El documento aborda la estructura y funciones del poder judicial, enfatizando que la administración de justicia debe aplicar la ley de manera equitativa, considerando las desigualdades sociales. Establece la independencia de los jueces, el respeto al debido proceso, y la obligación de motivar las resoluciones judiciales, además de detallar la organización del poder judicial en diversas instancias. También se mencionan principios fundamentales como la gratuidad de la justicia, la participación popular en el nombramiento de magistrados y la protección de los derechos de los detenidos.