.
97. Hacer efectiva la presunción de inocencia como una garantía exigible al
Estado.
III.- EQUIDAD Y DERECHOS HUMANOS
La violación reiterada de los derechos humanos y de las garantías individuales
es una práctica en todo el país. Por acción u omisión, los derechos humanos
son quebrantados cotidianamente. Los diagnósticos recientes de diversos
organismos internacionales en la materia señalan que en México la violación
de los derechos humanos se da en todos los niveles de gobierno. Como
resultado de la estrategia de ―guerra contra el crimen organizado y el
narcotráfico‖ mantenida a lo largo de la actual administración federal, la
violación de los derechos humanos y garantías individuales se ha recrudecido
en forma desmedida. A ello ha contribuido la preexistencia de un sistema de
justicia negligente, complaciente, corrupto, ineficiente, parcial, arbitrario y en
muchos casos cómplice de las transgresiones perpetradas en contra de estos
derechos y garantías.
Los derechos humanos no sólo deben ser reconocidos, sino exigidos,
garantizados, justiciables y ser objeto de evaluación formal y social, para no
quedar en un listado de buenas intenciones. Son uno de los pilares de la
democracia y es obligación de los partidos políticos, los gobiernos y los
18

19. legisladores dirigir sus principales esfuerzos y sus acciones a garantizar el
disfrute de todos los derechos humanos: individuales, sociales, políticos y
ciudadanos. El compromiso de la izquierda es su ampliación, exigibilidad,
cumplimiento, fortalecimiento y evaluación. El Programa Nacional de Derechos
Humanos debe ser retomado con seriedad.
En particular, la relación de la sociedad y el Estado mexicano con los pueblos
indios ha estado marcada por la discriminación, ya sea de manera clara y
abierta o con gran frecuencia soterrada, apenas oculta pero evidente y notoria.
Por ello, el reclamo de los pueblos indios y sus comunidades incluye siempre
algo que no está en las leyes que rigen en México, pero que los pueblos indios
ponen siempre en primer lugar: el derecho a la dignidad; esto es, el derecho a
recibir un trato digno como todas y todos los mexicanos y de acuerdo a sus
normas y creencias de vida.
México firmó el Convenio 169 de la OIT, por lo que los pueblos indios han
empezado a exigir sus derechos ya reconocidos. Estos derechos deben ser
ejercidos, respetados y garantizados plenamente en nuestro país.
Con relación a los derechos de las y los niños, la Convención sobre los
Derechos del Niño orienta firmemente su mandato hacia la personalidad
integral del niño. La promoción, el respeto y el cumplimiento pleno de los
Derechos de los Niños y las Niñas implican la creación de condiciones
familiares, sociales, económicas y culturales que aseguren su bienestar y
desarrollo integral.
También en el caso de la juventud es claro que una sociedad inteligente y
responsable mandata al Estado para diseñar e instrumentar una política dirigida
a fomentar la formación e inclusión social, económica, política y cultural, así
como el desarrollo integral de los jóvenes. Las políticas públicas de apertura y
promoción de oportunidades para los jóvenes son una responsabilidad del
Estado.
Este aspecto es especialmente importante para nuestro país porque nos
encontramos en la cúspide del beneficio potencial que debiera de brindar el bono
demográfico, lo cual lamentablemente no está ocurriendo. Pero también por la
situación de crisis económica y de emergencia nacional que ha generado la fallida
estrategia de ―guerra contra el crimen organizado y el narcotráfico‖ de la actual
administración federal, que ha propiciado la cancelación de oportunidades de estudio,
laborales y de desarrollo en general de millones de jóvenes, para quienes las únicas
alternativas se encuentran en la migración, el subempleo o la incorporación a grupos
del crimen organizado y el narcotráfico. Esta grave problemática puede encontrar una
salida adecuada a través de un nuevo pacto social sustentado por todos los actores
sociales, económicos, políticos y culturales de nuestro país.
Un tema igualmente relevante es el reconocimiento de la diferencia de género,
que debe ser un principio rector del cambio democrático y debe aparecer
plenamente delimitado en la legislación y en los contenidos sustanciales de las
políticas públicas. Por ello, las reformas que se plantean para el desarrollo de
19

20. nuestro país deben ser con el concurso de las mujeres y con pleno
reconocimiento de las diferencias que existen en razón del género, para que
propicien cambios positivos que beneficien a la sociedad en su conjunto.
En materia de Derechos Humanos es fundamental garantizar como tales los
derechos de las mujeres, debido a que siguen siendo objeto de tratos
discriminatorios y de injusticias como la obtención de menores salarios o acoso
sexual en el ámbito laboral. También en gran número son víctimas de la
violencia; el ejemplo más dramático del maltrato a las mujeres lo constituyen
los impunes asesinatos cometidos contra ellas a lo largo de toda la República,
como lo es el emblemático caso de las muertas de Ciudad Juárez. De la
misma manera, las mujeres pobres soportan una doble discriminación: la que
sufren por ser mujeres y la que padecen por ser pobres.
Finalmente, las personas con discapacidad constituyen un sector de la
población que tradicionalmente ha sido marginado del desarrollo del país. Por
tal motivo, es necesario impulsar la creación de las condiciones adecuadas
para que puedan gozar plenamente de todos los derechos que la ley les
otorga (educación, salud, trabajo, deporte, recreación, vivienda adaptada, etc.)
y crear las condiciones para su plena integración a la vida activa del país, bajo
un marco de respeto e igualdad de oportunidades acordes a su situación. Es
necesario ofrecer más espacios de participación a personas con discapacidad
en todos los sectores de la vida nacional y garantizar que se sancione toda
violación a sus derechos fundamentales.
PROPUESTAS
Derechos Humanos
98. Pugnar por el carácter universal e inalienable; progresivo e integral;
exigible y justiciable; indivisible e interdependiente de los derechos humanos
para superar las limitaciones actuales, además de garantizar su ejercicio y plena
vigencia con una perspectiva de equidad de género. Ello debe llevar a una
profunda Reforma del Estado.
99. Promover la colaboración y reconocimiento de las organizaciones no
gubernamentales para alcanzar el pleno respeto a los derechos humanos.
100. Pugnar por el pleno y mejor reconocimiento de los derechos humanos
de primera, segunda y tercera generación en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en las Constituciones Estatales y en las leyes
federales y estatales.
101. Ampliar y fortalecer el ámbito de competencia, las acciones y la autonomía
de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Consideramos que las
recomendaciones de la CNDH deben tener un carácter vinculatorio.
102 Promover una reforma constitucional, conjugando los mecanismos de la
democracia representativa y la democracia directa, para fortalecer y
transparentar los mecanismos de selección del titular de la CNDH.
103. Mantener y mejorar las acciones contenidas en los programas de todos los
20

