Agenda Legislativa de Movimiento Ciudadano

H. CONGRESO DEL ESTADO
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AGENDA LEGISLATIVA DE MOVIMIENTO CIUDADANO
México vive momentos muy difíciles en materia de seguridad, justicia, transparencia
rendición de cuentas; los Poderes de la Unión y de las entidades federativas están
totalmente hundidos en la corrupción, el enriquecimiento ilícito y el abandono de sus
deberes constitucionales; los tres niveles de gobierno están infiltrados y en muchos casos
sometidos por el crimen organizado y los niveles de impunidad alcanzados son
absolutamente preocupantes.
En este contexto, ahora como antes, Guerrero ha sido y es un estado iniciador y promotor
de grandes transformaciones políticas y sociales de México; es un reflejo magnificado de
lo que pasa en la República y somos un estado precursor de la inconformidad social y
promotor de las transformaciones sociales que requiere y reclama la República.
La crisis económica, la fallida estrategia de combate al crimen organizado, la ausencia de
una política eficaz para enfrentar el narcotráfico y las reformas regresivas del Pacto por
México han sido el combustible que está por incinerar y destruir lo que queda del tejido
social.
Las violaciones graves a los derechos humanos ocurridas en Iguala los días 26 y 27 de
septiembre, enardecieron a la sociedad nacional e internacional, por la incalificable
brutalidad en contra de los jóvenes de Ayotzinapa y los habitantes de dicho municipio que
junto con algunos de ellos fueron asesinados, e hizo visible que en México se enfrentan y
colisionan, por una parte, una infinidad de sectores y actores sociales que pugnan por la
defensa de sus derechos, que aspiran a construir una cultura de respeto y garantía de los
derechos humanos, a edificar una sociedad donde las mujeres y los hombres vivamos con
dignidad y libres de violencia, una nación donde imperen la justicia, la equidad y la
igualdad social y, por otra parte, gobiernos en todos los niveles que viven una práctica
cotidiana de impunidad, de altos índices de corrupción. La incapacidad del Estado en su
conjunto para brindar seguridad y justicia se exhibió como nunca antes había sucedido,
revestida en un manto de encubrimiento, tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones
extrajudiciales.

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Como en todo el país, la injusticia, la pobreza y la inseguridad se han acrecentado en
Guerrero, como revela el estudio intitulado: “Medición de la Pobreza en México 2014”,
del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL),
según el cual nuestro estado ocupa el tercer lugar entre los estados con mayor índice de
pobreza nacional.
Así también, en nuestra entidad se encuentra la tercera ciudad más violenta del mundo,
como lo da a conocer el Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia Penal.
Ante tal panorama, Movimiento Ciudadano propone a la ciudadanía promover y
garantizar la participación activa de la población en la construcción de la vida
democrática y de un país más justo y solidario.
Para transformar y darle otro rumbo a Guerrero es primordial que el Congreso del Estado
asuma su responsabilidad como representante, ejecutor y garante de la soberanía popular,
generando los cambios legales e institucionales que requieren y exigen nuestra sociedad y
nuestro estado.
El Poder Legislativo de Guerrero debe poner fin a la morosidad, la ineficiencia y el
descrédito social.
Para ello, es fundamental contar con una agenda de trabajo legislativo que siente las bases
para una transformación política de fondo, que modernice nuestro marco constitucional y
legal a fin de consolidar instituciones dignas de un estado como Guerrero.
En Movimiento Ciudadano estamos convencidos de que para lograr esta transformación
necesitamos sacudir y reactivar la vida pública y sumar voluntades, por ello planteamos la
presente agenda legislativa que recoge las aportaciones y las exigencias más sensibles de
la sociedad.
El fortalecimiento y el impulso a la participación de la sociedad son una oportunidad para
dirimir conflictos específicos por la vía legal y pacífica, para encontrar soluciones
comunes y para hacer confluir las voluntades dispersas en una sola acción compartida en
beneficio de nuestra sociedad.
Las democracias modernas se fortalecen con la libertad de asociación de los ciudadanos
para participar en los asuntos públicos, con la libre expresión de pensamiento, programas
e idearios, con procesos electorales limpios que garanticen la libre y efectiva selección de
quienes habrán de servirles.

