Presentación sobre políticas publicas

1. POLITICAS PUBLICAS PARA EL SECTOR
AGROPECUARIO EN MÉXICO
MTRO. ROBERTO RUIZ SILVA

2. Política Agropecuaria
Podemos definir la política agropecuaria como:
“…el conjunto de medidas e instrumentos que aplica el estado en
materia agropecuaria con el fin de lograr el desarrollo socioeconómico
del campo.” (López, 2013).
En México, La política agropecuaria es el conjunto de medidas e
instrumentos que aplica el estado en materia agropecuaria con el fin
de lograr el desarrollo socioeconómico del campo. Esta política se
puede dividir en política agrícola, ganadera, silvícola y pesquera.

3. Cada una de estas políticas aplica determinadas medidas con el objeto de
fomentar la actividad a la que se dirige, de tal suerte que el conjunto de
instrumentos y medidas aplicados por la política agropecuaria coadyuva a
la política económica general a lograr el desarrollo socioeconómico del
país.
En México, las principales instituciones encargadas de la política
agropecuaria en la actualidad, son:
 Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, (SADER).
 Secretaria de la Reforma Agraria (SRA).
 Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).
 Financiera Rural.
 Fideicomisos Instituidos en Relación a la Agricultura (FIRA).

4. Qué es Agropecuario:
Agropecuario es la parte del sector primario formado por la agricultura,
ganadería, acuícola o pesca a través de los cuales se producen bienes
de consumo y materias primas, utilizadas en la confección de productos
la mayoría de importancia para la vida moderna, que constituye el
sector secundario.
De los 198 millones de hectáreas que conforman el territorio nacional,
el 16% son tierras agrícolas, el 61% de agostadero y el 23 son bosques y
selvas.

5. Actualmente “México cuenta con un territorio nacional de 198 millones de
hectáreas de las cuales 145 millones se dedican a la actividad
agropecuaria…” (Unidas) desgraciadamente desde 1982 hasta el presente
comprende un proceso de liberación.
Después de la culminación de la revolución mexicana, al establecer las
políticas que regirían nuestro país, establecen las políticas Agrarias y la
distribución de la tierra, de la cual emana la reforma agraria y la postura
agrarista, mientras algunos solo se preocupaban de la distribución de las
tierras, para otros era más importante la producción de las tierras, misma
idea que compartía Francisco I. Madero Presidente Revolucionario, la gran
problemita surge con la confianza de los mexicanos en que nunca se agotaría
la extensión de tierra.

6. La reforma agraria en México fue vista desde un punto de vista a largo
plazo, ya que las reformas aplicada y reestructuradas no lograron el
objetivo que se tenía previsto, ya que lo podemos observar
actualmente, nuestros campesinos mexicanos viven en pobreza
extrema.
Actualmente la Agricultura y…” su participación en el PIB nacional, que
es de apenas 4%,…” Si se considera la producción agroindustrial, la
contribución sectorial al PIB de México se duplica sobradamente,
superando 9%” cifras reveladas por la ONG. (Unidas)

7. El crecimiento de la población, el sector rural reformado quedo
devastado ya que no se contemplo el crecimiento de la población,
estamos hablando que en 1990 el porcentaje era menor en un 50%, y
de esta población solo unos pocos se dedicaban al campo.
La política agraria busca la mejora de la vida del campesino, y de sus
familias, nacen los ejidos y las pequeñas propiedades pero eso ya no
era suficiente, la población incremento y se tenía que buscar una
reestructuración de las tierras.