21. sistemas educativos de la Nación en materia de derechos humanos para fortalecer
y consolidar la cultura de respeto y cumplimiento de los mismos.
104. Ejercer la defensa de los Derechos Humanos (derechos civiles, políticos
económicos, sociales, culturales y ambientales) con una visión integral y con
perspectiva de equidad de género.
105. Garantizar la adecuada capacitación de los funcionarios de los tres
niveles de gobierno en el respeto y cumplimiento de los derechos humanos,
especialmente aquellos relacionados con las áreas de Procuración de Justicia,
así como a los jefes, mandos y agentes de la policía; además de los mandos
y tropa de las fuerzas armadas del país.
106. Revisar y mejorar el marco constitucional y legal en materia de derechos
humanos. Asimismo, exigir que se rechacen las reservas interpretativas para
que sean imprescriptibles los crímenes del pasado.
107. Impulsar la creación de una Comisión de la Verdad para la investigación
de los crímenes del pasado y de los crímenes cometidos en el marco de la
―guerra contra el crimen organizado y el narcotráfico‖ mantenida a lo largo de
la actual administración. Esta comisión, en forma paralela a los órganos de
procuración de justicia, deberá conocer las causas de la violencia, investigar
los hechos y establecer las responsabilidades jurídicas correspondientes.
Derechos y Cultura de los pueblos indios
108. Se atenderá a todos, se respetará a todos, pero se dará preferencia a los
pobres y a los desposeídos. Empezaremos a pagar la deuda histórica que se
tiene con las comunidades y los pueblos indios. Es una infamia que en donde
hay carencias, pobreza y marginación no lleguen los apoyos que se necesitan.
Las comunidades indígenas reciben menos de 1% del presupuesto público.
109. Mantener la exigencia de construir una nación pluriétnica y pluricultural
basada en el respeto, defensa y promoción de los derechos de los pueblos y
comunidades indígenas. El gobierno democrático que representarían las
izquierdas y sus legisladores, con base en un nuevo proyecto de nación, nos
comprometemos a lograr que los pueblos indios de México puedan ejercer
sus derechos, autonomía y desarrollo integral.
110. Redefinir las instituciones y las políticas públicas encargadas de atender
la problemática de los pueblos indios, con la participación directa de los mismos.
Erradicar de la sociedad toda práctica discriminatoria y racista,
desarrollando políticas públicas que reduzcan los rezagos y las
desigualdades educativas, sociales, económicas y culturales existentes en
los pueblos indios, mediante la instrumentación de programas que potencien
sus capacidades para acceder a niveles dignos en materia de alimentación,
vestido, vivienda, educación e infraestructura básica.
111. Diseñar políticas públicas de apoyo y fomento productivo coherentes con
las formas particulares de organización y gestión económicas de las
comunidades, impulsando la producción y comercialización de bienes y
servicios que les permita mejorar sus condiciones de vida.
21

22. 112. Construir una política orientada al desarrollo integral, con participación
comunitaria y reconocimiento de los derechos de los pueblos indios
originarios. Resulta indispensable fortalecer sus culturas para enriquecer a la
Nación.
113. Honrar los Acuerdos de San Andrés realizando una nueva reforma
constitucional para reconocer los derechos colectivos de los pueblos indios al
uso y disfrute de los recursos naturales de sus tierras y territorios; el
reconocimiento de sus formas de gobierno; la preservación y desarrollo de sus
lenguas y expresiones culturales; crear una nueva redistribución de los
pueblos indios y sus comunidades en nuevos municipios; y construir nuevas
formas de asociación de los ayuntamientos.
114. Reconocer y garantizar el derecho a la participación política plena de los
pueblos indios en los órganos de representación local y nacional, en particular
en el Congreso de la Unión, además, de reformar los artículos 115 y 116 de la
Constitución.
115. Construir la confianza mutua y propiciar la creación de un clima de
negociación adecuado. Para ello, el nuevo gobierno se propone reivindicar el
diálogo, la tolerancia y la reconciliación. Será necesario establecer un proceso
de diálogo nacional con los pueblos indios que permita impulsar las reformas
que faltan.
116. Realizar una verdadera consulta nacional de pueblos indios para definir
los mecanismos de diálogo y negociación, así como los contenidos de las
reformas legales que den lugar a una nueva reforma constitucional. Ésta
consulta deberá ser profunda y seria, con un diálogo nacional para generar
una propuesta con amplia participación de la base de las organizaciones
indígenas, sin presiones de las fuerzas partidarias, el gobierno y el Congreso,
y de acuerdo a los tiempos que se pacten con esas organizaciones.
Derechos de la Niñez
117. Proteger el derecho a una vida digna de las y los niños, haciendo frente a
las causas de mortalidad materno infantil mediante programas especiales de
prevención, nutrición, estimulación temprana y educación integral.
118. Proteger el derecho de la niñez a contar con igualdad de oportunidades
mediante iniciativas legislativas y el diseño de políticas públicas que
garanticen la suficiencia de recursos para la atención universal de sus
necesidades de alimentación, salud y educación (básica-obligatoria y gratuita
en un programa de 14 años que abarque gradualmente la educación inicial,
preescolar, primaria y secundaria).
119. Brindar garantías de protección absoluta a la niñez contra la delincuencia,
la violencia, el abuso sexual y la explotación laboral; mediante el diseño de
servicios de protección y asistencia adecuados, y la aplicación de sanciones
más severas para los delincuentes.
22