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En Movimiento Ciudadano luchamos por construir puentes de comprensión y
entendimiento con cada uno de los sectores de la sociedad; Movimiento Ciudadano es un
espacio abierto, donde todas y todos los ciudadanos encuentran un sentido de identidad,
un instrumento para servir y una manera de contribuir al bien común.
El sistema representativo tradicional se ha venido agotando al ser insuficiente para el
pleno ejercicio de los derechos políticos de las ciudadanas y ciudadanos; muchos sectores
han quedado fuera del derecho a la representación política. Todavía existen fuertes
déficits de representación en el caso de las mujeres, los jóvenes y los pueblos y
comunidades indígenas y afromexicanas.
Asimismo, existe un gran distanciamiento entre gobernantes y gobernados; el poder
público se ejerce sin un real, efectivo y veraz control ciudadano y la democracia se ha
convertido en un mero ejercicio del voto, y no en el sistema de gobierno en el que las
decisiones sean tomadas por el pueblo, fundado en el constante mejoramiento económico,
social y cultural que consagra nuestra Carta Magna.
Los procedimientos de control ciudadano con que se cuenta en la actualidad −como el
juicio político, el juicio de procedencia y el juicio de amparo− han demostrado su
ineficacia para dar por terminado el mandato que el pueblo le ha conferido a los
representantes populares que no cumplen con sus obligaciones; a los servidores públicos
que incurren en hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delitos; o
simplemente para proteger al ciudadano ante los abusos del poder.
Si bien el artículo 39 de la Constitución Política de la República establece claramente –y
lo refrenda el artículo 1º de la Constitución del estado− que: “La soberanía nacional
reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y
se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho
de alterar o modificar la forma de su gobierno”, y en el artículo 115 se establece que las
legislaturas locales “podrán suspender Ayuntamientos, declarar que éstos han
desaparecido y suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros”, la realidad
es que a casi cien años de promulgada la Constitución que nos rige, no hay, no existen
procedimientos claramente establecidos y efectivos ni para dar por terminado el mandato
de funcionarios o representantes populares que incumplen con sus deberes
constitucionales, ni para ejercer “el inalienable derecho de alterar o modificar la forma
de su gobierno.”

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De ahí que sea un imperativo democrático inaplazable el establecer procedimientos
efectivos para hacer posible la suspensión o revocación del mandato tanto de los
integrantes de los poderes públicos como de los Ayuntamientos y los órganos autónomos
del estado.
La revocación del mandato, deviene así en un elemento fundamental para fortalecer la
democracia, la rendición de cuentas y el control ciudadano sobre el actuar del gobierno y
es una figura que se hace necesaria e impostergable y serviría para fortalecer el vínculo
entre el gobierno y la ciudadanía, pues se obligaría a los funcionarios públicos a rendir
cuentas de manera transparente sobre la eficiencia y eficacia en el desempeño de sus
cargos.
Es imprescindible que el proceso democrático y el ejercicio del gobierno cumplan con
ciertos imperativos éticos, poniendo límites al ejercicio discrecional y los abusos de
poder en los cargos públicos, para que las instituciones públicas estén obligadas a ver al
ciudadano como actor fundamental de la vida democrática y su razón de ser.
Nos pronunciamos a favor de llevar a cabo la reforma integral del marco legal de nuestro
estado, como lo mandata la nueva Constitución del Estado, porque estamos convencidos
de que con ello se da respuesta a la sentida demanda ciudadana de erradicar y sancionar la
continua violación e inobservancia de las leyes, que durante muchos años ha venido
favoreciendo a la impunidad imperante en México.
Ponemos en el centro de nuestras preocupaciones las necesidades y prioridades de cada
uno de los sectores vulnerables de nuestra sociedad, con el firme compromiso de elevar su
calidad de vida y garantizar sus derechos sociales.
Entendemos como derechos sociales aquellos que el Estado debe reconocer y satisfacer a
partir del contexto social, aquellos que surgiendo de las necesidades actuales son el
derrotero a través del cual la sociedad acrecienta y logra un desarrollo humano optimo,
una calidad de vida digna.
Empero debemos considerar que el compromiso del Estado de promover y proteger los
derechos humanos, económicos, sociales y culturales, como salud, vivienda,
alimentación, medio ambiente, agua, identidad, cultura, deporte, entre otros igual de
importantes, implica también priorizar la asignación de recursos y la aplicación de
estrategias que permitan abatir en la mayor proporción y en el menor tiempo posible la
desigualdad y la exclusión social.