8. Política Agropecuaria
Las reformas políticas en especial al marco jurídico que se presentaron
surgieron como una innovación a el sector agrario ya que buscaba
estructurar todas esa variables que no se contemplaron en un principio ,
como lo es el desarrollo rural, adecuación a el marco jurdico,canalización
selectiva de recursos a productores de bajos ingresos, apoyos compatibles
con estabilidad macroeconómica e integración gradual de la economía,
reducción de la deformación en las cadenas productivas ,tienen como base la
promoción de una nueva ley agraria que sonaba muy prometedora.
Se pone fin al reparto agrario en 1915 eliminándose fracciones de el artículo
27 de la constitución “los núcleos de población que carezcan de tierras o
aguas o no las tenga en cantidad suficiente para las necesidades de su
población tendrán derecho a que se les dote de ellas” (Art.27 de La
constitucion )

9. Política Agropecuaria
La obediencia al Gobierno reformado tenía un fuerte apoyo en la ley agraria. Las
tierras que se entregaban en provecho permanecían como propiedad de la nación
por concesión a una empresa, las cuales eran el ejido o la comunidad. El ejido, un
ente poderoso de personalidad jurídica, asamblea de socios y autoridades
representativas, era la autoridad pública encargada de vigilar el cumplimiento de la
concesión. Las parcelas que se entregaban para disfrute personal a los ejidatarios
quedaban inmovilizas a condiciones particulares muy restrictivas:
En primera instancia hablaba de que la tierra debía ser cultivada personalmente
por el titular, no podía mantenerse inactiva, venderse, alquilarse ni usarse como
garantía; no podía ser quitado a una persona, pero podía ser heredada por un
sucesor escogido por el propietario siempre que no hubiese sido dividida. El
incumplimiento de estas condiciones implicaba castigos que revocaban sin
compensación los derechos de satisfacción de la parcela y la pertenencia al ejido.

10. Política Agropecuaria
Las dependencias agrarias del gobierno eran las únicas con la facultad de
convocar a la asamblea ejidal, claro siempre y cuando un fuera validada por
funcionarios públicos posterior tomaba las decisiones principales sobre casos
como cuando ocurría una privación de derechos agrarios, pertenecía a la
autoridad agraria federal asignar tales derechos a otro solicitante de tierras.
La producción de autoconsumo aportaba no sólo seguridad de alimentación
al pueblo sino también libertad para continuar con sus hábitos tradicionales.
Importante era el ingreso financiero obtenido sobre todo por la generación
de empleos; pero la proporción de los alimentos comprados con lo que les
pagaban era mínima y menor de la que se obtenía con el autoconsumo: la
reforma agraria había cumplido aparentemente su propósito
aparentemente.

11. Política Agropecuaria
Las tierras competentes para el cultivo fueron escaseando y cada vez se tenía menos
rendimiento; ello se debía a la falta de humedad, al excesivo número de tierras en
pendiente, a la vulnerabilidad a las plagas, y a riesgos relacionados con la incorporación de
tierras marginales. En el presupuesto de los productores campesinos, la parque que les
tocaba de los alimentos de autoconsumo bajo referente al gasto monetario. Se agregaron a
la lista de gastos fertilizantes e insecticidas que compensaban la pérdida de fertilidad de las
tierras; herramientas, gastos por transportes, medicinas, bienes y servicios que se lograban
en el mercado.
La producción agropecuaria había descendido en todo el mundo; durante el siglo XX los
precios constantes de los alimentos bajaron un 50 por ciento. Las nuevas tecnologías
asociadas a la revolución verde ofrecían «milagrosos» incrementos en los rendimientos a
cambio de inversiones muy altas. Sólo los países más ricos pudieron cubrir esos costos
mediante subsidios enormes, que distorsionaron los mercados globales. Entre 1960 y 2000
los precios reales de los alimentos descendieron un 40 por ciento, y la disponibilidad de
alimentos per cápita creció casi un 20 por ciento.

12. Política Agropecuaria
Quedaba probado que la profecía maltusiana que habla de “…el ritmo de
crecimiento de la población responde a una progresión geométrica, mientras que el
ritmo de aumento de los recursos para su supervivencia lo hace en progresión
aritmética…” (Diaz).Por esta razón, de no intervenir obstáculos represivos (hambre,
guerras, pestes, etc.) podría tener consecuencias mayores como la escasez de vida
humana.
Las frecuentadas crisis económicas nacionales hicieron que redujese el
intervencionismo público y que los inversionistas privados se retirasen del sector
primario. El campo mexicano se descapitalizó y la pobreza extrema se concentró en
él. Desde 1965 el crecimiento del producto agropecuario fue en promedio inferior
al aumento de la población nacional y, en algunos años, fue incluso inferior al
aumento de la población rural. A pesar de los cambios en la estructura de la
producción agraria, el suministro nacional de alimentos registró un déficit.