23. Derechos de las Personas con Dispacidad
120. Impulsar una Reforma Integral a la Legislación vigente, que permita
garantizar el reconocimiento, respeto y cumplimiento de los derechos de las
personas con discapacidad, bajo un marco de igualdad de oportunidades
acordes a su situación, iniciando igualmente el proceso de armonización con
los instrumentos internacionales en la materia.
121. Incorporar a la Ley General de Personas con Discapacidad, la
obligatoriedad para las autoridades de llevar a cabo la planeación de los
programas y acciones dirigidos a las personas con discapacidad, con la
participación directa de este grupo de población.
122. Establecer programas de corto, mediano y largo plazo, tendientes a crear
condiciones adecuadas para el desarrollo integral de las personas con
discapacidad, dejando atrás las políticas paternalistas, dotándoles de las
herramientas necesarias que los coloquen en igualdad de oportunidades
acordes a su situación para aspirar a una mejor calidad de vida.
123. Impulsar una nueva cultura de respeto a la discapacidad, que permita
sensibilizar y preparar a la sociedad en una relación fraterna y digna para con
este grupo social.
124. Fortalecer los programas relacionados con la promoción del deporte para
personas con discapacidad.
125. Crear programas específicos para superar las condiciones de
vulnerabilidad que enfrentan las mujeres con discapacidad.
Derechos de las personas jóvenes
126. Asumir plenamente la responsabilidad del Estado y la sociedad hacia los
jóvenes en la actual situación de crisis económica y social, y de emergencia
nacional generada por la fallida estrategia de ―guerra contra el crimen
organizado y el narcotráfico‖ que ha venido instrumentando la actual
administración federal.
127. Fortalecer y potenciar la participación de los jóvenes en el ejercicio de sus
derechos civiles, políticos, sociales, económicos, especialmente de seguridad
pública, empleo, educación y cultura, mediante una Ley y un Programa Nacional
de Desarrollo Integral de las Personas Jóvenes, que establezca mecanismos
de exigibilidad de los mismos.
128. Preparar, diseñar y ejecutar programas que mejoren su calidad de vida y
les abran mayores posibilidades para el ejercicio pleno de su libertad. Se debe
Impulsar una política juvenil que atraviese los diferentes sectores de la
administración pública y que se corresponda con una política social que
garantice a las y los jóvenes oportunidades en el empleo, la salud, la
educación, la vivienda, el deporte, la cultura y el esparcimiento.
23

24. 129. Promoveremos la práctica del deporte, tanto en su vertiente de esparcimiento y
salud, como en la de alto rendimiento. Se construirán unidades deportivas y no se
permitirá el cambio de uso de suelo en los actuales campos de béisbol, futbol o
cualquier otro espacio destinado a la práctica del deporte.
130. Instrumentar programas sociales para este sector con un enfoque integral
y no asistencialista y con la participación activa de las y los jóvenes.
131. Diseñar e implementar un programa de salario estudiantil, ya que en el
proceso educativo se desarrolla un trabajo intelectual que debe ser
recompensado. Así como una política de capacitación y fomento del empleo,
el emprendedurismo y el autoempleo, generando alternativas laborales para la
población juvenil.
132. Alentar espacios de participación política bajo el respeto irrestricto a la
libertad de expresión y organización.
133. Establecer mecanismos para limitar o evitar prácticas intimidatorias,
incriminatorias o de discriminación cometidas por servidores públicos,
especialmente por la policía.
134. Aplicar mejores programas y efectuar campañas de información más
agresivas para prevenir embarazos no deseados y enfermedades de
transmisión sexual, así como para promover el respeto a la diversidad.
135. Ofrecer estímulos fiscales a los jóvenes trabajadores y profesionistas para
que puedan crear patrimonio.
136. Garantizar el fortalecimiento de una instancia pública que cuente con
autonomía jurídica y recursos institucionales y financieros para poder
responder a las aspiraciones de las y los jóvenes mexicanos, con la aplicación
de una política juvenil en cuya elaboración, aplicación y evaluación participen
los mismos jóvenes y sus organizaciones.
137. Crear las condiciones financieras, materiales y humanas para garantizar
la cobertura al cien por ciento y elevar la calidad en la educación pública
media-superior y superior, y aumentar el número de becas en esos niveles,
como una prioridad estratégica de un nuevo proyecto de nación.
138. Propugnar por la armonización de nuestra legislación con los tratados
internacionales en materia de Derechos Humanos de las personas jóvenes.
Diversidad Sexual
139. Fortalecer, mediante las reformas a la ley, la tolerancia, la protección y el
pleno respeto a los derechos humanos de las personas a la diversidad sexual,
en todos los planos y esferas del Estado y la sociedad.
24