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Tomando en cuenta que todo poder público dimana del pueblo y se instituye para
beneficio de éste, el fin primordial del Estado debe ser el logro del bienestar social,
refiriéndonos a la salud física y mental, la tranquilidad emocional, el sentido de
pertenencia a la comunidad, la vida digna y el derecho a elegir libremente nuestras
opciones de vida. Es la serenidad, la libertad de selección y acción. Es una ocupación
segura, viable y segura en cuanto a las fuentes de ingreso, y en cuanto a la obtención de
alimentos.
Ante la situación actual que vive nuestro estado, es menester recuperar y preservar la paz
y la concordia social, para lo cual es indispensable reconstruir el tejido social y evitar que
los jóvenes continúen sumándose a las filas del crimen organizado mediante el
fortalecimiento educativo y laboral a la par de implementar estrategias y acciones para
recuperar espacios públicos y fomentar la práctica de las diversas manifestaciones de la
cultura, la recreación, el deporte y la sana convivencia, factores todos ellos de cohesión
social.
En el binomio Gobierno y Sociedad la estabilidad social resulta de la capacidad de ambos
para dirimir los conflictos mediante los intereses de cada individuo o grupo.
Un régimen tiene estabilidad política cuando su permanencia no se encuentra amenazada
por las carencias económicas, por la desigualdad y marginación social ni por los altos
índices de inseguridad pública, violencia institucional e impunidad gubernamental.
También es harto visible la necesidad de contar con procesos de identificación y
conciliación de conflictos entre los objetivos del desarrollo y las limitaciones de la
naturaleza; es decir los procesos de ajuste y transformación de los sistemas sociales para
la preservación, defensa y mejoramiento de los recursos naturales, a fin de posibilitar su
disponibilidad a las futuras generaciones, de eso se trata el desarrollo sustentable.
Al mismo tiempo temas tan álgidos como la desaparición forzada, la tortura, las
ejecuciones extrajudiciales y la trata de personas, cobran atención especial por lo que
estaremos legislando a fin de tipificarlos adecuadamente en el Código Penal del Estado,
estableciendo penas equivalentes a la gravedad de dichos delitos, estableciendo la
obligatoriedad de la intervención inmediata y oportuna de los órganos encargados de
procurar e impartir justicia hasta llegar a las últimas consecuencias.

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Así también en materia de seguridad pública, y debido a la infiltración del crimen
organizado en las corporaciones policiacas municipales, proponemos solucionar este
grave problema con el reconocimiento constitucional de casos de excepción en materia de
seguridad local y la consecuente aceptación e incorporación de los sistemas de seguridad
y justicia comunitaria y ciudadana, que lejos de perjudicar la gobernabilidad del estado y
del país, contribuyen a afrontar el gran flagelo que es la delincuencia organizada y el
combate a la corrupción y la impunidad.
En Movimiento Ciudadano, estamos comprometidos con las y los guerrerenses, por lo que
estableceremos los cimientos de un Guerrero libre y democrático en el que todas y todos
participemos para lograr la estabilidad y paz social.
En consecuencia con lo anterior, la Fracción Parlamentaria de Movimiento Ciudadano en
la LXI Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero,
propone a la sociedad guerrerense la siguiente:
AGENDA LEGISLATIVA DE MOVIMIENTO CIUDADANO
Sobre los Sucesos de Iguala
Dada la trascendencia nacional e internacional que ha adquirido la violación sistemática a
los derechos humanos ocurrida en Iguala los días 26 y 27 de septiembre de 2014 por la
desaparición forzada de 43 personas en un evento colectivo, y las nuevas implicaciones
que se derivan del “Informe Ayotzinapa, investigación y primeras conclusiones de las
desapariciones y homicidios de los normalistas de Ayotzinapa”, recientemente
presentado por el Grupo Interdisciplinario de Especialistas Independientes designado por
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (GIEI-CIDH), planteamos la urgente
necesidad de reactivar la Comisión Especial para el Seguimiento del Caso Iguala, para
que el Congreso del Estado de Guerrero contribuya a esclarecer hasta sus últimas
consecuencias estos sucesos y a que la sociedad conozca toda la verdad sobre tan trágicos
acontecimientos a fin de combatir la impunidad y coadyuvar a la obtención de justicia,
verdad y reparación del daño a las víctimas. Para el efecto propondremos los
ordenamientos siguientes:

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I. Ley por la que se crea la Comisión de la Verdad para la investigación de los
asesinatos, la desaparición forzada de 43 normalistas y las violaciones a los
derechos humanos durante los sucesos ocurridos a partir del 26 de septiembre
de 2014 en Iguala de la Independencia, Guerrero, con coadyuvancia de la
CNDH y de la CIDH;
II. Decreto por medio del cual se declara el 26 de septiembre de cada año como
día en contra de la desaparición forzada de personas en Guerrero, y se
exhorta al titular del Poder Ejecutivo, para que declare en el estado de
Guerrero el día 26 de septiembre de cada año , como día de duelo con motivo
de los hechos ocurridos en septiembre de 2014, en Iguala de la Independencia,
Guerrero;
III. Acuerdo Parlamentario por el que se nombra la Comisión Legislativa
Especial para el Seguimiento de la Investigación del Caso Iguala.
Reformas constitucionales pendientes
El Honorable Congreso de la Unión ha realizado en los dos años varias reformas a
diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las cuales
por mandato del propio ordenamiento constitucional deben incorporarse a la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero.
Movimiento Ciudadano propone que el congreso del Estado agilice la aprobación de las
reformas constitucionales federales pendientes y las incorpore a la Constitución Política
del Estado; las reformas pendientes son las siguientes:
1. Reforma constitucional federal en materia de transparencia, del 7 de junio de 2014;
2. Reforma constitucional federal en materia del derecho de toda persona a la
identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento, del 17 de junio
de 2014;
3. Reforma constitucional federal garantizando que las mujeres y los hombres
indígenas disfrutarán y ejercerán su derecho de votar y ser votados en condiciones