13. Política Agropecuaria
La importancia relativa de las exportaciones agropecuarias en la balanza comercial ha disminuido, Desde los
70’s, en promedio cerca de la tercera parte del consumo aparente de granos básicos se ha cubierto con
importaciones en vez de producirlos nosotros mismos. A fines del siglo XX un poco más de la quinta parte de la
fuerza de trabajo nacional dedicada a la producción agropecuaria aportaba apenas un 5 por ciento del
producto interno bruto: esta cifra refleja la pobreza de los trabajadores del campo, la aguda desigualdad
existente en el sector rural, y la situación marginal del sector rural en la economía y la política nacionales.
El deterioro progresivo pero acelerado del sector rural se prolongó hasta 1992, cuando fue posible alcanzar un
consenso suficiente, aunque distante de la unanimidad, para reorientar y dar dinamismo al desarrollo rural, y
combatir la pobreza, el atraso y la marginación. La primera etapa ese proyecto de reorientación de largo
alcance fue la reforma del artículo 27 Constitucional en materia agraria, así como las leyes reglamentarias
derivadas. La nueva versión del artículo se promulgó el 6 de enero de 1992, y unos meses más tarde se
promulgó la Ley Agraria y la Ley Forestal. Sin embargo, la crisis política de 1994 y la crisis económica de 1995
retrasaron o suspendieron la aplicación de los programas compensatorios y, lo que era más importante, de una
reforma institucional que no sólo era complemento sino condición de la reforma integral de gran alcance. La
reforma quedó inconclusa; sus metas sociales y económicas no se alcanzaron. Pese a estas limitaciones, la
reforma produjo efectos positivos que conviene analizar.

14. Política Agropecuaria
El reparto agrario, entendido como una obligación del Estado, había cumplido su propósito
después de 75 años. El ejido, sociedad de propietarios de tierras, permaneció como sujeto
jurídico de la propiedad social. A través de la decisión mayoritaria de sus socios, reunidos
en asamblea con facultades especiales, el ejido podía vender la tierra de uso común,
arrendarla, aportarla como capital a una sociedad mercantil, usarla como garantía
hipotecaria, o decidir su explotación colectiva. El ejido podía incluso disolverse o adoptar la
forma de una comunidad agraria con objeto de conseguir una mayor protección.
Desde 1992, el crecimiento de la producción agropecuaria ha sido equivalente al
crecimiento de la población, que ha descendido al 1,5 por ciento anual. El índice de
crecimiento de la producción ha sido insuficiente para frenar el deterioro del sector
agropecuario y acabar con la pobreza. Las exportaciones agropecuarias han crecido
aceleradamente aprovechando las ventajas proporcionadas por el Tratado de Libre
Comercio de América del Norte. La producción nacional de cereales y plantas oleaginosas
no ha descendido aunque su estructura se ha modificado a causa del abandono de los
cultivos no competitivos.

15. Política Agropecuaria
El capital privado externo o de otros sectores no se ha invertido en gran escala en la
producción agropecuaria debido a la falta de incentivos, y los porcentajes de
ganancia no han resultado atractivos. La privatización abusiva y el restablecimiento
de los latifundios por las grandes empresas no han tenido lugar. Se crearon unas
diez empresas agropecuarias mercantiles, que no prosperaron; dos de ellas se
asociaron a distintas formas de propiedad. La privatización de las tierras ejidales ha
sido inferior al 1 por ciento de las tierras de propiedad social. Las tierras
privatizadas se han incorporado casi siempre al sector urbano en desarrollo, del
cual los ejidos han obtenido enormes plusvalías.
La transmisión de los derechos ejidales, no siempre registrada a pesar de su
carácter legal, parece haber aumentado ligeramente. En una situación de mayor
seguridad, ha habido señales de un modesto proceso de capitalización que los
propietarios rurales sociales o privados han llevado a cabo con sus propios ahorros.