25. 140. Promover el respeto y la tolerancia a la diversidad sexual dentro de los
planes y programas educativos, incluyendo el libro de texto gratuito, así como
en los medios masivos de comunicación.
142. Diseñar y poner en práctica campañas educativas y de información contra
la homofobia y el abuso en materia sexual.
143. Asegurar los programas y acciones para el acceso de todos y todas a los
servicios de salud sexual de calidad, con calidez, sin discriminación, en todo el
territorio nacional y bajo una coordinación que integre la prevención y atención
de la salud en todo su ciclo de vida.
Equidad con Perspectiva de Género
144. Promover, desarrollar y consolidar la cultura contra la discriminación y violencia
de género y hacer posible la construcción y el ejercicio pleno de los derechos
sociales, económicos, laborales, políticos y culturales de todos y todas.
145. Garantizar la plena libertad de las mujeres para elegir y ejercer cualquier
profesión y empleo; derecho de capacitación, libertad de expresión, de
asociación y organización; y libertad de decisión sobre su cuerpo y la
reproducción.
146. Impulsar medidas afirmativas que permitan compensar desigualdades y fincar las
bases para un trato igualitario entre hombres y mujeres.
147. Hacer valer los convenios internacionales firmados y ratificados por
México, mediante la armonización legislativa a nivel federal y local.
148. Impulsar una política que garantice el derecho constitucional de la mujer y
su pareja a decidir libremente el número y espaciamiento de los hijos; que
provea los medios para hacer efectiva esta decisión; que asegure información
oportuna y confiable sobre los diversos métodos de planificación familiar; y que
impulse campañas de educación sexual, sobre todo entre la juventud, para
prevenir embarazos no deseados y la propagación del virus del VIH/SIDA y
demás enfermedades de transmisión sexual.
149. Asegurar los programas y acciones para el acceso de las mujeres a
servicios de salud sexual y reproductiva de calidad, con calidez, sin
discriminación, en todo el territorio nacional y bajo una coordinación que integre
la prevención y atención de la salud en todo su ciclo de vida.
150. Difundir ampliamente entre las mujeres la legislación vigente para
promover el conocimiento y ejercicio de sus derechos para denunciar y
acceder a servicios de alta calidad para la interrupción del embarazo.
151. Revisar la legislación correspondiente sobre el aborto para proteger a las
mujeres del aborto inseguro y de recibir el tratamiento de un problema de salud
pública que pone en riesgo la vida de miles de ellas cada año.
152. Mejorar los servicios de las agencias especializadas en atención a
víctimas de la violencia intrafamiliar, en particular a la mujer maltratada, y
proporcionar los recursos que permitan la instalación de albergues
temporales para la asistencia a las víctimas, en los que se proporcione
asesoría en lo jurídico, psicológico y familiar.
25

26. 153. Impulsar la creación de la Procuraduría Federal de la Defensa de la Mujer
ante el alarmante incremento de la violencia intrafamiliar, los asesinatos
impunes, el abuso sexual y las violaciones.
154. Impulsar una política de igualdad de oportunidades que cruce todas las
instancias y niveles de gobierno, en el sentido de que las tareas asumidas
hasta ahora individualmente por las mujeres se compartan equitativa y
solidariamente por toda la sociedad impulsando la creación de centros de
desarrollo infantil en cantidad y calidad suficientes, promoviendo la
organización comunitaria de programas de abasto popular y de comedores
comunitarios y la Escuela de Tiempo Completo.
155. Considerar en la formulación y aplicación de las políticas públicas las
relaciones de poder al interior de las familias para que no contribuyan a
reafirmar el machismo, la exclusión, y sean eficaces para reducir las
desigualdades.
156. Impulsar reformas legislativas para incorporar el enfoque de género en la
planeación del desarrollo nacional y en el Presupuesto de Egresos de la
Federación, asignando un porcentaje del presupuesto programable, que
permita atender las necesidades específicas y facilite el acceso de las mujeres
a mejores estadios de desarrollo, así como su plena incorporación a las
diferentes esferas de la vida nacional.
157. Construir un marco legal que garantice trabajo digno, condiciones de
trabajo seguras, equitativas y satisfactorias y una remuneración justa para las
mujeres. Las normas laborales deben incorporar la reivindicación de los
derechos de las mujeres.
158. Hacer valer el principio de que a trabajo igual, salario igual.
159. Eliminar los obstáculos que impiden a las mujeres hacer uso pleno de su
derecho al trabajo, entre ellos el requisito del examen de ingravidez para
ingresar a un empleo o el embarazo como causa de despido, mediante
reformas a la Ley Federal del Trabajo y a la Ley del Seguro Social.
160. Crear, en el ámbito de las autoridades del trabajo, una instancia especial
que atienda las denuncias de violación a los derechos laborales de las mujeres.
161. Revalorizar económicamente el trabajo de las mujeres en los ámbitos de lo
privado y lo público, incluyendo el de las amas de casa.
162. Incorporar en la normatividad laboral las medidas de acción positiva de
carácter temporal que tengan como finalidad la consecución de la igualdad en
los hechos entre hombres y mujeres.
163. Desterrar la violencia contra las mujeres en los centros de trabajo que se
practica mediante la coerción psicológica, el abuso de las personas y el
hostigamiento sexual.
164. Considerar en la normatividad laboral la reproducción humana como un
asunto de interés social y responsabilidad colectiva; que por lo tanto debe ser
asumida por igual entre hombres y mujeres. Definir los compromisos y
obligaciones del Estado y los empresarios a favor de ese objetivo.
165. Procurar que la inversión del Estado destinada a generar empleos se haga
desde una perspectiva de género, garantizando así que cada vez más mujeres
26