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de igualdad; así como a acceder y desempeñar los cargos públicos y de elección
popular para los que hayan sido electos o designados y que en ningún caso las
prácticas comunitarias podrán limitar los derechos político electorales de los y las
ciudadanas en la elección de sus autoridades municipales, del 22 de mayo de 2015.
4. Reforma constitucional federal en materia de disciplina financiera de las entidades
federativas y los municipios, del 26 de mayo de 2015;
5. Reforma constitucional federal en materia de combate a la corrupción, del 27 de
mayo de 2015;
Derechos Humanos
Impulsaremos la legislación de un marco jurídico que garantice el respeto y la vigencia
plena de los derechos humanos en nuestro estado; revisando, actualizando y armonizando
nuestros ordenamientos en la materia con las disposiciones nacionales más avanzadas y
con los tratados internacionales de los que México sea parte. Para este efecto
promoveremos, entre otros ordenamientos, los siguientes:
I. Ley Reglamentaria del Artículo 4 de la Constitución Política del Estado en
Materia de Derechos Humanos; armonizándola con el Artículo 1º de la
Constitución General de la República y los tratados internacionales en la materia, a
fin de garantizar y hacer efectivo que todas las autoridades del Estado, en el ámbito
de sus respectivas competencias, observen la obligación de promover, respetar,
proteger, garantizar y defender los derechos humanos, atendiendo a los principios
de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad y máxima
protección, así como a los de reparación integral del daño, justa indemnización y
no repetición de los hechos.
II. Ley Reglamentaria del Artículo 1º de la Constitución política de los Estados
Unidos Mexicanos en Materia de Derechos Humanos, con similar propósito a la
anterior y con fundamento en los artículos 61 fracción II y 65 fracción I de la
Constitución Política del Estado, relativos a la atribución del Congreso local de
iniciar leyes y decretos ante el Congreso de la Unión y del derecho para iniciar
leyes y decretos de que gozamos las y los legisladores guerrerenses.
III. Asimismo, nos mantendremos atentos a la buena aplicación y en su caso

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revisaremos actualizaremos y armonizaremos, conforme al nuevo marco
constitucional del estado, a la legislación nacional y con apego a estándares
internacionales, los siguientes ordenamientos:
 Ley Número 696 de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de
Guerrero, del 20 de marzo de 2015.
 Ley Número 439 para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Tortura en el Estado de
Guerrero, del 28 de enero de 2014.
 Ley Número 761 para Prevenir, Combatir y Sancionar la Trata de Personas en el
Estado de Guerrero, del 26 de agosto de 2011.
 Ley Número 391 de Protección de los Defensores de los Derechos Humanos en
el Estado de Guerrero, del 3 de agosto de 2010.
 Ley para Prevenir y Sancionar la Desaparición Forzada de Personas en el Estado
de Guerrero Número 569, del 14 de octubre de 2005.
 Ley Núm. 463, para el Bienestar Integral de los Periodistas del Estado de
Guerrero, del 17 de mayo de 2002.
IV. Haremos un conjunto de propuestas legislativas para tipificar y sancionar en el
Código Penal del Estado, de manera clara, precisa los delitos de tortura, trata de
personas, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, así como una ley
especializada en delitos contra periodistas y personas defensoras de derechos
humanos, armonizando las leyes locales con los nuevos protocolos del Sistema de
Justicia Penal Acusatorio.
V. Movimiento Ciudadano no consentirá ni avalará la tipificación de delitos que
atenten contra la libertad de expresión de los guerrerenses, impongan límites a las
libertades ciudadanas, ni que legitimen la criminalización de la protesta, los
movimientos sociales o la violencia por parte del Estado.
VI. Estaremos al pendiente de la implementación del procedimiento especial de
derechos humanos, previsto en la nueva ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado, conforme al cual la Comisión de los Derechos Humanos del Estado,
informa a la comisión legislativa de Derechos Humanos, la no aceptación o el
incumplimiento u omisión injustificada de las recomendaciones emitidas por la