16. Política Agropecuaria
Aparentemente, el mercado de tierras no ha conocido progresos. Para que ese mercado
tuviese auge habría sido necesario poner un término a los títulos y registros de propiedad
no fiables. Desde 1993, el Programa de Certificación de Derechos Ejidales (PROCEDE) ha
expedido a los ejidos y a cada uno de los parceleros unos certificados que son conformes a
los requisitos de calidad jurídica y cartográfica. Hasta el año 2000, el Programa había
logrado la certificación de casi el 80 por ciento de los ejidos del país, pero a nivel regional
los progresos seguían siendo desiguales.
Registro Agrario Nacional, otra institución creada por la reforma, ha conseguido apoyar con
firmeza el mercado de tierras. Sin embargo, los registros públicos estatales de la propiedad
rústica privada han sido menos eficaces que los registros de la propiedad social federal, y
no han podido dar fiabilidad a sus escrituras. La falta de financiamiento ha sido uno de los
problemas que ha entorpecido la formación de un mercado de tierras. El sistema
financiero bancario privado no ha operado en el campo, y el sistema financiero bancario
público ha sido desmantelado con objeto de su ulterior reorganización. El financiamiento,
una de las condiciones de una reforma rural de gran alcance, ha estado ausente del
proceso reformista.

17. Política Agropecuaria
El sistema de financiamiento público rural, que técnicamente estaba en
quiebra, fue desmantelado para ser reorganizado posteriormente; este
proceso aún no ha culminado. El aparato institucional y su burocracia
no han seguido el ritmo de las nuevas normas legales ni se han
adaptado al espíritu de la reforma. Persiste un centralismo de carácter
autoritario y paternalista.

18. Conclusión
Aún no es posible hacer un balance de una reforma muy reciente, afectada por una crisis económica profunda y por la alternancia
política del Gobierno. La reforma presenta signos alentadores pero no está exenta de incertidumbre y señales de alarma. Los
conflictos agrarios han sido menos frecuentes e intensos, aunque persisten focos aislados de riesgo en regiones indígenas, donde los
conflictos se utilizan como instrumento para la satisfacción de otras demandas. Aparentemente se ha detenido el deterioro
económico del sector agropecuario, aunque su crecimiento ha sido modesto e insuficiente para compensar los atrasos acumulados.
Los ingresos y el nivel de vida de la mayor parte de los sectores más pobres del campo no han disminuido, aunque las aspiraciones y
las expectativas creadas por las reformas distan de haberse realizado.
Hay desaliento, confusión e incertidumbre entre los productores rurales; y pese a la movilización reciente de las organizaciones
rurales, las instituciones públicas se han mostrado indiferentes o ineficaces al atender sus peticiones.
En la opinión y en los debates sobre cuestiones nacionales, el campo no ha tenido prioridad; los partidos políticos no han formulado
propuestas claras y alternativas posibles, y la opinión sólo ha reaccionado ante desastres o enfrentamientos. El debate legislativo
sobre el campo ha sido escaso, y ha omitido considerar el problema central: sin un auténtico desarrollo rural sostenible que combata
la pobreza y el atraso no podrá haber en México un progreso económico y democrático. Las soluciones de mediano plazo sólo serán
posibles si se logran de inmediato los acuerdos nacionales y se inician los programas que pongan fin a una reforma inconclusa y quizá
imperfecta. El campo se encuentra rezagado y aumenta las protestas encabezadas por los campesinos y productores.

19. Conclusión
Necesitamos una política agropecuaria que ayude de manera tangible y
de raíz la reducción de la pobreza que se vive en el medio rural,
fortalecer la seguridad alimentaria, necesitamos una verdadera
transformación agropecuaria en todo el país. Se requiere urgente una
verdadera política agropecuaria que mejore los precios al consumidor y
las ganancias para los productores.