27. se incorporen a empleos formales, con apego a los derechos laborales, ya que
en la actualidad tenemos un número creciente de mujeres en la economía
informal o subcontratadas sin acceso a prestaciones o en condiciones
desfavorables como las que trabajan en las maquiladoras.
166. Trabajar en los mecanismos que modifiquen las condiciones que ponen
en desventaja a las mujeres para la participación, no sólo en abrir los espacios
sino en potenciar a las mujeres para que lleguen a ellos. Sólo cuando existan
las condiciones equitativas para que las mujeres participen y accedan a la
toma de decisiones, estaremos en posibilidad de alcanzar una democracia plena.
IV. UNA NUEVA POLÍTICA SOCIAL
En nuestro país la política económica neoliberal arroja un saldo muy negativo
para la mayoría de los mexicanos: muy bajo crecimiento económico, crisis
económicas de enormes proporciones, insuficiente generación de empleos y
proliferación del desempleo, subempleo y empleo informal, crecimiento de la
pobreza y la indigencia, mayor desigualdad y exclusión social, inseguridad
generalizada e incremento desbocado de la violencia; en su conjunto, el
resultado es un deterioro del tejido social, con lo cual se lastima y ofende a la
sociedad.
El interés general de la sociedad debe estar por encima de los intereses
particulares. La política social es la esencia de nuestro proyecto político.
Es urgente promover la construcción de las condiciones que permitan
satisfacer las necesidades fundamentales de todos los mexicanos, bajo la
conducción de un Estado Social y Democrático de Derecho. Para lograrlo se
requiere que el Estado y la sociedad emprendan corresponsablemente un
conjunto integral de políticas y acciones en diversos campos de la vida
económica y social, para reducir la desigualdad y superar la pobreza,
generando bienestar para todos.
Debe adoptarse una política económica que haga frente a las causas y a los
efectos de la crisis económica en curso a nivel mundial y en México. Esta
política debe proteger y fomentar el funcionamiento de la planta productiva,
contribuir a la redistribución progresiva del ingreso y fortalecer a las
instituciones democráticas sobre la base de los valores universales de los
derechos humanos, la igualdad, la solidaridad y la equidad. Sin una política
económica anticíclica incluyente no puede haber bienestar social. Para una
nueva política de desarrollo social se requiere un mínimo de condiciones
sociales y económicas que garanticen que la población pueda exigir sus
derechos y participar en el juego económico del mercado, en la medida de que
pueda contar con un empleo remunerador que satisfaga sus necesidades y
desarrolle sus capacidades.
Hay que impulsar el nuevo pensamiento social que postula lo que se ha dado
en llamar florecimiento humano, que incluye no sólo la satisfacción de
necesidades, sino también el desarrollo de capacidades. Un gobierno
socialmente responsable debe evaluar la política social mediante índices que
pongan en el centro el bienestar de todas y todos los mexicanos.
27

28. Los mexicanos tenemos que construir una sociedad organizada, participativa e
incluyente, que en ejercicio de su soberanía pueda satisfacer sus derechos
humanos de manera integral; es decir, civiles, políticos, económicos, sociales,
de seguridad pública, culturales, colectivos, de género, étnicos y
medioambientales.
Una nueva política social debe comprender la completa transformación del
sistema de salud nacional para que toda persona ejerza su derecho
constitucional a la misma. En la actualidad la mitad de los mexicanos no tiene
acceso a la seguridad social y se trata de los más pobres, que son los que más
se enferman y mueren debido a sus condiciones precarias de vida.
En atención a este problema y para construir una estrategia de
universalización del derecho a la protección de la salud, hay que garantizar la
satisfacción de esta prerrogativa a la población no asegurada.
El principal problema de la seguridad social, en materia de salud, consiste en
que no se ha extendido a toda la población. En la actualidad existe una
profunda desigualdad social y muchas familias se encuentran fuera de la
cobertura del Sistema de Salud. El financiamiento público es insuficiente, lo
que nos sitúa a niveles de países con un menor desarrollo relativo. Para dar
una cobertura a toda la población se requiere otorgar una asignación de
recursos suficientes.
Una nueva política en materia de salud debe basarse en la equidad, es decir,
en el acceso igual a los servicios existentes ante la misma necesidad, para
ello es indispensable la asignación de los recursos públicos suficientes al
sector salud que permitan remover el obstáculo económico que impide el
acceso oportuno a la atención médica a quienes menos tienen.
La salud no sólo implica curar enfermedades. Las transformaciones y los
avances en materia de la salud comienzan con un cambio en la forma de vida,
esto sólo puede conseguirse mediante la solución de problemas de
desinformación y de falta de conciencia social; así como el mejoramiento del
medio ambiente y el desarrollo económico. Por ello, el sistema de salud
abarcará también medidas de prevención, educación sanitaria, ecológica y
reproductiva.
La política social debe considerar el problema de la alimentación. Todos los
mexicanos tienen derecho a contar con una alimentación de calidad, el cual
debe ser reconocido constitucionalmente y cumplido con políticas integrales
de producción, distribución, precios, subsidios generales y regulación
destinados a alcanzar la soberanía alimentaria; entendida como la capacidad
del Estado para fomentar la producción sostenible, de granos y otros productos
agropecuarios y pesqueros básicos, al tiempo que se genera el ingreso
necesario para que la población pueda acceder a esos bienes.
La política social que promueva el bienestar social de todos requiere asegurar
pensiones y jubilaciones adecuadas, por lo que será necesario restablecer
28

29. sobre bases financieramente sanas el sistema solidario. Es urgente revertir el
proceso de destrucción y saqueo de nuestras instituciones de seguridad social
que los últimos gobiernos del PRI y PAN han llevado a cabo y que han
minado las bases de la salud y la seguridad social mexicana. Se deben frenar
y revertir las acciones de privatización de los sistemas de salud pública y de
seguridad social. Es indispensable y urgente que nuestro país, con toda la
riqueza económica y humana con que cuenta, cambie de rumbo y emprenda la
construcción de un Estado de bienestar social básico.
El derecho a la vivienda significa que todos los sectores de la población
tengan acceso a ella, para hacer realidad lo que dispone el Artículo 4º
Constitucional, en el sentido de que la ley debe establecer los instrumentos y
apoyos necesarios para tal fin. El derecho a la vivienda es también el derecho
a un hábitat que permita desarrollarnos en un ambiente sano, sustentable y
sostenible, lo cual debe ser entendido como un derecho indivisible relacionado
con el trabajo, con la salud y con la educación.
En el presente millones de familias habitan hacinadas en viviendas insalubres,
sin servicios públicos, en áreas de alta vulnerabilidad expuestas a desastres
naturales. La mayoría de los mexicanos ha tenido que construir sus viviendas
en condiciones adversas, sin apoyos ni certidumbre frente a los vaivenes de la
economía, que en las crisis pasadas y en la que está en curso han destruido su
patrimonio.
La vivienda construida por el sector privado es por lo general inaccesible a los
sectores populares, y la acción pública en materia de construcción de vivienda
resulta insuficiente. No hay política oficial alguna para la vivienda rural o de
alquiler. Las reglas del crédito público y del privado en este rubro son
excesivas y excluyentes para muchas familias.
Debe estimularse el potencial de la autoconstrucción de vivienda, único medio
al alcance de muchos sectores populares para tener una casa, a fin de que
las viviendas que se construyen bajo esta modalidad dispongan de los
servicios necesarios. Deben regularse para que no ocupen áreas periféricas,
ni sigan un crecimiento extensivo, desordenado y depredador de la naturaleza,
mientras que existen muchos terrenos urbanos dotados de todos los servicios
que se mantienen ociosos o se prestan a la especulación.
En las actuales circunstancias de desigualdad la política social debe hacer
frente de manera particular al problema de la pobreza. En nuestro país existen
alrededor de 53 millones de personas que viven con el equivalente a dos
dólares diarios y cerca de 20 millones que se sitúan en el umbral de un dólar y
que, por lo tanto, viven en condiciones de pobreza extrema.
Si bien es cierto que resolver este problema es responsabilidad del Estado
mexicano en sus tres niveles de gobierno, corresponde al gobierno federal la
carga principal, pues es el que diseña las líneas de política económica, así
como los programas y acciones de combate a la pobreza, que han devenido
sólo en medidas de corte asistencialista y no en fuentes de ingreso
permanentes y remuneradoras de las familias.
29