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CODEHUM por cualquier servidor público, para actuar en lo procedente.
Asimismo, estaremos atentos al buen desempeño y puntual cumplimiento de las
competencias y funciones que el Reglamento Interno le confiere a la Comisión
Legislativa de Derechos Humanos del Congreso del Estado.
Justicia y Seguridad Pública
Dado el grave déficit que en estas dos materias arrastra el estado de Guerrero, velaremos
porque se cumpla totalmente en tiempo y forma con la implementación del sistema de
justicia penal acusatorio y oral, derivado de la reforma constitucional del 18 de junio de
2008 y propondremos, además, los ordenamientos siguientes:
I. Iniciativa de Ley del Sistema Anticorrupción para el Estado y los Municipios
de Guerrero;
II. Iniciativa de Ley de Conciliación y Mediación para el Estado y los Municipios
de Guerrero;
III. Iniciativa de Ley de Amnistía General y Plena para el Estado de Guerrero;
IV. Iniciativa de Ley de Justicia Indígena y comunitaria para el Estado y los
Municipios de Guerrero;
V. Iniciativa de Ley del Registro de Antecedentes Penales en el Estado de
Guerrero.
VI. Asimismo, nos avocaremos a revisar, modernizar, actualizar y armonizar los
siguientes ordenamientos, no obstante que algunos son de reciente promulgación,
con el objeto de garantizar su apego y congruencia con la reforma a los artículos
16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22; las fracciones XXI y XXIII del artículo 73; la fracción
VII del artículo 115 y la fracción XIII del apartado B del artículo 123, todos de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del 18 de junio de 2008, y
de brindar a las víctimas u ofendidos garantías plenas de acceso a la justicia y al
efectivo derecho al esclarecimiento de los hechos; a la protección del inocente; a
que el culpable no quede impune, y a que se reparen los daños causados por el
delito:

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 Ley Número 694 de Víctimas del Estado Libre y Soberano de Guerrero
(6 de marzo de 2015)
 Ley Número 695 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado y de los Municipios de Guerrero, del 20 de febrero de 2015.
 Código Nacional de Procedimientos Penales (5 de marzo de 2014 – 29
de diciembre de 2014)
 Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Guerrero, Número 499
(01 de agosto de 2014)
 Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Guerrero. Número
500 (01 de agosto de 2014)
 Ley Número 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero (16 de
febrero de 2007 – 01 de agosto de 2014).
 Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado Libre y Soberano de
Guerrero Número 129 (24 de mayo del 2000 – 01 de agosto de 2014).
 Ley Número 478 de Justicia para Adolescentes del Estado de Guerrero
(04 de julio de 2014)
 Ley Número 480 de Sujetos Protegidos del Estado de Guerrero (4 de
julio de 2014).
 Ley Número 481 de Extinción de Dominio para el Estado de Guerrero
(04 de julio de 2014)
 Ley Número 848 de Defensa Pública del Estado de Guerrero (6 de
diciembre de 2011 – 29 de febrero de 2012).
 Ley Número 847 de Ejecución Penal del Estado de Guerrero (02 de
diciembre de 2011).
En materia de justicia Civil:
 Código Civil del Estado Libre y Soberano de Guerrero Número 358 (2 de
marzo de 1993 – 16 de enero de 2015).

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 Código Procesal Civil del Estado Libre y Soberano de Guerrero Número
364 (26 de marzo de 1993 – 16 de abril de 2013).
En materia de justicia administrativa:
 Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de
Guerrero, Número 215 (9 de marzo de 2004 – 16 de junio de 2009).
 Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado
de Guerrero, Número 194 (9 de marzo de 2004 – 19 de junio de 2009).
Derechos de las Mujeres
La emergencia social que viven las mujeres en gran parte del territorio mexicano, incluido
nuestro estado, exige la definición de una agenda estatal de las mujeres que garantice el
ejercicio de derechos y que posibilite la incorporación nuestra entidad al avance
legislativo y de la política pública progresista, democrática y de izquierda, por lo que
impulsaremos la revisión, adecuación y actualización del marco jurídico para eliminar
cualquier indicio de desigualdad y discriminación contra las mujeres que subsista en la
legislación de nuestro estado.
No más desigualdad ni discriminación desde la ley.
En consecuencia, Movimiento Ciudadano centrará su labor legislativa en lograr que las
leyes en la materia estipulen y garanticen prioritariamente los siguientes derechos de las
mujeres:
1) Acceso a la justicia
2) Justicia Económica
3) Derechos humanos de las mujeres
4) Educación y cultura
5) Vida libre de violencia
6) Salud integral de niñas, adolescentes y mujeres

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En Movimiento Ciudadano hemos sido y somos desde nuestra fundación, promotores
indeclinables de la igualdad de géneros y de su derecho a una vida digna y libre de
violencia y discriminación.
Somos firmes convencidos de la necesidad de eliminar totalmente las brechas de
desigualdad que todavía subsisten entre las mujeres y los hombres en todos los ámbitos de
la vida económica, política, social, cultural y en las relaciones de pareja, las cuales
repercuten negativamente sobre la formación de las nuevas generaciones, sobre las niñas,
niños y adolescentes y no permiten que la sociedad pueda perseguir libremente y lograr el
derecho a la felicidad.
En congruencia con nuestras convicciones democráticas e igualitarias, Movimiento
Ciudadano combatirá toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el
género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la
religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente
contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y
libertades de las personas.
A este efecto y con el propósito de poner un alto a la violación de los derechos de niñas,
niños y adolescentes y la constante agresión al interés superior del menor, así como a la
discriminación con motivo de la diversidad de preferencias sexuales, promoveremos las
iniciativas siguientes:
I. Revisión y reforma del Código Civil del Estado de Guerrero, para eliminar
toda discriminación de género;
II. Reforma al Código Civil del Estado, para que se reconozcan los matrimonios
igualitarios.
III. También nos proponemos, con la más amplia y permanente intervención de las
organizaciones defensoras de los derechos humanos de las mujeres, de la
comunidad lésbico-gay y de toda la sociedad, revisar actualizar y armonizar con la
legislación más avanzada en la materia y con la convencionalidad internacional de
la que México es parte, las siguientes leyes y ordenamientos:
 Ley Especial de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de
Guerrero, de próxima publicación;