20. Los Ejes más importantes que deben cubrirse:
Respaldo a los pequeños productores
Incrementar la disponibilidad de fertilizantes mexicanos
Incrementar el riego en todo el país
Mayor crédito y servicios financieros para el campo
Sincronizar la oferta y demanda de productos agropecuarios
Contar con un moderno marco legal para el sector.

21. Generación de estadísticas
SIAP
INEGI

22. Modificación del Articulo 27 de la
Constitución

23. Los TLC y el sector agropecuario
En septiembre de 2013, Panamá tiene vigente 18 acuerdos comerciales internacionales que involucra a más de 30
países.
El Tratado de Promoción Comercial (TPC) entre Panamá y los Estados Unidos (EE.UU.) entró en vigencia en octubre
del 2012. Cabe resaltar que en el TPC se acordó que todos los productos vegetales cosechados en Panamá (requisito
exigido por la Regla de Origen), no pagan aranceles al ser introducidos en el mercado de EE.UU. al amparo del
acuerdo.
Por su parte, Panamá aplica periodos de desgravación arancelaria a los productos del sector primario procedentes
de los EE.UU., que son sensitivos para la producción nacional, con plazos que oscilan entre los 10 años y los 20 años
hasta quedar libre de arancel.
A la mayoría de los productos sensibles del sector agropecuario, Panamá le aplica a las importaciones (de estos
productos) procedentes de EE.UU., el mecanismo de periodo de gracia, es decir, que durante varios años el arancel
negociado permanecerá igual y después iniciará el periodo de desgravación.
EE.UU. le otorga mayores ventajas arancelarias a Panamá con referencia a productos del sector agropecuario, siendo
más conservador con algunos productos derivados de lácteos y de cacao (chocolate).

24. Los TLC y el sector agropecuario
Todos los acuerdos tienen una cláusula de cooperación principalmente en el Acuerdo de Asociación entre
Centroamérica y la Unión Europea (ADA), aprobado recientemente. Panamá debe aprovechar esta cláusula
(principalmente los suscritos con países desarrollados) para desarrollar programas de mejoramiento de la
producción y en el empleo de nuevas tecnologías, que faciliten a los productores nacionales aumentar su nivel de
productividad, sobre todo a las pequeñas y medianas empresas (Pymes).
Es importante que los operadores económicos agropecuarios y agroindustriales interesados en exportar, se asesoren
con las autoridades sanitarias de Panamá como el Ministerio de Salud (Minsa), el Ministerio de Desarrollo
Agropecuario (Mida) y con la Autoridad Panameña de Seguridad Alimentaria (Aupsa) con anticipación; para
asegurarse que cumplan con los requisitos sanitarios y fitosanitarios exigidos internacionalmente, en especial en el
caso de las inspecciones de plantas.

25. Bibliografía
Art.27 de La Constitución.
López, R. L. (2013). Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 5 de la Ley de Organizaciones
Ganaderas. Gaceta Parlamentaria, Número 3870-II,.
Unidas, O. d. La Agricultura y el Desarrollo Rural en México.
Centro de Investigaciones Agrarias. 1974. Estructura agraria y desarrollo agrícola en México. México, D.F.,
Fondo de Cultura Económica.
Comisión Económica para América Latina. 1982. Economía campesina y agricultura empresarial. México, D.F.,
Siglo XXI.
Simpson, E.N. 1952. El ejido, única salida para México. Problemas agrícolas e industriales de México, IV (4):
octubre-diciembre. México, D.F.
Tannembaum, F. 1929. The Mexican agrarian revolution. Washington, DC, The Brookings Institution.
Warman, A. 2001 y 2002. El campo mexicano en el siglo XX. México, D.F., Fondo de Cultura Económica.
Whetten, N. 1953. México rural. Problemas agrícolas e industriales de México, V(2): abril-junio. México, D.F.
http://gaceta.diputados.gob.mx/Black/Gaceta/Anteriores/62/2013/sep/20130926-II/DecDictamen-9.html