30. El Estado, por ser instrumento de la sociedad, está obligado a desempeñar un
papel protagónico en la erradicación de la pobreza y, por tanto, debe retomar
el vínculo con las organizaciones sindicales, civiles, comunitarias, comunales
y sociales que han demostrado alta eficacia en el impulso a los programas
sociales, para fortalecerlas y fomentar su capacidad de autogestión. El
combate a la pobreza debe ser un compromiso del Estado y de todos sus
órganos, niveles e instancias.
Las políticas de mero combate a la pobreza y a la pobreza extrema, no son
suficientes para corregir las desastrosas consecuencias de deterioro
económico, miseria y exclusión que han generado las políticas neoliberales
actuales. Un Estado Social y Democrático de Derecho debe ser responsable
de garantizar las condiciones indispensables para el desarrollo integral de la
población.
Por ello, es necesario cambiar la orientación de los programas asistenciales
de "combate a la pobreza" para la población en condiciones de indigencia.
Tales programas deben ser concebidos como un complemento de todas las
políticas antes señaladas, particularmente de empleo, y como un elemento
compensador de las desventajas en materia económica y social.
El propósito de estos nuevos programas debe ser apoyar a los pobres,
eliminando restricciones y dotándolos de elementos y de recursos para "poder
hacer" e interactuar en mejores condiciones con otros agentes económicos.
La simple asistencia social, incluyendo en algunos casos la entrega de
alimentos y de dinero, puede ser necesaria pero como medida temporal,
aplicable en el largo plazo sólo para grupos de población con franca
incapacidad para inscribirse en la actividad productiva. Debe desterrarse la
discriminación que excluye actualmente a muchos municipios, comunidades y
familias pobres de estos programas y que se utilizan como instrumento de
presión y chantaje electoral.
La política social que busca la equidad debe contemplar programas de atención
a grupos de la población que se encuentran en situación de desventaja, tales
como: adultos mayores y personas con capacidades diferentes.
Ante el creciente riesgo de desastres naturales, se necesita de una nueva
forma de abordar el tema de la protección civil, fundándola en un claro
compromiso social. Los sismos, los huracanes, la actividad volcánica, los
incendios y explosiones, los derrames de substancias toxicas y peligrosas, las
epidemias, y todo tipo de contingencias similares, incrementan
constantemente los niveles de riesgo a que está sujeta la población. De ahí la
importancia de instrumentar una política de protección civil mediante la cual la
población no sólo tome conciencia de los riesgos a los que se halla expuesta,
sino ante todo del tipo de acciones preventivas y de organización que deben
adoptarse para evitar o mitigar los efectos de los desastres.
La protección civil no debe circunscribirse únicamente al conteo de las
víctimas y la cuantificación de los daños de las comunidades afectadas. En un
gobierno democrático y responsable no se debe utilizar el dolor humano para
30

31. realizar la entrega de ayuda a los damnificados con criterios partidistas y
clientelares. Para nosotros la protección civil es, prioritariamente, prevención,
sin que ello signifique desdeñar el trabajo de reconstrucción y la vuelta a las
condiciones de normalidad de las poblaciones afectadas.
PROPUESTAS
Una Política de Salud Universal para Todas y Todos
167. Hacer efectiva la obligación del Estado a proporcionar las condiciones
para que la población ejerza su derecho a la salud y a la seguridad social,
fundamentalmente en el medio rural y en las zonas populares urbanas, a partir
de la reestructuración y modernización de las instituciones y organismos que
conforman el sistema nacional de salud.
168. Establecer una política de servicios médicos y medicamentos gratuitos
para atender a la población no asegurada.
169, Llevar adelante la reforma de las instituciones públicas de salud para lograr
su coordinación y eficiencia, abatir la corrupción y fomentar una nueva cultura
institucional de servicio al público con calidad y calidez humanas.
170. Avanzar hacia un Servicio Único de Salud (SUS). En su coordinación habrá
de considerarse las cuatro recomendaciones siguientes:
a. La institución pública debe ser el eje central del servicio.
b. El Instituto Mexicano del Seguro Social debe ser el núcleo central de la
coordinación del SUS.
c. El SUS debe coordinarse de manera gradual para no crear una
situación desventajosa para ninguna de las instituciones participantes.
d. Se deben realizar los cambios y modificaciones que sean necesarios
para adecuar las normas que en la actualidad rigen a las instituciones
del sector salud.
171. Poner en operación un programa de rehabilitación y construcción de
clínicas y hospitales que permitan cubrir las necesidades de la demanda de
atención médica, poniendo énfasis en los problemas de salud propios de cada
región.
172. Establecer un programa de modernización de los sistemas
administrativos para agilizar los servicios de atención en materia de salud.
173. Alentar la formación de nuevas generaciones de profesionales en el área
médica, con espíritu altruista y solidario, reformulando el servicio social en el
sentido de su vinculación con las diversas comunidades urbanas y rurales del país.
174. Fomentar el papel de la medicina alternativa y tradicional, las campañas
masivas de información y la práctica de actividades como el deporte.
175. Brindar la atención adecuada a los pueblos indios en completa armonía
con su cultura y sus conocimientos tradicionales.
31