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 Ley Número 1256 para la Promoción de la Convivencia Libre de Violencia en
el Entorno Escolar del Estado de Guerrero (11 de enero de 2013).
 Ley Número 494 para la Igualdad Entre Mujeres y Hombres (28 de diciembre
de 2010 – 25 de noviembre de 2011).
 Ley Número 553 de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del
Estado Libre y Soberano de Guerrero (8 de febrero de 2008 – 26 de noviembre
de 2013).
 Ley Número 375 para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado de
Guerrero (20 de febrero de 2009).
 Ley de Prevención y Atención de la Violencia Familiar del Estado de Guerrero
Número 280 (13 de abril de 1999 – 03 de diciembre de 2010).
Transparencia y Modernización del Poder Legislativo
El Congreso del Estado requiere una cirugía mayor en materia de transparencia y acceso a
la información y de modernización administrativa y de los procesos legislativos, para
mejorar su desempeño y agilizar el acceso de la sociedad al conocimiento de la labor
parlamentaria en todas sus facetas, incluyendo los aspectos financieros y presupuestales,
incorporando para este efecto las más modernas tecnologías de información y
comunicación.
I. Promoveremos la pronta legislación y promulgación de una Nueva Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado, con base en la reforma integral de la
Constitución Política del Estado, publicadas el 29 de abril de 2014; en las
atribuciones y formas de funcionamiento más modernas de los cuerpos legislativos
a nivel nacional y en la plena congruencia de la labor legislativa con el actuar en
beneficio del pueblo a que están obligados los integrantes de los tres poderes del
estado y los tres órdenes de gobierno.
II. También promoveremos que se implementen entre otras las siguientes medidas:
 Tablero Electrónico para el Registro de las Votaciones Legislativas;
 Sistema interactivo de trasmisión en tiempo real de las sesiones del Congreso

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a través de señales de televisión, radiofónicas y de internet, tanto dentro del
Recinto Parlamentario como abierto a la sociedad;
 Creación de la Gaceta Parlamentaria electrónica, para que todas las
promociones de iniciativas, decretos y acuerdos, órdenes del día,
correspondencia, turno de iniciativas, actas de sesión, resumen de sesiones,
desempeño de los legisladores, notificaciones a terceros, entre otros, y su
proceso legislativo sean del conocimiento en tiempo real tanto de los
legisladores como de la sociedad;
 Transparencia veraz y efectiva de los ingresos y el ejercicio del gasto del
Poder Legislativo.
Participación Ciudadana y Buen Gobierno
I. Defenderemos el derecho a disentir, abogaremos por una democracia
perfectamente participativa, porque creemos en la fuerza y vitalidad renovadora del
empoderamiento ciudadano y en el necesario ejercicio republicano de las formas
de democracia directa, ya que aún el actual sistema de democracia representativa y
formal requiere de la más amplia participación de la ciudadanía, no sólo en la
elección de los representantes a los cargos de elección, sino en todas las decisiones
fundamentales sobre los asuntos públicos.
II. Uno de los derechos inalienables de las y los ciudadanos es poder suspender o
revocar el mandato de servidores públicos electos mediante votación directa o
indirecta cuando estos incumplan con las obligaciones constitucionales y legales
para los que fueron electos, así como exigir una efectiva y veraz rendición de
cuentas a sus gobernantes, lo que va más allá de la transparencia, y que más bien es
una exigencia de que éstos cumplan con sus obligaciones y responsabilidades en
beneficio del pueblo.
III. Para ello, promoveremos que se legisle y promulgue la ley secundaria en materia
de revocación de mandatos, derecho político que se fundamenta en el principio de
soberanía popular consagrado en la Constitución General de la República y que
está plenamente reconocido por la Constitución Política del Estado, por medio del
cual los ciudadanos pueden dar por terminado el mandato que le han conferido a

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un gobernador, a un diputado o una diputada local, a un presidente municipal o a
cualquier otro miembro de los ayuntamientos, del poder judicial o de los órganos
autónomos del estado, que hayan sido electos mediante votación popular directa o
indirecta, así como las siguientes iniciativas:
IV. Ley para la Revocación de Mandato para el Estado y los Municipios de
Guerrero, reglamentaria de la fracción IX del Artículo 128 de la Constitución
Política del Estado;
V. Ley para la Consulta Previa, Libre e Informada a los Pueblos y Comunidades
Indígenas y Afromexicanas del Estado y los Municipios de Guerrero;
VI. Ley de Integración Territorial del Estado de Guerrero, para crear la Región
Sierra, como octava región económica-administrativa de la entidad.
Siguiendo esta dinámica, en materia de participación ciudadana y buen gobierno
proponemos revisar, modernizar, actualizar y armonizar los siguientes ordenamientos:
 Ley Número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de
Guerrero (30 de junio de 2014).
 Ley Número 684 de Participación Ciudadana del Estado Libre y Soberano de
Guerrero, del 4 de julio de 2008.
 Ley Número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de
Guerrero (28 de febrero de 2012 – 21 de mayo de 2013).
 Ley Número 374 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Guerrero (15 de junio de 2010).
 Ley Número 994 de Planeación del Estado Libre y Soberano de Guerrero (26 de
diciembre de 2008 – 25 de agosto de 2015).
Todo ello, con el objeto de actualizar y armonizar el contenido de los ordenamientos
electorales con las resoluciones tanto del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación como de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tanto en materia de
procedimientos electorales y candidaturas independientes como en cuanto a la
representación política de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.

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VII. Revisaremos, actualizaremos y armonizaremos la Ley de Participación Ciudadana
del estado, para ponerla en consonancia con lo más avanzado de la legislación
nacional en la materia y con los tratados internacionales de los que México sea
parte, a fin de simplificar los procedimientos para hacer efectiva y autentica la
participación ciudadana, así como los tres instrumentos fundamentales y vitales
para la intervención de la ciudadanía en los asuntos públicos, como lo son la ley de
fiscalización y rendición de cuentas; la de transparencia y acceso a la información
pública, y la de planeación que establece y regula el sistema estatal y los
municipales de planeación democrática con participación popular.
VIII. También revisaremos, actualizaremos y armonizaremos la Ley de Participación
Ciudadana del estado, para ponerla en consonancia con lo más avanzado de la
legislación nacional en la materia y con los tratados internacionales de los que
México sea parte, a fin de simplificar los procedimientos para hacer efectiva y
autentica la participación ciudadana.
IX. Así como los tres instrumentos fundamentales y vitales para la intervención de la
ciudadanía en los asuntos públicos, como lo son la ley de fiscalización y rendición
de cuentas; la de transparencia y acceso a la información pública, y la de
planeación que establece y regula el sistema estatal y los municipales de
planeación democrática con participación popular.
Fomento y Desarrollo Económico
Sociedad y gobierno deben colaborar para mitigar la escasez económica, el desempleo y
la polarización social, que propician la violencia, el conflicto social y el enfrentamiento
político destructivo, de manera tal que los problemas se mantengan dentro de márgenes de
gobernabilidad lo suficientemente amplios como para encontrarles salidas conjuntas y
pacíficas.
La privilegiada ubicación geográfica de nuestro estado, nos hace poseedores de una
inmensa riqueza natural y cultural expresada en la amplia biodiversidad que poseemos y
un vasto mosaico cultural y pluriétnico, que en conjunto constituyen nuestras principales
y mayores ventajas competitivas y comparativas.

18
Para potenciar el mejor aprovechamiento de estas ventajas, de nuestros recursos naturales
y de las capacidades productivas de las y los guerrerenses, así como aminorar las
vulnerabilidades económicas de Guerrero, proponemos que el Congreso del Estado haga
suyas e impulse las siguientes obras y acciones:
I. Promover que se concrete la inversión en infraestructura y desarrollo económico
prevista en el Plan Nuevo Guerrero, en cuya presentación el presidente Peña Nieto
anunció proyectos tan importantes como el desarrollo logístico e industrial del
Puerto Balsas; obras carreteras como la autopista Intercostera que conecte desde
Michoacán hasta Chiapas, la autopista Puebla- Tlapa-Marquelia y el camino Filo
Mayor en la Sierra de Guerrero; la ampliación de la red de fibra óptica y los puntos
de acceso digital gratuitos en escuelas, hospitales, ayuntamientos y en otros sitios
públicos; la rehabilitación y construcción de nuevas fuentes de abastecimiento de
agua potable para las ciudades de Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Taxco y
Zihuatanejo; destinar recursos para cultivos y especies no asegurados, así como
para la inversión en infraestructura y equipamiento del campo; y la promoción de
proyectos productivos para desplegar las capacidades y habilidades de los
guerrerenses en actividades como el turismo, comercio, agricultura y
manufacturas, entre otros.
II. Consolidar la integración de la Alianza Estratégica para el Desarrollo Sustentable
de la Región Pacífico Sur (ADESUR), primer consorcio de investigación y
desarrollo tecnológico de Centros CONACyT en el estado de Guerrero, que tiene
como eje el desarrollo de proyectos en ciencia, tecnología e innovación social y
ambientalmente viables relacionados con la sustentabilidad alimentaria de los
estados del Pacífico Sur, particularmente de Michoacán, Guerrero, Oaxaca y
Chiapas; cuya sede se empezó a construir recién el pasado 14 de septiembre en
Acapulco.
III. Impulsar proyectos estratégicos de desarrollo regional en el estado de Guerrero,
como el de industrialización del Cocotero, para obtener una serie de nuevos
productos derivados de este fruto. Para ello es necesario impulsar un fuerte
programa de renovación de las plantaciones de coco para incrementar la
producción y tener la materia prima suficiente para su manufactura.
IV. Apoyar y estimular la agroindustrialización y mejora de calidad, presentación y
comercialización de productos tan significativos y de gran potencial para la