32. 176. Crear centros de rehabilitación de adictos en las comunidades que lo
requieran, con la adecuada infraestructura y promover puestos de trabajo para
quienes estén en proceso de rehabilitación.
177. Atender la problemática generada por la epidemia del VIH- Sida, la cual se
ha extendido en todo el país especialmente entre la población joven, con
medidas efectivas que garanticen la atención y el suministro de medicamentos
gratuitos a los enfermos y la realización de campañas permanentes y abiertas
de información y prevención. Para ello se debe dar énfasis a la difusión y
fomento del uso del condón y preservativos femeninos, como una de las
formas más efectivas para evitar el contagio de ésta y otras enfermedades de
transmisión sexual, particularmente en las zonas más marginadas y sin acceso
a servicios de salud, en cumplimiento de los Objetivos del Milenio que
comprometen a nuestro país.
178. Establecer un programa integral de salud que procure no sólo la curación
parcial o total de los padecimientos, o disminuir el dolor físico que éstos
generan, sino también atienda el dolor emocional que éstos provocan y que se
vincula de manera directa con el deterioro de la forma de vida.
179. Reconocer los aportes de la medicina tradicional y otras formas
alternativas, en concordancia con la participación social y la diversidad cultural.
Derecho a la Soberanía y seguridad alimentaria
180. Establecer políticas públicas específicas en el tema de la alimentación,
vinculándolas directamente con el tema de la soberanía y seguridad
alimentaria, instrumentando la aplicación de un programa nacional cuyo
objetivo prioritario consista en garantizar la alimentación básica de la
población, particularmente la de los sectores económicos más desprotegidos.
Implementar campañas más amplias y permanentes sobre alimentación sana y
consecuencias de la obesidad y sobrepeso.
181. Adoptar medidas para la producción de alimentos sanos y vigilar el
impacto que sobre éstos produce el uso de tecnologías que ya han sido
rechazadas en otros países, ya que los organismos genéticamente modificados
deben ser utilizados en beneficio de todos, priorizando la salud y la garantía
alimentaria de la población así como la conservación de las especies
endémicas.
Seguridad Social Universal
182. Alcanzar la seguridad social universal, con especial orientación a los
sectores de la población que no pueden ser cubiertos por las instituciones de
seguridad social, ni la medicina privada, por encontrarse fuera de la economía
formal, reivindicando el derecho a la seguridad social integral por encima de la
mercantilización reinante en nuestros días.
183. Impulsar la construcción de un sistema de seguridad social universal como
el derecho a la seguridad económica, desarrollando a la vez vigorosos
programas específicos de combate a la pobreza, que incluyan la revisión y
evaluación de los ya existentes.
184. Reformar los sistemas de pensiones para promover una política de
inversión en infraestructura con los fondos que actualmente administran
empresas del capital financiero. De esta manera un 50% de los fondos
continuarán en las Afores y el otro 50% restante los manejará el Estado, bajo
32

33. la figura jurídica más conveniente para proteger a los pensionados. Uno de los
objetivos de esta reforma sería liberar recursos para la inversión en
infraestructura del sector energético: gas, electricidad y petroquímica.
Política de Vivienda
185. Garantizar a todas las familias, de manera paulatina, el derecho de acceso
al suelo y a la vivienda digna. Para lograrlo, se debe promover la unificación de
la normatividad sobre el mercado de suelo y vivienda en propiedad y renta,
incluido el informal y popular, en una nueva Ley General de Vivienda, que
permita recuperar la promoción de la construcción de vivienda en los
organismos del sector público.
186. Orientar el financiamiento hacia la promoción de vivienda popular
mediante un programa financiero específico, y de un sistema de renta, ahorro y
préstamo para el mismo objeto, dotado de incentivos y subsidios; establecer en
los planes de desarrollo urbano la creación de reservas territoriales para
vivienda popular; crear un sistema de apoyo a la promoción inmobiliaria
autogestionaria, con dotación de reservas territoriales, infraestructura,
créditos y servicios públicos; subsidio decreciente para la población que
perciba ingresos de hasta cuatro salarios mínimos y desgravación fiscal; y
promover la vivienda popular en renta, mediante exención fiscal hasta de un
salario mínimo a los arrendadores.
187. Impulsar y aplicar una normatividad rigurosa, que defina, entre otros, el
tamaño mínimo aceptable de las viviendas y el tamaño de los conjuntos
habitacionales.
188. Modificar las reglas de operación del sistema bancario y financiero y del
sector público y privado de vivienda, para hacer accesible el crédito a todos,
incluyendo al sector de no asalariados. Es indispensable generar esquemas de
inversión a partir de la aplicación de recursos fiscales, el aliento al ahorro
social y la inversión de los sectores privado y social para avanzar en la
solución del problema.
189. Aplicar estrictamente los fondos del INFONAVIT y FOVISSSTE para la
adquisición, construcción o mejoramiento de vivienda y evitar su desvío para
subsidiar las pensiones.
190. Promover la asociación de capital privado, inversión estatal y esfuerzo
propio de los sectores demandantes para construir viviendas de interés social y
popular.
191. Impulsar programas de construcción y autoconstrucción de vivienda,
vivienda progresiva y de servicios públicos para abatir el déficit gigantesco de
vivienda y para impulsar esta actividad como fuente generadora de empleo por
su efecto multiplicador en la economía. Así como, programas de mejoramiento y
construcción de vivienda rural que auspicien el uso de materiales ecológicos.
192. Democratizar la organización de las empresas constructoras de vivienda,
promoviendo la participación de organizaciones sociales en la formación de
cooperativas de profesionales, trabajadores y beneficiarios.
193. Transparentar los recursos del INFONAVIT, con el fin de impedir la
manipulación financiera y la canalización de los recursos a favor de grupos
empresariales y empresas de los líderes sindicales y funcionarios.
Lucha Frontal Contra la Pobreza
33