19
economía estatal como mango, café, mezcal, aguacate, jamaica, limón, plátano,
yaca, stevia y jengibre, entre otros.
V. Impulsar en la Región de Tierra Caliente una serie de cultivos alternativos
rentables que permitan utilizar mejor la superficie agrícola y aprovechar la
capacidad de riego de la región.
VI. Promover en la Montaña y en la Costa Chica del estado cultivos con rentabilidad
económica, así como proyectos de reforestación sustentable y restauración de
suelos, que propicien la rehabilitación ecológica y potencien la capacidad
productiva de estas dos regiones.
VII. Darle un fuerte impulso al Parque Industrial del Ocotito, a fin de que se convierta
en atractivo para inversionistas nacionales e internacionales.
VIII. Impulsar procesos de financiamiento a las distintas empresas del estado de
Guerrero, retomando la experiencia de diversas instituciones públicas.
Al respecto promoveremos las iniciativas siguientes:
I. Ley de Fomento y Desarrollo Agroindustrial del Estado de Guerrero;
II. Ley de Fomento y Desarrollo del Turismo Social y Comunitario para el
Estado y los Municipios de Guerrero.
III. Ley que Crea el Consejo de Educación para la Vida y el Trabajo del Estado
de Guerrero; con el propósito de promover, concertar y fortalecer la educación
permanente para la vida y el trabajo, así como coordinar y armonizar las políticas y
actividades de las instituciones públicas relacionadas con la educación no
escolarizada y con la capacitación para el trabajo de los jóvenes y adultos en el
estado.
Desarrollo Social
En materia de política social, nuestras prioridades legislativas se encuentran dirigidas
hacia los sectores más vulnerables a fin de que puedan acceder a mejores condiciones de
vida, garantizando sus derechos a través de un marco jurídico apropiado e implementando
mecanismos que sienten las bases para una paz social duradera, a partir de armonizar la

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legislación nacional con la local de acuerdo al contexto y necesidades la población
guerrerense cada reforma ira espoleada con el enfoque de derechos humanos.
La atención a los grupos vulnerables y el combate a la pobreza es una de las prioridades
fundamentales de Movimiento Ciudadano, en particular lo relacionado con la educación y
la salud de la población, lo que consideramos fundamental para el desarrollo social y
humano, así como lo relativo a la atención y protección de las personas adultas mayores.
Cuánto más participación haya de la sociedad, mejor será la definición de prioridades y el
control de su ejecución. Así una nueva política social debe buscar mejorar la equidad, la
eficiencia social y la competitividad sistémica.
La cultura y la protección del patrimonio cultural, natural y mixto del estado, son vitales
para el fortalecimiento del desarrollo social y humano de los guerrerenses, por lo que
atendiendo a esta prioridad humana presentaremos la siguiente iniciativa:
I. Ley para la Protección del Patrimonio Cultural, Natural y Mixto del Estado y
los Municipios de Guerrero
II. Asimismo, proponemos actualizar y armonizar la siguiente legislación:
 Ley Número 1212 de Salud del Estado de Guerrero (04 de diciembre de 2012 –
08 de julio de 2014).
 Ley Núm. 102, para el Desarrollo Social del Estado de Guerrero (6 de enero de
2004 – 05 de abril de 2011).
 Ley Número 375, de los Derechos de las Personas Adultas Mayores del Estado
de Guerrero. (16 de noviembre de 2004 – 18 de septiembre de 2012).

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A t en t a m e n t e
Chilpancingo, Gro., a 29 de septiembre de 2015
La Fracción Parlamentaria de Movimiento Ciudadano
Dip. Ricardo Mejía Berdeja Dip. Magdalena Camacho Díaz
Dip. Silvano Blanco Deaquino
Esta hoja de firmas corresponde a la Agenda legislativa de Movimiento Ciudadano,
presentada el 29 de septiembre de 2015.

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