34. 194. Mantener los subsidios generalizados a través de la Tasa Exenta al IVA en
alimentos y medicinas.
195. Incrementar substancialmente las partidas dedicadas a la feminización de
la pobreza, ya que ésta ocasiona que las personas que habitan las regiones
marginadas del campo y de la ciudad hagan un uso acelerado e ineficiente de
los recursos naturales.
196. Acompañar el incremento de los recursos y programas asistenciales para combatir la
pobreza, con la asignación creciente de recursos y programas que generen proyectos
productivos, empleos e ingresos estables derivados del trabajo de los sectores directamente
involucrados.
Pensión Alimentaria Universal para Adultos Mayores
197. Establecer la pensión alimentaria en correspondencia con una nueva
concepción sobre cómo generar el bienestar que se combina con una política
activa de generación de empleo y protección e incremento del ingreso.
Además esta pensión será acompañada de una política social de
reconstrucción de las instituciones públicas de protección social basada en el
diagnóstico sobre cuáles son hoy y en el futuro mediato los principales
riesgos sociales que enfrentan los grupos mayoritarios de la población.
198. Habrá pensión universal para todos los adultos mayores de 68 años del
país y para las personas con capacidades diferentes. Se combatirá el hambre
garantizando el derecho del pueblo a la alimentación y se otorgará atención
médica y medicamentos gratuitos a toda la población.
199. Dotar a todo ciudadano y ciudadana, inicialmente a partir de los 68 años,
de una pensión de medio salario mínimo, haya o no hecho aportaciones a un
fondo de pensiones. La idea que sustenta esta política es que, con poquísimas
excepciones, toda la gente, hombres y mujeres, han contribuido a la sociedad
independientemente de haber tenido una relación laboral formal.
200. Extender todos los beneficios de la protección social a la mayoría de los
adultos mayores. Es decir, tenemos que plantear como punto de llegada el
derecho ciudadano a una pensión universal.
201. Iniciar la entrega de la pensión alimentaria universal, así como del resto de
los programas sociales, en las zonas clasificadas como de alta o muy alta
marginación e ir avanzando de manera gradual.
Programa de Apoyo Económico a Personas con Discapacidad
202. Operar un Programa Nacional de Apoyo Económico para las Personas
con discapacidad que atienda directamente a las que se encuentren en una
situación de pobreza y marginación. Este programa entregará mensualmente
una cantidad equivalente a la mitad del salario mínimo a las personas de 0 a
69 años que viven en los municipios con mayor pobreza, para lo cual se
integrará un padrón de personas con discapacidad permanente.
Política de Protección Civil con Todos y Para Todos
203. Promover el establecimiento de la protección civil como una garantía social
e institucionalizar la participación organizada, informada y corresponsable de
la población en los programas y operativos de prevención, auxilio y
34

35. reconstrucción.
204. Profundizar en el fortalecimiento de una cultura de autoprotección y
prevención para casos de desastre, cuya difusión se realice a través de los
medios de comunicación y con la participación de los miembros del sistema
nacional de educación, y las organizaciones de la sociedad civil, los sindicatos,
los clubes sociales y la sociedad en general.
205. Actualizar el Atlas Nacional de Riesgos y los correspondientes atlas
estatales y municipales, con el fin de ubicar con precisión las diferentes zonas
de riesgo, y orientar la reubicación de los asentamientos humanos que estén
expuestos a un posible desastre.
206. Realizar de manera gradual, en coordinación con los gobiernos estatales
y municipales, las obras de infraestructura necesarias para la prevención de
desastres como es el caso de presas, diques, muros de contención, redes de
monitoreo de volcanes y zonas sísmicas, carreteras y caminos, entre otras.
207. Reestructurar el Fondo de Desastres Naturales a través del
establecimiento de una instancia colegiada, en la cual queden representados
los tres niveles de gobierno y los sectores privado y social, con el fin de que los
fondos públicos y privados que se destinen a la prevención, al apoyo de la
población damnificada, y a la reconstrucción de zonas afectadas se manejen
de manera transparente, oportuna y racional. Otorgar asimismo a la partida
presupuestal correspondiente, las condiciones legislativas y administrativas
necesarias para favorecer el incremento de sus recursos, a partir de una
participación proporcional de los tres órdenes de gobierno.
208. Promover el fortalecimiento de un sistema global de protección civil,
habilitado con instituciones, normas y mecanismos regionales para la
prevención y atención de desastres, sobre bases multilaterales y como parte
de una estrategia dirigida a fomentar la cooperación internacional para el
desarrollo y, particularmente, para articular una respuesta multinacional a los
procesos de degradación global del medio ambiente.
209. Crear el servicio de protección civil obligatorio, como parte del servicio
militar nacional, para adiestrar e informar a los conscriptos, sobre los diferentes
programas y operativos que funcionan en la materia e incorporarlos en el
desarrollo de las acciones que realizan el Ejército y otros grupos de la
sociedad civil en casos de desastre, así como para convertirlos en agentes
multiplicadores de comportamientos y pautas de autoprotección entre la
población.
210. Rediseñar los fines y la estructura del Centro Nacional de Prevención de
Desastres, a efecto de descentralizarlo por regiones y diversificar sus funciones
de investigación y docencia, para convertirlo en una instancia eficaz de
vinculación entre los sistemas nacionales de Protección Civil y Educativo, así
como en un instituto de formación profesional, capacitación y adiestramiento
en la materia, comprometido con el propósito de extender una cultura nacional de
protección civil.
211. Revisar la legislación vigente en materia de Protección Civil, para actualizar
sus contenidos y mejorar su normatividad institucional.
Evaluación Independiente del Desarrollo Social
212. Establecer y aplicar, con la participación de diversos organismos
académicos, sociales y ciudadanos, mecanismos de planeación, información
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